Entre las racionalidades esperadas, que cada día parecen ser más, se encuentran la corrupción y el despilfarro. Hoy, la Nación está pagando esos excesos. La solución parece estar en cambiar ciertas costumbres para parecerse a sociedades más sobrias. Y a veces se presentan actitudes que merecen ser destacadas, al menos en principio, cuando de verifican actitudes positivas en un país de origen y estructura liberal, democrática, progresista y laica, como consta en la Constitución Nacional. Considerar a pesar de todo eso, al artículo segundo de la Constitución, excede la oportunidad y el momento por su extensión, aunque es posible atender algún alcance del sostenimiento señalado por el citado artículo, como es el sueldo de los obispos.

Afortunadamente, ante tan embarazoso asunto, una nota del Diario La Nación del lunes 30 de abril del corriente año firmado por un alto dignatario de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no se opone a una supresión del aporte financiero del Estado. Ciertamente, el espíritu democrático que se manifiesta en la concepción democrática de la idea, comprende a la totalidad de la ciudadanía, sin distinciones en los fundamentos de la igualdad.  Dos semanas más tarde, el domingo 13 de mayo, el mismo medio periodístico, en la Sección Ideas, publica un artículo titulado Fondos de Culto, al que le sigue una interrogación: ¿Debe recibir la Iglesia apoyo del Estado?  El copete de esta nota la señala como La Polémica.

Ciertamente, a la luz de la razón y del examen de este tipo de cuestión en las dimensiones, es posible advertir la ambigüedad de nuestra Constitución Nacional con respecto al artículo segundo, que colisiona con el espíritu liberal, democrático, progresista y laico, todo esto junto que el pueblo argentino entiende como estructura de la República. El artículo segundo claramente se aparta de esa estructura, al menos con respeto al criterio democrático, si se considera que éste resume la doctrina de una política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. El alcance del término es vasto y se deben distinguir muchos aspectos, además de los formales. En lo formal, el concepto de democracia se encuentra estrechamente ligado con los principios sostenidos por el liberalismo político, y en términos generales, la democracia se basa en la libertad, la igualdad, los derechos del hombre, el principio de mayoría expresado por el sufragio universal y el pluralismo ideológico. El examen de la naturaleza de los países parece señalar que en los países desarrollados la democracia alcanza su mayor expresión pluralista en las poblaciones cultas y educadas, propias de naciones alejadas influencias propias de las autocracias feudales.

Los tiempos de la monarquía absolutista borbónica teocrática se extinguieron con la Revolución de Mayo, a pesar de perdurar más allá de la institucionalidad de la democracia de la Ley de 1853 y su reforma de 1860, en la letra del exclusivismo del artículo  segundo de la Constitución, Primera Parte,  Declaraciones, Derechos y Garantías. Pero no deben descartarse antecedentes históricos como el rol de Benito Lué, obispo de Buenos Aires, durante los sucesos de Mayo de 1810 en los que se manifestó como notorio opositor del proceso de la Independencia. La oposición de la Iglesia vaticana no terminaría allí, expuesta por el obispo Lué, que se continuaría con la bula Etsi longissimo terrarum del papa Pío VII fechada el 30 de enero de 1816, sobre la ilegitimidad de la opción independentista en la América española, así como también la encíclica Etsi iam diu del papa León XII, dada el 24 de septiembre de 1824, que imponía trabas al reconocimiento de los nuevos países originados en el colapso colonial español, y exigía obediencia al rey de España, apenas tres meses antes de la batalla de Ayacucho.

La monarquía absoluta teocrática de los Borbones había sido precedida por la peculiar unión de Aragón y Castilla, que fue más bien una unión de coronas y no de reinos. Aragón comprendía reinos menores como Valencia y Cataluña, mientras que Castilla era un reino pobre. Una de las creaciones más destacadas de la unión de las coronas de Aragón y Castilla, a cuya cabeza se encontraban Fernando II, también Fernando V de Castilla desde 1474, e Isabel de Castilla, denominados ambos Reyes Católicos, consistió en el establecimiento del tribunal de la Inquisición, institución religiosa y política para luchar contra la diversidad de cultos, que subsistiría hasta el siglo XIX, a la que se sumó la expulsión de los judíos en 1492 al término de la reconquista de los moros con la toma de Granada. Con el descubrimiento de América, la conquista y colonización del Nuevo Mundo, aquel carácter peculiar de los Reyes Católicos se impondría en América.

