Tales fueron los cambios experimentados por la sociedad argentina durante las últimas décadas que muchos de sus transformaciones subterráneas no han sido del todo estudiadas; optándose por interpretaciones propias de la sociedad industrial clausurada hace, por lo menos, treinta años. El abuso de la Historia como fuente referencial para entender procesos contemporáneos puede responder a dos designios ampliamente usufructuados en la actualidad: los mitos heroicos y gloriosos que, más allá de sus victorias o su derrotas –también convertidas, en victorias- sirven como marco legitimador para los que ejercen el poder; o bien la idea menos nociva pero inconveniente de transpolar situaciones por analogía coyuntural. El caso de los procesos electorales es bien elocuente respecto de esta última vertiente. Se parte del supuesto de una ciudadanía constituida por individuos libres e iguales que votan por múltiples razones entre las que se destacan la publicidad y la presencia actuada de los candidatos en los medios de comunicación. Los procesos electorales, pese a sus torsiones, respondieron en la Argentina a esa dinámica entre la Ley Sáenz Peña y los años 80. La sociedad era más homogénea en cuanto a su incorporación al mercado de consumo de bienes, al trabajo regular, y a la participación política. Pero a poco de inaugurarse la democracia irrumpió con crudeza un fenómeno que se venía incubando durante los quince años anteriores: la pobreza estructural resultante de una movilidad social descendente tanto en las clases medias “caídas del mapa” como en los antiguos trabajadores, industriales o no. A más de treinta años de comenzada la experiencia democrática más estable de la historia argentina el Estado administra cincuenta y dos planes de emergencia solo en el orden nacional que involucran a dieciocho millones de beneficiarios. Estos datos, evocativos de la pobreza de casi una tercera parte de la población, requieren explicar sociabilidades nuevas de fuerte impacto en la política y en los procesos electorales. Las necesidades de vastos segmentos suburbanos se han tendido a procesar a lo largo de los últimos decenios de acuerdo a sucesivas formulas pero análogas en lo relativo a la dependencia respecto del Estado. Jefaturas fuertes de colectivos de diverso tamaño -que abarcan desde familias extensas hasta comunidades étnicas y religiosas entre muchas otras- han tendido a relacionarse con el Estado subsidiario que fue reemplazando alternativamente bolsas de alimentos, de remedios y de pequeños –también de grandes, como lo prueba La Salada- espacios en la vía pública para el comercio irregular por planes y programas de urbanización barrial más estables; pero igualmente volátiles. De entre estos referentes emergen agentes vinculados a la política predominantemente municipal que los convierte en empleados formales o informales –a veces, hasta funcionarios- que los pone en contacto con alguna dependencia pública regida por algún burócrata con aspiraciones electorales. Desde allí, negocian recursos estatales que se derraman en sus respectivos grupos, y en cuya persistencia se juegan subsistencias más o menos holgadas además de su estabilidad, su honor, y su consistencia. Los denominados “punteros” proceden de ese segmento; pero su prestigio y eficacia puede determinar que también referencien a otros, aunque siempre acotados territorialmente. Sus liderazgos no residen solo en satisfacer materialidades sino también en representar pasiones que le confieren sentido a la existencia de sus miembros quienes se reconocen más como tales que como personas individuales. Para quienes operan desde los municipios, la preservación de este régimen de prestaciones y de contraprestaciones electorales define ciudadanías colectivas que se expresan tanto en actos proselitistas como en comicios. Debidamente organizados estos últimos requieren de fiscalizaciones para constatar resultados o traiciones casi siempre procedentes de la competencia dentro de la esfera dirigencial por ampliar su influencia. Las técnicas a tales efectos son múltiples y variadas; y arrancan mucho entes del acto comicial en sí, digitando, por caso, padrones obtenidos con anticipación a los plazos legales en el Juzgado Electoral provincial para diseñar estrategias de movilización e influir en el nombramiento de los presidentes de mesa, luego acompañados de fiscales generales como para que el proceso sea lo más previsible posible. Esto último, incluye la producción de conflictos allí donde las perspectivas son dudosas manipulando por la fuerza mesas y sobres para forzar el resultado esperado. La máquina social y territorial no ha hecho más que perfeccionarse durante los últimos veinte años. Es una de las consecuencias de la impresionante reestructuración social acaecida en el país. Dos ideas ampliamente extendidas sobre los procesos electorales contemporáneos deben ser, así, reconfiguradas. En los bolsones suburbanos de pobreza se opta menos por candidaturas que por la preservación de recursos de subsistencia garantizados por los “políticos” locales; léase los punteros. El voto individual no puede ser entendido sin la pertenecía de los sufragantes a colectivos más amplios debidamente “encuadrados” por los municipios. Son los dos pilares básicos de la política territorial del actual “partido de gobierno”. La robustez de los aparatos oficialistas construidos a lo largo de estas últimas décadas es sólida pero tampoco irreductible. Preservar en el tiempo la lealtad de colectivos no es tarea sencilla: la pobreza no es homogénea y registra diversos estratos en los que hay privilegiados –como los punteros, referentes y sus respectivos sequitos- y marginados dispuestos a expresar su insatisfacción con garra en tanto aparezcan operadores y referentes nuevos que bien pueden proceder de fuerzas opositoras. En la actualidad, ningún partido suscita las pasiones y devociones militantes de otrora, mucho menos sus dirigentes. Por lo tanto, también en los sectores pobres se abre un enorme campo de posibilidades para fuerzas opositoras con voluntad de ganar. Pero para ello es menester lanzarse a las calles, reunirse con grupos cruciales –no solo la marketinera técnica de tocar timbres casa por casa- y proceder a interpretar, comprender y hasta querer a los grupos a los que se dispone a representar.

                                                                                                    Junio 2015

*CEINLADI- UBA-Club Político Argentino