En julio de 1976 Héctor Toto Schmucler se reunió  con su hijo Pablo, de 18 años, guerrillero montonero, en una “casa segura” en Córdoba.  Junto con la madre y el hermano, trataron de convencerlo de que habían sido derrotados y solo cabía salvar la vida. No lo lograron. “Yo se que esto es una locura”, les dijo, “pero está la sangre de los compañeros”. Partió en un taxi. Meses después supieron que había desaparecido; vivieron muchos años sin la certeza sobre su destino final.

Hijo de una familia de comunistas, Toto Schmucler había ingresado al Partido en 1946, a los 15 años, y permaneció hasta la expulsión del “grupo Aricó” en 1963. Por entonces estudiaba semiología en París, cerca de R. Barthès. Volvió en 1969, embebido en el clima de Mayo del 68, y fundó la revista Los Libros, con R. Piglia, B. Sarlo y C. Altamirano. También fue editor de Siglo XXI Argentina, donde publicó un libro convertido en ícono de la época: Para leer el Pato Donald, de Mattelart y Dorfman.

Schmucler participaba del embriagante entusiasmo de la hora. Con sus amigos de la revista Pasado y Presente –J. Aricó, J.C. Portantiero– tenían estrecha relación con uno de los jefes de Montoneros, Roberto Quieto, antiguo compañero del grupo. En la Universidad de Buenos Aires dirigió el Departamento de Letras, avalado por “los fusiles montoneros” que respaldaban también a la decana, Adriana Puiggrós. En los años siguientes, en algún momento, se convenció de que la empresa había sido derrotada e intentó salvar a su hijo. Luego emigró a México y se sumó a la colonia de exiliados.

Allá, peronistas y socialistas se enzarzaban en la discusión sobre lo pasado y lo futuro, que recogió la revista Controversia, editada desde 1979. En el primer número, mezclado con discusiones más urgentes, se publicó su primer texto sobre los derechos humanos, un tema que comenzaba a instalarse en el centro de los debates. Ya apartado de ortodoxias y encuadramientos, lanzó preguntas asombrosas. “¿Los derechos humanos son válidos para unos y no para otros?” Se refería específicamente a “las otras víctimas… militares y policías muertos” por “los grupos guerrilleros”. Cuarenta años después, la respuesta a esta pregunta retórica sigue siendo negada por quienes deberían darla.

Tras cartón, otra herejía de plena actualidad: “Seguramente no es verdad que existan 30.000 desaparecidos, pero 6 o 7 mil es una cifra pavorosa”. Desde 2017 una ley de la provincia de Buenos Aires, aprobada por unanimidad establece que en los documentos oficiales debe decirse “30.000 desaparecidos”. Quizá en 1979 las verdades oficiales no estaban establecidas, pero ya entonces afirmaciones como estas le valieron ser “motivo de sospecha, que a veces merodeaba la palabra traición”.

Por entonces, Schmucler ya estaba convencido de que la guerrilla había sido una “aventura terrorista”, cuya organización militar, modos de acción y convicción misional calcó del Ejército. En ese plano, las organizaciones armadas y el estado terrorista compartieron un sino común: hacer de la muerte un instrumento. Alejado del marxismo, y nutrido en corrientes espiritualistas y en una tradición judía que asumió con énfasis, Schmucler llegó pronto a una conclusión básica: “no matarás” es un imperativo absoluto, que fue infringido por ambos bandos.

Pero Schmucler no habla de “ellos”, los guerrilleros, sino de nosotros, “todos derrotados”, todos responsables, “aunque no todos con la misma responsabilidad”. La suya -la muerte de su hijo-, seguramente le resultaba abrumadora. De la responsabilidad surge un mandato igualmente imperativo: mantener la memoria de aquello que, por razones éticas, debe ser recordado.

Desde entonces y hasta su muerte -acaecida en 2018 -, Schmucler desarrolló una destacada tarea académica y universitaria en el campo de la comunicación, pero siguió pensando sobre la memoria, la ética y los derechos, un tema cada vez más frecuentado y más polémico. Sus puntos de vista pocas veces coincidieron con la corriente principal de lo políticamente correcto, pues la farisaica “corrección” le pareció la antesala del totalitarismo y del olvido. Estimuló el debate, atento a lo que decía el otro y sin entrar en controversias personales. Simplemente desenvolvió su pensamiento, en permanente construcción, en infinidad de artículos o de intervenciones académicas, con tono calmo y cordial. 

Para Schmucler, la diferencia esencial entre el Estado terrorista y las organizaciones guerrilleras –que compartieron una práctica asesina igualmente abominable- reside en las desapariciones forzosas practicadas por aquel. Se trata de un “crimen ontológico”, que viola el último y esencial de los derechos humanos, ser dueño de su muerte, y que carga a sus deudos con el sino de Antígona: no poder enterrar a sus muertos. Se trata del Mal demoníaco, el Sumo Mal, que como el Sumo Bien no pertenecen al mundo empírico sino al orden del “misterio”, incognoscible, inefable e inexplicable: a “aquello que solemos relacionar con lo divino”.

¿Cómo pudo ocurrir? ¿En que circunstancias los hombres -ni muy buenos ni muy malos – mediante acciones frecuentemente banales, se convierten en agentes del Mal? Tratándose de personas, Schmucler admite que existe una pregunta válida acerca de las circunstancias, el “clima de época”. Esto abre una brecha;  hay algo explicable en el mal, algo comprensible, que puede relativizar las responsabilidades personales. Hay una tensión entre dos formas de pensar el “pasado que duele”, una discusión que probablemente estuviera abierta en su mente. 

Pero el centro de su preocupación fue más concreto: la posibilidad del olvido. Sin el recuerdo del mal supremo no hay ética que se sustente, ni garantía de que otros hombres no recaigan en el mal. El olvido sucede naturalmente, pues no hay memoria sin olvido. Para evitarlo se desarrollan las “políticas de la memoria”. Pero éstas le preocupan más aún, por sus efectos no deseados.

La creación de museos y espacios de memoria pueden conducir a la ritualización y la observancia, que son la tumba del pensamiento vivo. También le preocupa la banalización: convertir los lugares de memoria en destinos turísticos y las conmemoraciones en “feriados móviles”. Sobre todo, vislumbra, detrás de los designios de establecer “una memoria oficial”, el fantasma de la “memoria única” y la consiguiente sanción de la heterodoxia, verdadera amenaza a una memoria que solo vive en la conversación y en la polémica.

Tampoco le satisface la solución judicial -juicio y castigo a los responsables-, que encierra el peligro de “dar vuelta la página”. Es algo que la sociedad política busca, razonablemente, pero que la comunidad, fiel a su deber de memoria, debe rechazar.

