Desde el peronismo se aduce que Cristina Fernández de Kirchner ha sido proscripta. Vale recurrir al significado de esta palabra en derecho electoral. Para esta rama jurídica la proscripción importa la prohibición dirigida a una persona para que pueda presentarse como candidato en futuros comicios.

Ahora bien, cabe aclarar que Cristina Kirchner no ha sido proscripta, sino que ha sido condenada por corrupción con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Sin embargo, ello no le impide ser candidata en elecciones, en tanto el fallo condenatorio no está firme. Esto recién sucederá cuando el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) y se pronuncie al respecto. Se trata de un dilatado plazo que recién empezará cuando el expediente tome impulso a partir del 9 de marzo. Es preciso tener en cuenta que una sentencia no proscribe, sino que determina si una persona es o no culpable. La vicepresidenta fue condenada en primera instancia por cometer fraude contra el Estado.

El Frente de Todos se reunió el jueves pasado en lo que denominaron mesa política en cuyo transcurso elaboraron un documento titulado “Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar”. Allí expresaron: “Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular”.

La idea de la proscripción es una bandera que el kirchnerismo comenzó a enarbolar antes de conocerse la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que, durante tres años y medio, tuvo a cargo el juicio contra Cristina, Lázaro Báez y otros once imputados en el caso Vialidad. Los fundamentos de esta sentencia se conocerán el 9 de marzo. En el fallo se desmiente gran parte del relato del oficialismo ya que no cuestionaron la gestión del ejecutivo, no juzgaron políticas. Textualmente, no intervinieron en la “la decisión de aquel gobierno nacional (períodos 2003-2007 y 2007-2015) de implementar una gestión de desarrollo vial marcadamente favorable para la Provincia de Santa Cruz”. Analizaron “en concreto la forma en que se ha implementado esa política pública” que terminó convirtiéndose en la maniobra defraudatoria. El cumplimiento del plan criminal -señalaron- tuvo el “interés Cristina Kirchner”, lo que evidencia “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes a Lázaro Báez”.

En marzo se conocerán los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta. “Ninguna sentencia en sí misma, es una proscripción”, expresan en Comodoro Py varios magistrados de tribunales orales. Además, según la ley la "inhabilitación para ejercer cargos públicos" es una "accesoria" a cualquier condena por corrupción: se entiende que alguien que le robó al Estado no puede volver a representarlo nunca más, sea quien sea. Como ocurrió con Felisa Miceli, Romina Picolotti y Amado Boudou. Esta es la razón central que torna sin sentido la victimización de Cristina Kirchner. No es la única: los plazos procesales que contempla el debido proceso bajo una Justicia democrática también favorecen a Cristina Kirchner si quisiera ser candidata este año. Con la condena a seis años por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, el expediente debe ser revisado por dos instancias más, que tienen plazos lentos y hay todo tipo de artilugios legales para demorar aún más que el fallo adquiera firmeza.

Cristina está recurriendo al renunciamiento de Eva Duarte y a la proscripción de Juan Domingo Perón. Que fueron verdaderos, mientras que lo de ella es puro relato. De esa manera recurre a los dos grandes íconos del movimiento nacional justicialista.

*Abogado Constitucionalista

El balance de estas décadas arroja claroscuros, pero también enciende la esperanza en tendencias aún imperceptibles hacia una república más digna y una convivencia más civilizada

Los resultados de las elecciones de 1983 rebatieron un supuesto perturbador de nuestra cultura política desde mediados del siglo XX. La UCR, partido casi centenario y mayoritario entre 1916 y 1946, se alzó con un 52% de los sufragios. El peronismo, que desde sus orígenes había arrojado a los radicales a, como mucho, un tercio electoral, obtuvo un contundente 40%. De un día para el otro se desvanecía el mito de que en elecciones libres y sin proscripciones el peronismo tenía más del 50% asegurado, pudiendo incluso alcanzar más del 60, como Perón en 1973 y 1952.Ambos contendientes resultaron perplejos: más allá de la euforia, algunos radicales concibieron los comicios como un acto de justicia reparadora por el que recuperaban aquello que el peronismo les había arrebatado desde la segunda posguerra. Otros, más jóvenes e históricamente informados, creían que la derrota les iba a deparar a sus adversarios el mismo destino diluyente como fuerza nacional que a los “conservadores” en 1916. Era cuestión solo de morder a una porción de sus dirigencias más oportunistas para sintetizar a ambos movimientos en otro superador: un “tercer movimiento histórico”.

La premisa suponía una concepción contradictoria del republicanismo democrático de la campaña radical. Tributaria, más bien, de antiguos preceptos nacionalistas y unanimistas de los que el radicalismo también participó; al menos, en su mayoritaria vertiente yrigoyenista: la existencia de una masa nacional que se expresa mediante un intérprete capaz de conducirla hacia su “destino de grandeza” más justo e igualitario. Si su primer conductor había sido Hipólito Yrigoyen, el segundo fue Juan Perón. Alfonsín, como sus antecesores, habría de aglutinar fragmentos de las estrellas explotadas anteriores para consolidar una nueva hegemonía política destinada a regir al país por varias décadas. Una tercera vertiente, más realista y escéptica respecto de estas especulaciones, se preguntaba con preocupación cómo habrían de hacer para gobernar con estos nuevos y sorprendentes apoyos.En el peronismo, la perplejidad motivó una crisis de identidad que acentuó aquella tras la muerte de su líder. ¿Cómo habrían de conducirse sin él? O, pensando en su consejo póstumo, ¿cómo “vencer al tiempo” mediante” la “organización”? Por lo demás, ¿qué organización? Los más pluralistas pensaban en un partido político; pero otros –la mayoría– entendían esa opción como una claudicación: el peronismo no podía resignarse a ser un despreciable “partido liberal”. Debía preservar su carácter de “movimiento nacional” para lo que contaban con aquello de que los radicales carecían: una “doctrina” y la “columna vertebral” sindical.

Este diagnóstico consolador no dejaba de tener una arista paranoica acechante: una parte del “pueblo” había sido “engañado” por los abultados aportes del “marketing socialdemócrata” y de la propia dictadura “liberal” pronta a desvanecerse. Claro que para ello era necesaria la movilización de todos los componentes del “movimiento”: en primer lugar, del sindicalismo, e incluso de algún sector militar consustanciado con el nacionalismo popular capaz de producir el relevo del general fallecido… El delirio fue útil para revelar un irreductible sedimento fascista congénito. Otros, por último, empezaron a barajar a un nuevo conductor civil, que abarcaba desde el electo gobernador riojano, Carlos Menem, hasta la propia Isabel Perón, pasando por una tentación que muchos se guardaban de expresar, aunque coherente con los miles de votos peronistas que terminaron afluyendo hacia el radicalismo: Raúl Alfonsín.

La novedosa conmoción de 1983 arrastraba, así, tantos elementos disruptivos de la cultura política de masas del siglo XX como la supervivencia de otras que no excluían volver a saltar del orden constitucional. En el haber de los primeros, sobresale que durante los veinte años siguientes, ambos partidos se alternaron en el ejercicio del gobierno. Asimismo, nadie volvió a obtener resultados terminantemente excluyentes; salvo la señora de Kirchner en 2011, cuyo 54% frente a una oposición atomizada no tardó en exhibirse como una excepción confirmatoria de la regla. Vayamos, entonces, al interrogante que nos intriga: ¿cómo es posible que la tradición hegemónica haya retornado desde 2003 con una fuerza tan inversamente proporcional a los números de la aritmética electoral? Escojamos algunas hipótesis.

En primer lugar, el fallo macroeconómico plasmado en la inflación endémica y en abruptas detonaciones –las de 1989 y 2001– que la nueva institucionalidad logró sortear, pero sin resolver los problemas de fondo. Justo es reconocer que la sombra inflacionaria aparentó diluirse durante los 90. Tanto, como que el proceso ulterior también tornó a aquel experimento en otra excepción corroborativa de la regla. Y que evoca otros problemas estructurales congénitos de nuestra factura nacional, como el equilibrio entre un mercado interno chico pero socialmente exigente y un mundo a cuyas torsiones nos cuesta adaptarnos y a las que respondemos, perplejos, con recetas fundamentalistas o retrógradas. La calamitosa situación de 1983 resultaba, al cabo, del curso espasmódico de nuestro desarrollo desde hacía, como poco, 40 años, pero que durante la dictadura parió su resultado ya divisable desde los 60: una desconcertante pobreza social en las antípodas de nuestro imaginario inclusivo.

En principio se la subestimó, pero conforme fue cobrando espesor fue reconocida como una insospechada fuente de acumulación de poder, tornando a la democracia política conservadora en el sentido retardatario de la palabra. Hoy ya alcanza a casi la mitad de la población, y todas las fórmulas ensayadas para remitirla han resultado un resonante fracaso. Su impacto termina socavando de diversas formas a la propia matriz política que la alimenta, como el estallido de los grandes partidos en los que se cimentó el pacto democrático tácito de 1983 en 2001. Este, a su vez, abrió cauce al imperio de la debilidad.

Un sentimiento que mortifica a los sucesivos gobernantes y los conduce por la senda de la sobreactuación recurriendo a fantasmas de nuestro peor pasado. Por caso, la reivindicación moral de la violencia insurreccional de los 70, asociándola en un tan rebuscado enroque con la pobreza contemporánea, obturando cualquier política de estabilización y racionalización económica estigmatizada como “neoliberal”. Y su contrarréplica: el retorno de un antiperonismo que delinea una continuidad perversa entre el autoritarismo plebiscitario inaugurado en 1945 y la actualidad omitiendo los acuerdos de 1973 y los primeros 20 años de convivencia civilizada.

