Hay temas que, a pesar de tener una presencia constante en la vida de la gran mayoría de las personas, aparecen y desaparecen del radar de aquellos a quienes corresponde reflexionar sobre ellos, sea en el plano científico, cultural o filosófico. Algunos de los temas hoy desaparecidos son, por ejemplo, la lucha social (más aún, la lucha de clases), la resistencia, la desobediencia civil, la rebeldía, la revolución y, subyacente a ellos, la violencia revolucionaria. A lo largo de los últimos ciento cincuenta años, estos temas tuvieron un papel central en la filosofía y la sociología políticas porque sin ellos era virtualmente imposible hablar de transformación social y de justicia. Hoy en día, la violencia está omnipresente en los noticieros y las columnas de opinión, pero raramente se refiere a los temas anteriores.

La violencia de que se habla es la violencia despolitizada, o concebida como tal: la violencia doméstica, la criminalidad, el crimen organizado. Por otro lado, siempre se habla de violencia física, raramente de violencia psicológica, cultural o simbólica y, nunca, de violencia estructural. Los únicos contextos en que a veces la violencia adquiere condición política es la violencia en los países “menos desarrollados” o “Estados fallidos” y la violencia terrorista, considerada (y bien) como un modo inaceptable de lucha política.

En términos de debate filosófico y político, nuestro tiempo es un tiempo simultáneamente infantil y senil. Gatea, por un lado, entre ideas que lo atraen por la novedad y le confieren el orgullo de ser protagonista de algo inaugural (autonomía, competencia, empoderamiento, creatividad, redes sociales). Y, por otro, se deja perturbar por una ausencia, una falta que no puede nombrar exactamente (solidaridad, cohesión social, justicia, cooperación, dignidad, reconocimiento de la diferencia), una falta obsoleta pero lo suficientemente impertinente como para hacerle tropezar en su propia ruina.

Como la lucha, la resistencia, la rebeldía, la desobediencia, la revolución siguen constituyendo la experiencia cotidiana de la gran mayoría de la población mundial, que, además, paga un precio muy alto por eso, la disyunción entre el modo en que se vive y lo que se dice públicamente sobre él hace que nuestro tiempo sea un tiempo dividido entre dos grupos muy asimétricos: los que no pueden olvidar y los que no quieren recordar. Los primeros solo en apariencia son seniles y los segundos solo en apariencia son infantiles. Son todos contemporáneos unos de otros, pero se remiten a contemporaneidades diferentes.

Revisemos, pues, los conceptos senilizados. Lucha es toda disputa o conflicto sobre un recurso escaso que confiere poder a quien lo detenta. Las luchas sociales siempre existieron y siempre tuvieron objetivos y protagonistas muy diversificados. A finales del siglo XIX, Marx otorgó un papel especial a un cierto tipo de lucha: la lucha de clases. Su especificidad residía en su radicalidad (la parte perdedora perdería todo), en su naturaleza (entre grupos sociales organizados en función de su posición frente a la explotación del trabajo asalariado) y en sus objetivos incompatibles (capitalismo o socialismo). Las luchas sociales nunca se redujeron a la lucha de clases. A mediados del siglo pasado surgió el término “nuevos movimientos sociales” para dar cuenta de actores políticos organizados en otras luchas según criterios de agregación distintos de la clase y con objetivos muy diversificados. Esta ampliación no solo ensanchaba el concepto de lucha social, sino que daba más complejidad a la idea de resistencia, un concepto que pasó a designar los grupos inconformes con el estatuto de víctima. Es resistente todo aquel que se niega a ser víctima. Esta ampliación recuperaba algunos debates de finales del siglo XIX entre anarquistas y marxistas, en particular el debate sobre la revolución y la rebeldía.

La revolución implicaba la sustitución de un orden político por otro, mientras que la rebeldía significaba el rechazo de un determinado (o de cualquier) orden político. La rebeldía se distinguía de la desobediencia civil, porque esta, al contrario de la primera, cuestionaba una determinación específica (por ejemplo, servicio militar obligatorio) pero no el orden político en su conjunto. El concepto de revolución se fue alimentando con la Revolución rusa, la Revolución china, la Revolución cubana, la Revolución argelina, la Revolución egipcia, la Revolución vietnamita o la Revolución portuguesa del 25 de abril de 1974 (aunque muchos, como yo, dudásemos de su carácter revolucionario).

La caída del Muro de Berlín restó actualidad al concepto de revolución, aunque el mismo resucitase algunos años después en América Latina con la Revolución bolivariana (Venezuela), la Revolución comunitaria (Bolivia) y la Revolución ciudadana (Ecuador) incluso si en estos casos hubiesen muchas dudas sobre el carácter revolucionario de tales procesos. Con el levantamiento neozapatista de 1994, el Foro Social Mundial de 2001 y años siguientes, y los movimientos indígenas y afrodescendientes, los conceptos de rebeldía y de dignidad volvieron a ser predominantes. Hasta hoy.

Subyacente a las vicisitudes de estos diferentes modos de nombrar las luchas sociales contra el statu quo, estuvieron presentes siempre dos cuestiones: la dialéctica entre institucionalidad y extrainstitucionalidad; y la dialéctica entre lucha violenta o armada y lucha pacífica. Las dos cuestiones son autónomas, aunque están relacionadas: la lucha institucional puede o no ser violenta y la lucha armada, si es duradera, crea su propia institucionalidad. Ambas cuestiones comenzaron a ser discutidas a lo largo del siglo XIX y explosionaron en momentos diferentes al final del siglo XIX e inicio del siglo XX. ¿Por qué las menciono aquí? Porque a pesar, en los últimos treinta años, de haber sido consideradas obsoletas o residuales, ganaron últimamente una nueva vida.

