El reciente Programa Crédito Argentino del Bicentenario, aprobado por un Decreto de Necesidad y Urgencia[1], tiene un objetivo difícilmente reprochable: Facilitar el acceso a la vivienda única familiar. Sin embargo, esta irreprochabilidad desaparece cuando se analiza uno de los instrumentos al servicio de tal objetivo: Líneas de financiamiento que comprometen fondos de la ANSES.

1. Déficit habitacional y derecho a la vivienda digna

Los datos censales muestran que en la Argentina -de manera especial en el norte del país- existe un pronunciado déficit habitacional. Un déficit que es preciso abordar dentro de una estrategia que contemple los aspectos demográficos, migratorios, urbanísticos, ambientales y de integración social.

Construir viviendas para convalidar, por ejemplo, migraciones interiores -forzadas por la ausencia de empleo digno en el NOA- de trabajadores que se hacinan en el Gran Buenos Aires u otras áreas metropolitanas, atenta contra la libertad, la igualdad de oportunidades y los equilibrios territoriales.

Construir viviendas sin la complementaria inversión en servicios esenciales (agua, cloacas, electricidad, gas, espacios verdes, calles y caminos), marca la continuidad de una línea de gestión cuyos efectos negativos se verifican, por ejemplo, en la ciudad de Salta, y también en el resto del país. Como ha señalado recientemente IDESA, en la Argentina la mitad de las unidades habitacionales carecen de los servicios básicos.

No obstante, es preciso reconocer que la decisión política de promover el acceso a la vivienda única familiar se inscribe dentro de una línea de tendencia que apunta a transformar en plenamente operativo uno de los derechos sociales fundamentales reconocido por la Constitución Nacional: el acceso a una vivienda digna.

Se trata, a mi modo de ver, de un avance sustancial que bien pudiera inscribirse dentro del marco teórico de la democracia constitucional (FERRAJOLI) que impone la directa operatividad de los derechos consagrados en los textos constitucionales y en los Tratados internacionales. Un modelo político que, dicho sea de paso, el Gobierno actual desdeña en beneficio de prácticas hegemónicas y antirrepublicanas. La Presidenta y sus seguidores están convencidos de las bondades de la democracia plebiscitaria en donde el 54% da derecho a todo; vale decir, se sitúa en las antípodas del moderno pensamiento democrático.    

2. Los fondos de la ANSES

Las doctrinas jurídico-sociales más avanzadas advierten que los aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social no son sino salario diferido y, por tanto, recursos propiedad de los trabajadores (hoy activos, mañana pasivos) que sostienen un pacto intergeneracional.

Sin embargo, la legislación ordinaria argentina ha evitado prolijamente reconocer esta propiedad privada en cabeza de los trabajadores y de los jubilados[2]. Para ello se utilizó y utiliza la ideología estatista (“los fondos son propiedad del Estado” o, lo que en la Argentina es lo mismo, del Gobierno). Vale decir, se utilizó y utiliza el mismo artilugio que permitió y convalidó los saqueos a las Cajas de Jubilaciones que el ex Presidente Juan Domingo Perón denunció en su conocido discurso de 30 de noviembre de 1973.

Por lo tanto, la pertinaz utilización para fines distintos al pago de los haberes previsionales que el actual Gobierno viene haciendo de los recursos de los trabajadores y jubilados, reconoce muchos precedentes nefastos que, años después, hicieron saltar por los aires al sistema previsional argentino.

De esta vocación por apropiarse de los fondos de los jubilados para financiar operaciones visibles en el presente (y, por tanto, electoralmente redituables), escaparon muy pocos gobiernos. Desde luego el primer peronismo (que disfrutó de cajas superavitarias) extrajo el dinero de las Cajas Nacionales de Previsión y dejó en su remplazo bonos basura.

Cabe añadir que los sucesivos zarpazos a los fondos de un ANSES, hoy artificialmente superavitario[3], se inscriben en un contexto de pérdida creciente del poder adquisitivo de la clase pasiva.     

En las actuales circunstancias, trabajadores y jubilados deberían reivindicar sus derechos históricos y futuros y exigir que la ANSES se convierta en un órgano de gestión tripartita[4].

* Ex Ministro de Trabajo 1993/1997 

Vaqueros (Salta), 19 de junio de 2012.