La debilidad impulsa reflejos facciosos que han partido a la sociedad política en tribus cuyas cúpulas, enredadas entre sí y dentro de sí, las aleja de la realidad cotidiana. Sofoca a los ciudadanos comunes de todas las extracciones sociales; y alimenta dos de los tantos peligros siempre al acecho: la anomia distópica y su eventual aprovechamiento oportuno por algún outsider que, preformando una indignación impostada, nos haga retroceder aún más. Al cabo, fue en un experimento de esa especie el que signó el segundo tramo de nuestra endeble democracia y nos sumió en este estancamiento desconcertante, pese a un mundo más benévolo con nuestras potencialidades materiales y culturales.

Un balance cuyos claroscuros evocan no solo los contornos de la nueva corporación política, sino de la sociedad en su conjunto. Y la esperanza en tendencias aún imperceptibles hacia una república más digna y una convivencia más civilizada.

                                                        20 de diciembre de 2022

* Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos

Desde mi propia y doble experiencia personal como diplomático y periodista puedo decir que, no obstante todas sus diferencias, que las hay, ambas profesiones tienen muchos elementos comunes. En primer lugar, así como es cierto que el hombre se constituye a través del lenguaje, tanto para los diplomáticos como para los periodistas,  la palabra y su uso, son parte también fundamental y constitutiva de su gestión diaria. En segundo lugar, en las dos profesiones existe la necesidad insoslayable de requerir el permanente análisis de realidades y situaciones, y el de dar y recibir información.  Por supuesto, el periodista goza de mayor libertad de expresión, está menos acotado en sus movimientos y mucho menos atado a formalidades, pero tampoco puede despojarse de su mirada profesional y evadirse por ende, de una compulsiva necesidad de buscar información, reflexionar acerca de ella e interpretarla.  Así las cosas, al igual que el diplomático, el periodista no viaja ni participa de ciertos actos o recepciones o comidas, de una manera, digamos, totalmente ingenua o puramente social. Los diplomáticos y los periodistas, salvo en familia o con amigos, están siempre trabajando, porque  han elegido actividades de tiempo completo, pero dicho esto no  en un sentido convencional y formal.   Por eso, tanto el ejercicio de la diplomacia como la del periodismo  requieren una gran pasión. Y una buena relación –respetuosa y confiable- entre quienes ejercen una y otra, puede –me consta- rendir excelentes frutos, personales y profesionales.

Señalo lo anterior porque también mi doble experiencia profesional, al ponerme en distintas circunstancias de un lado o del otro, me ha hecho conocer ciertos desencuentros entre diplomáticos y periodistas, vinculados a la resistencia o al exceso de prudencia por parte de aquellos, en lo que hace a brindar información por temor a que ella no fuese tratada debidamente y, por ende, en lugar de servir para informar a la opinión pública terminase desinformándola. He aludido a estas dos profesiones por encontrarlas muy cercanas, pero lo que nos interesa hoy es algo más general, como la relación entre instituciones oficiales o privadas y el periodismo. Lamentablemente el tiempo asignado apenas me permitirá tratar la relación entre el periodismo y la diplomacia y la del periodismo con la justicia, dejando de lado mis experiencias como vocero en otras áreas del gobierno, en instituciones privadas como en varias Càmaras empresariales y la que tuve como Secretario Regional de Comunicación de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Pero para todas ellas, mutatis mutandis  (cambiando lo que se debe cambiar) son aplicables la mayoría de los preceptos  que hoy formularemos.  

En cuanto a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación y de otras ramas del gobierno, ellos deben tener muy en claro los siguientes presupuestos:

·       Que la prensa en una democracia constituye una de las herramientas que puede contribuir a la formación del juicio de un hombre libre y socialmente integrado. Y que ello determina que los medios de comunicación se proyecten en las instituciones.

·       Que a eso se suma el hecho de que en el escenario actual, las nuevas  tecnologías han producido una notable alteración del sistema comunicativo, ya que el modo de elegir y ofrecer las noticias no sólo determina la agenda de lo considerado importante, sino que además, yendo más allá del simple reflejo de los hechos, llega incluso a construir la realidad social.

·       Que el arsenal técnico que sirve para que la información sea universal e instantánea, y llegue sin interrupción a todas partes, conforma un universo que adquiere las dimensiones de un poder sin límites, hasta el de transformar los meros hechos en acontecimientos con el valor que los medios determinen.

·       Que el avance exponencial de la electrónica y de la información es un segmento de una revolución que abarca todos los aspectos de la vida humana, lo que obviamente incluye las relaciones internacionales. 

Claro está que de allí surge de manera  imprescindible poner énfasis en la gran responsabilidad que les cabe a los profesionales de la comunicación, dado que los acontecimientos,  aun cuando tengan una existencia independiente, sólo adquieren significación cuando se convierten en relatos determinantes de sentido para la vida de la sociedad.  Y esa responsabilidad es aún mayor si se tiene  en cuenta que entre los usuarios y los medios, se establece una relación por la cual, los destinatarios de la información creen en general que se les ofrece una información confiable, sobre todo por el condicionamiento que produce la oferta de productos comunicativos.  

 Ahora bien, todos sabemos que al ser las noticias la fuente principal para definir la realidad social, los periodistas, a fin de  poder cumplir con  su función, deben poseer credibilidad, lo cual no excluye infinidad de eventuales estrategias de comunicación que puedan hacer creíble una realidad aparente e ilusoria, a través de la eventual manipulación y de la distorsión.   

Tampoco podemos ignorar  que compete a la actividad periodística recoger los hechos y los temas, y atribuirles un sentido y significación valorativa, cosa que puede tocar muy de cerca a los diplomáticos -y en general a funcionarios del Estado-  cuando se trata de ofrecer información sobre cuestiones vinculadas a la  política exterior o a otras políticas gubernamentales. En tal sentido, no se nos escapa que existen  profesionales de la comunicación que actúan según sus convicciones, así como otros solo son funcionales  a lo que pueda incrementar los beneficios de las empresas periodísticas. Porque es bien sabido que, con variados estímulos comunicacionales, se logra concentrar la atención de la opinión pública en determinados hechos y desviarla de otros, desplazando centros de interés por el sencillo mecanismo de la desaparición de noticias. Además, un fenómeno que es preciso tener en cuenta es la creciente interacción que se establece entre los medios y la opinión pública. Porque frente a determinadas campañas periodísticas, aquella reacciona funcionalmente con sus demandas, realimentando el proceso de los medios, que informan sobre las reacciones que ellos mismos han provocado.

Sin embargo, frente a estos complejos problemas, pensamos que la actitud de las Cancillerías u otras departamentos del Estado,  no debería consistir en cerrarse totalmente no brindando información,  sino por el contrario, en darla de manera tan pública, amplia e inteligente desde el punto de vista comunicacional, que todos los medios, sean estos gráficos, radiofónicos o televisivos, se sientan profesionalmente obligados a editarla, y sin distorsiones.    

Porque en verdad, son tiempos muy complejos los que nos ha tocado vivir, pero muy interesantes.  Es este nuestro mundo y nuestra realidad, y no otro ni otra, donde funcionarios gubernamentales o de empresas privadas  y periodistas,  tienen que cumplir  sus trabajos. Y yo no veo razones valederas para que puedan existir problemas en las relaciones institucionales entre la prensa y los organismos estaduales o privados,  sino que lo lógico y razonable es que exista una relación de mutua colaboración. Desde los gobiernos, dando toda la información posible en el momento oportuno. Desde la prensa, transmitiendo esa información de manera veraz, con la mayor dosis de objetividad posible, y cuidando de no dañar procedimientos industriales o comerciales, o bien las relaciones o las negociaciones bilaterales o multilaterales,  mediante indebidas  presiones  mediáticas.  

Ahora bien, siendo las noticias  la fuente principal para definir la realidad social, para poder cumplir con  su función, repetimos, deben poseer credibilidad, lo cual no excluye infinidad de eventuales estrategias de comunicación que puedan hacer creíble una realidad aparente e ilusoria, a través de la manipulación y la distorsión.  Estas estrategias manipuladoras pueden consistir en el simple hecho cuantitativo de destinar más espacio a algunos mensajes, así como el cualitativo, mediante “profecías de autocumplimiento”, para lograr que los potenciales receptores aumenten su nivel de tolerancia a la deformación de la realidad.

Sabemos también que la actividad periodística tiene la competencia de recoger los hechos y los temas, y la de atribuirles un sentido. Porque los medios influyen en el modo en que el destinatario organiza su conocimiento y la imagen de la realidad social, y su incidencia comprende no sólo los procesos de producción, circulación y reconocimiento,  sino también los componentes de significación valorativa.

Y esta influencia es con seguridad fundamental cuando se trata de ofrecer información acerca de cuestiones  -como podría ser el caso de los temas relacionados con el sistema de justicia o bien otros- a los cuales el individuo no puede, por su propia cuenta, acceder. 

La cuestión adquiere mayor gravedad si se considera que la opinión pública no se construye libremente sino que los medios tienen en ella un peso sustancial, a la vez que inciden en el proceso de elaboración y aplicación de las leyes.