La consideración de la historiografía del papel jugado por la Iglesia romana, parece conducir a polémicas estériles. Después de las turbulencias de la época de la independencia, la Iglesia que comenzó a actuar sin la participación de la corona española, aumentó más su influencia en la política que en la fe, cuyos resultados se concretaron en principio, con el debate de la convención constituyente que condujo al texto constitucional  sancionado en 1853, donde se discutió si el catolicismo debía ser declarado religión del Estado y, en tal caso, en qué términos se debían incorporar derechos de los que ya se gozaban en la práctica, y parcialmente en términos legales, los habitantes del país respecto de la libertad de culto. El proyecto de Alberdi preveía, siguiendo los textos constitucionales anteriores, el reconocimiento del catolicismo como religión del Estado: su artículo tercero, en efecto, afirma que la Confederación  adopta y sostiene el culto católico, y garantiza la libertad de los demás. El proyecto de Pedro de Angelis es más categórico aún: La religión del Estado es la Católica Apostólica Romana, que será protegida por el gobierno y respetada por todos sus habitantes. Los diputados Pedro Alejandro Zenteno, Manuel Leiva y José Manuel Pérez proponen por su parte otras fórmulas en las que se establece la adopción del catolicismo como religión del Estado, y los dos primeros piden además que se la declare única religión verdadera. Pero la mayoría de los constituyentes, incluyendo a los sacerdotes como Benjamín Lavayse y laicos de manifiesta adhesión a la fe católica como Zuviría, opta por sancionar la posición propuesta por la comisión redactora, que se plasma en el texto definitivo: el gobierno, como dice el artículo segundo, sostiene el culto católico.   Los argumentos que se esgrimen para negar al catolicismo la calidad de religión del Estado remiten a la Generación de 1837, explicitada en el Dogma Socialista de Echeverría: El Estado, como cuerpo político, no puede tener una religión, porque no siendo persona individual carece de conciencia propia. El principio de libertad de conciencia jamás podrá reconciliarse con el dogma de la religión del Estado. Reconocida la libertad de conciencia, ninguna religión debe declararse dominante, ni patrocinarse por el Estado: todas igualmente deberán ser respetadas y protegidas, mientras su moral sea pura, y su culto no atente al orden social, idea esta última sostenida anteriormente por el padre Eusebio Agüero en sus Instituciones de Derecho Público Eclesiástico de 1828. Por su parte, el diputado Gorostiaga expresa que el Estado no tiene competencia para declarar si una religión es verdadera o no, ni le incumbe el tema, por tratarse de una cuestión dogmática, y señala además que no todos los ciudadanos de la Confederación son católicos y mucho menos la totalidad de sus habitantes.

Con la sanción del artículo segundo, dio comienzo a la discusión del término sostiene, que daría incluso lugar a fallos de la Corte Suprema de Justicia, sobre si la expresión debe interpretarse como un sostén meramente económico o si, por el contrario se trata de un concepto más amplio que implica proteger y propagar el catolicismo. Por estas última interpretación  parecen haberse inclinados Carlos Tejedor con el proyecto del Código Penal de 1865, y Vélez Sarsfield que en Código Civil  de 1869 hace referencia a religión del Estado.

Dentro de esta situación comienza a presentarse de hecho, por los sectores interesados, que el Estado confirma que los asuntos de la Iglesia forman parte de cuestiones en las que le corresponde entender, mientras que los sectores liberales progresistas consideran a la religión  como un asunto de conciencia individual en la que el mismo Estado no debe intervenir.

Las situaciones históricas relacionadas con el artículo segundo afloran de tanto en tanto y a más de un siglo y medio de aquellas discusiones sobre que debe entenderse por el sostenimiento de una religión determinada, con exclusión de las demás, se aprecia desbordado en la actualidad el espíritu democrático de esa afirmación.

