De La representación corporativa obrera a la barrial-territorial. La trama institucional

Luego de evaluar el proceso histórico de construcción de la pobreza en términos cuantitativos; analicemos otros matices, con énfasis en sus implicancias políticas y culturales. Una de las primeras características del núcleo más duro de los sectores empobrecidos fue la des salarizacion con sus concomitancias descolectivizantes que, asimismo, fueron cambiando las percepciones subjetivas de los afectados.

El desempleo o la precarización supusieron el fin de la cobertura  corporativa sindical que debió ser reemplazada por otras, sobre todo en las situaciones de extrema emergencia. Durante los picos de las sucesivas crisis  – 1981, 1989, 1995 o 2001-  sus expresiones más representativas fueron las ollas populares vecinales que, en realidad, manifestaban varias cosas al mismo tiempo: en primer lugar, una organización social preexistente; y en segundo, un tránsito de las formas de representación corporativa sectorial por otras de sesgo territorial-barrial. Dicho en otros términos, las familias encontraron en sus barrios un espacio de acción y organización en su lucha por la subsistencia que fue progresivamente institucionalizándose

La nueva pobreza estructural supuso, entonces, una mutación organizacional ya insinuada en líneas anteriores. Las insuficiencias materiales indujeron a reforzar viejas redes mutuales que abarcaban desde clubes, parroquias y templos de distintas religiones, centros vecinales y culturales, sociedades de fomento o aun el domicilio de antiguos militantes que debieron añadir a sus viejas funciones políticas otras sociales que desbordaron y hasta eclipsaron a las anteriores. Ya en los 90, sobre todo durante la crisis del Tequila en 1995, aparecieron otras formas de organización como los piqueteros y fogoneros en los enclaves productivos energéticos del interior que rápidamente se extendieron hacia barrios y asentamientos de los grandes centros del Litoral.

Todas ellas configuraron un conjunto muy denso que sustituyo la identidad corporativa por la barrial-territorial. Desde allí, los nuevos pobres se las ingeniaron para concentrar recursos alimentarios y ayudas sociales más específicas  en torno de la salud o el cuidado de la infancia. Muchas de estas organizaciones, particularmente aquellas lideradas por antiguos sindicalistas o punteros políticos, obtuvieron el reconocimiento de las autoridades municipales y provinciales que le confirieron el estatus de “organizaciones intermedias”.

 En torno de ellas, fue cobrando forma una nueva modalidad de dominación en la que el estado fue trasmutando sus políticas sociales universales por  otras que dieron en denominarse “de foco” consistentes en subsidios fragmentarios que abarcaban desde bolsas de alimentos, suministro de nutrientes básicos como leche, huevos o polenta hasta empleos informales públicos o privados, subsidios  educativos básicos y atención primaria a la salud planes.

A medida que el escepticismo en torno de una reintegración por la vía del mercado se fueron extendiendo los denominados planes subsidiarios de la desocupación crónica. Así, se transitó del PAN radical y de los bonos solidarios de la primera etapa menemista a los planes como Trabajar y Barrios Bonaerenses de urbanización o autoconstrucción de viviendas. Luego de 2001,  se añadió el semiuniversal “Jefas y Jefes de Hogar”; y  ya en los 2000, la única política de alcances universales –no obstante imperfectos- como la “Asignación Universal por Hijo” (AUH) conjugada con un neo cooperativismo laboral en estrecha dependencia del estado. Lo transitorio devino entonces en definitivo, confirmando la “estructuralidad” de la pobreza.

El nuevo modo de dominación resulto funcional respecto de  la consolidación de una oligarquía funcionarial profesionalizada en contacto, a través de sus operadores, con  los mediadores de las organizaciones territoriales -institucionalizadas o no- genéricamente denominados “militantes sociales”. Estos organizan y distribuyen diferenciadamente  las prebendas entre sus núcleos subordinas de familias extensas, comunidades religiosas, centros deportivos, etc.

El sistema conjuga la redistribución de recursos materiales con el reconocimiento de las diversas identidades culturales sustitutivas de las antiguas en torno del trabajo, la política y la religión, que ahora pasan por la estética, el futbol, el barrio, o las diversas actividades de la nueva economía de la pobreza por donde circulan los recursos.

La fragmentación concomitante reproduce frecuentes conflictos internos que requieren la autoridad de “militantes sociales” fuertes –la condición necesaria de su legitimidad es el temor y la capacidad para hacer “cumplir los códigos”-– tanto a nivel territorial institucional como social; aunque a veces esa conflictividad sea inducida desde la propia política para garantizarse lealtades más previsibles o por la competencia entre operadores de distintas facciones dentro del Estado.

La ayuda social, en suma, supuso un cambio cultural en lo relativo a las políticas públicas. Conforme el estado fue abandonando las universales, los beneficios dejaron de poseer el carácter de “derecho” para adquirir un sentido neo filantrópico más asociado al “deber moral” de funcionarios o asociaciones de la sociedad civil. Surgió, así, una nueva ciudadanía que se conjuga con identidades soldadas moralmente. Se afincan allí desde las actividades de subsistencia hasta la producción colectiva  el voto porque todo ello se halla ligado por el neofilantropismo de la nueva clase política convertida en oligarquía.

Hemos allí las células básicas se la transformación del estado sustituido por la política, la pulverización de los partidos devenidos en apéndices de la burocracia administrativa, la consagración de partidos de Estado y de gobiernos electores con su saga de clientelismo e  incluso de prácticas fraudulentas requeridas para compensar la autonomía persistente de las otras dos terceras partes de la sociedad.

*Historiador. Miembro del Club Político Argentino