Institucional versus extrainstitucional. Esta cuestión se agudizó con las divisiones en el seno del partido socialdemócrata alemán en vísperas de la Primera Guerra Mundial. ¿Luchar dentro de las instituciones? ¿O presionarlas y hasta transformarlas desde fuera por vías consideradas ilegales? La cuestión siguió su curso durante cincuenta años y pareció haberse agotado con el fin de la revuelta estudiantil de Mayo de 1968. Obviamente que en diferentes partes del mundo continuaron habiendo insurrecciones, guerrillas, protestas, huelgas generales, luchas de liberación; pero de algún modo se fue consolidando la idea de que representaban el pasado y no el futuro, toda vez que la democracia liberal, ahora apadrinada por el neoliberalismo global, el FMI, el Banco Mundial, la ONU, acabaría por imponerse como el único modo legítimo de dirimir conflictos políticos. Todo cambió en 2011 con la ola de movimientos de protesta en diferentes países: las distintas primaveras de revuelta, el movimiento Occupy Wall Street, los movimientos de los indignados, etcétera. ¿Por qué este cambio? Sospecho que la crisis de la democracia liberal se ha venido profundizando de tal modo que movimientos y protestas por fuera de las instituciones pueden pasar a ser parte de la nueva normalidad política.

Lucha armada versus lucha pacífica. La cuestión de la violencia es el tema que el pensamiento político dominante (tan viciado en el estudio de los sistemas electorales) evitó a toda costa a lo largo del siglo pasado. Sin embargo, los protagonistas de las luchas se enfrentaron continuamente con la cuestión en el terreno. Obviamente que no toda violencia es revolucionaria. Durante el siglo XX quienes más recurrieron a ella fueron los contrarrevolucionarios, los nazis, los fascistas, los colonialistas, los fundamentalistas de todas las confesiones y los propios estalinistas después de la perversión de la revolución que emprendieron. Pero en el campo revolucionario las divisiones fueron encendidas: entre los marxistas y maoístas de la India y Gandhi, entre Martin Luther King Jr. y Malcom X, entre diferentes movimientos de liberación del colonialismo europeo y Frantz Fanon, entre movimientos independentistas en Europa (País Vasco, Irlanda del Norte) y movimientos revolucionarios de América Latina. También aquí –a pesar de la continuidad de la lucha armada en el Delta del Níger y en las zonas rurales de la India dominadas por los naxalitas (maoístas)– la idea de violencia revolucionaria y de lucha armada ha perdido legitimidad, de lo cual las negociaciones de paz en curso en Colombia son una demostración elocuente.

Empero, hay dos elementos perturbadores de los que quiero dar cuenta. En muchos países donde la violencia política terminó con negociaciones de paz, la violencia volvió (muchas veces contra líderes políticos y de movimientos sociales) bajo la forma de violencia despolitizada o criminalidad común. El Salvador y Honduras son casos paradigmáticos y Colombia podría serlo. Por otro lado, la lucha armada fue deslegitimada porque falló muchas veces en sus objetivos y porque se creyó que estos serían más eficazmente alcanzados por la vía pacífica y democrática.

¿Y si se profundizara la crisis de la democracia? Uno de los revolucionarios que más admiro y que pagó con la vida su dedicación a la revolución socialista, el padre Camilo Torres, de Colombia, doctorado en sociología por la Universidad de Lovaina, respondió así en 1965 a la pregunta de un periodista sobre la legitimidad de la lucha armada: “El fin no justifica los medios. Sin embargo, en la acción concreta, muchos medios comienzan a ser impracticables. De acuerdo con la moral tradicional de la Iglesia la lucha armada es permitida a una sociedad en las siguientes condiciones:

Haber agotado los medios pacíficos.

Tener una probabilidad bastante cierta de éxito.

 Que los males resultantes de esta lucha no sean peores que la situación que se quiere remediar.

Que haya el concepto de algunas personas de criterio ilustrado y correcto sobre el cumplimiento de las condiciones anteriores” [1].

A un pacifista como yo, que siempre luchó por la radicalización de la democracia como vía no violenta para construir una sociedad más justa, provoca estremecimientos pensar si en muchos países los patrones de convivencia pacífica y democrática no se estarán degradando a tal punto que las cuatro condiciones del padre Camilo Torres puedan tener respuesta positiva.

Notas

[1] Torres Restrepo, C. (2016), Textos inéditos y poco conocidos, vol. 1, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 272.

———————————————————-

*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Artículo divulgado por Público.es,   Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

 

Las narraciones mitológicas contienen siempre un ideal heroico útil para resolver los déficits identitarios congénitos de las sociedades modernas. Uno de las más candentes de la Argentina de nuestros días es el de la “nación mapuche”. Un fenómeno que, como todo aquel que procede de la Patagonia profunda, suele pasar inadvertido para el público de los grandes centros urbanos del país. En determinado momento, un hecho o una escalada lo ponen sobre el tapete de las discusiones nacionales. Tal es el caso de la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, presuntamente solidario con la “causa” del “pueblo originario” austral.

Al menos en lo que va de la década, su expresión más gregaria, la Resistencia Ancestral Mapuche, contabiliza en las provincias de Neuquén, Chubut y Rio Negro setenta y siete atentados bajo la forma de asesinatos e incendios, secuestros extorsivos, robo de ganado y la destrucción de joyas del patrimonio turístico del país. Tal es el caso del incendio de la añosa estación El Maitén y la consiguiente parálisis del convoy a vapor “La Trochita” que ha debido reducir su recorrido de 400 kilómetros a apenas unos 20.

El “mapuchismo” no constituye un fenómeno aislado sino que se inscribe en el más vasto del multiculturalismo emergente de la globalización y de la revolución tecnológica comenzada con el fin de la Guerra Fría. Como toda etapa de aceleración del cambio social, suscita reacciones que idealizan nostálgicamente al pasado feliz de un pueblo étnicamente puro y moralmente sano, corrompido por sucesivas afrentas de la modernidad capitalista injusta y enajenante. Hemos ahí la huella de algunos “intelectuales” indiscernibles de los imanes islamistas que están sembrando el terror en Europa.

La impostura reaccionaria se diseña con el infinito menú de retazos contemporáneos evocativos de la mentada “causa ancestral”. Por caso, el relato explota problemas reales como el justo reclamo de comunidades aborígenes por tierras en disputa en los confines patagónicos, o las promesas incumplidas de gobiernos demagógicos como aquel que les prometió la administración de los parques nacionales de la región.

