Desde mi propia y doble experiencia personal como diplomático y periodista puedo decir que, no obstante todas sus diferencias, que las hay, ambas profesiones tienen muchos elementos comunes. En primer lugar, así como es cierto que el hombre se constituye a través del lenguaje, tanto para los diplomáticos como para los periodistas,  la palabra y su uso, son parte también fundamental y constitutiva de su gestión diaria. En segundo lugar, en las dos profesiones existe la necesidad insoslayable de requerir el permanente análisis de realidades y situaciones, y el de dar y recibir información.  Por supuesto, el periodista goza de mayor libertad de expresión, está menos acotado en sus movimientos y mucho menos atado a formalidades, pero tampoco puede despojarse de su mirada profesional y evadirse por ende, de una compulsiva necesidad de buscar información, reflexionar acerca de ella e interpretarla.  Así las cosas, al igual que el diplomático, el periodista no viaja ni participa de ciertos actos o recepciones o comidas, de una manera, digamos, totalmente ingenua o puramente social. Los diplomáticos y los periodistas, salvo en familia o con amigos, están siempre trabajando, porque  han elegido actividades de tiempo completo, pero dicho esto no  en un sentido convencional y formal.   Por eso, tanto el ejercicio de la diplomacia como la del periodismo  requieren una gran pasión. Y una buena relación –respetuosa y confiable- entre quienes ejercen una y otra, puede –me consta- rendir excelentes frutos, personales y profesionales.

Señalo lo anterior porque también mi doble experiencia profesional, al ponerme en distintas circunstancias de un lado o del otro, me ha hecho conocer ciertos desencuentros entre diplomáticos y periodistas, vinculados a la resistencia o al exceso de prudencia por parte de aquellos, en lo que hace a brindar información por temor a que ella no fuese tratada debidamente y, por ende, en lugar de servir para informar a la opinión pública terminase desinformándola. He aludido a estas dos profesiones por encontrarlas muy cercanas, pero lo que nos interesa hoy es algo más general, como la relación entre instituciones oficiales o privadas y el periodismo. Lamentablemente el tiempo asignado apenas me permitirá tratar la relación entre el periodismo y la diplomacia y la del periodismo con la justicia, dejando de lado mis experiencias como vocero en otras áreas del gobierno, en instituciones privadas como en varias Càmaras empresariales y la que tuve como Secretario Regional de Comunicación de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Pero para todas ellas, mutatis mutandis  (cambiando lo que se debe cambiar) son aplicables la mayoría de los preceptos  que hoy formularemos.  

En cuanto a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación y de otras ramas del gobierno, ellos deben tener muy en claro los siguientes presupuestos:

 

·       Que la prensa en una democracia constituye una de las herramientas que puede contribuir a la formación del juicio de un hombre libre y socialmente integrado. Y que ello determina que los medios de comunicación se proyecten en las instituciones.

·       Que a eso se suma el hecho de que en el escenario actual, las nuevas  tecnologías han producido una notable alteración del sistema comunicativo, ya que el modo de elegir y ofrecer las noticias no sólo determina la agenda de lo considerado importante, sino que además, yendo más allá del simple reflejo de los hechos, llega incluso a construir la realidad social.

·       Que el arsenal técnico que sirve para que la información sea universal e instantánea, y llegue sin interrupción a todas partes, conforma un universo que adquiere las dimensiones de un poder sin límites, hasta el de transformar los meros hechos en acontecimientos con el valor que los medios determinen.

·       Que el avance exponencial de la electrónica y de la información es un segmento de una revolución que abarca todos los aspectos de la vida humana, lo que obviamente incluye las relaciones internacionales. 