El sentido de la igualdad, núcleo del concepto de democracia, tiene dos caminos a seguir. La abolición del sostenimiento de una religión en particular, o bien darles el mismo beneficio económico a todas las demás registradas en el Ministerio respectivo.  Otra solución es declarar el sostenimiento económico obligatorio de todas las religiones a través de un mecanismo puesto en funcionamiento por el Estado, que abarque a todas las religiones, previa declaración jurada de quienes se consideren miembros de las mismas para la deducción de sus ingresos, excluyendo a quienes no se consideren seguidores de ningún credo. Este caso es demostrativo del valor de la medida por cuanto los laicos, los  indiferentes, los agnósticos o los ateos no tienen razón para pagar el sostenimiento económico de una cuestión de conciencia que les es ajena.

Desde el punto de vista estadístico, también representaría un elemento valioso para contribuir al conocimiento real de las creencias de la sociedad, más allá de los mitos o interpretaciones sectoriales.   El principio esencial  consiste en que las denominaciones religiosas se sostengan económicamente a través de sus fieles sin la participación del Estado

                                                                                                                                                                                         Mayo de 2018

  *El Dr. Francisco M. Goyogana  es Académico de Número de la Academia Argentina de la Historia y autor, entre otras, de Sarmiento y el laicismo. Religión y política, distinguida con la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores ( S.A.D.E.)  2012.            

Primeras firmas:
Rubén Lo Vuolo, Roberto Gargarella, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh, Alicia Lissidini, Patricia Pintos, Enrique Viale*

En el primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos, difundido en febrero de este año, nos ocupamos de la política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. En el presente documento nos interesa abocarnos a presentar un análisis crítico de su política económica.

Tal como dijimos en aquel primer documento, es en el área económica donde el gobierno de Cambiemos utiliza con mayor insistencia la coartada de la “herencia recibida” para justificar los resultados más negativos de su gestión. En esa línea, también sostuvimos que no hay dudas de que los problemas económicos heredados del gobierno anterior eran numerosos: economía estancada y sin acceso al financiamiento internacional, alto y creciente déficit presupuestario financiado por expansión monetaria, sostenida y elevada inflación, mercados de cambio paralelos, creciente déficit externo con ineficaces controles de movimiento de capitales y mercaderías, drenaje de reservas, creciente costo de subsidio a los servicios públicos sin retornos ni en eficiencia ni en inversión. A esto se sumaba un “default selectivo” de la deuda, un nivel de pobreza por ingresos creciente y muy superior a las cifras oficiales, nula creación de empleo privado y marcado deterioro de los servicios sociales públicos.

Sin embargo, a más de dos años de la nueva gestión, muchos de estos problemas no sólo persisten, sino que además las políticas actuales generaron otras dificultades que van delineando un preocupante proyecto económico y social. Entre las políticas emblemáticas que vienen mostrando fracasos preocupantes cabe mencionar la política monetaria de metas de inflación, el estímulo oficial a la renta financiera por emisión de deuda, el descontrolado ajuste de las tarifas públicas sin mejoras en la producción, inversión y prestación de servicios, la errática política cambiaria, el creciente endeudamiento y su impacto cada vez más preocupante en las cuentas públicas, el persistente desbalance de las cuentas externas, la política en materia salarial, etc.

Las políticas del gobierno de Cambiemos indican que tiene más en claro los errores del gobierno anterior que los errores de gobiernos que han aplicado políticas económicas neoliberales en el pasado y en otras latitudes. En realidad, no estamos frente a un ensayo novedoso y original: la historia argentina muestra recurrentes ciclos que van de la crisis de políticas de “expansionismo proteccionista” a la crisis de políticas de “aperturismo neoliberal”. En esa línea, el gobierno de Cambiemos resucitó visiones y políticas cuya inconsistencia se ha probado de modo acabado en el pasado, tanto aquí como en otras economías; políticas que llevan a mayores desigualdades distributivas y que tarde o temprano terminan en crisis del sector externo, monetarias y fiscales.

