Según el presidente Macri, uno de los principales factores que, en la Argentina, retrasan la creación de empleo es la elevada litigiosidad en el fuero del trabajo, fruto, a su vez, de la connivencia entre ciertos abogados y ciertos jueces.

Un argumento de extensión provinciana bastaría para mostrar su error: Si fuera cierto que la baja litigiosidad promueve el empleo y la productividad, Salta -que registra muy pocas demandas judiciales por accidentes o enfermedades del trabajo[1]-, sería una zona con pleno empleo y alta competitividad. Algo que la realidad cotidiana desmiente.

Me permito, entonces, afirmar que el diagnóstico presidencial ignora los profundos problemas que -en el ámbito de las relaciones laborales- paralizan a nuestra economía, promueven el desempleo, y alientan la baja productividad.

La apreciación presidencial contribuye, más allá de intenciones, a deslegitimar el Sistema de Riesgos del Trabajo[2], ignorando que en su diseño estructural están las bases tanto para promover la seguridad y la salud laboral como para crear relaciones equitativas entre los daños y su reparación.

Con el añadido de que los dichos del jefe del Estado extienden un peligroso manto de sospecha sobre amplios segmentos de la justicia del trabajo, y sirven a los intereses de quienes sueñan con trabajadores mansos, dotados de derechos nominales, pero sin instancias (judiciales ni de autotutela) que garanticen su vigencia efectiva[3]. 

Un diagnóstico superficial y equivocado

Se impone, pues, corregir aquel diagnóstico. Para lo cual hará falta reconocer que el vigente y vetusto sistema argentino de relaciones del trabajo (incluyendo sus ajustes de inspiración kirchnerista y los recientes retoques impulsados por Cambiemos), traba el empleo y asfixia la producción . Es bueno recordar que, tras 18 meses de Gobierno Macri-, la economía y el empleo funcionan en lo sustancial siguiendo las rutinas del régimen anterior.

Tenemos, todavía, una economía industrial y de servicios que ha renunciado a ser competitiva en términos internacionales. Un mercado de trabajo que funciona con el 40% de empleo no-registrado, y con las condiciones de trabajo congeladas en los convenios colectivos pactados en 1975. Conservamos el modelo sindical monopólico que, además, gestiona sin control recursos equivalentes al 1,5% del PBI merced a las obras sociales.

Retoques y alternativas conservadoras

Las medidas impulsadas por el Gobierno Macri en materia de empleo y relaciones laborales son insustanciales y fragmentarias, carecen de un plan orientador, y se alejan de lo que se supone es un ideario republicano y constitucional.

En vez de haber procurado un acuerdo tripartito sobre metas y reformas[4], Macri impulsó unos pocos compromisos sectoriales en materia de competitividad (caso Vaca Muerta o industria del automóvil). Por encima del acierto de estos acuerdos, me permito dudar de que uno o varios sectores industriales reformados puedan funcionar satisfactoriamente en un entorno regulatorio, impositivo y laboral que se mueve bajo parámetros antagónicos.

En lo que se refiere a las instituciones y principios fundamentales, el Gobierno de Cambiemos se ha mostrado peligrosamente inconsecuente con la Constitución y los Tratados Internacionales: Adoptó medidas contrarias al derecho de huelga, omitiendo reconducir la normativa kirchnerista a los principios de la OIT[5]; paralizó la inscripción de nuevas organizaciones obreras surgidas al amparo de la Libertad Sindical[6]; interfirió en la negociación colectiva (por ejemplo, en el sector bancario); cuestionó el derecho de trabajadores y sindicatos a la tutela judicial efectiva.

En el terreno de las condiciones de trabajo, optó por tolerar el trabajo no-registrado como uno de los ejes del penoso modelo productivo argentino; prefirió denunciar la litigiosidad, sin mostrar interés alguno en la prevención y el control en materia de riesgos del trabajo; habló de la necesidad de que las partes renueven los convenios colectivos vigentes desde 1975, sin dar los pasos promocionales necesarios.

Las ideas que circulan en materia de política laboral

Las alternativas reformistas que circulan entre empleadores, sindicalistas y expertos son también reiteración de recetas confrontativas del pasado: Mantener aislada a la Argentina o devaluar nuestra moneda. Ratificar el no escrito y añejo pacto sindical-industrial, o avanzar contra todas las formas de acción sindical[7]. Conservar la segmentación entre trabajadores registrados y no-registrados, o instaurar el despido libre y rebajar las cargas sociales hasta desfinanciar la Seguridad Social. Alentar las subas salariales para que funcione el mercado interno, o congelar los salarios. Acotar la negociación colectiva a la carrera inflacionaria, o abrir la negociación de todas las condiciones de trabajo.

En su tácita decisión de administrar la herencia kirchnerista e introducir breves retoques, el gobierno de Cambiemos parece guiado por el ideario de la patronal argentina que, como sabemos, incluye la conservación de las prerrogativas de los sindicatos oficiales contrarias al derecho fundamental a la Libertad Sindical y al principio federal.

Sucede, sin embargo, que el ideario de la patronal más representativa es inviable. Tanto desde el punto de vista político como desde una óptica atenta al bienestar social. Es sencillamente absurdo pensar que la competitividad de la Argentina haya de alcanzarse devaluando nuestra moneda o instaurando el despido libre, cancelando las protestas y el derecho de huelga, manteniendo el trabajo en negro y el ejército de excluidos como variables de ajuste, sometiendo la negociación colectiva a cepos que frenan o a incentivos que sirven a los propósitos de la Argentina autárquica y, por ende, pobre y estancada.

¿Es posible construir y consensuar un programa reformista?

Pienso que además de posible, tal programa consensuado resulta imprescindible para superar la larga crisis económica y cerrar los caminos a través de los cuales pretende regresar el peor populismo del que tengamos memoria.

No obstante, será preciso aclarar dos cuestiones previas:

En primer lugar, definir si el anhelado programa reformista ha de inscribirse dentro de la Constitución Nacional y de los Tratados vigentes (el llamado bloque constitucional, federal y cosmopolita) en materia de derechos sociales fundamentales, o se intentará dentro de la nebulosa antirrepublicana en la que malvivimos desde hace años.

En segundo lugar, establecer si la Argentina y sus actores representativos se proponen construir una economía internacionalmente competitiva y socialmente justa, o prefieren seguir experimentando con esta autarquía que nos empobrece material y culturalmente.

                                                    Vaqueros (Salta), 19 de junio de 2017.

*Ex Fiscal de Estado de la Provincia (1973), ex Ministro de Trabajo de la Nación (1993/1997)