Es fácil erigirse en paladines del estado de derecho cuando las víctimas de los abusos son nuestros amigos, menos cuando son enemigos, o como en este caso, en lo que a mí respecta, ni lo uno ni lo otro.

Un “liberal”, sea lo que sea, siempre será “garantista”. No habría necesidad de decirlo. La “presunción de inocencia” no es una opción, sino un derecho fundamental. La absolución de un culpable, aunque irritante, será siempre preferible al encarcelamiento de un inocente.

La ley protege al individuo del abuso estatal, no es el instrumento con el que el Estado se venga o censura. Más que “liberales”, en realidad, estos principios son comunes a toda democracia, a toda “sociedad abierta”. Por eso, muchos nos horrorizamos al enterarnos de las ilegalidades cometidas por el juez Moro contra el ex presidente Lula en Brasil.

Que Lula gustara o no era irrelevante: lo importante era que la división de poderes funcionara y que la Corte Suprema velara por los derechos humanos. No había tenido un “justo proceso”, tenía que ser excarcelado, y el Estado responder por el daño causado. ¿Hubo lawfare? Sí, sus derechos habían sido violados con intención política.

¡Cómo sonó la palabra durante meses! ¡Qué inmensos ejércitos de garantistas movilizados por Lula! Entusiasmados, algunos intentaron aprovecharlo para beneficiar a Cristina Kirchner: en la oscuridad, se sabe, todos los gatos son grises. De todos modos había sido un buen día para la democracia brasileña y, yo esperaba, latinoamericana.

¿A qué edad uno deja de engañarse a sí mismo? Desde entonces ha pasado mucha agua bajo los puentes y muchas otras veces se ha puesto a prueba el “garantismo”. Dos artistas y activistas acaban de ser condenados en Cuba a cinco y nueve años de prisión por “ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos”.

Son imputaciones típicas de las dictaduras fascistas. Habían protestado contra el régimen. Son solo dos de cientos de casos. Para las organizaciones internacionales de derechos humanos, el juicio fue una farsa.

Así ha sido en la isla durante 63 años. ¡El último juicio limpio fue el que benefició a Fidel Castro por el asalto al Moncada! ¿Dónde están, qué dicen los que denunciaron el lawfare contra Lula? ¡Demasiado ocupados quejándose de la exclusión de Cuba de la Cumbre de las Américas!

Lo mismo en Nicaragua. Aún peor. Todos los líderes de la oposición están en la cárcel, incluidos cinco candidatos a las últimas elecciones presidenciales. Las organizaciones no gubernamentales que luchaban por los derechos humanos fueron clausuradas y desalojadas. “Es peor que en la época de Somoza”, denunció una anciana activista que tiene la edad suficiente para haberla vivido.

Muchas instituciones se han expresado sobre la credibilidad de los cargos, las condiciones de detención, la corrección de los juicios. El poder judicial, concluyeron, es un instrumento del régimen. ¿Que dudas cabían? ¿Dónde están, qué dicen los que denunciaron el lawfare contra Lula? ¡Demasiado ocupados, también, quejándose de la exclusión de Nicaragua de la Cumbre de las Américas!

Podría seguir con Venezuela, pero prefiero centrarme en el caso de Jeanine Áñez en Bolivia. Sí, porque es fácil erigirse en paladines del estado de derecho cuando las víctimas de los abusos son nuestros “amigos”, menos cuando son “enemigos”, o como en este caso, en lo que a mí respecta, ni lo uno ni lo otro.

Dejando de lado el mérito procesal, es cada día más evidente que Evo Morales consumó con ella una venganza política. Y que a esta venganza se ha sumado una inhumana saña carcelaria. La Unión Europea objetó y protestó.¿Dónde están, qué dicen los que denunciaron el lawfare contra Lula? ¡Demasiado ocupados quejándose junto al gobierno de Bolivia por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas!

¿Qué decir? ¡Qué mal están las democracias latinoamericanas! ¡Qué lejos estamos todavía del ethos que ya predicaba Pericles hace 2.400 años! Incluso más lejos que la década pasada. En lugar de avanzar, han retrocedido.

Cuántos engaños e hipocresías, cuántas coartadas y dobles medidas. El garantismo es una hoja de parra, se pone o se quita, se acepta o se niega según el gobierno de turno. El estado de derecho es la luz intermitente de un coche estacionado, ahora prendida ahora apagada. ¿A quién le importa? ¿Cuánto? En esto, lamento decirlo, Argentina marcó la pauta.

Ejemplo loable en la época de la CONADEP y el juicio a las Juntas, tiró por la borda el mayor y mejor capital que había ganado a los ojos del mundo. Desde entonces, la “justicia” se ha convertido en un campo de batalla político, los “derechos humanos” en una fábrica de votos, un negocio lucrativo y un laboratorio ideológico, los “juicios” en vendettas mediáticas. Norma Morandini escribe sobre ello en sus recientes, “ruidosas memorias”, una saludable sacudida moral para las conciencias adormecidas.

Aún recuerdo, años atrás, cuando alguien se atrevió a señalar que en un estado de derecho “también los represores tienen derechos”, que “la justicia no es venganza”, que no se pueden violar los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. ¡Ábrete cielo! ¡Cómo volvió a rugir la protesta! ¡Quieren “el “olvido”, reflotan la “teoría de los dos demonios”!

Un obispo muy importante dijo: “cuando se torturó y mató no se puede exigir a los demás que le faciliten una vida normal”. Pilatos era menos cínico y más valiente. ¡No se trataba de “vida normal”, sino de “igualdad ante la ley”, no para ellos, sino para todos.

El estado de derecho es esto. Y si no se aplica a todos, entonces era correcta la “teoría de los dos demonios”, que equiparaba la violencia del Estado con la violencia de los ciudadanos. No es lo mismo, ¿verdad? Burlarse del estado de derecho es una barbarie. Hacerlo a corriente alterna es barbarie al cuadrado.

*Loris Zanatta es historiador, profesor de Historia de la Universidad de Bolonia.