Así las cosas, sería  deseable que quienes legislan y actúan en el plano  jurisdiccional rechazaran los prejuicios y los impulsos emocionales que pudieran generar los medios. Porque los  juicios sobre el alcance de los sistemas de justicia deben ser elaborados en un marco de equilibrio y objetividad, nunca contaminado por interferencias deformantes. Sin embargo, se observa una creciente vulnerabilidad derivada de la incidencia de los medios en este aspecto, y es grande la importancia que tiene la opinión pública sobre el tratamiento de los conflictos.

Debemos advertir también sobre la responsabilidad e incidencia fundamental –aunque no exclusiva- de los medios y sus operadores en el  estado subjetivo de la seguridad o inseguridad pública, en la generación de determinados fenómenos  y hasta en la solución penal de los conflictos.  Por tal razón es necesario alertar sobre la utilización de mecanismos sutiles a través de los cuales se dirige la conciencia social, se preordena la visibilidad de los delitos, se generan demandas abusivas al derecho, se inducen miedos en el sentido que se desea, se reproducen los hechos que sirven al logro del efecto buscado,  se incentivan las sensaciones de inseguridad ciudadana, se promueve el deterioro de valores, y se crea alternativamente la sensación de sentimientos de desamparo en la población que, en determinadas ocasiones, llegan a propugnar estilos agresivos de comportamiento.

Pero ese es también el camino que puede generar la sensación de que la impunidad es absoluta y de que los jueces son débiles. Todo lo cual incita a la autodefensa, a la glorificación de los “justicieros”, a echar sospechas indiscriminadas sobre la actuación de los funcionarios y a predisponer a la opinión pública hacia la necesidad de determinados cambios legislativos, llegando también a presionar incluso a los integrantes de la administración de justicia.

Además, un fenómeno que es preciso tener en cuenta es la creciente interacción que se establece entre los medios y la opinión pública. Porque frente a determinadas campañas periodísticas, aquella reacciona funcionalmente con sus demandas, realimentando el proceso de los medios, que informan sobre las reacciones que ellos mismos han provocado.

Entonces, es realmente importante analizar la interferencia de los medios sobre la apreciación colectiva y sobre el propio funcionamiento del sistema de justicia, ya que todo este proceso incide en el funcionamiento del aparato judicial. En tal sentido, estudios realizados en Estados Unidos y en algunos países de Europa sobre el impacto de los medios sobre el sistema penal –que pareciera el más sensible pero no el único- demostraron que un 25% de los  magistrados –jueces y fiscales- admitieron una influencia decisiva de los medios en su primera aproximación al hecho criminal;  y en un alto porcentaje, reconocían la incidencia negativa de los medios sobre su trabajo. En Inglaterra, en 2001, una investigación sectorial entre magistrados penales de Londres y Liverpool mostró que el 32% de los funcionarios encuestados manifestó que la prensa perjudicaba su tarea y afectaba la libre apreciación de los hechos en los que entendían.

Es así innegable la injerencia directa y nociva sobre los magistrados, que en algunas oportunidades ejercen los procesos mediáticos.

Sin embargo, frente a este grave problema, pensamos que la solución no consiste en limitar la libertad de prensa sino en cultivar en el público una postura de alerta crítica y analítica en la recepción de la información que brindan los medios, sean estos gráficos, radiofónicos o televisivos.

En 1997, el Parlamento de Estrasburgo pidió a todas las empresas que participan de los nuevos servicios de información, que delimitasen las responsabilidades de quien elabora el contenido y de quien lo trasmite.

En este preocupante panorama, llegamos a la insoslayable conclusión de que es imprescindible llamar a la reflexión para que no se degrade la función social de la prensa. De tal modo, se hace necesario sugerir ciertas líneas de comportamiento para neutralizar los efectos nocivos que pueden provenir de mecanismos tales como subvertir la jerarquización de los hechos o apelar a técnicas para denigrar a las personas. Porque existe a favor de los ciudadanos la posibilidad de un elemental derecho a la verdad, cuanto menos a tener el mayor coeficiente posible de veracidad. 

El problema se agudiza a la hora de postular procedimientos para salvaguardar a las instituciones judiciales de eventuales responsabilidades.

Y mientras hay quienes sugieren prohibir todo contacto entre los magistrados y la prensa, las propuestas más equilibradas postulan llevar adelante iniciativas de acercamiento institucional y aumentar la transparencia comunicacional.

 Hay que tener en cuenta que los magistrados no son comunicadores profesionales y que más allá de su capacidad personal de comunicación, no todos tienen similar idoneidad frente a los medios, por lo cual sigue siendo fundamental restaurar el sabio precepto de que sólo hablen a través de sus fallos. En tal sentido, lo más deseable sería  limitar en la medida de lo posible los contactos individuales con los operadores de los medios y tratar de canalizar la información que se entienda adecuada, por medio de canales institucionales o corporativos formales: oficinas de prensa del Poder Judicial o del Ministerio Público.

Y aun en tal caso, las comunicaciones que surgieran de dichas instituciones deberían  ser breves  y de fácil comprensión, sacrificando los aspectos técnicos en beneficio de la claridad, dado que resulta menos riesgoso esclarecer sobre el procedimiento, que brindar datos sobre causas concretas.

 Siempre teniendo muy claro que en una auténtica sociedad democrática, en la cual se procediera con reflexión, imaginación y prudencia, con un mejor funcionamiento de la justicia, se lograría también que el marco comunicacional resultara en consecuencia más transparente y más genuinamente democrático.

 En verdad, son tiempos muy complejos los que nos ha tocado vivir, pero muy interesantes. Nuestro desafío consiste en avanzar hacia una comprensión nueva de la persona y de las relaciones humanas.

Es este nuestro mundo y nuestra realidad, y no otro ni otra, con todo lo bueno y lo malo, donde periodistas y jueces tienen que desarrollar sus trabajos, fundamentales para la vida de los ciudadanos y para el mantenimiento y mejoramiento del régimen democrático.

Los medios,  mediante la correcta información sobre los asuntos públicos y su gestión; el examen desapasionado de las distintas ideas y concepciones; la formación de una conciencia crítica sobre los problemas y los intereses sociales comunes. Todo ello, como una forma de protección de los ciudadanos y para el fortalecimiento de un auténtico pluralismo.

Los jueces, a través de la ley y el derecho, tratando de dar a cada uno lo suyo, a partir de poder establecer con justicia y equidad, qué es lo suyo de cada cual. Todo ello dentro de un orden constitucional, donde no haya libertades totales ni derechos absolutos, para evitar cualquier forma de concepción antisocial.

Pero reconociendo a la vez, que la libertad de expresión es el menos relativo de los derechos, porque es un derecho no delegado por el pueblo, desde nuestros primeros intentos constitucionales, sino retenido para ejercerlo por sí mismo.

Todos hemos vivido tiempos en que la libertad fue una ausencia viva y exigente. Pero, a lo que cabe decir, debe añadirse que la libertad es más importante que la verdad, pues si se pierde la libertad no habrá posibilidades para la verdad entre los que no son libres. No se encuentra aún refutada la experiencia de que la censura produce conflicto y resistencia, lo cual hace probable que la razón no se encuentre del lado de quien la ejerce.

¿Qué principios insoslayables son los que deben guiar para cumplir honesta y eficientemente la a tarea de los jueces frente a los litigantes, frente a la sociedad, frente a los otros poderes, y frente a los medios, los periodistas?

El primero es tener la convicción de que en una democracia constitucional, las autoridades, responsables de tomar decisiones respecto de políticas públicas son mandatarios de los ciudadanos que depositaron en ellos su confianza. Y que para que esta delegación posea verdaderamente su carácter democrático, deberá desarrollarse bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política.

El segundo es tener también la convicción de que los mecanismos de democracia participativa incluyen prioritariamente que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para poder participar del proceso decisorio y de control.

 Porque en la democracia, el ciudadano en su condición de sujeto primario del poder, tiene el derecho y el deber de tomar conocimiento de los actos de gobierno y de la vida política en general, como requisito indispensable para la formación de las opiniones y de la voluntad electoral. Esto vincula el derecho de información con el sistema representativo, directamente derivado de la soberanía del pueblo, y permite el efectivo control de la ciudadanía sobre la gestión y conducta de los gobernantes.

Por último quiero referirme a un documento que yo valoro enormemente. Me refiero a la llamada “Declaración de Chapultepec”, promulgada el 11 de marzo de 1994, en virtud de una reunión que tuvo lugar en el histórico castillo de Chapultepec, en México, con motivo de la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión. 

En dos días de deliberaciones, se forjó una declaración que contiene los diez elementos fundamentales de la libertad de expresión, y pasados ya más de diez años desde su redacción y aprobación, ha sido firmada por los jefes de Estado y gobierno de los principales países de nuestro hemisferio.

Considero que su difusión debería multiplicarse por todo el continente a través de los foros nacionales, de manera que los pueblos de América tomen cada vez mayor conciencia de los derechos y responsabilidades que implica vivir en democracia.

Y yo, en primer lugar como periodista, pero también como funcionario público,  adhiero a dichos principios, que marcan el camino por donde va, de lleno, mi pensamiento. Tanto así, que cuando la SIP me encargó escribir la historia de la institución, después de muchas deliberaciones y encuentro en Miami, aceptaron que lo hiciera a través de reportajes a directores y propietarios de medios adheridos a la Institución, desde Chicago hasta Tierra del Fuego. Pero en el apéndice, incluí por mi cuenta los diez principios de Chapultepec, a los cuales, hace ya un par de años adhirió la Corte Suprema de Justicia de mi país.