 

Claro está que de allí surge de manera  imprescindible poner énfasis en la gran responsabilidad que les cabe a los profesionales de la comunicación, dado que los acontecimientos,  aun cuando tengan una existencia independiente, sólo adquieren significación cuando se convierten en relatos determinantes de sentido para la vida de la sociedad.  Y esa responsabilidad es aún mayor si se tiene  en cuenta que entre los usuarios y los medios, se establece una relación por la cual, los destinatarios de la información creen en general que se les ofrece una información confiable, sobre todo por el condicionamiento que produce la oferta de productos comunicativos.  

 Ahora bien, todos sabemos que al ser las noticias la fuente principal para definir la realidad social, los periodistas, a fin de  poder cumplir con  su función, deben poseer credibilidad, lo cual no excluye infinidad de eventuales estrategias de comunicación que puedan hacer creíble una realidad aparente e ilusoria, a través de la eventual manipulación y de la distorsión.   

Tampoco podemos ignorar  que compete a la actividad periodística recoger los hechos y los temas, y atribuirles un sentido y significación valorativa, cosa que puede tocar muy de cerca a los diplomáticos -y en general a funcionarios del Estado-  cuando se trata de ofrecer información sobre cuestiones vinculadas a la  política exterior o a otras políticas gubernamentales. En tal sentido, no se nos escapa que existen  profesionales de la comunicación que actúan según sus convicciones, así como otros solo son funcionales  a lo que pueda incrementar los beneficios de las empresas periodísticas. Porque es bien sabido que, con variados estímulos comunicacionales, se logra concentrar la atención de la opinión pública en determinados hechos y desviarla de otros, desplazando centros de interés por el sencillo mecanismo de la desaparición de noticias. Además, un fenómeno que es preciso tener en cuenta es la creciente interacción que se establece entre los medios y la opinión pública. Porque frente a determinadas campañas periodísticas, aquella reacciona funcionalmente con sus demandas, realimentando el proceso de los medios, que informan sobre las reacciones que ellos mismos han provocado.

Sin embargo, frente a estos complejos problemas, pensamos que la actitud de las Cancillerías u otras departamentos del Estado,  no debería consistir en cerrarse totalmente no brindando información,  sino por el contrario, en darla de manera tan pública, amplia e inteligente desde el punto de vista comunicacional, que todos los medios, sean estos gráficos, radiofónicos o televisivos, se sientan profesionalmente obligados a editarla, y sin distorsiones.    

Porque en verdad, son tiempos muy complejos los que nos ha tocado vivir, pero muy interesantes.  Es este nuestro mundo y nuestra realidad, y no otro ni otra, donde funcionarios gubernamentales o de empresas privadas  y periodistas,  tienen que cumplir  sus trabajos. Y yo no veo razones valederas para que puedan existir problemas en las relaciones institucionales entre la prensa y los organismos estaduales o privados,  sino que lo lógico y razonable es que exista una relación de mutua colaboración. Desde los gobiernos, dando toda la información posible en el momento oportuno. Desde la prensa, transmitiendo esa información de manera veraz, con la mayor dosis de objetividad posible, y cuidando de no dañar procedimientos industriales o comerciales, o bien las relaciones o las negociaciones bilaterales o multilaterales,  mediante indebidas  presiones  mediáticas.  

 

Ahora bien, siendo las noticias  la fuente principal para definir la realidad social, para poder cumplir con  su función, repetimos, deben poseer credibilidad, lo cual no excluye infinidad de eventuales estrategias de comunicación que puedan hacer creíble una realidad aparente e ilusoria, a través de la manipulación y la distorsión.  Estas estrategias manipuladoras pueden consistir en el simple hecho cuantitativo de destinar más espacio a algunos mensajes, así como el cualitativo, mediante “profecías de autocumplimiento”, para lograr que los potenciales receptores aumenten su nivel de tolerancia a la deformación de la realidad.

 

Sabemos también que la actividad periodística tiene la competencia de recoger los hechos y los temas, y la de atribuirles un sentido. Porque los medios influyen en el modo en que el destinatario organiza su conocimiento y la imagen de la realidad social, y su incidencia comprende no sólo los procesos de producción, circulación y reconocimiento,  sino también los componentes de significación valorativa.

