Cuando en 2007 voté por don Juan Manuel Urtubey para Gobernador de Salta, estaba lejos de sospechar que de tal forma contribuía a entronizar a quién terminaría de destruir los endebles cimientos de la democracia salteña.

Más adelante, cuando la Unión Cívica Radical denunciaba como fraudulento el régimen de “voto electrónico”, pensé que se trataba de una queja de nostálgicos de antiguas tradiciones republicanas que resistían las nuevas tecnologías.

Las elecciones “primarias” llevadas a cabo el pasado domingo y los múltiples testimonios de dudas y denuncias que fui recogiendo a lo largo de esta semana, me llevaron a investigar sobre los antecedentes del así llamado “voto electrónico" (1)

Tenía razón la UCR y los legisladores y concejales que el 21 de mayo publicaron una solicitada señalando que el sistema de voto electrónico no ofrecía transparencia.

Con independencia de los resultados oficiales de las recientes PASO, estoy convencido de que se trata de un sistema vulnerable. Sobre todo cuando opera en un entorno como el salteño con alto analfabetismo informático y en donde imperan el clientelismo y el peso del aparato del Estado. Un entorno donde, por impericia de la dirigencia política (entre la que me cuento), la ciudadanía cayó en el escepticismo y en la apatía cívica.

Repasando los antecedentes internacionales es fácil comprobar que este presunto avance tecnológico es, en realidad, una truchada que pronto desencantó a los países políticamente más cultos y comprometidos con los valores y los procedimientos democráticos.

El abandono de esta innovación se fundó en la necesidad de defender la esencia del voto. Vale decir, su carácter secreto, así como los mecanismos de control a cargo de los partidos políticos y de una justicia electoral independiente.

A idéntica conclusión han llegado los más prestigiosos juristas salteños (Rodolfo José Urtubey, padre del señor Gobernador, Armando Frezze, entre otros) y no salteños que citaré en otro momento, pero que tengo muy presentes ahora.

El voto democrático, aquel que constituye los poderes del Estado y define el rumbo de las naciones y provincias, requiere que se garantice a cada ciudadano el control de su voto a lo largo del proceso que se inicia con la secreta elección de su preferencia y concluye en un escrutinio transparente.

Nada de esto sucedió en las recientes PASO salteñas. Los partidos y frentes políticos carecieron de capacidad para controlar el comicio. Nuestra justicia electoral está sospechada de parcialidad. Las autoridades de Mesa y los fiscales no estuvimos preparados para vigilar que el voto y el escrutinio se formalizaran en actos seguros y decentes.

Como ha señalado el más alto tribunal Alemán, el voto democrático es aquel donde cada ciudadano, sin tener conocimientos informáticos, pueda vigilar que su voluntad sea respetada.

Entramos, penosamente, en una nueva era de fraude. Los salteños sufrimos décadas y décadas de trapisondas electorales, hasta que otros salteños, Indalecio Gómez y Victorino de la Plaza, ayudaron a poner en práctica el acuerdo entre Hipólito Irigoyen y Roque Sáenz Peña.

Terminar con el “fraude patriótico” exigió firmeza republicana y años de abstención liderados por la Unión Cívica Radical que en 1909 dijo: “No buscamos ministerios. Únicamente queremos garantías para votar libremente”.

Cien años después, cuando entre todos habíamos eliminado (o reducido a su mínima expresión) el fraude del voto en cadena, el robo de urnas y el chalequeo que usufructuaron los conservadores de este país, el fraude reaparece de la mano de las nuevas tecnologías y del seudo progresismo que construye, día y noche, una monarquía absoluta.

Si nuestro actual Gobernador tuviera un mínimo de sensibilidad democrática, todo sería muy fácil: Ante la simple sospecha de vulnerabilidad del “voto electrónico” aceptaría retornar al voto tradicional y, de ese modo, salvar la democracia y la legitimidad de los futuros gobiernos.

Pero nada de esto ocurrirá. Por la sencilla razón de que el señor Urtubey tiene un único proyecto: Perpetuarse en el poder, a cualquier costo, y rendir las banderas de la Provincia a los caprichos de la Presidenta de la República.

Esta trayectoria de desprecio a las instituciones y a las minorías, acaba de ponerse nuevamente de manifiesto con motivo de la elección de los representantes de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura. La mayoría que gobierna ha reincidido en el fraude de desdoblarse para ocupar los escaños de la auténtica minoría.

El control del poder judicial y del ministerio público, que obsesiona al kirchnerismo, ocupa las vigilias y los sueños del actual Gobernador de la Provincia. Pretende tener todo en un puño y lo está consiguiendo. Es muy prolijo a la hora de conceder favores, dignidades y riquezas; de disuadir disidencias; de perseguir opositores.

Nos están arrebatando el voto. El poder construye un “monumento a la impudicia cívica”. El régimen ha llegado a la perfección en materia de unanimidades y claudicaciones (Félix LUNA “Yrigoyen”). Sólo nos queda la palabra y el derecho a protestar. Muchos vamos a ejercerlo.   

1) En la Salta monárquica y absolutista del señor Urtubey estamos lejos de un verdadero proceso que vincule la participación democrática con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Lo de Salta es una engaña pichanga que, con el falso propósito de reducir costos (en realidad el “voto electrónico” cuesta entre 5 y 10 veces más que el método tradicional), privatiza el comicio y abre las puertas al fraude. Con este sistema la democracia y la voluntad del cuerpo electoral quedan en manos del dinero blanco o negro.

  *Ex Fiscal de Estado de la Provincia (1973), ex Ministro de Trabajo de la Nación (1993/1997)