1.  No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo.

2.   Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.

3.  Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

4.   El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.  

5.   La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

6.  Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.

7.  Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.

8.  El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.

9.  La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga.

10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

Yo creo en estos principios porque constituyen el baluarte y el antídoto contra todo abuso de autoridad, y son el aliento cívico de una sociedad. Porque la libertad de prensa es fundamental para la democracia y la civilización.

  Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales han modificado sustancialmente la vida en la sociedad contemporánea. El derecho individual a pensar y expresar el pensamiento ha venido a completarse con el derecho social a ser informado. La cuestión fundamental se centra en el uso de los medios técnicos, en encontrar la forma de que puedan servir a la información colectiva de manera equilibrada, racional, buscando la elevación de todos los individuos y en definitiva, la plenitud de la personalidad humana.

Se trata de una cuestión de límites, de ajuste, para que ese extraordinario poder sobre la mente y el comportamiento humano que representan los medios de comunicación colectiva, así como el poder de juzgar y aplicar la ley, siempre estén en manos idóneas, éticas, independientes y responsables.

                                                                                   Muchas gracias.

Hay gentes que nos dejan una sensación de cansancio, otras de fortaleza.

Tras haber estado poco tiempo con las primeras, después de haber trabajado juntos, nos sentimos cansados, de mal humor, extenuados.  Con las otras, en cambio, aún si hemos trabajado intensamente no nos cansamos. Antes bien, al final del esfuerzo nos sentimos más fuertes.

Un fenómeno parecido ocurre con los lugares. Algunos nos cansan y la sola  idea de volver a ellos nos pone de mal humor. Y no necesariamente son los más oscuros o tétricos. Pueden ser luminosos y modernos, pero tienen el poder de agotarnos. Mientras otros que pueden ser viejos y descuidados nos transmiten seguridad.

Puede ser que ello se deba a que hay personas que nos absorben energía mientras otras nos la dan. Y que los lugares conserven la impronta del bien y del mal que allí se ha dado en el pasado. Puede ser. Sin embargo, pienso que estas experiencias  dependan más bien del tipo de personas y de las relaciones entre ellas.

Quiénes son las que nos fatigan? Un buen amigo seguro que no. Al contrario, cuando estamos cansados, preocupados, angustiados, hablamos con él. Nos despojamos de la coraza defensiva hecha de vigilancia y de prudencia que estamos obligados a vestir en la vida cotidiana, en el trabajo, en los negocios. Podemos mostrarnos débiles, indefensos, necesitados de ayuda. No tememos que aproveche para herirnos, para dominarnos. Sabemos que está de nuestro lado, siempre. Ponemos nuestro problema sobre sus hombros y él nos ayuda.

También podemos sentirnos muy bien con alguien a quien solamente conocemos, un colega o alguien a quien encontramos por primera vez. Son las personas llenas de vitalidad, de entusiasmo, de buen ánimo. Con ellas somos espontáneos, nos sentimos libres, porque percibimos que reconocen nuestras cualidades, aprecian lo que hacemos y nos ayudan a crear. Al revés, nos cansamos con todos los que, más allá de las apariencias, más allá de su afectada gentileza, son ávidos, hostiles, envidiosos, tóxicos.

Cada ser humano está dotado de la capacidad de intuir inmediatamente el ánimo del otro. Vemos en el interior del otro con  la misma claridad con que percibimos los colores, sentimos los sonidos. La sonrisa quiere decir alegría, la mirada furtiva desconfianza, el entusiasmo generosidad, la falta de atención desprecio. La observación maligna envidia, el pesimismo deseo de bloquearte.  Nos damos cuenta instintivamente si uno miente o disimula. Nos engañamos solo cuando no queremos ver, cuando queremos convencernos que ese individuo es un amigo, una persona de bien. Las personas generosas tienden a pensar  que los demás son como ellas. Otras veces, aún sabiendo que nuestro interlocutor es una víbora hacemos cuenta de nada porque estamos condenados a convivir  con él. Somos gentiles y seguimos adelante.

Pero, en el fondo, nuestra inteligencia emocional continúa a advertirnos “no te fíes, no te fíes”. Y mientras hablamos o trabajamos estamos obligados a una constante tarea de defensa inconsciente. En suma, nos cansamos cuando estamos obligados a estar con alguien que sentimos hostil, tóxico. Es la presencia de este tipo de personas  que hace opresivos ciertos lugares. No son las paredes ni los muebles, es la atmósfera humana envenenada que nos cansa y nos oprime.

                                                          “Los Robles”, febrero de 2023.

*El autor es jurista y ensayista

Durante mi desempeño diplomático en Chile bajo la presidencia de Salvador Allende, registré en mi diario que ya en agosto del 73 la situación se había hecho imposible, y que no daba para más. El golpe tenía la cancha abierta después de la renuncia del comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González,  columna de la legalidad, pero al parecer, y seguramente de buena fe,  más preocupado por impedir el quiebre de la institución Ejército que el del propio país, si se tiene en cuenta que no accedió al pedido de dos de sus camaradas de alta graduación, también legalistas, para que descabezara a los conspiradores,  bien identificados dentro del Ejército. Pero Prats, seguramente no se sentía en fuerza para hacerlo, sin que tal medida provocara el estallido que se quería evitar.  El día 21 de agosto ocurrió un hecho realmente insólito, hasta para mí, que había vivido bien de cerca situaciones prácticamente surrealistas en cuanto a conductas militares golpistas durante la presidencia de Arturo Frondizi. Ese día, a las cinco de la tarde, unas 300 mujeres realizaron una manifestación frente a la casa del general Prats, todavía comandante en Jefe del Ejército. Lo peculiar era la presencia entre ellas de esposas de militares en actividad, que incluía a generales. Dichas señoras le entregaron al portero del edificio una carta para la esposa del general Prats, pidiéndole que intercediera ante su marido para que tomara en cuenta la desesperación de los soldados al ver que el gobierno los utilizaba (¿?). Realmente increíble. La manifestación fue disuelta por los carabineros. Se suponía que los generales que no podían controlar a sus esposas tenían que irse de baja, aunque siempre se había  dicho en Chile que –en toda ocasión y para lo que fuere- no eran los generales los que mandan sino sus esposas. El hecho cierto es que a los dos días, Prats, ya sin autoridad, tuvo que renunciar y depositó toda su confianza en su subrogante, el general Augusto Pinochet, a quien creía tan legalista como él, pero fue como sabemos,  quien terminó encabezando el golpe que habría sido imposible sin su anuencia.

El general Augusto Pinochet, vicecomandante en Jefe del Ejército, sucedió entonces a  Prats. La institución misma se conservó monolítica, vertical y en ese momento,  enigmática en cuanto a su pensamiento y propósitos. Parecido era el panorama de la Fuerza Aérea (FACH). Carabineros no había cambiado de mandos. Allende los sentía seguros, porque eran de su confianza el General-Director y los tres o cuatro que le seguían en antigüedad. Los oficiales más dudosos como los generales Yovanne y Mendoza no tenían mando directo de tropa.  Era la Armada el lugar, hasta entonces tal vez, el menos definido -a uno u otro  lado- en su jefatura. El almirante Montero terminó por presentar también su renuncia el 31 de agosto. Allende la rechazó, pues el sucesor lógico y querido como tal por la institución, el almirante José Toribio Merino, jefe de la primera zona naval, no ocultaba su distancia con el Gobierno y la UP. Él y el Almirante Huidobro, comandante de la Infantería de Marina, sostuvieron una agria entrevista con Allende. Durante ella, éste los acusó de querer derribarlo, y se jactó -según se dijo- de poseer un formidable aparato defensivo en la residencia de Tomás Moro. Sus visitantes le insinuaron la facilidad con que un par de infantes reducirían a polvo esas defensas. La entrevista bordeó la violencia cuando un gesto casual de Merino, al derribar un vaso, hizo creer a Allende en una agresión.

Para más colmo, el almirante Merino era el juez naval del proceso por subversión ultraizquierdista en la Armada. Los implicados envolvieron en la causa, a su turno, al senador Altamirano (PS), al diputado Garretón (MAPU, facción filomiristas) y a Miguel Enriquez, secretario general del MIR. Todos ellos habrían asistido a las reuniones conspirativas. Altamirano, Garretón y Enriquez , se aseguró, les recomendaban a los suboficiales apoderarse de sus unidades, matar a los oficiales que se resistieran y bombardear lugares claves de Valparaíso.

El 29 de agosto, un comando extremista de la empresa INDUGAS, intervenida, dirigido por el mexicano Jorge Albino Sosa, dio muerte, sin motivo alguno, a balazos, alevemente y en plena calle, al subteniente Héctor Lacrampette. Tal hecho robusteció la idea -que la frenética propaganda del MIR hacía muy plausible- de que los ultras estaban dispuestos al enfrentamiento final con los militares. El 30, la Armada solicitó el desafuero de Altamirano y Garretón, para procesarlos. Fue por ello que renunció Montero a la jefatura naval, y que el Presidente, imposibilitado de entenderse con el almirante Merino y no atreviéndose a pasarlo por alto tuvo que rechazarle la dimisión.

El domingo 9 de septiembre, en un discurso público en el Estadio de Chile, Altamirano reconoció sus contactos con los “subversivos” de la Armada. Según él, sólo habría concurrido para oír denuncias de conspiración contra el Gobierno. Y, para ese fin, dijo que volvería “todas las veces que me inviten”. Los dados estaban echados.