Su resentimiento con la sociedad moderna induce a los líderes étnicos a abrazar la causa inventada proveyéndolos de armas y de apoyo logístico en contra del “enemigo”. En los pliegues de la “pureza”, sin embargo, también se ocultan algunos designios inconfesables como el robo de tierras o el tráfico de drogas a ambos lados de la frontera. Los conocen; pero también los toleran como insumo inevitable del “cuanto peor, mejor”.

Los ideólogos no son, obviamente, “originarios”. A lo sumo, abusan de algunos valores culturales de las comunidades estratégicamente elegidas fraguando la conversión a sus también inventados “valores milenarios”. Reproducen, sin embargo, un conjunto de repertorios extraídos de la modernidad occidental como la revolución, la anarquía y el antiimperialismo.

No resulta difícil detectar en la impostura la sombra de viejos pensadores europeos decimonónicos que, como Georges Sorel y su ideal de “violencia redentora”, dejaron su huella indeleble en las pesadillas del XX.

Con esos ingredientes pretéritos amalgaman una causa contemporánea que recurre a la Historia para trazar las líneas de la guerra entre “el bien” y “el mal”. De un lado de la trinchera, la conquista española, el imperialismo ingles del siglo XIX, los Estados Nacionales “genocidas” hasta el neoliberalismo global de nuestros días. Del otro, los antiguos “araucanos” desagregados en sus diversas variantes tribales hasta llegar a los mapuches actuales. Valdivia, Roca, Benetton y Macri de un lado; Calfucura, Catriel y Facundo Jones Huala, del otro. Colecciones indiscernibles del Cambalache discepoliano.

Hay otro escenario menos visible pero crucial del combate entre “el bien” y la pérfida razón moderna: las aulas. Sus destinatarios son jóvenes ávidos de una identidad sólida que los convierta en parte de un colectivo justiciero. Pululan por allí los apóstoles de los ideólogos enseñando el mensaje liberador e induciendo a los estudiantes a la violencia irredenta en las calles contra la policía, el “Estado represor”, y el “sistema”; ogro fantasmagórico de sus trillados repertorios conspirativos. Los más extremos, incluso, los invitan a confraternizar con los “pueblos originarios” selectos sumándose a su lucha directa.

El resultado sobre los jóvenes “laburados”, lejos de su pretendido igualitarismo, destaca significativamente la diferencia elitista. Se auto-perciben como los elegidos, dotados de un falso sentimiento de superioridad cultivado en el activismo fraterno entre pares de otras causas análogas: desde el género y la sexualidad hasta un neo-hippismo artístico de indumentaria snob y prácticas entre naturistas y espiritualistas asociadas al consumo de alucinógenos. El resultado: miles de chicos que terminan, como poco, contagiados de la frustración y el resentimiento de sus formadores “setentistas”.

Desactivar este proceso silencioso y gregario que en nombre de la democracia y de la libertad atenta en su contra, constituye uno de los grandes desafíos de los próximos años. Tan difícil como la gobernabilidad de sus estragos culturales desintegradores.

*Jorge Ossona es historiador. Miembro del Club Político Argentino

I.- INTROUCCION

Es sabido que el Derecho del Trabajo -como más tarde las instituciones del Estado de Bienestar- surgieron para atender aspiraciones de justicia y libertad.

También, para atenuar los rigores del trabajo en situación de dependencia y, si acaso, introducir factores de legitimación al modo capitalista de producción, encauzando y arbitrando los conflictos de intereses que le son propios.

A estos orígenes históricos e intelectuales habría, quizá, que atribuir la generalizada convicción de que las reglas del Derecho del Trabajo (me refiero tanto a aquellas de origen estatal y supranacional como a las que son fruto de la autonomía colectiva) tienen por finalidad y efecto distribuir la riqueza en el seno de una determinada demarcación territorial, y limitar el poder de dirección dentro de fábricas y sectores de producción.

Esta difundida convicción suele acotar, de varias maneras, las reflexiones y los debates alrededor del Derecho del Trabajo que se piensa, entonces, como una institución o un conjunto normativo casi excluyentemente jurídico o -cuando se razona con una mayor amplitud-, ceñido al campo de la Política del Derecho.

Soy de los que piensan que muchas de las críticas que se dirigen a la litigiosidad laboral y a su volumen, y buena parte de los debates acerca del muy famoso binomio rigidez/flexibilidad laboral, encierran u ocultan conflictos de intereses descarnadamente económicos.

Pero, muy probablemente, muchos de los defensores de las posiciones que hoy protagonizan los enfrentamientos dialécticos y políticos sobre las regulaciones laborales y su reforma, ignoran o subalternizan factores y consecuencias sociales, generacionales, familiares y humanas que exceden los estrechos campos de las pujas por el poder y la riqueza.

Con la singularidad de que tales críticas y debates tienden a presentarse de manera recurrente como novedades de época; o, lo que es lo mismo, ignorando los antecedentes históricos que tanto enriquecen cualquier análisis sociolaboral que se proponga romper aquellos anacrónicos límites -nacionales o académicos- que aíslan a ciertas formulaciones del Derecho del Trabajo.

Resultaría, a mi modo de ver, empobrecedor un análisis de las reformas laborales socialmente concertadas que ignorara, por ejemplo, los valiosos antecedentes del Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social celebrado en 1954, bajo inspiración del primer peronismo.

O un estudio sobre las leyes del trabajo aislado del contexto jurídico, económico y cultural global.

Sobre todo, si se tienen en cuenta, de un lado, la centralidad del Principio de Libertad Sindical (GOLDIN y H. GARCIA); y, de otro, la no tan reciente supremacía teórica y normativa del Derecho Constitucional del Trabajo que día a día construye y reconstruye el bloque constitucional federal y cosmopolita (RODRIGUEZ MANCINI).

Resultaría igualmente empobrecedor estudiar, en la Argentina, la descentralización de las relaciones colectivas de trabajo y de las normas jurídicas que la niegan o promueven, sin una mirada atenta al histórico proceso de industrialización de la provincia de Córdoba, que nace con la fábrica militar de aviones, en los años de 1930, y culmina, de alguna manera, con el “cordobazo” de 1969.

II. LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En nuestros ambientes académicos existe, ahora, un cierto consenso en el sentido de que el así llamado modelo sindical argentino y la vigente ley de 1988 (fruto de un pacto entre el gobierno radical y el sindicalismo peronista moderado), que vino a reforzarlo, contienen reglas que son contrarias al derecho fundamental a la Libertad Sindical, tal y como ha sido formulado por las normas internacionales aplicables en la Argentina e incluso por nuestro constituyente de 1957.

Este consenso se ha visto reflejado y promovido por varias sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, centradas en el momento puramente asociativo de los sindicatos argentinos; sentencias que han venido a renovar ideas y a facilitar a los trabajadores el ejercicio de algunos derechos sindicales de representación y actuación hasta entonces negados por el corsé que para muchos de ellos representó y representa el instituto de la personería gremial.

Sin embargo, ni aquel consenso ni estas sentencias han logrado alterar los tres cepos que restringen grandemente la Libertad Sindical en la Argentina.

El primero de ellos es el conformado por las reglas estatales y autónomas (estas últimas arraigadas por el pacto no escrito que vincula a los vértices de los principales agentes sociales) que organizan nuestra negociación colectiva. Me refiero a las reglas que monopolizan este derecho en cabeza de los sindicatos con personería gremial y de las organizaciones patronales tradicionales.

Reconocer derechos emanados del principio de Libertad Sindical y, simultáneamente, mantener bajo monopolio a la negociación colectiva es, de alguna manera, aceptar la ficción de sindicatos aparentemente libres, pero en realidad privados del derecho a negociar colectivamente; privación que, en los hechos, alcanza incluso a los casi inéditos convenios de eficacia limitada o irregulares.

Si dejamos de lado usos ambiguos del lenguaje, sindicatos sin derecho a negociar colectivamente, de una u otra manera, las condiciones de trabajo o a los que se restringe su derecho de huelga, son casi cofradías o ramas politizadas antes que verdaderos sindicatos.

Sobre la necesidad científica de considerar a la negociación colectiva un derecho fundamental que integra el Principio de Libertad Sindical ha razonado recientemente (en mi opinión, de modo exhaustivo y convincente) RAMIREZ BOSCO.

El segundo cepo tiene que ver con los estrechos lazos que vinculan al Sistema de Obras Sociales Sindicales (encargado de prestaciones de salud y ocio) con nuestras organizaciones obreras. Lazos que, si bien son promocionales en favor de los sindicatos con personería gremial, terminan asfixiando a los sindicatos simplemente inscriptos.

Estos vínculos, por encima de apelaciones retóricas o enunciados seráficos, no hacen sino reforzar el monopolio de representación que detentan las asociaciones que, actuando en el ámbito de la autonomía colectiva, acceden a aquel reconocimiento por parte del Estado.

En realidad, avanzar -en un terreno pantanoso como éste- hacia la plena vigencia del Principio de Libertad Sindical, implicaría tanto como colocar la gestión de las Obras Sociales Sindicales en manos de entes surgidos del voto libre y directo de todos los afiliados con independencia de sus vínculos con una u otra de las dos modalidades argentinas de sindicato.

Pero, más allá de esta opinión muy personal, lo que pretendo aquí es apuntar la necesidad de que las reflexiones sobre la Libertad Sindical incorporen el análisis de los efectos que sobre su vigencia efectiva tiene el Sistema de Obras Sociales Sindicales tal y como quedó configurado en la Argentina desde los lejanos y oscuros tiempos de 1970.

El tercer cepo deriva, como intentaré explicar ahora, de la construcción de un régimen laboral y sindical unitario, y de la correlativa abolición del federalismo.

III. LIBERTAD SINDICAL Y FEDERALISMO

Cuando, armado de un bagaje teórico más articulado y ya entrado el siglo XXI, comencé a estudiar el funcionamiento efectivo del peculiar Sistema Salteño de Relaciones de Trabajo, fui advirtiendo los efectos (generalmente negativos) del régimen sindical unitario, impuesto -una vez más- por la Nación, a través de una sofisticada combinación de normas estatales y de intereses y símbolos compartidos entre los vértices sindicales y patronales.

Ese régimen unitario está constituido por la abrumadora preferencia de los sindicatos con personería gremial por la forma “unión” en detrimento de la forma “federación”. Pero también por la lenta pérdida de autonomía de los sindicatos locales federados, a consecuencia del peso determinante de las organizaciones obreras que actúan en la así llamada “zona núcleo”, y de la pulsión unitaria que emana del régimen de obras sociales.

Como consecuencia de ambos factores, muchos de los sindicatos del Norte argentino han devenido menguadas sucursales de los vértices que mandan desde esta poderosa Ciudad Autónoma.

Pero el régimen sindical unitario tiene orígenes muy precisos y provoca consecuencias generalmente queridas por sus antiguos diseñadores.

Pienso que ese unitarismo se creó alrededor de una estructura productiva con eje en la “zona núcleo” o “cinturón industrial pampeano”. Un poco para reflejar la realidad industrial de los años de 1940/1950, y otro poco para promoverla y concentrar allí cualquier futura expansión.

La fortísima migración desde Norte hacia la Pampa (que hoy suscita el “tira y afloje” sobre el Fondo del Conurbano Bonaerense) fue una consecuencia probablemente buscada por los estrategas de la industrialización autárquica de la Argentina, y luego preservada por los vértices sindicales y patronales.

Es bueno recordar que el régimen sindical unitario sufrió, en los años de 1960, duros embates democratizadores y federalistas, como lo ha explicado de manera brillante y exhaustiva James BRENNAN en su obra “El Cordobazo”.

Primero, cuando el gobierno radical del doctor ILLIA introdujo reformas parciales a la legislación del trabajo de matriz peronista, pretendiendo instalar cierto pluralismo, y aventurándose en las “quitas zonales” y en el reconocimiento de personería gremial a sindicatos de fábrica de las terminales automotrices.

Y más tarde cuando las izquierdas -ante el estupor del sindicalismo peronista tradicional- lograron controlar el movimiento obrero disidente con base en Córdoba.

