Este artículo fue publicado en con-texto el 18 de abril de 2018

 Diecinueve minutos tardó el Juez Moro en decretar la prisión de Lula después de recibir oficialmente la notificación que no se le había concedido el Habeas Corpus. Así, puso fin a la tregua implícita bajo la cual la sociedad convivía: la posibilidad de elegir a Lula constituía la respuesta al gobierno que tomó el poder con el Impeachment a Dilma Rousseff en 2015. Los posibles desenlaces de corto plazo, el conflicto abierto, que la prisión de Lula puso en marcha son muchísimos y de cualquier espectro. Uno de estos, inclusive, quizás difícil de imaginar en Argentina, es que “no pase nada”; es decir, que a Lula se le impida participar en las elecciones de octubre, manteniéndose o no su prisión, y que triunfe en comicios normales algún candidato ajeno al Partido de los Trabajadores (PT).

Esta posibilidad, que fue la jugada de la elite, derivaría de una extendida actitud social fuertemente arraigada en la historia brasileña. La percepción de ajenidad de los asuntos sociopolíticos por gran parte de la población e incluso los riesgos elevados personales de inmiscuirse. Adicionalmente, apuesta a los efectos culturales difundidos por grandes medios de comunicación, en particular la red Globo, que aplica una táctica de intensa “ignorancia” del tema – es decir, ni tratarlo – con un discurso unilateral en la cual Lula es el jefe de la organización criminosa PT, “el partido político más corrupto de la historia de Brasil”. Este históricamente influyente holding mediático también difunde la idea que cuestionamientos al Poder Judicial constituyen actos de violencia contra la estabilidad social en el país. No es un discurso sin fuerza en un país tan apegado al orden y a la autoridad.

Por otro lado, el “genio político” de Lula, precisamente, consiste en haberse convertido en esa figura nacional – e internacional – cuestionadora de esos mecanismos dentro de esas mismas estructuras. Que un simple obrero de un pequeño pueblo de uno de los estados más pobres del país, sin instrucción universitaria, posea semejante trayectoria política resulta creíble fundamentalmente por ser verdad.  En ese sentido, los medios a disposición de Lula y del PT son muchos más de lo que dispuso para llegar a la presidencia.

Pesos y medidas

El 16 de noviembre de 2005 en São Paulo, Angélica Aparecida Souza, empleada doméstica de 19 años fue condenada, después de haber quedado efectivamente 128 días presa, a cuatro años de prisión en régimen semi-abierto por robar un pote de manteca. En Minas Gerais, 11 ministros del Supremo Tribunal Federal debatieron hasta acordar condenar un año y diez días de prisión al ladrón de un par de sandalias de R$16. También en San Pablo, otra mujer acusada de robar un kilo de pollo y un huevo de pascuas, para darle de comer a tres hijos menores de 12 años, fue condenada a tres años, dos meses y tres días en régimen cerrado.

Este caso llamó la atención porque recibió una pena superior a siete condenados por la Operación Lava-Jato. Además, mientras estuvo con libertad provisoria, fue madre nuevamente, aunque no tuvo la misma suerte de recibir prisión domiciliaria como Adriana Ancelmo la mujer del exgobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, condenados, respectivamente 18 años y tres meses y 45 años y dos meses de prisión, ambos acusados de esquemas de corrupción y lavado de dinero, entre otros, en más de R$224 millones.

El propio Juez Moro absolvió a Claudia Cruz, mujer del expresidente de la Cámara, Eduardo Cunha, porque dice que no fue probado que la cuenta que tenía en Suiza, con más de un millón de dólares, eran recursos provenientes de Petrobrás. En base a un criterio opuesto al que utilizó para condenar a Lula con el tríplex de Guarujá, Moro afirmó que ella debería haber percibido que llevaba un nivel de vida elevado, inconsistente con los ingresos y cargo de Cunha, por lo que su comportamiento fue “altamente reprobable”, sin esto ser suficiente para condenarla.

Antonio Pimenta Neves, ex jefe de Redacción del O Estado de Saõ Paulo, mató el 20 de agosto del 2000 a su novia y colega Sandra Gomide con dos tiros por la espalda. A pesar de confesar haberla matado a sangre fría y de haber sido condenado a 19 años – reducidos luego a 15 años – en 2006, recién en 2011 pasó a prisión efectiva. No obstante, el 18 de febrero de 2016 se le concedió el régimen abierto por "buen comportamiento". El caso de Neves es paradigmático en Brasil, y por eso fue utilizado, entre sus ejemplos, por Luís Roberto Barroso, uno de los seis ministros del Supremo Tribunal Federal que le negó el Habeas Corpus a Lula, como justificativa de quiénes han escapado de la prisión usando recursos jurídicos.

