La Iglesia, altamente sospechada de delito organizado, ¿no debería ser investigada por la Justicia, local e internacional?”. Después de enumerar algunos de los delitos en los que la Iglesia Católica se ha visto envuelta –pedofilia, financieros, hasta criminales– esta columna concluía con esa pregunta (PERFIL, 2-9-18). Hoy, luego de la decepcionante reunión convocada por Francesco para tratar los casos de pedofilia (asistieron 190 obispos y cardenales), es inevitable volver sobre el tema. Existen distintos tipos de relación Estado-Iglesia; por lo tanto, de relación Justicia-Iglesia. La Justicia australiana acaba de declarar culpable de la violación de un joven de 13 años al cardenal George Pell, ministro de Finanzas del Vaticano. Pell sería condenado a 10 años de cárcel. Pero en la mayoría de los países la Justicia no interviene, o lo hace formalmente, a pesar de denuncias que deberían motivar investigaciones al menos de oficio; visto el número de casos, su gravedad y repercusión. Los diplomáticos vaticanos gozan de la debida inmunidad, pero no es el caso de las altas autoridades y los sacerdotes locales. Desde finales de los años 80, en Alemania se registraron 3.600 casos de pedofilia eclesiástica; 4.444 en Australia; mil solo en Pensilvania, Estados Unidos, y “la lista es más larga, ya que en varios otros países se han verificado numerosos casos de abuso a niños por sacerdotes” (Le Monde, 28-2-19). Entre los “otros países” están por supuesto los latinoamericanos, incluyendo escándalos masivos que habrán espantado al mismo Diablo (según Francesco, el autor intelectual), como el “caso Próvolo” en Argentina, donde varios curas violaron y torturaron a unos 60 niños sordomudos a su cargo. Con algunas excepciones, todos esos casos se han registrado en los países occidentales. ¿Alguien imagina lo que debe ocurrir en aquellos de Africa donde el catolicismo tiene arraigo y en los que la sujeción “al Padre”, reforzada por mitos de adoración y tabúes milenarios, es absoluta?  De allí poco se sabe, pero es posible imaginar lo peor, por no hablar de todo lo que debe haber ocurrido con niños, niñas y “hermanas” en los siglos previos a la Ilustración y luego, hasta finales del siglo pasado, cuando el cambio de costumbres acabó dando paso a las denuncias masivas. Antes y después del cónclave, el Vaticano se fue por las ramas, como siempre en su larga historia de crímenes y delitos. Antes, Francesco alertaba que “aquellos acusadores que no hacen más que criticar a la Iglesia son enemigos, primos y parientes del Diablo”. Duramente acusó al Maligno de instigar la pederastia y luego de la intervención de la única mujer, Linda Ghisona, experta en Derecho Canónico, aclaró que la Iglesia no promueve el feminismo eclesiástico, ya que “todo feminismo termina siendo un machismo con faldas”… “El discurso final del Papa, del que se esperaban medidas concretas, volvió a decepcionar. Una parte estuvo dedicada a la pederastia en ámbitos familiares, deportivos, escolares, con datos y porcentajes precisos que, sin embargo, no aportó en el caso de la pederastia eclesiástica, cuando los tenía sobre la mesa, ya que se los había pedido a los presidentes de las conferencias episcopales nacionales” (Other News, 27-2-19). El encubrimiento eclesiástico es histórico, masivo y está probado, reconocido incluso por algunos miembros de la Iglesia. La Justicia republicana debería intervenir en todos los casos, incluso de oficio. La ONU y otros organismos internacionales deberían ir más allá de ciertas declaraciones de condena. ¿Acaso el Vaticano no es un Estado y la Santa Sede no es reconocida por la ONU? En tiempos de internet, esto no ha hecho más que empezar. O el catolicismo se moderniza, o el Diablo se habrá salido con la suya. Aunque en el horizonte aparece un refugio, o tabla de salvación política: la extrema derecha, un paño que el Vaticano y la Santa Sede conocen muy bien.  

*Periodista y escritor.