Su muerte interrumpió estas reflexiones no resueltas. Su recuerdo -posibilitado por el excelente volumen- es un estimulo a seguir transitando el camino que él abrió.

^*Historiador

El resultado de las PASO le ha dado un nuevo ánimo al tercer tsunami por la Educación anunciado para hoy en todo Brasil. El cachetazo electoral del domingo al neoliberalismo es visto como el comienzo de una respuesta de la región a la nueva extrema derecha que emergió en varios países. Vale aclarar que fueron Macri y Bolsonaro quienes desde el inicio se identificaron mutuamente como portadores del mismo proyecto político. Las palabras del presidente brasileño en cuanto supo el resultado de las PASO, no dejan dudas sobre esta cercanía.

Por las redes circularon masivamente noticias, imágenes, videos y demás en grupos opositores al gobierno brasileño sobre la celebración electoral. Y el momento no pudo ser más oportuno: desde hace un mes estaba convocada para hoy la tercera gran movilización contra los recortes educativos del gobierno de Bolsonaro. Las dos primeras, 15 y 30 de mayo, fueron masivas en todo el país. Escenas pocas veces vistas en la historia brasileña.

Muchos convocan en la redes haciendo referencia al elevado grado de movilización de los argentinos: “Luche como un argentino”, exclaman, entre imágenes de Mafalda demandando ‘ocupación de las calles’, y datos de la destrucción económica y social que sufrió la Argentina bajo Macri. Bolsonaro, con siete meses de gestión, impulsa leyes y políticas muy similares a las de Macri: reforma jubilatoria, flexibilización laboral, apertura económica y financiera, privatizaciones, reforma impositiva regresiva, corte de gastos sociales y educativos, liberación de agrotóxicos, legalizar represión policial, liberar uso de armas, lawfare persecutorio, favorecimiento al sector financiero, destrucción de la industria nacional, concentración de riqueza.

En ese marco, en realidad, los tsunamis por la educación –como son llamados por su fuerza, alcance nacional y elevada concurrencia—están representando mucho más que una protesta contra el recorte educativo. Constituyen la unificación de la oposición social contra el proyecto de Bolsonaro. Uno en el que él mismo dejó en claro en qué consiste cuando criticó al Partido de los Trabajadores (PT) porque “gusta de los pobres”. Lejos de que su disgusto por los pobres resulte en mejorar su condición para que dejen de serlo, todo su gobierno consiste en atacarlos y perjudicarlos. A punto de suspender 19 contratos que entregan remedios para cáncer, diabetes y trasplantes a la población de bajo ingreso, procurar cambiar las leyes de protección contra el trabajo esclavo, negar –pese a los datos– que existe hambre y manifestarse a favor del trabajo infantil. Todas esas causas se hacen presentes en los tsunamis educativos.

Además, sirven para cuestionar la legitimidad de la propia elección de Bolsonaro frente al incontenible escándalo del proceso judicial que puso a Lula en la cárcel llevado adelante por el otrora inmaculado Juez Moro. El interminable material que viene revelado The Intercept Brasil deja cada vez en evidencia, para todos, que constituyó una jugada electoral para evitar la victoria del PT. Diversos medios que durante años habían colocado a Moro en el máximo pedestal participan en la difusión de este material, como Folha de São Paulo, la revista Veja, el sitio UOL, el grupo BAND, además de El País de España y BuzzFeed. La repercusión del caso es alta en los medios internacionales.

El contenido evidencia, además que Moro y todos los envueltos en el caso, incluyendo máximos jueces y fiscales, se beneficiaron económica y políticamente de formas ilegales. Bolsonaro se aferra a Moro, a quien premió nombrándolo ministro de Justicia –y, así, responsable de la Policía Federal que debe investigar esta mismas acusaciones-. Políticamente, la caída en desgracia de Moro y la revelación de la Operación Lava Jato como farsa tiene un fuerte contenido de minar la legitimidad de Bolsonaro como presidente. Hay que recordar que Lula, hasta ir preso, liberaba holgadamente las encuestas de intención de voto…

En este contexto, el tercer tsunami educativo de hoy concentra un movimiento de amplio rechazo a todo lo que representan Bolsonaro y su gobierno. Muchos en Brasil piden disculpas a los argentinos por las palabras despectivas de Bolsonaro de este lunes. Acá están acostumbrados: todos los días a alguna agresión al PT, a la izquierda, a los homosexuales, a los negros, a los indios, a los pobres. Un bullying constante es a los nordestinos, región donde sufre mayor rechazo y tuvo una fuerte derrota electoral. Quizá su comentario despectivo a los argentinos es porque le preocupa que las PASO sirvan de ejemplo para una nueva marea opositora desde el sur… Hoy se comenzará ver.

Andrés Ferrari Haines es profesor en UFRGS (Brasil)

 Fuente: Other News

Existe una percepción ampliamente sostenida y promovida por los establishments político-mediáticos de los países de elevado nivel de desarrollo económico (conocidos como “los países ricos”) según la cual la pobreza en el mundo está disminuyendo de una manera muy marcada, hasta tal punto que se asume que la forma más extrema de la pobreza podrá erradicarse en el mundo en un futuro no muy lejano. Esta percepción es promovida, entre otros, por organismos internacionales como el Banco Mundial, por fundaciones financiadas por filántropos como Bill Gates y George Soros, así como por los periódicos de temas económicos más conocidos como The Economist.

La causa de que apareciera tal optimismo fueron los datos (la mayoría procedente del Banco Mundial) que publicaron las Naciones Unidas a raíz del establecimiento de los Millennium Development Goals, fijados en el año 2000 a partir de la Cumbre del Milenio, unos objetivos a partir de los cuales se establecían metas para el año 2015 en muchos indicadores sociales, incluyendo el de pobreza extrema. Para este tipo de pobreza se apostaba por una reducción del 1% anual, un objetivo que permitía albergar la esperanza de que fuera posible su eliminación en las décadas siguientes. En realidad estos objetivos del milenio fueron determinantes para el establecimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2015 por las Naciones Unidas y que está guiando las políticas públicas de muchos gobiernos hoy en el mundo, incluyendo el nuestro.

Tal programa internacional tiene una gran importancia, pues puede ayudar a establecer estrategias comunes, dentro y entre países, para avanzar en favor “de las personas, el planeta y la prosperidad”, alcanzando un mínimo bienestar. Se trata de un objetivo ambicioso y necesario que puede ayudar a sensibilizar a las autoridades públicas y a la sociedad civil sobre la interrelación entre las distintas áreas de intervención encaminadas a un bien común. Entre los 17 objetivos escogidos, el primero es el de erradicar la pobreza en sus distintas dimensiones en el mundo.