Desde esta perspectiva, consideramos que debería analizarse el estrecho y confuso debate entre “gradualismo” y “shock” que aparentemente enfrenta a quienes buscan imponer el modelo aperturista neoliberal en el país. Este debate sobre los “ritmos” o la “velocidad” de los procesos en realidad oculta lo verdaderamente importante: los objetivos que buscan dichos procesos. El problema es que el gobierno busca imponer un modelo que profundiza un régimen económico liderado por las rentas extractivistas – ligada a los recursos naturales-, la renta financiera y las ganancias de las corporaciones más concentradas del poder económico. Es en este sentido que hay que entender la “normalización” de la economía de la que constantemente habla el gobierno.

La cuestión de las tarifas de los servicios públicos, y en especial respecto de la energía, ejemplifica lo anterior. La política oficial pretende “recomponer las señales de los precios”, afirmando que así recuperará producción, inversión y autoabastecimiento. Equivoca el camino: la energía y los recursos naturales son bienes comunes, lo cual implica reafirmar su carácter colectivo, colocarlos al servicio del conjunto del sistema económico y social, en una línea de respeto y cuidado por el ambiente. Si bien se trata de un sector económico mercantilizado, su carácter estratégico es evidente a poco que se piense que es un insumo de uso generalizado e ineludible por todos los agentes económicos, por lo cual la política debe contemplar los intereses del conjunto y no sólo de las corporaciones directamente vinculadas al mismo. Lejos de entenderlo así, el gobierno coloca el conjunto del sector energético al servicio de las ganancias corporativas, tal como lo muestra el subsidio a los hidrocarburos, muy especialmente orientados a los no convencionales. Esto explica los resultados desesperantes: sube la inflación y a su vez, baja la producción y la inversión. En otras palabras, con la política oficial los recursos públicos se orientan hacia uno de los sectores más ricos y concentrados de la economía con resultados negativos, mientras resta fondos para sectores socialmente críticos –como la educación y la salud-, a la vez que se incrementan los daños ambientales, tanto a nivel local como global (cambio climático).

Ante las repercusiones negativas de su política, el gobierno pretende compensar el impacto de la suba de tarifas con baja de impuestos sobre los servicios públicos. O sea, para garantizar las ganancias de las corporaciones y sin que se sepa muy bien a cambio de qué, el gobierno alienta la inflación y pierde recursos públicos. Lo anterior no pretende defender la carga impositiva regresiva sobre los consumos energéticos ni tampoco sugiere que debería continuar la política de subsidios del gobierno anterior. Lo que busca es señalar que una vez más la política en esta área estratégica está plagada de contradicciones y al servicio de grupos de interés sectoriales.

Por otra parte, es sabido que la reforma impositiva es una deuda pendiente de nuestra democracia. Más allá de las declamaciones, ningún gobierno se ha abocado seriamente a realizar una reforma progresiva. Así, cualquier gobierno que apuntara a ella, debería efectivamente preocuparse por bajar impuestos regresivos, compensando dicha baja con el aumento de impuestos progresivos, por ejemplo, a los grandes patrimonios de los que parecen disfrutar muchos de los actuales y exfuncionarios públicos, a la elevada renta financiera que garantiza el propio estado, a las grandes herencias, entre otros. No sólo que esta reforma no figura en la agenda de Cambiemos sino que su insistencia en la necesidad de bajar impuestos tiende a agravar el déficit fiscal que sigue en niveles similares al del gobierno anterior. El análisis comparado muestra que el problema no es el nivel de presión tributaria, sino su sesgo regresivo. Y no es este sesgo el que busca cambiar el gobierno que ofreció uno de los blanqueos de capitales más vergonzosos de la historia.

Desde la perspectiva descripta debe comprenderse el fracaso de la política oficial contra otro emblema del pensamiento ortodoxo: la inflación. Aquí no puede fingir “fallas de mercado” ni “herencia recibida”. La persistente inflación se vincula directamente con su ineficaz política monetaria, el crecimiento de los precios de los servicios públicos, la libertad de las corporaciones para formar precios, la errática política cambiaria, entre otros. Es muy preocupante observar que, ante el fracaso de sus políticas contra la inflación, el gobierno sólo propone la baja de salarios reales, el ajuste de beneficios sociales y la mayor suba de tasas de interés. Parece que para el gobierno, para bajar la inflación hay que flexibilizar el trabajo (bajar salarios) y aumentar la renta financiera, mientras se suben tarifas y se bajan impuestos (mayor déficit fiscal).