 

Y esta influencia es con seguridad fundamental cuando se trata de ofrecer información acerca de cuestiones  -como podría ser el caso de los temas relacionados con el sistema de justicia o bien otros- a los cuales el individuo no puede, por su propia cuenta, acceder. 

 

La cuestión adquiere mayor gravedad si se considera que la opinión pública no se construye libremente sino que los medios tienen en ella un peso sustancial, a la vez que inciden en el proceso de elaboración y aplicación de las leyes.

 

Así las cosas, sería  deseable que quienes legislan y actúan en el plano  jurisdiccional rechazaran los prejuicios y los impulsos emocionales que pudieran generar los medios. Porque los  juicios sobre el alcance de los sistemas de justicia deben ser elaborados en un marco de equilibrio y objetividad, nunca contaminado por interferencias deformantes. Sin embargo, se observa una creciente vulnerabilidad derivada de la incidencia de los medios en este aspecto, y es grande la importancia que tiene la opinión pública sobre el tratamiento de los conflictos.

 

Debemos advertir también sobre la responsabilidad e incidencia fundamental –aunque no exclusiva- de los medios y sus operadores en el  estado subjetivo de la seguridad o inseguridad pública, en la generación de determinados fenómenos  y hasta en la solución penal de los conflictos.  Por tal razón es necesario alertar sobre la utilización de mecanismos sutiles a través de los cuales se dirige la conciencia social, se preordena la visibilidad de los delitos, se generan demandas abusivas al derecho, se inducen miedos en el sentido que se desea, se reproducen los hechos que sirven al logro del efecto buscado,  se incentivan las sensaciones de inseguridad ciudadana, se promueve el deterioro de valores, y se crea alternativamente la sensación de sentimientos de desamparo en la población que, en determinadas ocasiones, llegan a propugnar estilos agresivos de comportamiento.

 

 

 

Pero ese es también el camino que puede generar la sensación de que la impunidad es absoluta y de que los jueces son débiles. Todo lo cual incita a la autodefensa, a la glorificación de los “justicieros”, a echar sospechas indiscriminadas sobre la actuación de los funcionarios y a predisponer a la opinión pública hacia la necesidad de determinados cambios legislativos, llegando también a presionar incluso a los integrantes de la administración de justicia.

 

Además, un fenómeno que es preciso tener en cuenta es la creciente interacción que se establece entre los medios y la opinión pública. Porque frente a determinadas campañas periodísticas, aquella reacciona funcionalmente con sus demandas, realimentando el proceso de los medios, que informan sobre las reacciones que ellos mismos han provocado.

 

Entonces, es realmente importante analizar la interferencia de los medios sobre la apreciación colectiva y sobre el propio funcionamiento del sistema de justicia, ya que todo este proceso incide en el funcionamiento del aparato judicial. En tal sentido, estudios realizados en Estados Unidos y en algunos países de Europa sobre el impacto de los medios sobre el sistema penal –que pareciera el más sensible pero no el único- demostraron que un 25% de los  magistrados –jueces y fiscales- admitieron una influencia decisiva de los medios en su primera aproximación al hecho criminal;  y en un alto porcentaje, reconocían la incidencia negativa de los medios sobre su trabajo. En Inglaterra, en 2001, una investigación sectorial entre magistrados penales de Londres y Liverpool mostró que el 32% de los funcionarios encuestados manifestó que la prensa perjudicaba su tarea y afectaba la libre apreciación de los hechos en los que entendían.

 

Es así innegable la injerencia directa y nociva sobre los magistrados, que en algunas oportunidades ejercen los procesos mediáticos.

 

Sin embargo, frente a este grave problema, pensamos que la solución no consiste en limitar la libertad de prensa sino en cultivar en el público una postura de alerta crítica y analítica en la recepción de la información que brindan los medios, sean estos gráficos, radiofónicos o televisivos.