La importancia del contexto político en el desarrollo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

Ni que decir tiene que el desarrollo de tal plan de acción dependerá en gran medida del contexto político que lo determine, pues no es lo mismo que ese contexto tenga una orientación liberal y conservadora o una progresista (esto es, que priorice la justicia social y la democracia en las sociedades y en el mundo en el que vivimos). Y lo que es preocupante es que los Millennium Development Goals del año 2000, que inspiraron la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, estaban imbuidos de un pensamiento profundamente liberal que reflejaba el existente en los establishments políticos de la última década del siglo XX, y que dejó su imprimátur en el informe. Veamos los datos.

El problema con el establishment liberal que dio pie a este gran optimismo es que el indicador de pobreza extrema que utilizó el Banco Mundial no medía en realidad la pobreza extrema

El indicador del Banco Mundial para medir la pobreza extrema es tener dinero suficiente para poder adquirir los alimentos necesarios para subsistir en un país pobre. Esa cantidad se calcula de la manera siguiente: primero se analiza el mínimo de alimentos que una persona necesita cada día en siete países pobres; se define así la cesta de alimentos que el individuo necesita para subsistir. Una vez hecho esto, se calcula cuál es el coste de comprar esta cesta de alimentos en un mercado de EEUU: tal coste ha sido establecido por el Banco Mundial en 1,9 dólares (casi dos dólares) diarios. Ahora bien, como los alimentos son más baratos en los países pobres que en los países ricos, se calcula cuántas unidades de la moneda local costaría conseguir aquella misma cesta de alimentos, una cantidad que suele ser mucho menor de lo que cuesta en EEUU (en la India tal valor es, en realidad, de 0,63 dólares norteamericanos –una cifra mucho menor que 1,9 dólares–). Esta es la cantidad mínima, pues, que una persona tiene que gastarse por día en la India –con monedas indias (rupias)– para no ser considerada en situación de pobreza extrema (el alimento es solo una tercera parte del consumo del individuo). Decir, pues, que aquellas personas que gastan 1,9 dólares o menos por día (tal como los medios de información indican) están en situación de pobreza extrema es erróneo, pues tal cantidad tiene que traducirse en la moneda local, estandarizada por el nivel de compra de esta moneda (lo que se llama paridad de poder de compra –PPP–), por lo que se trata de una cantidad mucho menor que los 1,9 dólares.

Por otra parte, los alimentos son solo una parte de los bienes necesarios para sobrevivir, pues también hay que considerar la ropa y la vivienda, entre otros bienes. De ahí que, utilizando el mismo método que tiene el Banco Mundial para calcular el umbral de la pobreza extrema, la cantidad necesaria para sobrevivir sería mucho mayor que 1,9 dólares por día. Se ha calculado que esta cantidad ascendería a unos 5 o 6 dólares por día. Si así fuera, se vería que el número de persona en situación de pobreza extrema es mucho mayor y que su descenso ha sido no solo más reducido, sino que incluso en algunos países ha aumentado. Tal metodología del Banco Mundial para calcular la pobreza (incluyendo la extrema) ha sido objeto de una amplia crítica, y cuando en la India se analizó un indicador más completo y adaptado a la realidad de aquel país, economistas de la agencia estatal india National Commission for Enterprises in the unorganized sector llegaron a la conclusión de que, en lugar de descender, la pobreza había aumentado en aquel país alcanzando la cifra de 836 millones de personas, que representaban el 77% de la población en el período 2004-2005.

¡Otro error! El supuesto erróneo de creer que el crecimiento económico reduce la pobreza

El segundo punto flaco del argumento del descenso de la pobreza es que otro indicador de desarrollo económico que utiliza el Banco Mundial es el PIB per cápita, asumiendo que si tal indicador crece, crece la riqueza y por lo tanto disminuye la pobreza. Ahora bien, tomar como indicador de desarrollo el PIB per cápita asume que cada cápita (cada ciudadano) tiene los mismos recursos, lo cual es profundamente falso. En realidad, China es hoy el país más desigual en el mundo, pues ha concentrado la riqueza en el extremo de renta superior de aquella sociedad, sin que la riqueza haya alcanzado de forma significativa a amplios sectores de la población (y muy en particular de las zonas rurales, que son la mayoría de la población). Para tener impacto sobre la pobreza, el crecimiento económico tiene que ir acompañado de medidas redistributivas que, de no llevarse a cabo, pueden incluso hacerla aumentar, incluyendo la extrema. Hoy en día no hay estudios que hayan podido documentar la evolución de la pobreza extrema en el gigante asiático. Sí que se sabe, en cambio, que los servicios públicos existentes en el período maoísta anterior han sido reducidos extensamente mediante su privatización (como la sanidad), lo cual ha sido una de las causas del empobrecimiento de la población.

No ha habido tampoco convergencia en nivel de vida entre países ricos y países pobres

Otro error frecuentemente cometido por el Banco Mundial es asumir que si un país pobre crece más rápidamente que un país rico es señal de que habrá una convergencia entre los dos países. Así, se asume que puesto que China crece económicamente (medido según su PIB per cápita) más rápidamente que EEUU, ambos países llegarán a alcanzar el mismo PIB per cápita, lo cual es un error. Si un país pobre pasa de 5.000 dólares per cápita a 5.500 (creciendo un 10%) en un año, mientras que un país rico pasa de 50.000 a 54.500 (creciendo un 9%, menos del 10%), el resultado final es que el rico consigue 4.000 dólares más que el pobre, que solo consigue 500 dólares más. El creer que porque crecen más rápidamente llegarán a converger con los ricos es otro error que continuamente se comete. En realidad, la distancia entre países ricos y pobres ha ido aumentando, no disminuyendo.

El porqué de la promoción del optimismo

Estos y otros ejemplo muestran el sesgo deliberadamente optimista con el que se han analizado los datos, en un intento de mostrar cuán exitosas han sido las políticas neoliberales que se han generalizado a nivel mundial a partir del fin de la Guerra Fría, intento necesario para evitar la aparición de otras alternativas que puedan cuestionar el orden (o mejor dicho, desorden) económico existente. Seth Donelly, en su libro The Lie of Global Prosperity: How Neoliberals Distort Data to Mask Poverty and Exploitation (La mentira de la prosperidad mundial: cómo los Neoliberales distorsionan los datos para ocultar la pobreza y la explotación), presenta varios ejemplos de cómo los grandes promotores de los objetivos de desarrollo del milenio habían generado ese falso optimismo, con el objetivo de ocultar la gran crisis social –muy real– que las políticas neoliberales aplicadas por ellos habían creado.