Otro argumento reiterado por este tipo de ensayo económico es que todo se normalizará cuando lleguen las inversiones externas, gracias a la confianza recuperada en el país. No sólo que las turbulencias financieras recientes contradicen esta expectativa, sino que además la experiencia dice que la inversión productiva depende de elementos que por ahora no están presentes. ¿Quiénes van a invertir genuinamente con una política tan errática y proclive a generar altas rentas financieras de corto plazo?  ¿Cómo se va a generar confianza de largo plazo si la competitividad que se pretende pasa por la vía de menos impuestos y más ajuste de costo laboral? Finalmente, ¿quién va a invertir en un país con endeudamiento, desequilibrios en cuentas externas y fiscales y un gobierno que no logra coordinar su política monetaria y cambiaria? En esta línea, no es extraño que los propios ministros del gobierno declaren tener la mayor parte de su riqueza en el exterior, argumentando que no tienen confianza en que la política oficial cambie las condiciones económicas del país.

Que no se repatrien los recursos de los propios funcionarios de gobierno parece una consecuencia natural de un contexto en donde las políticas agravan cada vez más el déficit en el sector externo, algo que -la historia nos enseña también- representa otra marca registrada de políticas de aperturismo neoliberal. Mientras tanto, sigue creciendo el consumo de argentinos en el exterior, siguen aumentando las importaciones y la salida de capitales (por cierto, otro ejemplo del poco éxito de la confianza que supuestamente generaría el publicitado blanqueo de capitales). Efectivamente, el crecimiento de las reservas solo se debe a la entrada de capitales financieros, los cuales sabemos, tarde o temprano saldrán en busca de “calidad” en el exterior.

 A estas preocupaciones se suma la riesgosa apuesta por las inversiones en infraestructura mediante contratos de participación público-privada. El argumento oficial señala las ventajas de corto plazo: son los privados los que gastan en obras de gran necesidad y visibilidad. Pero lo cierto es que hay muchos costos que son inciertos y se transfieren a futuro, como los de financiamiento y ajuste hasta el final de las obras, sin considerar que otra vez el gobierno compromete múltiples “incentivos fiscales” (desgravaciones y diferimientos de IVA y Ganancias) más avales y garantías que comprometen recursos públicos. Una vez más, la experiencia comparada, fundamentalmente en países con gobiernos afines a la ideología neoliberal de Cambiemos, no es muy positiva en la materia.

También preocupa las reiteradas políticas regresivas en el área laboral. Una vez más se afirma que el empleo debe estar atado al crecimiento, el cual vendría con las inversiones. En su favor, el gobierno esgrime los datos positivos del último año. Sin embargo, la experiencia indica que se trata de un rebote de los pisos previos, el cual está alentado por el empuje de la demanda proveniente del ingreso de capitales, antes que por un resultado de inversión productiva. Además, el empleo que (lentamente) se ha recuperado es sobre todo informal y precario, a lo que se suma la presión por negociar salarios por debajo de la inflación culpando al “costo laboral” de los problemas de competitividad del país. En todo caso, un planteo progresivo apuntaría a estrechar la dispersión productiva y salarial, no a bajar los salarios de quienes menos ganan; basta mirar la experiencia de los países nórdicos para entender que éste es el camino para una economía innovadora, competitiva y sobre todo, más igualitaria.

Otro tema preocupante se advierte en relación con las políticas sociales, tema que merece un documento en sí mismo. En realidad, en este análisis nos interesa destacar la “funcionalidad” que adquiere la política social dentro del esquema propuesto por Cambiemos. El gobierno reivindica hasta aquí la continuidad de algunas políticas sociales de la gestión anterior, reclamando un costado “social”, que supuestamente lo diferenciaría de experiencias neoliberales previas. Sin embargo, los cambios aplicados hasta la fecha están ampliando la dispersión de beneficios, al tiempo que exigen más condiciones de acceso y refuerzan la fragmentación institucional de los beneficios. Así, se profundiza la tendencia heredada del gobierno anterior de degradación de servicios públicos de salud y educación junto con políticas asistenciales cada vez más condicionadas. En esa línea, el gobierno corrobora que las políticas asistenciales heredadas en el área social tenían y continúan teniendo la función de legitimar socialmente la consolidación de un régimen económico liderado por las ganancias y las rentas financieras de las grandes corporaciones.