Sabido es que este múltiple experimento que, en paralelo a la descentralización industrial, se propuso promover la federalización del movimiento obrero y de las relaciones laborales, concluyó de un modo traumático hacia mediados de los años de 1970.  

Pero lo que me interesa resaltar ahora es la eficacia de la legislación referida a las relaciones colectivas de trabajo sobre la estructura industrial del país. Mientras en una primera etapa preservó las prerrogativas de la “zona núcleo”, más adelante acompañó los fugaces intentos de descentralización, para retornar a los objetivos unitarios iniciales.

Permítanme señalar que el cuasi desierto industrial que es hoy el Norte argentino, es el resultado de medidas promocionales centralistas (fiscalidad, crédito e infraestructura) tanto como del régimen sindical unitario al que vengo refiriéndome. adoptados ambos por los Gobiernos de la Nación para favorecer a la “zona núcleo”.

Dicho de otro modo: La legislación del trabajo defiende a muchos trabajadores del interior empobrecido bajo una condición prioritaria: Que emigren al conurbano bonaerense.

A estas alturas, pienso que está llegando el momento de preguntarse si el tantas veces aquí aludido régimen sindical unitario (resultado de la confluencia de la voluntad estatal y de la voluntad de los vértices sindicales y patronales) es compatible con el Principio de Libertad Sindical y con el federalismo proclamado por nuestra Constitución Nacional.

Adelanto mi opinión que considera inconstitucional al régimen sindical unitario en tanto y en cuanto está modelado por estructuras reconocidas -muchas veces en illo témpore– por el propio Estado, y se articula a través de organizaciones a las cuales el mismo Estado ha rodeado de prerrogativas excluyentes.

IV. NEGOCIACION COLECTIVA Y FEDERALISMO

Como vengo señalando, el modelo argentino de negociación colectiva impuesto por la Ley respectiva está altamente centralizado y resulta, en mi opinión, contrario al Principio de Libertad Sindical. Mientras que la centralización deriva de la paralela estructura de los sindicatos y de las cámaras empresarias, la colisión con la Libertad Sindical se produce a raíz del monopolio otorgado a quienes gozan de personería gremial y se refuerza con las prácticas unitarias de sindicatos y patronales.

Se trata, pues, de un centralismo convalidado por decisiones consuetudinarias adoptadas por los principales actores del régimen sindical unitario (que en buena medida está replicado en la estructura organizativa de nuestra patronal).

Señalo, por poner un ejemplo significativo, que en Salta se negocian periódicamente sólo dos o tres convenios colectivos de trabajo (en los sectores del azúcar y de la minería), con la curiosidad de que tales negociaciones se desarrollan en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. 

Las características y magnitudes del régimen unitario de negociación colectiva pueden verse en los trabajos de ALDAO ZAPIOLA que han puesto de manifiesto la preeminencia cuantitativa (medida en cantidad de trabajadores cubiertos) de los convenios colectivos de ámbito nacional.

Este sesgo unitario se ve con mayor claridad cuando se toma en cuenta la localización de las organizaciones productivas que pactan convenios de empresa o establecimiento (una modalidad en ininterrumpido auge desde los años de 1990). Dicho en otros términos: la tendencia descentralizadora que traduce el aumento de los convenios regionales y de empresa, solo se verifica en el centro del país.

A su vez, las “ventanas” abiertas por la legislación noventista para favorecer la descentralización, no han sido utilizadas de manera significativa.

V.- CONSECUENCIAS SOCIALES DEL MODELO DE PRODUCCIÓN Y RELACIONES LABORALES

He señalado antes que, como muchos piensan, las normas orientadas a regular el trabajo asalariado en sus aspectos individuales y colectivos inciden en el reparto de la riqueza y en la distribución de los poderes sociales.

Es igualmente evidente que los diseños de los Sistemas de Relaciones Laborales adoptados por cada país resultan influidos o condicionados por los respectivos modelos de producción (me refiero al capitalismo en sus diversas versiones y matices), tanto como por situaciones económicas coyunturales o internacionales y por las nuevas tecnologías.

Un ejemplo tomado de la “ingeniería laboralista” puede ilustrar esta idea: Una cosa es diseñar o reformar un Sistema nacional de Relaciones Laborales en el marco de una economía de mercado, cerrada, con libertad cambiaria e inflación, y otra muy distinta es hacerlo dentro de una economía abierta, con paridad monetaria fija y precios estables. Por no citar sino algunos de los factores económicos que los expertos en Políticas Laborales han de tomar en consideración.

Estos vínculos condicionantes impregnan la tarea de esos “ingenieros laboralistas”, vale decir, de los expertos sociales (no solo juristas) encargados de diseñar, reparar, hacer funcionar y modernizar los sistemas de relaciones del trabajo.

Pero lo que quiero poner aquí de manifiesto es algo quizá menos conocido. Me refiero a las consecuencias sociales o extralaborales que acarrean las regulaciones del trabajo asalariado.

Y no me refiero sólo a las derivaciones que se traducen en empleo, desempleo, pobreza, decencia, indecencia o regularidad del trabajo; tampoco a las consecuencias puramente económicas de las regulaciones sobre el costo laboral unitario. Me refiero a los efectos que esas regulaciones producen, a mediano plazo, en las relaciones de familia y en el desarrollo de las personas.

Por supuesto no es este el momento de profundizar en este, para mí, apasionante asunto.

Por lo tanto, me limitaré a señalar que la decisión que adoptaron varios países en los años de 1990 (la Argentina entre ellos) de fragmentar el mercado de trabajo en dos segmentos -uno tutelado según los criterios tradicionales y otro reservado a jóvenes y mujeres que dispondrían de menores derechos laborales-, se tradujo, en los países más desarrollados, en una persistente caída en las tasas de natalidad y en la consecuente necesidad de “importar mano de obra”.

Entre nosotros, y probablemente por la labilidad de las reformas, los efectos fueron bastantes diferentes. En cualquier caso, añadieron una nueva segmentación en el mercado de trabajo sin llegar a reducir los niveles de empleo no registrado. Esta relativa inocuidad, en términos de empleo, de las reformas intentadas en los noventa podría hacer pensar que la generación de puestos de trabajo depende, antes que de las reglas laborales, de la paridad monetaria, de los términos internacionales de intercambio, de las políticas de comercio exterior o, como no, de la evolución de la formación profesional y la productividad. 