¿Qué hay detrás de tanto optimismo? La ocultación de las causas de la enorme crisis social

Seth Donnelly responde a esta pregunta indicando que los promotores del neoliberalismo querían promover una visión optimista (la expansión del neoliberalismo causante del descenso y posible eliminación de la pobreza) sin reconocer que, en realidad, estas estaban creando una enorme crisis social causada precisamente por las políticas neoliberales que aplicaron y promovieron. Pare ello muestra varios ejemplos. La Fundación Gates ha promovido el mensaje de que su ayuda ha sido clave para combatir el SIDA en países pobres. Pero la empresa de Bill Gates, Microsoft, ha sido clave también para mantener los derechos de propiedad que defiende la Organización Mundial del Comercio, derechos que han impedido que los países pobres puedan acceder a productos farmacéuticos que son mucho más baratos (genéricos en lugar de comerciales), protegiendo así una industria farmacéutica en la que Gates ha estado invirtiendo, precisamente en los mismos productos farmacéuticos utilizados para curar el SIDA. Los 6.000 millones de dólares que posee la Fundación Gates representan solo un 2% del valor de la empresa que la financia.

Otro ejemplo. El Banco Mundial ha sido una institución fundamental en la promoción de las grandes compañías agrícolas centradas en la exportación, empresas que desplazan del mercado a gran cantidad de pequeños agricultores y trabajadores del campo, muchos de ellos pobres, sin ser extremadamente pobres (según la propia definición del Banco Mundial). Al ser destruidos sus pequeños negocios por no poder competir con las grandes compañías agrícolas, tienen que dejar el campo y se van a las ciudades, donde sí que caen en la pobreza extrema, ya que el coste de los alimentos es más caro en las urbes que en el campo. El resultado, pues, es que aumenta el número de personas en situación de pobreza extrema.

Estos y muchos otros ejemplos muestran que no es correcta la imagen optimista que los grandes grupos económicos y financieros que configuran el sistema económico mundial están promoviendo. La realidad es muy diferente a la que promueven. De ahí que sea fundamental que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas cambie su orientación y desarrolle alternativas, pues su despliegue podría ayudar a cambiar el dominio que el neoliberalismo todavía tiene en muchas agencias e instituciones nacionales e internacionales. Y la aparición en España de un gobierno de coalición de izquierdas puede contribuir en gran medida, junto con otros gobiernos similares presentes o futuros que haya en otros países, a desarrollar políticas públicas alternativas orientadas a eliminar cualquier forma de explotación, principal causa del enorme crecimiento de las desigualdades y de la pobreza en el mundo.

                                                                                     Feb 6 2020

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*Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU). Autor de la columna “Pensamiento Crítico” en el diario Público.es  Fuente: www.vnavarro.org, Público.es

Fuente  El Mostrador,  Santiago

El duro análisis del influyente Thomas Piketty sobre las causas del estallido

En una presentación en Londres de la versión en inglés de su libro “Capital e Ideología”, el economista francés especialista en desigualdad habló del movimiento social chileno como un punto determinante en la historia de la globalización. Al mismo tiempo, volvió a poner el dedo en la llaga del modelo chileno, apuntando al problema de la inequidad de la distribución de la riqueza como foco de la revuelta iniciada en octubre, al recordar que “Chile y Brasil son algunos de los países más desigualdades del mundo”. Además, el académico sacó a colación otro factor, al señalar que “en el Chile post Pinochet, nunca se cuestionaron las bases de la Constitución”.

El caso chileno es digno de análisis en todo el mundo. Y así lo reflejaron las palabras del francés Thomas Piketty, considerado el economista más influyente de los últimos años, quien durante la presentación en Londres de la versión en inglés de su último libro “Capital e Ideología”, abordó el estallido de octubre en Chile.

El experto en desigualdad económica y distribución de la renta catalogó lo que sucede en Chile, junto a las protestas en el Líbano y la ola de los chalecos amarillos en Francia, como un movimiento que contribuye a disminuir las desigualdades económicas que hoy en día aquejan a gran parte del planeta.

“Lo que pasó en Chile, las protestas contra las desigualdades y a favor de mayor igualdad económica, es muy importante porque demuestra que estamos en un punto determinante en la historia de la globalización”, comentó el profesor de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS) y de la Escuela de Economía de París.

Durante la presentación en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, el académico insistió que “en América Latina, en particular en Chile y en Brasil son algunos de los países más desigualdades del mundo”.

“En el Chile post Pinochet, nunca se cuestionaron las bases de la Constitución que en términos muy amplios toca la distribución de riquezas y el sistema educacional. Prevaleció un sistema privado de educación que va desde la primaria y una ideología de desigualdades que algunos economistas y filósofos famosos defienden, como Hayek, pero estos movimientos políticos contribuyen a estos cambios”, añadió.

Piketty es autor del best seller “El capital en el siglo XXI” (2013), donde aborda la desigualdad económica en Europa y en Estados Unidos desde el siglo XIX y realiza un análisis de la historia de la distribución de las riquezas y como esto impacta en las desigualdades en la actualidad. En su nuevo libro “Capital e Ideología”, sostiene que las desigualdades no son económicas ni tecnológicas, sino que ideológicas y políticas.

Su visita a Chile

Piketty es un autor de referencia. Incluso, el expresidente del Banco Central de Chile, José de Gregorio, ha señalado que “no cabe duda que es el economista más influyente de los últimos años, probablemente décadas”. “El trabajo de Thomas Piketty debe ser de los más importantes en economía en muchos años. De hecho, el análisis de Piketty puede usarse para discutir la reforma tributaria, el sistema de pensiones y la legislación laboral”, indicó el actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en un análisis publicado en 2015.

Ese mismo año el economista francés estuvo en el país presentando su libro “El capital en el siglo XXI” en el Congreso Futuro. En el lanzamiento, fue acompañado por el expresidente Ricardo Lagos Escobar, quien catalogó el libro como “una poderosa herramienta para todos aquellos que pensamos que las sociedades en que vivimos las debemos decidir los ciudadanos y no los consumidores del mercado”.

En esa oportunidad, Piketty también puso el dedo en la llaga de las desigualdades en el país. «Me encantaría tener más información de América Latina y Chile, pero se sabe que la desigualdad del ingreso es elevado en Chile y en toda América Latina», afirmó el influyente economista en el Congreso Futuro.

En esa línea, señaló que «generalmente se ha subestimado porque sólo tenemos acceso a las informaciones auto reportadas en encuestas de hogares, y ese tipo de información tiende a subestimar la desigualdad».

Añadió que «Chile va a necesitar más transparencia sobre ingresos y riqueza», debido a que «puede ser que esta transparencia pueda evitar la corrupción y ser la forma para darse cuenta que el sistema tributario no se ha aplicado tan bien como debería».

                                                                                  Feb 7 2020

Fuene: La Estrella de Panamá

Un mérito de los años 70 fue que no pocos clichés con que creíamos entender al mundo y a nuestros países pasaron a cuestionarse. Tras la revolución político‑cultural que en 1968 estremeció a Europa y algunos países americanos, varios pilares ideológicos que oficiaban como lugares comunes quedaron en entredicho.