En suma, basta mirar la historia para alarmarse respecto de los objetivos y los resultados que trae consigo este nuevo ciclo de aperturismo económico neoliberal, sustentado en políticas públicas que favorecen el endeudamiento, el desfinanciamiento fiscal, la renta financiera y las ganancias corporativas. Así, más allá de los matices o especificidades, la historia enseña que con dichas políticas resulta muy difícil que la inversión productiva se recupere, que una política monetaria atenta a garantizar la renta financiera remueva las raíces de la inflación, que la promoción de las rentas extractivas de bienes naturales mejore la desestructuración productiva y la inserción subordinada del país en la economía internacional. Queda claro que, en el área económica, el gobierno de Cambiemos, lejos de representar un gran cambio, sintetiza una fase más, adaptada a los tiempos presentes, de los típicos ciclos de apertura económica neoliberal que suceden a la crisis de un ciclo de expansionismo proteccionista en nuestro país.

La actual crisis y la vuelta el FMI dan cuenta de los problemas estructurales de la estrategia económica del gobierno hasta aquí reseñada. Al igual que sucedió en otras crisis de regímenes neoliberales, el gobierno de Cambiemos reacciona tardíamente a los cambios internacionales, no entiende que la tasa de interés no es un instrumento antiinflacionario en economías como la argentina y tampoco pondera que la política de endeudamiento con desequilibrios estructurales lo vuelve muy vulnerable a los arbitrajes de los especuladores financieros. Tampoco parece comprender que el mercado interno necesita una reactivación que no se va a lograr con erráticas políticas que alteran la relación de precios para cualquier productor. Finalmente, vuelve a cometer un error ya reiterado al pretender que el “riesgo país” se puede bajar con discursos abstractos promercado en lugar de políticas consistentes. Los ajustes circunstanciales del tipo de cambio, la suba del riesgo país, el crecimiento de la inflación son expresión de un conjunto de inconsistencias de la política económica y no de medidas aisladas.

Todo lo dicho hasta aquí arroja conclusiones claras sobre el carácter de este gobierno, reflejado en su política económica: por un lado, se trata de una política abiertamente desigualadora, que genera mayores brechas sociales y beneficia a los sectores más concentrados; por otro lado, sin siquiera garantizar inversiones, consolida una política muy vulnerable por su fuerte dependencia de los mercados financieros y por el sostenimiento de las ganancias a las grandes corporaciones. El reciente anuncio de un acuerdo con el FMI para “apalancar” la continuidad de la política monetaria y financiera es el lamentable broche de un gobierno perdido en su propio laberinto y que lejos de apuntar al futuro retrotrae al país a repetir frustrantes experiencias pasadas. Se termina así el breve auge de crecimiento económico empujado por capitales de préstamo y déficit público. En un país cada vez más endeudado, nuevamente se fortalecen los acreedores y los certificados de buena conducta del FMI. Los impactos negativos en materia económica y social son por demás conocidos. El ciclo económico al que parece condenado el país en la democracia argentina vuelve a repetirse.

                                                                                                                                                             Adhesiones a: espaciopensamientocritico@gmail.com

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Rubén Lo Vuolo: Director Académico e Investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), Buenos Aires, Argentina. Economista, egresado de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y de la University of Pittsburgh (EEUU).Sus últimos libros son: Políticas Públicas y Democracia en Argentina. Crónicas de un País que no Aprende (2017); Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America. From Cash Transfers to Rights (2013); Distribución y crecimiento. Una controversia persistente (2009). Es presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic).

*Maristella Svampa: Maristella Svampa es socióloga, escritora e investigadora. Licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia). Investigadora Principal del Conicet y Profesora Titular de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) de Teoría Social Latinoamericana. En 2006 obtuvo la Beca Guggenheim y en 2016 el Premio Konex de platino en sociología.Sus últimos libros son “Maldesarrollo, La argentina del extractivismo y el despojo” (2014, con E.Viale), “Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo” (2016); “Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, Extractivismo y movimientos sociales en América Latina” (2017) y “La vuelta al páramo” (2018, en prensa). Es tambien autores de tres novelas, “Los reinos perdidos” (2006), Donde están enterrados nuestros muertos (2012) y El muro (2013) todas ellas situadas en la Patagonia.