Concluyo este punto expresando que, a la hora de reformar las reglas laborales, además de pensar en la distribución de la renta y del poder, resulta conveniente o preciso pensar en la necesidad de promover y sostener formas de integración social, territorial y familiar.  

VI.- EL MODELO SUECO DE BIENESTAR

Hacia 1970 los socialistas suecos liderados por Oloff PALME publicaron el manifiesto titulado “La familia del futuro: una política socialista para la familia”, que habría de tener enorme influencia en las políticas sociolaborales impulsadas por la social democracia europea.

Aun cuando las dimensiones y calidades de nuestro Estado de Bienestar estuvieron y están muy lejos del horizonte sueco, este Manifiesto y sus derivaciones llegaron también a influir en algunas fuerzas políticas y corrientes intelectuales argentinas.

Si bien en muchas partes del mundo se sigue pensando en el modelo sueco como el punto de llegada del bienestar y la felicidad, han comenzado a surgir, cuarenta años después, algunas reflexiones críticas.

El ideal de independencia individual alcanzado en buena medida en Suecia, y otros países nórdicos, está siendo controvertido por recientes estudios que constatan que uno de cada dos suecos vive solo, y que uno de cada cuatro suecos muere solo sin que nadie reclame su cuerpo.

Tales constataciones están incrementando los llamados a revalorizar prácticas culturales y familiares con eje en la interdependencia de las personas (BAUMAN). Entiendo que estos llamados no pueden ser desoídos por los sistemas de relaciones laborales ni por las estructuras que son propias del Estado de Bienestar.

Me atrevería, para cerrar esta exposición, a dejar apuntada una hipótesis y una duda: 

La hipótesis: Mientras que en el mundo desarrollado la ruptura del tejido social y de las relaciones interpersonales constructivas y pacíficas ha comenzado a producirse en las capas altas y medias que disfrutan de empleos estables y bien retribuidos, en las áreas más pobres del Norte argentino la incipiente destrucción del tejido social ocurre como consecuencia de la combinación letal de desocupación, narcotráfico, adicciones y violencia machista.

La duda: ¿No habrá llegado el momento de replantearse la decisión de concentrar la riqueza y el empleo en la “zona núcleo”, y generar un esfuerzo de reconstrucción del Norte argentino que contemple el fin de los privilegios de los que gozan los actores del régimen unitario de relaciones laborales y sindicales?

Sobre todo, ahora. Cuando el homo sapiens parece cerca de crear sus propios sucesores, y recrudecen las preguntas sobre la “Mejora Humana” (HARARI, 2015). No sería entonces mala idea aventurarnos en la mejora del empleo, las relaciones laborales y el bienestar en la Argentina -que es también sus regiones extra pampeanas-, y definir en qué deseamos convertirnos.  

 

BIBLIOGRAFIA

ALDAO ZAPIOLA, Carlos “Breve historia de la negociación colectiva” (la edición en castellano se encuentra en prensa).

BAUMAN, Zygmunt “Vidas desperdiciadas”, Editorial PAIDOS, España – 2013.

BAUMAN, Zygmunt “Estado de crisis”, Editorial PAIDOS, Buenos Aires – 2016.

BELINI, Claudio “La industria peronista”, Editorial EDHASA, Buenos Aires – 2009.

BILINKIS, Santiago “Pasaje al futuro”, Editorial SUDAMERICANA, Buenos Aires – 2014.

BITRAN, Rafael “El Congreso de la Productividad. La reconversión económica durante el segundo gobierno peronista”, Editorial EL BLOQUE, Buenos Aires – 1994.

BRENNAN, J. P. “El cordobazo”, Editorial WALDHUTER, Buenos Aires – 2015.

CARO FIGUEROA, José Armando “Huelga y Derecho de Huelga”, en el “Tratado de Relaciones Colectivas de Trabajo”, Tomos II y III, Editorial LA LEY, Buenos Aires – 2014.

CORTE, Néstor “El modelo sindical argentino”, Editorial RUBINZAL-CULZONI, Santa Fe – 1988.

GARCIA, Héctor Omar

GOLDIN, Ardían O.

HARARI, Yuval N. “Sapiens. De animales a dioses”, Editorial DEBATE, España – 2015.

RAMIREZ BOSCO, Luis “La libertad sindical de negociar colectivamente”, en la obra dirigida por Jorge RODRIGUEZ MANCINI “Libertad Sindical”, Editorial ASTREA, Buenos Aires – 2016.

RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge “Derechos fundamentales y relaciones laborales”, Editorial ASTREA, Buenos Aires – 2004.

ROUGIER, Marcelo “La industrialización en su laberinto”, Editorial UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, España – 2015.

SCHWAB, Klaus “La cuarta revolución industrial”, Editorial DEBATE, España – 2016.

 

*Ex Fiscal de Estado de la Provincia (1973), ex Ministro de Trabajo de la Nación (1993/1997)

 

 

 

 

 

Las transformaciones que se suceden en todo el mundo en el ámbito del trabajo están alterando la conexión entre el empleo, el desarrollo personal y la participación comunitaria. Se calcula que para 2030 se necesitarán más de 600 millones puestos laborales nuevos, solo para mantenerse a la par del crecimiento demográfico.

Eso equivale a unos 40 millones de empleos por año. También existe la necesidad apremiante de mejorar las condiciones de 780 millones de mujeres y hombres que trabajan pero no ganan lo suficiente para salir de la pobreza de apenas dos dólares por día.

Sobre estos temas principales, que afectan principalmente al presente y al futuro de la juventud, y en particular a los grupos más vulnerables, como las mujeres, los migrantes, las comunidades rurales y los pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea siete preguntas clave.

•¿Cómo gestionarán las sociedades estos cambios?

•¿Unirán o separarán a las economías industrializadas, emergentes y en desarrollo?

•¿De dónde vendrán los empleos del mañana y cómo serán?

•¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta la juventud en su transición al mundo laboral?

•¿Cuál es el camino para lograr un crecimiento inclusivo sostenible para las generaciones futuras?

•¿Cuáles son las nuevas formas de la relación laboral y en qué medida esta seguirá recibiendo muchas de las protecciones que se otorgan actualmente a las trabajadoras y los trabajadores?

•¿Qué iniciativas podrán revitalizar las normas e instituciones existentes o crear nuevas formas de regulación que puedan ayudar a enfrentar los retos actuales y futuros de la gobernabilidad?

Estas preguntas fueron prioritarias en el simposio El futuro del trabajo que queremos: Un diálogo global, organizado por la OIT en su sede en Ginebra los días 6 y 7 de este mes.

¿Por qué?

En todo el planeta, en economías en distintas etapas de desarrollo, se están produciendo cambios profundos en la naturaleza del trabajo, indica la OIT, y agrega que numerosos y diversos factores los explican, como el cambio demográfico y el climático, la innovación tecnológica, la variación en los patrones de prosperidad y pobreza, la creciente desigualdad, el estancamiento económico y el carácter cambiante de la producción y el empleo.

“Las transformaciones que presenciamos ahora nos desafían a imaginar el futuro del trabajo a largo plazo para dirigir esta evolución hacia la justicia social. La creciente ansiedad generalizada acerca de si el futuro producirá una mayor polarización dentro y entre los países trae urgencia a esta tarea”, destacó la OIT.

Reconociendo la urgente necesidad de comenzar a recabar la experiencia mundial para hacer que el futuro del trabajo sea el que queremos, la OIT presentó la Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo.

El simposio giró en torno a cuatro “conversaciones centenarias”: trabajo y sociedad, empleos dignos para todos, organización laboral y producción, y la gobernanza del trabajo. El evento reunió en Ginebra a pensadores y actores internacionales que están a la vanguardia de los debates sobre la temática.

Se dedicó un período extraordinario de sesiones a debatir las perspectivas y opiniones de los jóvenes, incluidos los representantes de los interlocutores sociales, en el futuro del trabajo que habrán de experimentar.

El crecimiento económico decepciona

“Nos enfrentamos al doble reto de reparar los daños causados por la crisis socioeconómica mundial y de generar empleos de calidad para las decenas de millones de nuevos participantes en el mercado de trabajo cada año”, declaró el director general de la OIT, Guy Ryder.

El crecimiento económico continúa decepcionando, tanto en los niveles como en el grado de inclusión, explicó. “Esto pinta un panorama preocupante para la economía global y su capacidad de generación de empleos suficientes. Y mucho más para trabajos de calidad”, agregó.

La “persistencia de niveles elevados de formas vulnerables de empleo combinadas con una clara falta de progreso en la calidad del empleo – incluso en los países donde las cifras globales están mejorando – son” alarmantes”, se quejó Ryder.

La publicación de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017 prevé que las formas vulnerables de empleo – es decir, los trabajadores familiares contribuyentes y los trabajadores por cuenta propia – se mantendrán por encima de 42 por ciento del empleo total, equivalente a 1.400 millones de personas.

De hecho, casi la mitad de los trabajadores en los países emergentes tienen formas vulnerables de empleo, llegando a más de 80 por ciento del total en los países en desarrollo, señaló Steven Tobin, economista principal de la OIT y autor principal del informe.

En consecuencia, se prevé que el número de trabajadores con empleos vulnerables crezca en 11 millones por año, siendo el sur de Asia y África subsahariana las regiones más afectadas.

Mientras tanto, se prevé que la tasa global de desempleo aumente ligeramente de 5,7 a 5,8 por ciento este año, lo que equivale a 3,4 millones más de desempleados, según un nuevo informe de la OIT.

En 2017 habrá poco más de 201 millones de desempleados en todo el mundo, con un aumento adicional de 2,7 millones previstos para 2018, ya que el crecimiento de la fuerza de trabajo superará la creación de empleo.

El desempleo es serio en América Latina, el Caribe y África subsahariana

Los autores del informe advierten que los desafíos del desempleo son particularmente serios en América Latina y el Caribe, donde las cicatrices de la reciente recesión tendrán un importante efecto residual en 2017, así como en África subsahariana, que también pasa por su menor nivel crecimiento en más de dos décadas.

Por el contrario, el desempleo debería disminuir en 2017 entre los países industrializados, de 6,3 a 6,2 por ciento. Pero el ritmo de la mejora se está desacelerando y hay signos de desempleo estructural entre los países ricos.

Tanto en Europa como en América del Norte el desempleo de larga duración sigue siendo alto en comparación con los niveles previos a la crisis y, en el caso de Europa, sigue aumentando a pesar de las tasas de desempleo.

Otra tendencia clave que destaca el informe es que la reducción de la pobreza laboral está disminuyendo, lo que pone en peligro las perspectivas de erradicación de la pobreza, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Se prevé incluso que el número de trabajadores que ganan menos de 3,10 dólares por día aumente en más de cinco millones en los próximos dos años en los países en desarrollo.

^* Egipcio de nacimiento y nacionalizado español, Kamal tiene más de 40 años de experiencia como periodista profesional, Asesor del Director General de IPS para Medio Oriente y el Norte de África y Director del Servicio en Árabe de IPS.

^**Este artículo integra la cobertura de IPS sobre el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de Mayo

.

 

   Fuente: La Nación 1-9-17

La Corte Suprema examina en estos días el reclamo de un conjunto de ONG de Salta, por la discriminación de niños no católicos en las escuelas públicas, donde la enseñanza de la doctrina católica es obligatoria. Reclaman por la igualdad de derechos y contra la discriminación de los ciudadanos. El caso, sin embargo, llama la atención sobre el papel de la Iglesia Católica en la enseñanza pública y, más en general, sobre un cierto avance del clericalismo, entendido como la prerrogativa asumida por los clérigos de dirigir los asuntos públicos.