Entre ello el liberalismo, la democracia oligárquica, las disyuntivas entre reforma o revolución social y los modelos establecidos de socialismo, arrollados por la emersión de unas criaturas políticas y conceptuales tan vigorosas como los movimientos afroasiáticos y latinoamericanos de liberación nacional, la guerra de Argelia, la revolución cubana, la lucha del pueblo estadunidense por los derechos civiles y contra la guerra en Vietnam, entre otros.

Eso incluyó revisar nociones que parecían simples pero eran base de decisiones trascendentes. Por ejemplo, en Panamá –país que padeció tanta demora y volteretas para darse una identidad y buscarle opciones–, cosas tan elementales como comprender su ubicación en el planeta y sus consecuencias. Recuerdo cuando a mediados de los 70 interrumpí una sabia charla de Raúl Leis para señalar que es un erróneo cliché repetir que Suramérica está al Sur del país y Centroamérica al Norte. Suramérica está al Oeste –incluso parte de Colombia y gran parte de Venezuela ocupan latitudes que están más al Norte que la de Panamá–. Y que Vasco Núñez de Balboa no cometió una bobería al nombrar Mar del Sur al océano que encontró al cruzar el Istmo, pues brújula en mano sabía que en esa dirección había caminado desde el Caribe, situado al Norte. Solo después los peninsulares “descubrirían” que el Pacífico está al Oeste de las Américas, aunque en el Istmo que las conecta esto no era evidente.

Con tales boberías hay que ser riguroso, porque precisarlo cuestiona otros dos lugares comunes que entonces se daba por establecidos: uno, que es falso que un istmo conecte dos océanos pues, al contrario, los separa. Lo que conecta mares son los canales, ya sean naturales o artificiales. Por eso quien controla un canal domina el paso entre dos mares. En consecuencia, aquí para controlar ese paso a los gringos les bastaba dominar la franja de tránsito, y les era indiferente que el resto del país siguiera en la miseria, con tal de que no molestase su poder sobre esa área.

La otra muletilla que esta simple observación cuestiona es una que aún revolotea por ahí. La de si Panamá es un país centroamericano. Desde luego, la geografía del Istmo por su extremo Oeste empalma con Centroamérica, aunque la mayor parte de la historia colonial y colombiana del territorio lo asoció a Suramérica, y las odiseas del tránsito peruano, del ferrocarril y del canal le agregaron vinculaciones con el Caribe. Pero, en lo personal, yo nací en Puerto Armuelles, junto a la frontera con Costa Rica, país hacia donde no existía carretera. En los años 30 lo único que nos relacionaba con Centroamérica es que aquí y acullá dominaba la United Fruit Company –la Compañía– y que de aquel lado venían peones para tumbar bosque y cargar banano. Es decir: la comunicación e intercambio con el resto de Panamá era mala, con Centroamérica era nula, pero con los grandes puertos de ambas costas de Estados Unidos era copiosa y casi diaria. Y en la población local eran más numerosos los trabajadores venidos del Caribe y los descendientes de gnöbes –ya expulsados de sus fértiles tierras originarias–, pero eran pocos los técnicos centroamericanos, traídos por la compañía. Y reinaba una tosca y rubia élite norteamericana.

Así que hallar la ubicación y pertenencia de tu país en el mundo es cosa importante, hasta para la salud mental de cada quien.

Corrían los años de la Segunda Guerra Mundial y la obsesión de los gringos era la ofensiva japonesa. En el barrio alto del pueblo –“la Zona”– hasta practicábamos black outs y nos enseñaban cómo sobrevivir a los bombarderos nipones. En la escuela las teachers eran gringas y la mayoría de los chicos también. En los recreos se jugaba a la guerra aérea, rugíamos como aviones y nos ametrallábamos, pero a los pocos panameños nos tocaba ser los japoneses y rodar abatidos por el suelo (así aprendimos a situarnos del lado opuesto al de las mises, los compañeritos gringos y de sus mamases y papases).

Según en qué parte del mundo aprendas a ubicarte, y con qué parte del globo los demás han aprendido a situarte, irás construyendo –aunque no lo sepas– tu propia identidad. Asumir la panameña no era fácil, pues según te clasifican te ves. Por circunstancias que no vienen al caso, de pronto mis padres se mudaron a Brasil, cosa que en tiempos de la Guerra no era rápida: estuve unas semanas en la ciudad de Panamá, por San Francisco de la Caleta. Recuerdo que al otro lado de la calle se extendía la base militar de Punta Paitilla, desde la Caleta (donde hoy está Atlapa) hasta la desembocadura del río Matasnillo. Día y noche traqueteaban las prácticas antiaéreas y el vuelo rasante de los aviones. Hasta el perico de la casa hacía como ametralladora, el único lenguaje humano que pudo aprender. Y sobre el mar, al horizonte lo dibujaba la fila de buques cargados de jovencitos gringos y puertorriqueños destinados al matadero asiático.

El Istmo andaba envuelto en un cambio de época. Todavía en las primeras décadas del siglo XX era habitual la aspiración de hacer estudios superiores en Bogotá, el nimbo cultural del Panamá ilustrado. No pocos se hicieron profesionales allá, así como otros en Lima y algunos en La Habana, pero solo Europa superaba a Bogotá. En pocas palabras, la centroamericanización del istmo se implantó luego del Canal estadunidense, en la secuela de una política encaminada a hacer más drástica nuestra separación de Colombia. Con ello vendría asimismo el impulso a estudiar en Estados Unidos, la nueva Meca de la clase dominante. Centroamericanizar la ubicación del país ya atrapado por el imperio reflejó una política dirigida a alejarnos de eventuales reivindicaciones colombianas y solidaridades peruanas o venezolanas. Esto es, a aislar al país, mudándonos conceptualmente a una región con la cual no teníamos comunicación ni historia común.

Lo que años después incentivaría asimismo el propósito de construir la carretera a Centroamérica –significativamente nombrada la Panamericana–, a la vez que hizo proliferar los pretextos para rechazar toda posibilidad de hacerla hacer otra a Colombia y Suramérica. Así el Istmo, en vez de realizarse como el puente entre los dos continentes de las Américas, quedó en punto terminal de una ruta al Norte, que muere en la zona canalera. Una asimetría que aún contradice el hecho de que los istmos enlazan continentes, recurso que esa política le negó a Panamá, negándonos el recurso de ejercer como puente intercontinental.

