Quienes estaban preocupados por la salud moral de nuestro pueblo y por la debilidad de su identidad histórica pueden quedarse tranquilos: el Instituto Nacional del Revisionismo Histórico "Manuel Dorrego" ha sido incluido en el presupuesto nacional, con una dotación de siete millones de pesos para este año.

No creo que hasta ahora estuvieran desprotegidos. Seguramente la lapicera del jefe de Gabinete, siempre generosa en estos casos, los venía dotando de la ayuda necesaria. Sin duda lo hacía Aníbal Fernández, puesto que él mismo integraba el Instituto. En cuanto a Abal Medina, pocas dudas caben, si se tiene en cuenta la prontitud con que acude en ayuda de universidades amigas –con pocos alumnos pero muchos gastos–, necesitadas de refuerzos de urgencia. Una migaja de lo que reciben haría las delicias de la Universidad de Buenos Aires.

Pero ahora el Instituto ha dejado de depender de esas medidas circunstanciales. En esta patria dadivosa –hasta los verdaderos historiadores profesionales participan de su generosidad–, ya tienen su ventanilla propia –su teta, podría decirse– en el presupuesto nacional. Ya están en la "patria subsidiada".

¿Quiénes integran el Instituto? Una heterogénea armada de autodenominados historiadores (mi amigo y maestro, Leandro Gutiérrez, utilizaba para estos casos la palabra "runfla"). Que no han debido pasar por ninguna prueba de aptitud profesional rigurosa. Que en el mejor de los casos, aprendieron a los ponchazos algo del oficio. Que no distinguen la investigación de la militancia o de la literatura. Que suponen que hacer historia es escribir una mala biografía, con pocos datos, mucha imaginación y generalmente poca gracia. Confieso mi pecado: una vez acepté presentar en público uno de esos productos.

Sobre todo, un grupo de gentes que –si la historia fuera como la medicina– serían acusados de ejercicio ilegal de la profesión. No lo es, y es muy bueno que así sea, porque el pasado es de todos y todos tenemos derecho a contarnos y a contar nuestra historia. El problema no está en ellos sino en el Estado, que es consciente de la especificidad de la práctica científica. El Estado sostiene y legitima las instituciones académicas: un Ministerio de Ciencia y Técnica, un conjunto de universidades, donde mal o bien hay concursos, y sobre todo un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas donde los filtros de idoneidad y calidad están cuidadosamente establecidos.

En el Conicet, quien aspira a ingresar como becario, recién concluidos sus estudios universitarios, ya debe haber dado a la comunidad académica pruebas de su capacidad: artículos en revistas con sistemas de arbitraje o presentaciones en jornadas científicas. El Conicet no sólo evalúa la producción, algo eventualmente subjetivo, sino que estudia las revistas científicas y asigna a cada una un peso, de acuerdo con su calidad y rigurosidad.

Al cabo de cinco años, los becarios habitualmente concluyen su doctorado y su tesis es evaluada por un tribunal calificado. También han publicado varios artículos y desarrollado otras actividades académicas. En ese punto, los mejores de ellos ingresan a la Carrera del Investigador Científico, cuidadosamente escalafonada, donde año a año (cada dos, cuando son mayores) pasarán por evaluaciones, más rigurosas cuando se trata de promociones. Esto no garantiza la genialidad, pero sí una profesionalidad básica y una dedicación efectiva. Así se construye un sistema científico.

En los últimos años, los ajustes presupuestarios tuvieron como consecuencia una reducción en el número de ingresos a la Carrera. Jóvenes doctores de impecables antecedentes, con varias publicaciones, desempeño docente y todo lo demás, escrutados y juzgados ya una docena de veces, no han logrado ingresar en ella. Candidatos inobjetables, aprobados en todas las instancias de evaluación, fueron descartados por razones presupuestarias. Algo muy injusto desde lo personal, pero sobre todo absurdo desde el punto de vista de un Estado que invierte en la formación de investigadores que luego no puede ocupar.

Reconozco que esto es inevitable. Cualquier presupuesto tiene sus límites. Pero esos siete millones de pesos bastaban –a ojo de buen cubero– para incorporar a algo más de treinta investigadores: bioquímicos, ingenieros, médicos y, por qué no, algunos historiadores. Treinta vocaciones frustradas. Treinta cuadros científicos desperdiciados.

¿Por qué? Porque el gobierno ha resuelto subvencionar a un grupo de seudohistoriadores, que pretenden practicar "otra historia", cuya función será, simplemente, adornar el "relato" oficial. Un relato al que cabe la vieja frase sobre la religión: "Es el opio de los pueblos". Por eso comencé tranquilizando a quienes se preocupan por el pueblo: habrá más mistificación y menos pensamiento crítico. Plata bien gastada para el gobierno. Pésimo negocio para el país y para el pueblo.

(*) Historiador. Investigador principal del Conicet