Sin embargo, el ministro no mencionó en su lista otros casos notorios, y actuales de quienes se encuentran en libertad pese a ser sancionados por la justicia, como el senador Aécio Neves (PSDB) y el exgobernador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo (PSDB). Este último condenado a más de veinte años de prisión en 2015 en primera instancia y en segunda instancia en 2017, recién tendrá su recurso atendido por el Tribunal de Justicia de ese estado el próximo 24 de abril y su causa prescribe este año…

Azeredo fue condenado por el escándalo del “mensalão”, el sistema denunciado de corrupción de la Cámara de diputados que se desató en 2005. En ese momento surgió el “mensalão tucano” – como se los llama a los integrantes del Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB) y el “mensalão petista” – referido a miembros del Partido de los Trabajadores (PT). Ambos comenzaron judicialmente en 2007. Veinte petistas fueron condenados; sólo Azeredo lo fue entre los tucanos – no llegó a estar preso y la causa puede prescribir. Tres de los otros 11 acusados del PSDB vieron el plazo prescribir y uno ya falleció.

País PPPP

Son estos episodios que hacen popular en Brasil la expresión que en el país las cárceles son para los PPPP: Pobres, Pretos (negros), Prostitutas y Petistas (del PT). En los crímenes de personas no políticas, el Departamento Penitenciario Brasileño señaló que entre 1992 y 2014 la población carcelaria aumentó 531,6%. Aunque la población negra constituye 51% del total de Brasil, dentro de las cárceles crece a 67%. Además, 53% no terminó la primaria. Esto en un total de 607.731 personas presas, 230 mil más que su capacidad. Cerca de un tercio están presos en relación al tráfico de drogas y 15% por homicidio; 20% por robo y 10%, hurto – “otros”, 11%. Muchos son pequeños delitos, pero el sistema no separa a éstos quienes cometieron violentos delitos.

Más del 40% de los actuales presos ni siquiera fueron condenados. Esto es fuente de otra importante diferencia de trato. El Código Procesal Penal brasilero separa presos provisorios según su nivel de escolaridad desde 1941 junto a otros criterios selectivos, como abogados, delegados de policía, magistrados, miembros do Ministerio Público, ministros de confesión religiosa, embajadores, parlamentarios, concejales, intendentes, gobernadores e incluso quienes fueron miembros de Tribunal de Juri. Estas personas tienen derecho a celda especial. Si bien generalmente están acompañados con otros beneficios, ya los libera de la superpoblación. Sólo 1% de los presos de Brasil son universitarios. Este período de prisión sin condena, cuando no se les concede la libertad provisoria, puede llegar a durar años. El Ministro Gilmar Mendes declaró en una reciente entrevista que llegó a conocer dos personas que estuvieron presas más de diez años sin haber sido condenados.

Las condiciones de los no-beneficiados son tales que, José Eduardo Cardozo, hace unos años cuando era Ministro de Justicia, declaró que el sistema penitenciario brasilero era “medieval” y que prefería morir a pasar años en cárceles brasileñas. En un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Brasil es señalado como el país que menos gasta en su sistema penitenciario, equivalente a 0,06% del PBI, entre los 17 países de América Latina y el Caribe. En enero del año pasado, un conflicto en la prisión Anísio Jobim en Amazonas dejó 56 muertos. El Consejo Nacional de Justicia después de haber visitado la unidad en octubre de 2016 había clasificado la unidad “pésima”. El cura Valdir Silveira le dijo a la BBC Brasil, tras tres visitas en 2015, que la misma era “una fábrica de tortura, que produce violencia y crea monstruos. Un ambiente de tensión y barbarie constante". Además, declaro que esto sucede en todos los Estados: “bombas-reloj que pueden explotar a cualquier momento a lo largo del país entero”. Estos episodios, de hecho, son frecuentes.