Por mi parte, el siguiente peldaño en la busca de la ubicación de mi país en el planeta ocurrió de nuevo en la escuela, esa vez en São Paulo. Al inicio de clases, la maestra preguntaba a los recién llegados: ¿de dónde tú vienes? Y una mayoría de niños migrantes íbamos contestando: de Pernambuco, de Bahía, de Mato Groso… hasta que un imprevisto trabó la rutina, cuando respondí: “de Panamá”. Sorprendida, alzó el dedo y corrigió: No chiquillo, no es así: se dice “Paraná”. Poco valieron mis protestas; la buena maestra decidió informar a mi madre que su hijo, además de un desajuste sicológico, tenía problemas de dicción.

Fue un trauma peor que el de la guerra aérea. Volví a casa desconcertado: ahora mi país no pasaba de ser un defecto del habla. Sin embargo, la historia patria enseguida vino a mi rescate, de un modo que permite precisar cuándo aquello sucedió: estábamos a mediados de diciembre de 1947. A la entrada del edificio yacía un periódico de ayer cuya primera plana destacaba una noticia asombrosa. Recién concluida la guerra, cuando la superpotencia norteamericana tenía al planeta en el puño del terror atómico, en una pequeña nación el día 12 de ese mes la gente había salido a las calles a exigirle al ejército más poderosos del mundo abandonar más de 300 sitios de defensa y replegarse en la Zona del Canal. Y había tenido éxito.

La siguiente mañana regresé a la escuela con un periódico viejo y un orgullo nuevo que no cupo en el salón. Panamá no solo existe, sino que cuando se identifica como una nación con sus propios objetivos es capaz de proezas que ni Brasil ni Europa osaban imaginar. El apodo infantil que mis compañeritos me habían endilgado cambió de sentido: en vez de aludir a un defecto oral pasó a honrar a un pueblo glorioso. Aquel 12 de diciembre los panameños no solo hicieron saber que ya éramos mucho más que un pedazo de tierra desgajado a Colombia; como en La Rosa de los Vientos, cuando la nación asume sus retos “la azota el vendaval, pero crece por dentro”.

*Cientista social, educador, político y periodista panameño).

Fuente: Gracus / Babeuf

A medida que los mercados globales se preparaban para volver a un terreno más firme en medio de los primeros signos de certeza económica con el Reino Unido finalmente abandonando a la Unión Europea y Estados Unidos en un acuerdo comercial de primera fase con China, el brote de coronavirus los ha llevado a una espiral descendente, y Washington podría ser el que más se beneficie de ella, según los expertos.

En medio de la noticia del brote de coronavirus en China, los grandes esfuerzos de Beijing para frenar la propagación de la infección han hecho poco para evitar que los mercados bursátiles mundiales caigan en picado esta semana, con el índice Hang Seng del país cayendo un 6% en los primeros días de la histeria en curso, que ha sido parcialmente inflamada por los medios de comunicación.

El coronavirus 2019-nCoV no es la primera epidemia que ha reducido los mercados durante la última década. La influencia del brote en las economías nacionales es comprensible, ya que China, que es la más afectada, es un importante productor y consumidor de bienes, y la cuarentena de ciudades enteras ha tenido un efecto en el comercio con el resto del mundo.

¿Epidemia exagerada intencionadamente?

En sus esfuerzos por informar sobre el desarrollo del brote, los medios de comunicación globales parecen haber reaccionado de forma exagerada, especialmente a la luz del hecho de que el coronavirus hasta ahora no ha demostrado ser tan mortal como algunos temían que pudiera ser.

Como explica Denis Rancourt, investigador de la Asociación de Libertades Civiles de Ontario y teórico social, todas las pandemias de gripe históricas que han recibido gran atención pública resultaron en «un millón de muertes o más». Hasta ahora, el coronavirus solo ha causado unos cientos de muertes, mucho menos que el resfriado común en las grandes ciudades occidentales.

El virus rápidamente recibió la atención de los servicios médicos del país, lo que resultó en grandes esfuerzos para evitar que se propague a más partes de China. Sin embargo, incluso la tasa de mortalidad del virus del 1,5%, que depende en gran medida del número total de personas infectadas, palidece en comparación con la mortalidad del brote anterior de coronavirus en el Medio Oriente en 2012, que alcanzó una tasa de mortalidad del 39%. Al igual que los brotes de virus anteriores en China, como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2002 y la «gripe aviar» en 2013, el coronavirus ha recibido una importante cobertura mediática.

¿Quién se beneficia y sufre más del bombo mediático con el coronavirus?

La amplia atención al brote de coronavirus ha comenzado a afectar económicamente a China. Varias compañías estadounidenses, incluidas Google, Starbucks y Apple, anunciaron recientemente que cerrarían sus oficinas, fábricas y tiendas en China para evitar la propagación del virus. Numerosos países, como los EE. UU., Australia y Rusia, tienen enlaces de transporte severamente limitados con la nación asiática en medio del temor de que los residentes y turistas chinos puedan traer el coronavirus con ellos.

Esta medida, además del bloqueo de algunas ciudades chinas, ha puesto en peligro la posición del país en las cadenas de suministro mundiales. Kevin Dowd, profesor de finanzas y economía en la Escuela de Negocios de la Universidad de Durham en el Reino Unido, cree que algunos países podrían aprovechar la epidemia en su beneficio presionando a China.Dowd dice que ya se han impuesto ciertas restricciones a la libertad de circulación de los ciudadanos chinos y que es solo cuestión de tiempo antes de que se implementen limitaciones similares contra los productos del país.

«Si usted fuera un proteccionista sin escrúpulos en busca de excusas para imponer más barreras comerciales a China, entonces el coronavirus se ajusta a eso. A uno le gustaría pensar que los formuladores de políticas no caerían tan bajo, pero cuando se trata de comercio, la experiencia pasada sugiere que cualquier cosa vale«, dijo.

Además de afectar negativamente la situación económica de China, el brote de coronavirus también surgió en un momento muy sensible para el país, justo después de la firma del acuerdo comercial de la fase uno con los Estados Unidos y justo antes del comienzo de las negociaciones sobre la segunda fase.

Se conocen pocos detalles sobre lo que implicará la segunda fase, pero desde el comienzo del brote, el jefe del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, ya ha declarado que la firma de la segunda fase del acuerdo no necesariamente implicará la eliminación inminente de todos los aranceles que penalizan los productos chinos.El profesor Dowd cree que es «completamente posible» que Washington intente usar la epidemia de coronavirus para impulsar las disposiciones del acuerdo comercial de la fase dos para que sean más favorables para Estados Unidos.
«Me parece que en las negociaciones comerciales cualquier fórmula para vencer a la otra parte se considera un juego justo, incluso cuando realmente no debería serlo. Esto es especialmente cierto en el ambiente tóxico actual cuando ambas partes han demostrado ser completamente inescrupulosas y los niveles de confianza mutua se han deteriorado bruscamente «, agregó el profesor.
Denis Rancourt, a su vez, dice que si bien los Estados Unidos perciben a China como la mayor amenaza, es poco probable que el brote del virus afecte significativamente el acuerdo comercial resultante entre los dos. Pero el 2019-nCoV aún podría usarse como una «oportunidad de campaña geopolítica» para aislar a China, agrega el investigador.