A las 6,20 de la mañana el general Jorge Urrutia, de Carabineros, le informaba al Presidente que por el teléfono de ese Cuerpo en Valparaíso llegaba una noticia tremenda: ¡la flota había vuelto! Porque estaba supuesto que había partido para un previsto operativo conjunto en las aguas del Pacífico, lo cual descartaba en esos días el eventual golpe de Estado.

Pero en realidad, ese  era el día y hora señalados para el pronunciamiento militar por los supremos comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden (en el caso de Marina y Carabineros, los titulares nominales -almirante Montero y general Sepúlveda- ya sustituidos de hecho por el almirante Merino y el general Mendoza, respectivamente). Entre el viernes y sábado anteriores,  el día y  hora decisivos habían sido fijados de la manera siguiente: el almirante Merino los propuso firmando al efecto  un “papelito” que fue traído a Santiago por el almirante Huidobro, y suscrito, a su vez -en refrendación- por el general Leigh y, en último término, por el general Pinochet. Carabineros recibió su aviso el domingo, con el santo y seña preconvenido: “La reunión de la Cooperativa Los Ositos será el…a las ….horas”.  Vale decir que la inexistente Cooperativa se reunía ese día y a esa hora.

La situación de Carabineros era la más delicada porque -al revés de los otros institutos- no existía unanimidad entre los generales para proceder. Al menos cinco de ellos no habían sido informados de lo que se planeaba, por estimarse que no lo secundarían. Los hilos, pues, fueron movidos con mucho mayor discreción, todavía, que en el resto de los institutos castrenses. Había actuado especialmente, el general Arturo Yovane, para no “quemar” al general Mendoza, destinado a asumir la dirección del Cuerpo.

El día D era por supuesto el 11 de septiembre; la Hora H, las 6 de la mañana en puerto (Valparaíso) y las 7 de la mañana en Santiago.  Pero todo esto significaba sólo la culminación de un proceso largo y complejo que había durado varios meses, y que comprendía: en cada institución -Ejército, FACH, Armada y Carabineros- aisladamente, la “toma de conciencia” en cuanto a la necesidad del pronunciamiento militar, y la elaboración de dos tipos de planes: cómo controlar la institución misma, internamente, llegado el Día D, y cómo realizar el pronunciamiento una vez asegurado el manejo de la institución. Y el concertamiento de todos los institutos armados y de sus planes respectivos.

Cada uno de aquéllos tenía problemas previos a resolver. Menos  complicada era la FACH, monolítica, cuyos jefes sucesivos, Ruiz y Leigh, compartían iguales ideas, ideas que por otro lado, eran las mismas del cuerpo de generales. La Armada se presentaba igualmente monolítica, y con un jefe natural, Merino, pero también con un tapón, Montero, que  debió saltar. El Ejército se parecía en esto a la Marina, pero su “tapón”, Prats, supo contar además con algunos generales que adherían a sus puntos de vista. Y el panorama de Carabineros, como ya dijimos, era el de mayor complejidad.  Hay que agregar que por gravitación lógica, el Ejército (finalmente Pinochet) tendría que llevar  la batuta, si la operación había de ser exitosa.

Esta primera fase, interna de cada entidad castrense, empezó a desarrollarse comenzando 1973, sobre todo en marzo, una vez comprobado que las elecciones de ese mes no romperían el impasse político, pues ni gobierno ni oposición habían salido de ellas con fuerza bastante para imponerse decisivamente sobre el otro bando.

Fue entonces, por ejemplo, que Mendoza y Yovanne empezaron a moverse en Carabineros, con infinita delicadeza. Fue también entonces que el vicecomandante en jefe del Ejército, general Pinochet, se concertó con otros colegas para planear una operación de toma de control del país. Sería una toma de múltiples usos, desde contrarrestar una intentona revolucionaria de izquierda o de derecha , hasta derribar un gobierno inviable, pasando por impedir un trastorno social. La justificación -si el proyecto llegaba a filtrarse- no podía ser más obvio y razonable: la Ley de Seguridad Interior contemplaba, en varios casos, un papel para las Fuerzas Armadas.  Esto contenía un modelo de comunicaciones para manejarlas desde un comienzo, cuando fuera menester, tanto las públicas como las privadas; para cortar su uso por parte del eventual “enemigo”, y para asegurar una red paralela cuya base serían los radioaficionados, previendo sabotajes. La red paralela estuvo lista ya para el día 11 y conectó entre si a Pinochet, Leigh y Carvajal.

Todo esto se fue haciendo sin ruido, sin apuro pero sin demora, y las instrucciones respectivas -de inocente explicación, en caso de ser descubiertas por error, denuncia o simple mala suerte- quedaron en sobre cerrado en las distintas unidades del Ejército. Bastaría la orden de mando -transmitida verticalmente por las sucesivas jerarquías castrenses- para que el operativo funcionara, de Arica a Magallanes y de la cordillera al mar. Planes semejantes, pero menos vastos y completos, elaboraron las otras ramas de los uniformados.

Mientras tanto, el tiempo rodaba inexorablemente. Y con él, se presenciaba la multiplicación de los preparativos militares del marxismo. UP y MIR se armaban; se entrenaban; aumentaban sus efectivos paramilitares; tomaban, fortificaban, organizaban y coordinaban diversos “puntos fuertes”, comúnmente campamentos poblacionales o fábricas que rodeaban estratégicamente ciudades, servicios básicos, instalaciones militares.  Los uniformados sabían que todo ello no resistiría a soldados de profesión, pero comprendían también que -cada día adicional que se tolerase- mayor sería el precio de sangre a pagar, cuando sonase definitivamente la hora.

Cuando se produjeron finalmente los enfrentamientos, muchos murieron con las armas en la mano. Numerosos activistas (muchos extranjeros)  se batieron como francotiradores hasta el amargo fin. También hubo resistencias notables de ciertos “cordones” y campamentos. Pero, en general, la organización “antigolpista” falló la partida, y los grandes capitostes  y consejeros de la violencia desaparecieron de inmediato, sin dejar rastro. Si se exceptúan los ministros y ciertos jerarcas radicales, casi nadie apareció por La Moneda. Allende cayó perfectamente  en los planes militares, lo cual era previsible. Estos lo querían en La Moneda. Temían que, si se refugiaba en algún “cordón” o simplemente si se escondía, la resistencia al pronunciamiento se intensificara. Para que el Presidente marchara al palacio era indispensable que, por una parte, conociera el regreso de la Armada, y por la otra, creyera contar aún con Carabineros, y tuviese al menos la esperanza de ser apoyado por algunos jefes de Ejército. Concurriendo todos estos factores, su reacción natural sería elegir La Moneda como centro de operaciones. La acción de la Armada la conoció, como vimos, por la llamada de Valparaíso que le transmitió el general Urrutia de Carabineros. Este cuerpo  le mantuvo en aparente normalidad sus guardias y escoltas de Tomás Moro y del palacio presidencial. Los generales de Ejército a los que el Presidente llamaba telefónica y frenéticamente, “no eran habidos”; por último, el almirante Carvajal hizo cortar la línea directa del Presidente en Tomás Moro. Entonces, Allende decidió -como querían los uniformados- dirigirse a La Moneda; allí tenía un verdadero arsenal, un generador de electricidad propio, y numerosos líneas de comunicación de diversa índole. Las tanquetas de Carabineros escoltaron hasta el palacio mismo a la flotilla de Fiat-125 en la que viajaban el Presidente, su fiel jefe de prensa, Augusto “el perro” Olivares, Joan Garcés y una veintena de integrantes del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) bien armados.

Mientras tanto, llegaba en un bus el relevo de la guardia de Carabineros de Tomás Moro. Bajó del vehículo el relevo; subió la guardia nocturna; subió nuevamente el relevo y el bus se fue, ante los ojos atónitos de los GAP restantes, quienes quedaban así como única custodia de la residencia.

En La Moneda, Allende organizaba la defensa, telefoneaba a diestra y siniestra, grababa tres mensajes radiales y aguardaba los hechos. Se asomó una vez al balcón, e hizo un saludo optimista a los escasos mirones. Llevaba casco, un suéter vistoso (se había sacado la chaqueta) y el fusil ametralladora obsequio de Fidel. Pero ya habían desaparecido las tanquetas y la escolta que lo había acompañado desde Tomás Moro.  Finalmente se retiró la Guardia de Palacio cambiando disparos con los GAP que quedan adentro. El Cuerpo de Orden estaba con el pronunciamiento y no obedecía ya a su director. La Moneda se fue vaciando. Por orden del Presidente salieron ministros, políticos, funcionarios, los edecanes, las mujeres…Sólo permaneció Allende, algunos fieles como Augusto Olivares, quien se suicidarìa poco después en un baño, de un pistoletazo, tal como lo había dicho hacía mucho si se presentaba una situación así. También quedaban los GAP. El Presidente parlamentó con el almirante Carvajal, ya que Pinochet no aceptaba parlamentar y sólo exigía la rendición incondicional. Allende habló por teléfono con Carvajal y le mandó enviados especiales que fueron detenidos. Se le ofreció un avión para que se exiliara con su familia, y aun con algunos acompañantes; el aparato estaba listo; sólo necesita rendirse y abordarlo. Pero se negó. 