La diferencia de trato dado a los PPPPs es llamativa. Por ejemplo, el Tribunal Regional Federal que el 24 de enero confirmó – y aumentó – la condena en primera instancia a Lula lo hizo en 196 días; tiempo récord para Brasil y la más rápida de todas las apelaciones de la Operación Lava-Jato, Esto llevó al sociólogo y cientista político Emir Sader a tuitear que “El revisor del proceso de Lula leyó 250 mil páginas en 6 días. Esto es, leyó 2 mil páginas por hora, sin dormir, durante 6 días”. Ese mismo Tribunal aún no se expidió sobre el incendio del 27 de enero de 2013 en la ciudad de Santa Maria, en Rio Grande do Sul, dentro del boliche Kiss que mató a 242 personas y dejó 636 heridos – episodio similar al de Cromañón.

Dentro de la Lava Jato están investigados políticos prominentes del PSDB, como los senadores Aécio Neves y José Serra (quién además recientemente se le archivó un proceso) y Geraldo Alckmin. Fueron considerados posibles candidatos del partido a estas elecciones de 2018. El mismo día que se dictó la prisión a Lula fue detenido Paulo Vieira de Souza, llamado Paulo Preto, a quien se considera operador del PSDB y figura cercana a Serra e Alckmin, ambos ex-gobernadores del Estado de San Pablo, marcó en el cual actuó y se le acusa de desviar R$ 7,7 millones. A pesar de que el PSDB expidió una nota afirmando no tener vínculo con Souza, es tomada por muchos como manera de enfrentar la visión PPPP. Sin embargo, ayer el Superior Tribunal de Justicia que podía investigar a Alckim sin fueros de privilegio porque acabó de renunciar como gobernador de San Pablo, para poder ser candidato presidencial, retiró la investigación a los responsables de la Lava-Jato de San Pablo, que habían solicitado con urgencia el proceso, para que sea tratada por la Justicia Electoral de ese estado. Esto es visto como un blindaje a Alckim quien fue acusado por ex ejecutivos de Odebrecht.

PPPP + KKK?

"Tirá esa basura por la ventana” se escuchó en las grabaciones de las frecuencias de la torre del aeropuerto de San Pablo, del avión que llevaba Lula a ser detenido a Curitiba. Tanto las FFAA como la Secretaría Nacional de Aviación Civil brasileñas declararon que alguien entró en la frecuencia y no tienen capacidad para descubrir el autor. Oscar Maroni, dueño de la casa nocturna Bahamas en San Pablo, distribuyó cervezas gratis para tres mil personas para festejar la prisión de Lula. También prometió un mes de cerveza gratis si Lula es ejecutado en prisión. Estos episodios se juntan a los tiros y piedras que recibió la Caravana de Lula mientras recorría el Sur de Brasil y a las amenazas del general Villas Boas expresadas en vísperas de tratarse el pedido de Habeas Corpus de Lula, que el ejército repudiaba “la impunidad”, abriendo la posibilidad de una intervención militar en el caso que Lula fuese electo presidente.

El vice-presidente del PT, Luiz Dulci declaró que mientras ningún líder o militante de derecha fue asesinado, “en el último mes hubo más de diez muertes en Brasil, todas personas progresistas o de izquierda”. El caso más notorio es del de Marielle Franco, la concejal carioca, pero también lo fue Alexandre Pereira Maria, líder comunitario que declaró como testigo en esa causa. Esto refleja un creciente clima de intolerancia y de “normalidad” en actos violentos contra el PT y otros partidos que se oponen a la elite que hace recordar prácticas del Klux Klux Klan en el sur de Estados Unidos.

Las elecciones de este año ponen presión a este ambiente. La jugada de la prisión de Lula implicaba que sus votantes optarían por otros candidatos aceptables para la elite. La movilización en favor de Lula y contra los usos judiciales en privilegio de la elite ponen en duda que esto suceda. Sin embargo, en una sociedad políticamente apática, gran parte de ella se mantiene al margen del conflicto. Así, un riesgo es que la polarización, que implica defender la causa Lula, genere un polo opuesto violento y de rasgos fascistas. Este camino puede incluso poner como opción un golpe militar. Un camino intermedio parece difícil de ser encontrado a esta altura.

La aceptación a la prisión de Lula como si nada anormal ha sucedido, implica que nada haya cambiado. Que siga el país PPPP. Esto también parece difícil, aún si la elite consigue electoralmente sus propósitos este año. Fundamentalmente, porque los juzgadores por primera vez están siendo juzgados por parte de la sociedad. Esto es parte de la ‘idea Lula’ que se instaló en mucha gente en Brasil y, como el propio Lula manifestó, ya no depende de su persona: preso o libre; vivo o muerto.

*Profesor UFRGS (Brasil)