«En efecto, [es] una histeria armada que crea respuestas racistas en muchos centros occidentales. El racismo anti-chino doméstico puede ser explotado políticamente en los Estados Unidos para apoyar políticas agresivas contra China, incluidas las políticas proteccionistas», declaró Rancourt.

                                                                                                                                                       04.02.2020

*Experto en Geopolítica, (GLOBAL RESEARCH)  

Fuente Other News

El presidente Piñera declaró la guerra al pueblo chileno. Se olvidó que vivimos un régimen democrático. Impuso la zona de emergencia y envió a los militares a las calles para reprimir la rebeldía contra los abusos, las desigualdades y la corrupción. La guardia pretoriana de los dueños del poder y la riqueza intento debilitar las protestas, acumulando muertos, torturados, heridos y detenidos.

El gobierno fracasó en su apuesta represiva. A lo largo de todo el país se multiplicó el descontento, contra el régimen de injusticias. El viernes 25 de octubre se conoció la manifestación más grandiosa de nuestra historia: casi dos millones de personas en Santiago y decenas de miles en otras ciudades del país.

El alza de treinta pesos de la tarifa del Metro colmó la indignación ciudadana. Pero, en realidad, la protesta ciudadana apuntaba a algo más profundo: el rechazo a treinta años de un capitalismo desenfrenado y depredador, que explota sin compasión al 99% de los chilenos, para favorecer al 1% más rico de la población.

La economía de las desigualdades, la política del abuso y la instalación de la corrupción no se sostienen más. El derrame del crecimiento y la focalización de la pobreza, rostro vergonzante del modelo económico, han dado por resultado la universalización de la desesperanza.

Los economistas de Chicago, con el apoyo de las armas de Pinochet, privatizaron la salud, la educación y la previsión social, y además cerraron las puertas a la organización sindical. Así,

ampliaron los espacios de ganancia a los empresarios, encarecieron la vida de las capas medias y condenaron a la miseria a los sectores bajos ingresos.

Los privatizadores de la vida pública bajaron los impuestos a los ricos, destinando escuálidos recursos para viviendas sociales, hospitales, escuelas públicas y algún modesto subsidio para los más desamparados. La focalización acorraló territorialmente a los pobres en poblaciones alejadas de sus centros de trabajo y de los espacios físicos ocupados por los sectores de altos ingresos. Así se construyó la muralla que divide a los chilenos según su origen social y cultural.

Los políticos y economistas de la Concertación, que desde la oposición a la dictadura habían cuestionado el neoliberalismo, le dieron continuidad al modelo instalado por el régimen de Pinochet. Las desigualdades, abusos y corrupción continuaron en democracia.

La ciudanía no quiere más los abusos de las AFP y las ISAPRES; denuncia las tarjetas de crédito que imponen tasas de interés usureras; rechaza los peajes de las carreteras que aumentan periódicamente al gusto de los concesionarios; y, cuestiona a las empresas de “utilidad pública” que modifican a su arbitrio las tarifas.

También la ciudadanía protesta contra los bienes de consumo que se elevan con la colusión de empresarios inescrupulosos. Son manifiestos los casos de las farmacias, el papel higiénico, los pañales y pollos. Y, la impunidad los protege. Los empresarios no reciben sanciones o sólo multas menores.

La ciudadanía reclama también contra un Estado que es complaciente con los abusadores porque el empresariado tiene en el mundo político a sus protectores. Pagan campañas políticas y coimean a parlamentarios, a los partidos políticos y a gobiernos de distinto signo. La corrupción se ha generalizado en el país. Penta, Corpesca y Ponce Lerou, entre otros grandes empresarios, pagan a

políticos para ampliar sus ganancias.

La protesta es también contra las desigualdades. Porque el 1% más rico de la población chilena se lleva el 33% de todos los ingresos que se generan en el país, mientras el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de CL$400.000. Y ese 1% recibe la mejor educación y salud, mientras crece el deterioro de los servicios públicos para la mayoría.

Los pobres y sectores medios exigen viviendas, salarios, pensiones, salud y educación que les permitan vivir dignamente.

Para enfrentar estructuralmente los abusos, desigualdades y corrupción se precisa un Estado protector de toda la sociedad y no para favorecer a ricos y poderosos. Ello exige terminar con el Estado subsidiario, contenido en la Constitución tramposa de 1980.

Chile necesita un Estado activo, para enfrentar los abusos y la corrupción. Un Estado no subsidiario para desafiar las desigualdades, regular las arbitrariedades de los mercados,  atender las demandas sociales, proteger el medio ambiente y construir una economía diversificada, que supere el rentismo depredador.

La lucha ciudadana para terminar con los abusos, desigualdades y corrupción exige un nuevo contrato social. El derrame del crecimiento y de la focalización social son hoy día rechazadas por el 99% de la población. Por ello las dádivas que hoy ofrece el presidente Piñera no terminarán con las protestas. Se precisa una nueva Constitución que asegure cambios sustantivos y garantice una vida digna a todas las familias chilenas.

*Economista, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economía. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación, embajador en Ecuador y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  Columnista de diversos medios.

Fuente: www.sinpermiso.info, 2-2-20

La sociedad argentina se encamina hacia los dos meses del nuevo gobierno que asumió el ejercicio del poder el 10 de diciembre de 2019. En medio de una agenda ambiciosa, en gran parte impuesta por la realidad material, que apunta a reducir los dramáticos niveles de pobreza, a restablecer el rol del Estado como articulador de la convivencia social y a diseñar mecanismos capaces de dotar a las instituciones públicas de recursos que generen las condiciones para democratizar la vida de los ciudadanos, aparece una vez más la deuda externa como un factor que condiciona el diseño y la implementación de las políticas públicas. Pero lo hace de un modo peculiar, porque emerge como si se tratase de una discusión numérica entre un acreedor y un deudor y no como un factor existencial para los ciudadanos.

La deuda externa es una de las claves que permite comprender gran parte de los sinsabores de los argentinos. En los hechos funciona como si fuese una tremenda tormenta invernal que combina lluvia, viento y frío. Como toda tormenta, tiene intervalos y sus efectos amainan. No obstante, esta tormenta, a diferencia de las reales, no se va e impide el progreso social pues socava las posibilidades de los ciudadanos en la toma de decisiones. Es que el endeudamiento no es solamente un problema económico. La deuda externa tiene una dimensión legal y una dimensión ética y moral. Me voy a concentrar de un modo general en estos dos últimos aspectos.