*Beatriz Sarlo: profesora de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde la reapertura democrática hasta 2003. periodista, escritora y ensayista argentina en el ámbito de la crítica literaria y cultural. Ganadora del Premio Konex de Platino,¹​ del Premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina²​³​ y del Premio Internacional "Pedro Henríquez Ureña" 2015 otorgado por el Gobierno de la República Dominicana.

*Enrique Viale:  abogado UBA del año 2000, luego realizó estudios de posgrado en la misma casa de estudios y se especializó en Derecho Ambiental. – 2004 funda, junto a otros jóvenes colegas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas(AAdeAA). – Es docente en la Facultad de Derecho (UBA) e invitado en otras universidades. Crítico del modelo de “desarrollo” basado en el crecimiento ilimitado, impulsor de los Derechos de la Naturaleza. Impulsor de la Ley de Glaciares durante su trámite parlamentario luego del veto presidencial participando en la debate de las comisiones en las cámaras del Congreso Nacional

*Roberto Gargarella: sociólogo, abogado y Doctor en Derecho UBAires, L.L.M. por la University of Chicago Law School, Master en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, J.S.D. por la University of Chicago, y Post-Doctorado en la Balliol Collage, Oxford.  Es profesor invitado de la Escuela de Derecho de la UTDT, y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la UBA. Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades extranjeras, como Columbia University, Universitat Pompeu Fabra, New York University, University of Bergen y University of Chicago. El profesor Gargarella se hizo acreedor de prestigiosas becas de investigación, entre ellas Fullbright, John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Fundación Antorchas, etc. Es autor de numerosos libros y artículos, publicados tanto en el país como en el exterior. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: The Legal Foundations of Inequality, (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), The Accountability and Democratic Judiciaries in Latin America, Africa, and East Europe (en co-autoría con S. Gloppen et al, Palgrave, Nueva York, 2009).

*Gabriela Massuh: nació en Tucumán. Hizo la licenciatura en letras en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en filología en la Universidad de Erlangen-Nürenberg con la tesis Borges, una estética del silencio (Editorial de Belgrano). 
Incursionó en la narrativa con La intemperie (2008), una verdadera novela de culto de los años de la crisis que comenzó por 2001 en el país. Fue docente universitaria, periodista en temas de cultura, tradujo a Kafka, Schiller, Enzensberger, Rilke y Camus, entre otros. Dirigió el departamento de cultura del Instituto Goethe de Buenos Aires durante más de dos décadas y lo transformó en un centro de intercambio y reflexión sobre temas político-culturales. En el año 2011 fundó la Editorial Mardulce. Su libro más reciente : El robo de Buenos Aires (Sudamericana), una crónica cuyo título lo dice todo: La trama de corrupción, ineficiencia y negocios que le arrebató la ciudad a sus habitantes..

*Patricia Pintos: Geógrafa de la Universidad Nacional de La Plata. Máster en Políticas, proyectos y gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona. Doctoranda en geografía de la Universidad Nacional de La Plata.Directora Directora de GEOGRAFICANDO. Revista de Estudios Geográficos. Departamento de Geografía-UNLP (hasta 2015) Coordinadora del libro "La Privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján). Co-coordinadora del libro “Actores, estrategias y territorio. El Gran La Plata de la crisis de convertibilidad al crecimiento económico”. Compiladora del libro: “Pensar La Plata: Políticas públicas, sociedad y territorio en la década de los noventa”. Coautora del libro “La Planificación estratégica participativa para la planificación urbana y regional”

*Alicia Lissidini: Licenciada en Sociología por la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Master en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales , sede México. Doctora en investigación en Ciencias Sociales, Especialización en Ciencia Política. Facltad Latinoamericana de Ciencias Sociales . (Sede México) Georgetown. Actualmente es profesora adjunta con dedicación exclusiva  en la Escuela de Política de Gobierno de la Universidad de San Martín