Fue entonces cuando sobrevino el ataque aéreo a La Moneda y también a Tomás Moro.  La Moneda ardió. El general Palacios, con infantería y el mismo blindado de Souper avanzaron hacia el palacio. El fuego de los francotiradores desde la Torre ENTEL, el Ministerio de Obras Públicas y el Banco del Estado, fue nutrido. Hubo 17 bajas militares. Pero ya las fuerzas militares lograron ocupar el piso bajo de la casa de Toesca.

Allende ordenó entonces a la rendición y organizó la hilera, el lento y angustioso desfile de quienes debían entregarse. También se preocupó el Presidente de que “la Payita” (su secretaria y amante) corriera  el menor riesgo posible. El quedó atrás, haciéndole creer que saldría también, pero lo que hizo luego fue  darse muerte con la ametralladora de Fidel, hecho del cual el doctor Gijón sería el único testigo.  Afuera seguiría la lucha desorganizada y sangrienta, hasta  la caída de la penumbra, una penumbra iluminada de llamas, cruzada de disparos sobre el último día gobierno del presidente Allende, el día número 1043.

En cuanto a los últimos momentos del presidente Allende, contó su médico personal, el doctor Patricio Gijón, en declaraciones a El Mercurio lo siguiente: “Estábamos en un pasillo paralelo a la calle Morandé, en el segundo piso del palacio, cuando el Presidente nos ordenó abandonar el edificio y rendirnos. Éramos ocho los médicos presidenciales que estábamos allí, y como se había cortado la luz, la oscuridad me impidió reconocer a todos los que acompañábamos al presidente Allende. Alguien trajo un palo de escoba y yo me saqué el delantal y lo presté para hacer una bandera blanca de rendición. Entonces empezamos a salir. Recuerdo perfectamente que el Presidente nos dijo: ¡Vayan bajando ustedes. Yo iré detrás; que “la Payita” encabece la fila!. Todos obedecimos. Apenas llegué abajo, debí volver a buscar mi máscara antigases, que me había sacado cuando facilité el delantal. Fue entonces cuando al llegar al mismo pasillo, me asomé por la puerta que daba al salón Independencia y vi al presidente Allende sentado en el sofá con su metralleta entre las piernas, apuntándose a la barbilla. Fue algo que ocurrió en fracción de segundos. No puedo determinar claramente si fueron uno o dos los disparos que se hizo, ya que había mucho ruido de balazos que se escuchaban desde afuera. Pero vi como el cuerpo se sacudía y la bóveda craneana estallaba, despedazándole la cabeza. De inmediato me acerqué, por instinto incontrolado, ya que me daba perfecta cuenta de que nada se podía hacer…La muerte fue instantánea. Sin embargo, me quedé allí, inmóvil, sentado junto al cadáver y presa de una angustia indescriptible”.

Asi, hace 40 años comenzaba la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.

*El autor, periodista y escritor, era entonces consejero en la Embajada de Argentina en Santiago de Chile.

Alcanza con detenerse en algunos de los titulares de este fin de año para configurarlos, como si fueran síntomas, en un síndrome de insuficiencia sistémica sanitaria. El reclamo de los residentes, el aumento exponencial de casos de covid, la falta de información acerca de las vacunas, por sólo mencionar algunos. La lógica frente a la pandemia fue encararla como si se tratara de un tornado que concentra su fuerza en un momento en el que se relegan las otras cosas, y luego se vuelve a la normalidad atendiendo a sus efectos. En cambio, cuando se trata de una nueva variable con sus fases diferentes, ésta debía encararse en concordancia con todo el resto de la salud pública. Hoy resulta inocultable que el total del área sanitaria se encuentre desfasada y desatendida, con un vaciamiento de obras sociales y prepagas, con mano de obra cara que se vuelca al sistema privado particular (gasto de bolsillo), y con la mano de obra barata que salió a decir basta. Efectivamente, la utilización de los residentes que desatiende su formación es una clara muestra de la desestructuración y anomia del sector público con igual afectación al sector privado. Frente a tantas evidencias, preocupa la mezcla de ceguera y cinismo, y no sorprende que debamos incorporar nuevos términos para expresarlo. Así, pasamos de la posverdad al gaslighting, es decir, del engaño a la manipulación; de la despreocupación por la verdad al más bochornoso fraude moral. Pero no solo fallan las autoridades: el propio basamento ético, el cemento moral de la comunidad, está roto. ¿En qué confiamos los argentinos? Nos ilusionamos con una buena cosecha, Vaca Muerta o el litio; y en proseguir con la cuarta, quinta y sexta dosis de la vacuna, cualquiera sea la que consigamos. Podríamos graficarlo como otra pandemia, más oculta y por ello mismo más dañina: la pandemia de la ignorancia, la negación, la negligencia. Debemos salir de la ilusión de las alternativas, que nos aprisionan y limitan a todos. Como el caballero del relato de Geoffrey Chaucer (La mujer de Bath) quien termina negándose a la resignación de optar entre las alternativas extorsivas que se le brindan para sobrevivir, y sólo entonces logra superar el estancamiento. El norte deben ser las prioridades pendientes: seguimos sin médicos (los hay en términos absolutos, pero no distribuidos de manera racional en especialidades y territorios y disponibilidad de atención equitativa), sin personal de enfermería suficiente y jerarquizado, sin la infraestructura adecuada, sin los equipos ejecutivos de gestión, sin siquiera un eficiente Observatorio Nacional de Salud, que genere datos fidedignos e información permanente. Se impone asimismo la necesidad de una Gerencia Pública Contable, con gestión y presupuesto por resultados, empleando criterios de producción pública (“empresas públicas de servicios”), lo mismo que una Oficina de Información y Comunicación, encargada de unificar las alertas y campañas, reemplazando la habitual fragmentación comunicacional espontánea que influye en la salud mental y en la convivencia cotidiana. Subordinados ambos a un “tablero de comando”, dependiente de un Gabinete Estratégico de Gestión Operacional. La verdadera alternativa es construir un sistema federal integrado de salud, lo que no significa empezar de cero. Contamos con elementos, pero hay que diseñar un nuevo funcionamiento orgánico de la totalidad. Puede ser de distintas maneras, pero es un crimen persistir en alargar la deformidad perversa del presente. Lo expresó hace siglos San Agustín: “errar es humano, persistir en el error es diabólico”.

*Doctor en Medicina (UBA)

Fuente: Gracuas Babeuf

Este es un  breve  texto  sobre «Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad» de Yuval Noah Harari, 

Su argumento principal es que el Homo sapiens domina el mundo porque es el único animal capaz de cooperar flexiblemente en gran número, gracias a su capacidad única de creer en entes que existen solamente en su propia imaginación, tales como dioses, naciones, dinero o derechos humanos.
El historiador israelí, Yuval Noah Harari, doctorado en Historia en la Universidad de Oxford y que reside en un kibutz de Israel* afirma que todos los sistemas de cooperación humana a gran escala —incluidas las religiones, las estructuras políticas, las redes comerciales y las instituciones jurídicas— se basan en última instancia en la ficción.

Algunos de los argumentos que Harari somete a consideración del lector son:
• que los sapiens prehistóricos llevaron a las otras especies del género homo, como los neandertales, a la extinción/

• que los sapiens son los responsables de la práctica extinción de la mayor parte de la megafauna original en Australia y América cuando llegaron allí.

Fuente : Seul

El sistema penal y la sociedad tienen una convivencia muy especial, que se ve reforzada cada tanto con la aparición de casos que, por un motivo u otro, adquieren un impacto mediático significativo. El juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, que tuvo su veredicto el lunes pasado, ha sido, sin dudas, uno de los más relevantes en este sentido en los últimos años. 

Es por eso que los casos penales de estas características tienen, justamente, dos dimensiones. Por un lado, la mediática y las posiciones tomadas por la sociedad, en este caso ya desde la misma madrugada del homicidio. Por el otro, el desarrollo judicial del caso con la recolección y la evaluación de la prueba, que determinará los hechos acontecidos y, luego, su valoración técnico-penal para establecer las posibles imputaciones concretas. En el caso de Báez Sosa, la primera dimensión parece haber contaminado la segunda: en la sentencia del Tribunal Oral hay saltos lógicos que hacen aflorar dudas y preguntas sobre por qué se tomó finalmente la decisión que reclamaba el clima social.

La primera dimensión social y mediática viene preconfigurada con lo que se ha denominado “la identificación de la mayoría social con la víctima del delito”. Una identificación promovida por el cambio lento pero progresivo del derecho penal subjetivo y de la potestad de juzgar y castigar del Estado. De “la espada del Estado contra el desvalido delincuente”, como forma con la que se procuraba evitar la arbitrariedad estatal al momento de la aplicación de las penas, se fue pasando, en Argentina y en muchos otros lugares, a una interpretación diametralmente distinta, que acentúa “la espada de la sociedad contra la delincuencia de los poderosos”. En el caso de Fernando Báez teníamos por un lado a un joven humilde, con deseos de progresar, que había trabajado todo el año para viajar a la costa; y, por el otro, varios chicos de clase más acomodada, algunos de ellos jugadores de un deporte percibido como elitista. 