Desde el punto de vista legal, la cuestión de la deuda externa es un tema muy claro por su oscuridad. Existe una “economía” de la deuda que es fuente de recursos económicos y simbólicos para un grupo de expertos que, a caballo de un autoproclamado saber especial y vinculados a la dinámica del mercado financiero, se apropiaron de la discusión de la deuda en general y de su significado legal en particular, de manera tal que aparece como un aspecto que no se puede judicializar porque es “técnico”. La emisión y colocación de títulos públicos, las negociaciones y en general la intermediación entre el Estado deudor y los acreedores, aparece atravesada por una opacidad legal incompatible con el deber republicano de los mandatarios que deben explicar a los mandantes los actos de gobierno, como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional.

Los argentinos podemos conocer a través de la web qué tipo de contrataciones realiza un ministerio, pero no podemos conocer por qué pagamos lo que pagamos en concepto de “servicios” derivados de la administración de la deuda.

Las estrategias de gobernanza que pregona el capitalismo global constituyen el límite de la capacidad para auscultar los asuntos públicos. En efecto, son herramientas de acercamiento del Estado a la ciudadanía que con la excusa de democratizar la vida pública se reducen a espacios de gestión y control de recursos mínimos. Básicamente, construyen una noción de ciudadanía ligada a la decisión sobre partidas presupuestarias y gastos en obras públicas, aunque en dicha agenda está ausente la tormenta de la deuda.

Los archivos judiciales de la argentina son una poderosa fuente de conocimiento sobre el modo en que se renueva un endeudamiento sobre bases legales débiles. Entreverados en densos expedientes llenos de polvo, se alojan significativas regularidades. Entre ellas, nombres de bancos, de personas físicas, de acreedores que nunca muestran la causa de la obligación que reclaman, de modalidades de pagos que se repiten y de cláusulas por los cuales los países soberanos resignan su jurisdicción judicial en favor de los tribunales de Nueva York. Es evidente que se trata de la palanca más fuerte que afecta cualquier estrategia de desarrollo socioeconómico, porque más temprano que tarde la riqueza que genera la sociedad se destina en su mayor parte a honrar compromisos con acreedores.

Sin embargo, la cuestión es muy poco debatida en la sociedad y las posiciones más obvias que apuntan a plantear discusiones amplias y sinceras sobre el tema, son inoculadas por una tribu de “expertos” que distribuyen autorizaciones para opinar “seriamente” sobre el tema. Las ideas que no consiguen permiso para ver la luz automáticamente son descalificadas por “irracionales”. Ello es así, pese a que no es materia de debate que el ciclo de endeudamiento feroz de la Argentina se profundizó con el golpe de Estado de 1976; es decir, por fuera de la Constitución, y que cada ciclo de la deuda de alguna manera es un eslabón de la espiral iniciada en 1976. Por lo tanto, está contaminada. Aun así, los sectores vinculados a la economía de la deuda se apropiaron de la dimensión legal de la cuestión y desplazaron el eje de la lógica de la ley, hacia la lógica de la racionalidad del capitalismo posindustrial. Esto significa que no se puede discutir la legalidad de la deuda porque es “irracional” plantear ese tópico a los “mercados”. Lo “racional” se limita a negociar cómo pagar sin auscultar el origen de la obligación.

Con la dimensión ética de la deuda externa ocurre algo similar y que deriva de la imposibilidad de discutir la legalidad del endeudamiento. Gran parte de la sociedad argentina naturalizó que nuestra vida es la vida del “hombre endeudado”, parafraseando a Mauricio Lazzarato. La naturalización del endeudamiento es un poderoso incentivo en la construcción de la identidad individual y colectiva de los argentinos. Su rasgo distintivo tiene que ver con la necesidad del Estado de pedir permiso a los acreedores antes de intervenir en la vida pública para garantizar la vigencia de los derechos humanos. El denso y persistente trabajo de los sectores locales transnacionalizados, ligados al capital financiero y articulados con los medios de masivos de comunicación, fue exitoso a la hora de presentar a la deuda como un elemento “natural”, generado por factores que aparecen externos al hombre común e indiscutibles, pese a la influencia que tienen en cada una de las vidas de los argentinos.

Allí, en la dimensión ética de la deuda, yace un potente mecanismo de disciplinamiento social a través del cual se fueron desmantelando las estructuras del Estado de bienestar que, con los límites de un capitalismo dispar y dependiente, supo construir la sociedad argentina durante gran parte del siglo XX. De hecho, la sedimentación de esa perspectiva es una de las explicaciones para comprender por qué un tema que representa el 97% del Producto Bruto Interno¹, de acuerdo con informes del Ministerio de Economía, no logra trascender la captura del grupo de expertos que se reservó para si la cuestión de la deuda externa.

La recuperación de las dimensiones legales y éticas del endeudamiento es uno de los mayores desafíos colectivos de los argentinos. La deuda es como una tormenta que nunca se disipa. Para superarla es necesaria la reapropiación social de la cuestión que, después de todo, no deja de ser una decisión colectiva de los ciudadanos. Sin pasar esa tormenta, la autonomía del cuerpo político es una quimera y, en consecuencia, los efectos de dicha tormenta vuelven ilusorias algunas necesidades básicas como, por ejemplo, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la existencia como el primer paso hacia la fundación de la libertad.

Esa reapropiación social de un tema político que pone en tela de juicio la existencia del entramado social requiere, inexorablemente, envolver a la “economía de la deuda” dentro de la dimensión de la legalidad estatal, atada a una perspectiva moral; es decir, a un ethos comunitario cuyo horizonte sea la fundación política de la libertad, en la medida que la constitución y las leyes del Estado necesariamente son la expresión de una forma de vida política derivada de la composición de voluntades ciudadanas. En estos tiempos, que se asemejan a una nueva quiebra de la economía y cuando las nuevas autoridades iniciaron el camino de la renegociación de las obligaciones que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, la sociedad tiene una nueva chance de construir un Estado neutral capaz de fijar de un modo autónomo las prioridades sociales. En otras palabras, los argentinos tenemos la oportunidad de crear una solución democrática. Por ejemplo, "republicanizar" la discusión y someter al debate público la mejor opción política para afrontar los vencimientos como hicieron los giregos durante 2015.

De lo contrario, la permanencia de la escisión entre una élite de expertos que encarnan los intereses de los acreedores, con respecto a una sociedad fragmentada y cada vez más pobre condena a los argentinos a sobrevivir bajo la tormenta de la deuda que, como toda tormenta, a veces permite que se cuele tenuemente la luz del sol, aunque, más temprano que tarde, nuevas nubes descargan su furia con posterioridad.

*Es abogado y politólogo. Es fiscal federal de la República Argentina, docente universitario y autor de "Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del poder judicial" (Ariel, 2018) y "La cara injusta de la justicia" (Paidós, 2016).