 

En 1997, el Parlamento de Estrasburgo pidió a todas las empresas que participan de los nuevos servicios de información, que delimitasen las responsabilidades de quien elabora el contenido y de quien lo trasmite.

 

En este preocupante panorama, llegamos a la insoslayable conclusión de que es imprescindible llamar a la reflexión para que no se degrade la función social de la prensa. De tal modo, se hace necesario sugerir ciertas líneas de comportamiento para neutralizar los efectos nocivos que pueden provenir de mecanismos tales como subvertir la jerarquización de los hechos o apelar a técnicas para denigrar a las personas. Porque existe a favor de los ciudadanos la posibilidad de un elemental derecho a la verdad, cuanto menos a tener el mayor coeficiente posible de veracidad. 

 

El problema se agudiza a la hora de postular procedimientos para salvaguardar a las instituciones judiciales de eventuales responsabilidades.

 

Y mientras hay quienes sugieren prohibir todo contacto entre los magistrados y la prensa, las propuestas más equilibradas postulan llevar adelante iniciativas de acercamiento institucional y aumentar la transparencia comunicacional.

 

 Hay que tener en cuenta que los magistrados no son comunicadores profesionales y que más allá de su capacidad personal de comunicación, no todos tienen similar idoneidad frente a los medios, por lo cual sigue siendo fundamental restaurar el sabio precepto de que sólo hablen a través de sus fallos. En tal sentido, lo más deseable sería  limitar en la medida de lo posible los contactos individuales con los operadores de los medios y tratar de canalizar la información que se entienda adecuada, por medio de canales institucionales o corporativos formales: oficinas de prensa del Poder Judicial o del Ministerio Público.

 

Y aun en tal caso, las comunicaciones que surgieran de dichas instituciones deberían  ser breves  y de fácil comprensión, sacrificando los aspectos técnicos en beneficio de la claridad, dado que resulta menos riesgoso esclarecer sobre el procedimiento, que brindar datos sobre causas concretas.

 

 Siempre teniendo muy claro que en una auténtica sociedad democrática, en la cual se procediera con reflexión, imaginación y prudencia, con un mejor funcionamiento de la justicia, se lograría también que el marco comunicacional resultara en consecuencia más transparente y más genuinamente democrático.

 

 En verdad, son tiempos muy complejos los que nos ha tocado vivir, pero muy interesantes. Nuestro desafío consiste en avanzar hacia una comprensión nueva de la persona y de las relaciones humanas.

 

Es este nuestro mundo y nuestra realidad, y no otro ni otra, con todo lo bueno y lo malo, donde periodistas y jueces tienen que desarrollar sus trabajos, fundamentales para la vida de los ciudadanos y para el mantenimiento y mejoramiento del régimen democrático.

 

Los medios,  mediante la correcta información sobre los asuntos públicos y su gestión; el examen desapasionado de las distintas ideas y concepciones; la formación de una conciencia crítica sobre los problemas y los intereses sociales comunes. Todo ello, como una forma de protección de los ciudadanos y para el fortalecimiento de un auténtico pluralismo.

 

Los jueces, a través de la ley y el derecho, tratando de dar a cada uno lo suyo, a partir de poder establecer con justicia y equidad, qué es lo suyo de cada cual. Todo ello dentro de un orden constitucional, donde no haya libertades totales ni derechos absolutos, para evitar cualquier forma de concepción antisocial.

 

Pero reconociendo a la vez, que la libertad de expresión es el menos relativo de los derechos, porque es un derecho no delegado por el pueblo, desde nuestros primeros intentos constitucionales, sino retenido para ejercerlo por sí mismo.

