Se pretende instalar recientemente la idea de que el gobierno radical del Dr. Alejandro Armendáriz habría resignado montos de la coparticipación provincial de Buenos Aires. Se trata de una aseveración errada y mal intencionada, desmentida por los hechos.

Llegados al gobierno en 1983 no existía un régimen legal de coparticipación vigente, y el gobierno del Dr. Armendáriz discutió cada año el monto de la coparticipación federal que debía corresponder a la Provincia de Buenos Aires.

La primera reunión  en que se analizó el tema en el comienzo de la gestión democrática se realizó en el Ministerio de Economía de la Nación con la presencia del Gobernador Armendáriz, la Vice Gobernadora Elva Roulet, el Ministro de Economía provincial Roberto Tomasini y el Ministro de Economía de la Nación Bernardo Grinspun.

La posición de la Provincia se sustentaba en:

1 – una actitud de solidaridad interprovincial con un límite de los recursos a ceder, establecidos de manera de poder atender sin mengua los requerimientos reales de la población y del territorio provincial;

2 – en ese sentido, tener en cuenta que la provincia constituye al mismo tiempo que la mayor contribuyente a la generación del Producto Bruto Nacional -es decir de riqueza, con casi el 40 % del PBI- la concentración de la mayor población con índices de pobreza, marginalidad y falta de infraestructura en el área urbana del Gran Buenos Aires producto de las migraciones internas expulsadas de sus lugares de origen, lo que significa un universo profundamente dual y con fuertes demandas de obras y servicios.[i]

Ello reclamaba un trato equilibrado que fue objeto de negociación permanente e irrenunciable con el gobierno nacional durante los cuatro años de gestión radical.

Posteriormente, en 1988 se sancionó la Ley No. 23.548 de Coparticipación Federal, promulgada el 22 de enero, siendo Gobernador de Buenos Aires Antonio Cafiero. En ella se establecía el Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias.

La distribución primaria comprendía un 42,34 % de fondos para la Nación, un 54,66 % para las Provincias y un 2,00 % de fondos de recupero provincial.

A la Provincia de Buenos Aires le correspondieron el 19,93 % de los fondos provinciales y el 1,57 % de los de recupero, totalizando un 21,50 % del total de los fondos coparticipables.

En el año 2004 se sancionó la Ley 25.917, promulgada el 24 de agosto, estableciendo el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, durante la primera gestión Kirchner. Ello significó privar del 15 % de los recursos coparticipables a las provincias, monto fijado como límite de endeudamiento de sus jurisdicciones, retenido desde entonces por el gobierno nacional en busca del equilibrio fiscal que proclama la ley.

Actualmente la Nación distribuye apenas el 27 % de los recursos coparticipables. Si a esto se agrega que desde los años 90 las provincias debieron hacerse cargo de servicios como la educación y la salud, sin recibir sus presupuestos, el despojo es evidente. Esta apropiación de recursos por el gobierno nacional constituye el instrumento de sometimiento de los gobiernos provinciales y la negación palmaria del federalismo.

La nueva ley de coparticipación que, de acuerdo a la Constitución de 1994 debía ser sancionada en el plazo de dos años, sigue sin haberse enviado al Congreso.

Corresponde a los Gobernadores y a sus representantes en el Senado Nacional tomar la iniciativa en la defensa de sus derechos y de la soberanía federal.

*Vice Gobernadora de Buenos Aires, 1983-87