EL OBJETIVO DEL ESTADO

Quizás lo más interesante para discutir sea cuál es en definitiva el fin que busca el Estado con la imposición de una pena a las personas que cometen delitos. Este debate conlleva naturalmente entrar en el análisis de las raíces filosóficas del problema. Se podría discutir la dimensión comunicativa que tiene la pena al momento del dictado de la sentencia –televisado en vivo casi como cadena nacional o reality show, en este caso–, es decir el mensaje que la sociedad en su conjunto recibe del sistema penal al declarar la culpabilidad de una persona por un hecho delictivo reafirmando la idea general de que la ley está vigente y hay que cumplirla. También se podría discutir su dimensión aflictiva que corresponde a todo cumplimiento efectivo de las penas impuestas. Por dimensión aflictiva quiero decir el paso necesario, en algunos tipos de delitos, de la persona condenada por la privación efectiva de su libertad en una cárcel. Sin embargo, con la sentencia recién dictada y la discusión técnico-dogmática que surgió a partir de ella, vale la pena centrarnos en un tercer aspecto: la valoración que de la prueba obtenida hizo el Tribunal para decidir finalmente el delito por el cual condenar. 

El Juicio Oral o Debate, parte central de todo proceso penal, se llevó adelante en este caso con seriedad, y se permitió a cada una de las partes ejercer con libertad y responsabilidad sus derechos y garantías. Cada parte estructuró lo que técnicamente conocemos como “teoría del caso” aportando las pruebas que creía necesarias, preguntando y objetando preguntas tanto a testigos como a peritos y valorando el resto de la evidencia acumulada durante los tres años entre la muerte de Fernando y el juicio.

Al momento de los alegatos finales, los acusadores y la defensa presentaron dos posiciones técnicas bien distintas. Los acusadores sostuvieron que los ocho imputados actuaron con alevosía (artículo 80 inciso 1 del Código Penal), que hubo entre ellos un acuerdo previo de matar –premeditado– (artículo 80 inciso 6) y que, a la luz de la teoría de la coautoría funcional –teoría del catedrático alemán Roxin, también usada en el Juicio a las Juntas en 1985–, hubo entre ellos un reparto de tareas que hace irrelevante cuál fue el golpe letal, ya que el aporte de cada uno de ellos fue necesario para producir la muerte. Esta imputación por el artículo 80 del Código Penal de la Nación lleva consigo la imposición de una pena privativa de la libertad indivisible, es decir, la tan reclamada socialmente prisión perpetua, con la que el Tribunal Oral condenó a cinco de los ocho imputados, dejando para los otros tres la imputación por el mismo delito, pero con la reducción de pena por no considerarlos coautores sino partícipes secundarios. 

La defensa de los ocho acusados barajó una valoración mucho más amplia que la construida en la teoría del caso de los acusadores y sostuvo que sus defendidos debían ser absueltos, por determinadas nulidades de la prueba que no viene al caso discutir aquí, y postuló que –en caso de que los hechos fueran considerados probados por el tribunal– la imputación debía ser por delitos totalmente distintos a los indicados por fiscales y acusadores particulares. Naturalmente, la defensa argumentó en favor de delitos cuyas penas son más leves. En primer término pretendió que se los condenara, en todo caso, por el llamado homicidio en riña (artículo 95 del Código Penal), que prevé una pena de prisión de 2 a 6 años para aquellos casos en los que durante una riña o agresión se produce la muerte de una persona sin poder determinar quién fue en concreto el que la causó. En segundo lugar, indicó que podría tratarse de un homicidio preterintencional (artículo 81 inciso 1.b), que establece una pena de prisión de 3 a 6 años cuando alguien, con el propósito de lesionar, termina produciendo la muerte con un medio empleado que no debería razonablemente producirla. Y recién como última alternativa, la posibilidad de la imputación por homicidio simple, pero claramente con dolo eventual, que según el artículo 79 del código, debe llevar a los jueces a determinar una pena entre 8 y 25 años de prisión y obligaría al tribunal a determinar una pena distinta para cada uno de los ocho imputados en el caso.

Ante estas dos posiciones, el Tribunal Oral se inclinó por la teoría del caso de los acusadores y por el reclamo de la mayoría social. Procuró ser salomónico al dejar a tres de los ocho fuera de la imputación a prisión perpetua, pero no lo fue. Se identificó con la víctima del delito. 

En su toma de posición, el tribunal consideró que, de la prueba discutida durante del debate oral, quedó probado que los ocho imputados acordaron atacar a golpes a Fernando Báez Sosa fuera del local bailable donde habían comenzado los altercados y de donde habían sido expulsados por personal de seguridad. Para el tribunal también quedó probado que los ocho imputados se organizaron para atacar por sorpresa y desde dos frentes distintos a Fernando, que se encontraba en la vereda de enfrente a Le Brique, charlando con unos amigos. El tribunal consideró también probada la intervención como partícipes secundarios de Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi quienes, al golpear a los amigos de Fernando, impidieron que éstos pudieran acudir en su ayuda.  

LA INTENCIÓN DE MATAR

Ahora bien, incluso probados, como sostiene el tribunal, los hechos del caso donde se demuestra que los ocho actuaron de manera premeditada para organizar un ataque por sorpresa y en grupo contra Fernando, resta un punto central en la imputación: la prueba de la intención de matar. Incluso dando por buena la premeditación de salir a lesionar hay un salto lógico que da el tribunal y que resulta, cuanto menos, muy difícil de entender. En el fallo se pasa del dolo de lesión premeditado –es decir, del acuerdo de todos para ir a golpear y lesionar a Fernando–, al dolo directo (intención) de matar en el transcurso de los pocos segundos que dura el ataque. Y es ahí, según la opinión del tribunal, cuando Fernando quedó inmovilizado, prácticamente inconsciente y a merced del ataque de sus agresores, permitiendo por ello imputar el agravante por alevosía.

Repesamos los hechos. Se pelean dentro de Le Brique, los saca el personal de seguridad, quedan en lugares distintos, a los 10 minutos se produce un ataque de los ocho contra el grupo donde estaba Fernando, incluso aprovechando que los policías se habían ido: es decir, premeditando el ataque. Dos le pegan, cae, tres se pelean con los amigos de Fernando y cinco lo patean y lo golpean hasta matarlo. 

¿Dónde arranca el dolo de matar? ¿Premeditaron todos matar? ¿O el dolo de matar surge cuando ya estaba indefenso en el piso y los cinco siguen golpeando? ¿Cómo se demuestra allí que hay un acuerdo de matar? ¿Ese acuerdo de matar fundamenta la coautoría o fundamenta el homicidio agravado por concurso premeditado? Y finalmente, ¿cómo se traslada ese dolo a los que estaban peleando con los amigos de Fernando?

El Tribunal Oral tomó posición por una pena –la perpetua reclamada socialmente–, trató de reducir la dimensión aflictiva para tres de los intervinientes y finalmente buscó los argumentos para llegar a ese resultado (quiero hacer esto, qué herramientas tengo a mano para fundarlo). No parece ser ese el análisis lógico que corresponde. El camino que siempre se nos ha enseñado en la dogmática es el análisis de la prueba, su valoración y su encuadre en la ley penal vigente. Quizás es por poner el carro delante del caballo que en el fallo hay saltos lógicos que no terminan de explicar por qué éste no es un caso de homicidio en riña (algo se dice), de homicidio preterintencional (algo menos se dice) o, quizás, que es lo que más parece, un homicidio simple (no por eso menos grave), donde hay sólo con respecto a algunos de los imputados elementos para imputar el “dolo eventual” de matar.

Con el objetivo de imponer la prisión perpetua, el tribunal se vio obligado a considerar que en el caso existió intención directa de matar –dolo directo–, de modo de poder encuadrar el hecho en los agravantes de premeditación y alevosía, cuando en realidad todo parecía indicar que los homicidas se representaron la posibilidad de matar y siguieron golpeando resultándoles ello indiferente, estructura que concuerda más con un supuesto de dolo eventual y por lo tanto haría imposible poder sostener las agravantes. Incluso considerando que existió dolo directo en la cabeza de alguno de los agresores, muy difícil resulta poder trasladar esa imputación subjetiva a todos ellos y, más aún, considerar la existencia de los agravantes.

Incluso considerando que existió dolo directo en la cabeza de alguno de los agresores, muy difícil resulta poder trasladar esa imputación subjetiva a todos ellos.

La conclusión hoy es que vemos a la gran mayoría de la sociedad conforme con el fallo, porque considera que se hizo Justicia –se dio a cada uno lo suyo–, se puso la máxima pena que prevé la ley, y vemos a una parte muy menor de la sociedad –los especialistas en Derecho penal que aún piensan que la dogmática penal tiene algo que hacer en la resolución de los casos–, cuanto menos preocupados al ver cómo esa valiosa herramienta técnico-penal que por años venimos estudiando puede llevar a soluciones inesperadas. Aunque en el fondo, para unos se hizo Justicia y para otros se usó la dogmática penal y se discutió sobre ella, que no es lo más habitual en los fallos en nuestro país. 

La dimensión comunicativa de la pena está cumplida, se reafirmó de modo general la vigencia de la ley declarando culpables a los responsables del homicidio y mostrándonos a cada uno de nosotros que no se puede matar sin consecuencias. Sólo espero que su dimensión fáctica, la privación concreta de la libertad, sea lo menos aflictiva posible para aquellos a quienes les corresponde padecerla. Si eso no sucediera deberíamos volver a revisar una y otra vez qué esperamos como sociedad democrática de la imposición de una pena privativa de la libertad. Más aún cuando, como en este caso, quienes deben cumplirla están al principio de su edad madura y pueden y deben ser reincorporados mejores a la convivencia social.