 

Todos hemos vivido tiempos en que la libertad fue una ausencia viva y exigente. Pero, a lo que cabe decir, debe añadirse que la libertad es más importante que la verdad, pues si se pierde la libertad no habrá posibilidades para la verdad entre los que no son libres. No se encuentra aún refutada la experiencia de que la censura produce conflicto y resistencia, lo cual hace probable que la razón no se encuentre del lado de quien la ejerce.

 

 

¿Qué principios insoslayables son los que deben guiar para cumplir honesta y eficientemente la a tarea de los jueces frente a los litigantes, frente a la sociedad, frente a los otros poderes, y frente a los medios, los periodistas?

 

El primero es tener la convicción de que en una democracia constitucional, las autoridades, responsables de tomar decisiones respecto de políticas públicas son mandatarios de los ciudadanos que depositaron en ellos su confianza. Y que para que esta delegación posea verdaderamente su carácter democrático, deberá desarrollarse bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política.

 

El segundo es tener también la convicción de que los mecanismos de democracia participativa incluyen prioritariamente que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para poder participar del proceso decisorio y de control.

  

 Porque en la democracia, el ciudadano en su condición de sujeto primario del poder, tiene el derecho y el deber de tomar conocimiento de los actos de gobierno y de la vida política en general, como requisito indispensable para la formación de las opiniones y de la voluntad electoral. Esto vincula el derecho de información con el sistema representativo, directamente derivado de la soberanía del pueblo, y permite el efectivo control de la ciudadanía sobre la gestión y conducta de los gobernantes.

 

Por último quiero referirme a un documento que yo valoro enormemente. Me refiero a la llamada “Declaración de Chapultepec”, promulgada el 11 de marzo de 1994, en virtud de una reunión que tuvo lugar en el histórico castillo de Chapultepec, en México, con motivo de la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión. 

En dos días de deliberaciones, se forjó una declaración que contiene los diez elementos fundamentales de la libertad de expresión, y pasados ya más de diez años desde su redacción y aprobación, ha sido firmada por los jefes de Estado y gobierno de los principales países de nuestro hemisferio.

 

Considero que su difusión debería multiplicarse por todo el continente a través de los foros nacionales, de manera que los pueblos de América tomen cada vez mayor conciencia de los derechos y responsabilidades que implica vivir en democracia.

 

Y yo, en primer lugar como periodista, pero también como funcionario público,  adhiero a dichos principios, que marcan el camino por donde va, de lleno, mi pensamiento. Tanto así, que cuando la SIP me encargó escribir la historia de la institución, después de muchas deliberaciones y encuentro en Miami, aceptaron que lo hiciera a través de reportajes a directores y propietarios de medios adheridos a la Institución, desde Chicago hasta Tierra del Fuego. Pero en el apéndice, incluí por mi cuenta los diez principios de Chapultepec, a los cuales, hace ya un par de años adhirió la Corte Suprema de Justicia de mi país.

 

1.  No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo.

2.   Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.

3.  Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

4.   El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.  

5.   La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

6.  Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.

7.  Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.

8.  El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.

9.  La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga.

10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

 

Yo creo en estos principios porque constituyen el baluarte y el antídoto contra todo abuso de autoridad, y son el aliento cívico de una sociedad. Porque la libertad de prensa es fundamental para la democracia y la civilización.

 

  Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales han modificado sustancialmente la vida en la sociedad contemporánea. El derecho individual a pensar y expresar el pensamiento ha venido a completarse con el derecho social a ser informado. La cuestión fundamental se centra en el uso de los medios técnicos, en encontrar la forma de que puedan servir a la información colectiva de manera equilibrada, racional, buscando la elevación de todos los individuos y en definitiva, la plenitud de la personalidad humana.

 

Se trata de una cuestión de límites, de ajuste, para que ese extraordinario poder sobre la mente y el comportamiento humano que representan los medios de comunicación colectiva, así como el poder de juzgar y aplicar la ley, siempre estén en manos idóneas, éticas, independientes y responsables.

                                                                                   Muchas gracias.