El tema, que no es exclusivo de la Iglesia Católica, animó en el occidente medieval la lucha entre el imperio y el papado. En el siglo XIX, la consolidación de los modernos Estados centró esos conflictos en cuestiones concretas, como el matrimonio civil, que remitían al lugar de Dios en un Estado secularizado. En 1870 el papado, encerrado en el Vaticano, declaró que la Iglesia universal era una "fortaleza sitiada". Con esa clave, los católicos del mundo explicaron la situación de la Iglesia en cada uno de sus países.

En la Argentina no hubo "Iglesia sitiada". Por el contrario, desde la Organización Nacional la Iglesia creció pari passu con el Estado que la sostenía. Las zonas de conflicto se fueron dirimiendo, aunque, a diferencia de los vecinos Uruguay y Chile, no se llegó a la separación completa de Iglesia y Estado, y muchas cuestiones quedaron sin resolver.

Los desencuentros interpretativos fueron grandes en el tema educativo. Según los católicos, el Estado monopolizó la educación, excluyendo a la Iglesia, educadora natural. Pero la Constitución de 1853 había garantizado la libertad de enseñanza, y siempre hubo una variedad de ofertas educativas, religiosas, étnicas o simplemente privadas. El Estado creó su propio sistema educativo y compitió exitosamente con los privados en un mercado abierto, ofreciendo gratuidad, excelencia y un laicismo bien visto en una sociedad abierta, móvil, integrativa y plural. Tampoco se abandonó el principio federal, pues la ley 1420, basada en la "escuela de Sarmiento" de la provincia de Buenos Aires, rigió sólo en la Capital Federal y en los territorios nacionales.

En el siglo XX el papado cambió el tono. Pío X se propuso "restaurar a Cristo en todas las cosas" y Pío XI postuló: "Cristo vence, reina y manda". La "Iglesia triunfante" se aprestaba a reconquistar la sociedad y el Estado. En la Argentina ese programa cobró vida pública en los años 30. El Estado incrementó sus apoyos, se multiplicaron obispados y parroquias y la Acción Católica organizó a sus militantes. Mientras los católicos ganaban las calles, los capellanes castrenses conquistaron la imaginación de los militares. Una cruzada impondría la nación católica, marginando a quienes eran ajenos a ella. En 1943 el objetivo pareció logrado, cuando el gobierno militar impuso en todas las escuelas del Estado la enseñanza religiosa, ya presente en muchas provincias. Previamente, católicos y nacionalistas habían denigrado largamente la escuela laica y su emblema, Sarmiento.

Del régimen de 1943 surgió el peronismo, que renovó los pactos con la Iglesia, aseguró la enseñanza religiosa e hizo suya la Doctrina Social católica. El corporativismo de la encíclica Quadragesimo Anno inspiró la doctrina justicialista de la Comunidad Organizada. Era parecida al reino de Cristo, pero a la vez diferente, en parte por el estilo modernizador del peronismo, pero sobre todo por la inevitable colisión entre el peronismo y la Iglesia, dos instituciones unanimistas y aspirantes a conducir la unanimidad.

La relación con Perón terminó muy mal. Los sueños del reinado de Cristo alentaron a quienes apoyaron al general Onganía en su lucha contra la subversiva modernidad y en pro de una sociedad comunitaria; también inspiraron a quienes proclamaron que la violencia del pueblo conduciría al triunfo de Cristo encarnado. Ambos grupos de católicos compartían un ideal: un mundo en el que los clérigos construyen el reino de Dios en la Tierra.

Entre esos dos extremos, el grueso de la Iglesia optó por salir del centro de la escena y comportarse como un actor corporativo más -como los sindicalistas, los empresarios o los militares-, organizado para presionar al Estado y obtener algunos objetivos en campos acotados: las costumbres modernas, la mediación en los conflictos sociales y la educación.

En su larga lucha contra la pecaminosa "vida moderna", pese a algunos éxitos circunstanciales, la Iglesia viene retrocediendo en una sociedad crecientemente secularizada. Su lucha sin desmayos sólo le permite retrasar la aprobación legal de cambios ya aceptados por la sociedad, incluidos los católicos, como ocurrió con el divorcio.

En cambio, la Iglesia viene triunfando en su pretensión de ser la gran mediadora en los conflictos sociales. En tiempos del anticomunismo, la mediación de un sacerdote garantizaba que quienes protestaban no eran subversivos. Desde 2001 la Iglesia fue la convocante natural de las grandes mesas de consenso, suerte de eucaristía donde los problemas se solucionarían sobre la base de una creencia compartida, regulada por el privilegiado mediador.

La idea no carece de mérito en un país enfermo de facciosidad. Pero no es la única posible, y probablemente no es la que dé resultados más sólidos. En una sociedad los conflictos son muchos, sus protagonistas son diferentes y cada acuerdo es específico. Sobre todo, porque son conflictos reales y no meros malentendidos. Deben explicitarse, discutirse y dirimirse, y cada acuerdo resultará de una transacción en la que se cede, se gana y se van ajustando las opiniones.

En materia de educación, luego de la decepcionante imposición manu militari de la unidad en la fe, la Iglesia eligió un perfil más bajo. Multiplicó sus escuelas confesionales y presionó al Estado para que las sostuviera adecuadamente, un beneficio que también alcanzó a otras confesiones y a emprendedores privados, que en conjunto compensaron el deterioro vertiginoso de la escuela estatal. A la vez, su avance sobre las escuelas públicas se desarrolló en provincias lejanas del núcleo del debate público y donde su influencia local era mayor. Son muchas las que introdujeron la enseñanza obligatoria de la doctrina católica, que el caso de Salta pone en debate. Hoy el modesto y deteriorado sistema público es la única opción para quienes no pueden pagar otra educación. Y para ellos, en esas provincias la única opción es confesional. Una modesta realización, al fin, del reino de Dios en la Tierra.

Visto en conjunto, el avance actual del clericalismo es inquietante. Lo es para quienes desconfían de todos los unanimismos y apuestan a consolidar un terreno público plural y pluralista. En el mundo del catolicismo hay corrientes de opinión diferentes. Algunos se lamentan del clericalismo y están convencidos de que un apartamiento del Estado -y aun una renuncia a su sostén- redundaría en favor de una espiritualidad más auténtica y responsable. Creo que así todos viviríamos mejor.

*Historiador