                                                          12 de febrero de 2023

*Profesor Titular y Director Ejecutivo de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral Subdirector del Departamento de Derecho penal y Derecho 

Fuente: Seúl

En un país con poca confianza en las instituciones, javier milei es la última encarnación del sueño irracional y antisistema del 'hombre fuerte'. y poco más que eso.

Aprincipios de los años ’70, Pete Townshend compuso “Won’t get fooled again”, una canción que se convirtió pronto —muy a su pesar— en un himno generacional. Un llamado a la lucidez surgido de los movimientos revolucionarios de finales de la década anterior y del universo de Woodstock: “Veía a todos los hippies creyendo que todo cambiaría a partir de ese momento… quería sacudirlos y decirles que nada iba a cambiar”.

La letra de “Won’t get fooled again” es casi circular: marchamos por un cambio, imponemos la revolución, el nuevo poder se revela sospechosamente parecido al viejo, entonces marchamos de nuevo… y al final me hago a un lado con mi familia y mi guitarra, no me jodan más. El propio Townsend repitió más de una vez que la canción no era un llamado al conformismo ni al conservadurismo, sino a mantener la lucidez: salir a la calle, reclamar el cambio, pero no comprar cualquier liderazgo de los que con frecuencia hacen de la revolución un nuevo establishment, y al costo de nuestras vidas.

La historia suena repetida, la rebeldía siempre está presente como parte del pasaje a la vida adulta, y la contracultura es su consecuencia. En algún momento se emerge de esa etapa y, si las condiciones son favorables, la evolución se plasma en concreciones: familia, arte, conocimiento, exploración, profesiones y oficios, proyectos, vínculos con la sociedad. Sin embargo, para los adultos el equilibrio siempre va a ser inestable, balanceándose entre la adaptación y la insatisfacción, la acción y los sueños, la realidad imperfecta y el idealismo. La alternativa es permanecer en el reclamo juvenil de certidumbres y absolutos. Si las condiciones políticas o económicas conspiran además contra los proyectos de crecimiento, la frustración y la angustia se expanden como un tóxico en toda la sociedad.

Las democracias liberales enfrentan hoy este avance de la toxicidad, que se alimenta de las falencias del sistema, la rebeldía inevitable de los jóvenes y la angustia de los mayores. Cada país tiene su propia variante, pero en todos los casos surgen populismos por izquierda y por derecha que multiplican la insatisfacción como herramienta política para liquidar las instituciones y el contrato social. En todas las redes, identidades tribales suplantan al ciudadano y ofrecen una pertenencia segura y algún sentido trascendente. Puede tratarse de la lucha de los pueblos, la liberación, la descolonización de la mente, la patria grande, devuelvan los nietos, ni una menos, soberanía en Lago Escondido, make America great again, la casta, el Estado profundo, la lucha contra el nuevo orden, la banca internacional y las élites que se reúnen en subsuelos de pizzerías para traficar niños, israelitas que provocan incendios forestales con rayos láser desde el espacio, y mucho más (todo lo enumerado es real, aunque no parezca).

Y qué otra cosa podía suceder aquí, donde la confianza en las instituciones y el contrato social subsiste apenas en la memoria del país próspero que convertía en doctores a los hijos de inmigrantes, luego de casi un siglo de populismos corporativos, quiebres institucionales y crisis económicas. Casi que no había que insistir mucho para el surgimiento y multiplicación de variantes tóxicas locales, ávidas de reemplazar la molestia de las instituciones y la constitución liberal por Hombres Fuertes, enemigos prefabricados a medida, soluciones expeditivas y similares novedades gastadas de tan repetidas.

El terreno estaba listo para recibirlos. Cuando La Cámpora mutó en funcionariado con chofer y canas se hizo imposible sostener la rebeldía manufacturada a base de protección política y dinero oficial, y se buscaron otros destinos de rebelión: el feminismo oficialista, la ocupación de tierras, el indigenismo, el ambiente, entre otros. Pero el ciclo de desgaste es cada vez más veloz, gracias a la inmediatez de las redes y medios digitales, y los lugares no quedan vacíos. Javier Milei surgió para canalizar la bronca y la rebelión que hoy no encuentran su cauce en el peronismo, agobiado por la incapacidad de gobernar y la falta de cuadros que sirvan de algo útil. Mucho menos hubo lugar para canalizar insatisfacción en Cambiemos, una coalición que acababa de gobernar y que siempre se manejó dentro del marco de las instituciones y los límites de la realidad y, por eso mismo, incapaz de satisfacer una demanda lindante con el pensamiento mágico. Aunque también habría que reconocer que Cambiemos casi siempre fue una fuerza política culposa e incapaz de defender la gestión propia, y que todo estaba dado para ser el punching ball de la nueva rebeldía antisistema.

Por lo menos hasta ahora, la oposición dejó correr el lugar común de que el mileísmo aportó la idea del achicamiento del Estado y el reclamo de alivio para el sector privado. Si tal cosa le interesara realmente al mileísmo, podría haber expresado apoyo crítico por alguna de las políticas de la gestión de Mauricio Macri, al menos por una. Pero ninguna de ella satisfizo nunca sus demandas, porque el mileísmo no apunta al achicamiento del Estado sino a su eliminación sin matices. Los temas que Cambiemos encaró (energía, infraestructura, déficit provincial, desburocratización, digitalización) directamente no existen en el universo mileísta. Y no casualmente, en el debate del gasto público esquivan su núcleo principal, el gasto público previsional y de subsidios económicos y sociales, para focalizarse en el Congreso —el único poder del Estado nacional donde está representada la voz de la oposición—, que en 2019 insumía un gigantesco… 0,44% del presupuesto público.

HACER POLÍTICA

Tampoco está ayudando la oposición a señalar las coincidencias entre el kirchnerismo y el mileísmo, como la construcción de un enemigo ideal que simplifica el relato y le pone un culpable a todos los males: es “la política”, donde todos son “mierda humana” y son todos igualmente responsables: el que desburocratiza empresas y el que las expropia o funde con controles de precios, el que se asocia al mundo desarrollado y el que se suma a Venezuela, Cuba, Irán y Rusia, el que abre el mercado aéreo y el que lo cierra y saquea. La realidad les da igual, y aquí surge otro paralelismo con el kirchnerismo: la fuga de los problemas tangibles hacia lo simbólico y hacia agendas de conflicto social prefabricado. Mientras unos acampan por la soberanía, plantan perejil en campos ajenos o divagan con ampliar la Corte Suprema por decreto, otros plantean el derecho a la portación de ametralladoras, el tráfico de órganos humanos y la amenaza de un compendio de terrores y paranoias ultraconservadoras, en un país que hasta ahora ha logrado una apreciable evolución en la libertad de las costumbres, el respeto por las minorías y la diversidad sexual.

El ethos del mileísmo —como el de otros movimientos identitarios en el mundo— es esencialmente antisistema, el mismo sistema que Cambiemos busca sostener y reconstruir en un país que históricamente optó por atajos destructivos. Y el fervor antisistema acerca al mileísmo a la asimilación por parte del peronismo, que siempre ofreció excepcionalidad y líderes verticalistas. El aporte de Milei al escenario político no es el liberalismo económico, sino la creación de una base política lista para volver a transitar el viejo camino de siempre, la salida de las crisis mediante un Hombre Fuerte. Si ese lugar hoy no está en manos del enésimo peronista providencial, del heredero Máximo, de César Milani, Guillermo Moreno o hasta de Sergio Berni, es simplemente porque tuvimos suerte y el peronismo aún no consiguió forjar su neolíder.

Milei tal vez sufra el mismo desgaste del viejo camporismo, o tal vez quede descartado cuando cumpla con el objetivo de dividir la oferta electoral, pero va a permanecer esta nueva base política que no está integrada a la discusión partidaria, que se percibe como parte de una minoría agraviada con reivindicaciones emocionales, que mezcla demandas reales y agendas irracionales, y que tiene necesidad de reconocimiento social, aunque sea mediante titulares, viralización y clics. No forman un partido sino más bien una representación cultural consumidora de movimientos identitarios, acostumbrada a la adrenalina permanente de la disrupción sin plan, ni A ni B, más allá de las propuestas de hacer volar por los aires el Banco Central o eliminar de cuajo la coparticipación con la mera voluntad, poniendo huevo, con el poder de Greyskull del bastón presidencial. Son bases que no se imaginan gobernando, sino ejerciendo poder.

La realidad siempre opaca a la ilusión revolucionaria y los ciclos de descontento antisistema se repiten. Pero la insatisfacción con las instituciones de la democracia son genuinas, la bronca por la falta de respuestas de la política son reales, y la oposición tiene la responsabilidad de ser el adulto en la sala. Cuenta la leyenda que en el segundo día de Woodstock, mientras The Who tocaba en el escenario, irrumpió sin aviso Abbie Hoffman, el célebre activista discípulo de Marcuse, y tomó el micrófono para una de sus intervenciones públicas que combinaban revolución antisistema y performance teatral, buscando difusión e impacto en los medios (qué coincidencia). Pete Townshend no dudó: le revoleó la guitarra y lo corrió del escenario, y más adelante compuso “Won’t get fooled again” contra las farsas y la repetición circular de la historia. Recuperar el escenario para la discusión racional y correr de en medio a marginales y oportunistas es el desafío de todo el que quiera vivir en una democracia liberal moderna. Hagámoslo, la música ya la tenemos.

                                               5 de febrero de 2023