Fuente: “Otra Parte Semanal”

Aunque el Zeitgeist (o espíritu de la época) no aparece en ningún calendario, el apocalipsis en curso ya cuenta con efemérides que nos lo recuerdan incluso antes de que acontezca. El suceso fundamental acaso sea el inicio del Antropoceno, período que supone un corte con el Holoceno, la época posglacial de los últimos diez o doce mil años. Más allá de las dificultades que existen para datar esta nueva fase y decidir quiénes serán sus próceres y cómo debería ser conmemorada en las escuelas (¿es un día, un año o un siglo lo que define el comienzo oficial de una era geológica?), hay teóricos que sitúan su origen durante la expansión de la agricultura en tiempos del Neolítico, hace unos nueve mil años, mientras que otros aducen que los seres humanos hemos adquirido la capacidad de alterar las condiciones geofísicas del planeta —y con ellas, el régimen climático; y con él, la posibilidad de supervivencia de numerosas especies— recién a fines del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, génesis de nuestro mundo de Efecto Invernadero.

En esta encrucijada histórica que tanto Naomi Klein, en Esto lo cambia todo (2015), como el papa Francisco, en su encíclica Laudato si, comparan con la crisis nuclear que tuvo en vilo a la humanidad durante la Guerra Fría, el cambio climático se perfila como la herramienta del biopoder en los siglos venideros. Continuación por otros medios de los campos de exterminio nazis, la mecanoesfera del capitalismo global, con su cámara de gas a cielo abierto, produce “la ilusión generalizada de que, a medida que la biosfera de la Tierra es aniquilada o destruida de un modo irreparable, los seres humanos podrán desvincularse de ella como por arte de magia” (Jonathan Crary, 24/7. El capitalismo tardío y el fin del sueño, 2015). Pero somos nosotros los que derretimos los glaciares y destruimos la flora y la fauna; nosotros, los que contaminamos el agua, la tierra y el aire, los que deforestamos y desertificamos, los que elevamos el nivel del mar e inundamos ciudades, los que producimos huracanes y los bautizamos. Por eso, una antropología del Antropoceno debería proponerse estudiar cómo los seres posnaturales que somos hemos dado forma, en pocas generaciones, a una Madrastra Naturaleza con los genes de Frankenstein.

En el año 2000, el Premio Nobel de Química Paul J. Crutzen y Eugene F. Stoermer, especialista en ciencias del mar, propusieron la idea del ingreso en una nueva era geológica a sabiendas de que el uso industrial del carbón fue lo que comenzó a elevar las concentraciones globales de dióxido de carbono, tal como lo demuestran los análisis del aire atrapado en el hielo del Ártico. Hace poco, Crutzen dijo estar más inclinado a proponer el comienzo de los tests nucleares como marcador clave (golden spike) del Antropoceno. Una idea que ha ido ganando terreno entre los expertos en el último tiempo (el 16 de julio de 1945, fecha de la primera detonación nuclear de la historia, se suma así a nuestras efemérides del fin del mundo), del mismo modo en que la masificación del consumo de materiales como el aluminio, el hormigón y el plástico a partir de mediados del siglo XX, y el impacto en el ecosistema de los radionucleidos dispersados por los ensayos con armas atómicas, han transformado desde entonces el paisaje de rascacielos y smog de nuestro Edén antropogénico.

En “¿Hay un mundo por venir?” (Otra Parte – Duración, 2015), el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro y la filósofa Débora Danowski vinculan esta superposición del inicio de la era atómica con la del Antropoceno a un cálculo que hizo el climatólogo James Hansen sobre el desequilibrio energético que sufre el planeta, el cual sugiere que el calor que se acumula a diario en sus “reservorios” (el océano, los glaciares y la tierra) equivale a la explosión de cuatrocientas mil bombas atómicas (esto es, cuatro bombas de Hiroshima por segundo). Como director del Goddard Institute of Space Studies de la NASA, fue Hansen quien en 1988 dio el alerta ante un comité del Senado de su país sobre los crecientes riesgos del efecto invernadero, lo que puso por primera vez el tema del calentamiento global en la agenda pública. Pionero en la lucha contra el cambio climático, Hansen no dudó en calificar como “un fraude y una farsa” el acuerdo firmado en la Cumbre del Clima de París, el primero que logró reunir el consenso de una amplia mayoría de países en la corta historia de este tipo de cumbres. Frente al triunfalismo con que se anunció la noticia el 12 de diciembre de 2015, Hansen no tuvo reparos en argüir que el documento no adopta ninguna medida para la urgente descarbonización de la economía, algo que el panel de científicos que participó del encuentro ya había advertido antes de que los políticos se sentaran a descorchar champaña. En una conferencia de prensa, Kevin Anderson, asesor del gobierno británico y director adjunto del Centro Tyndall, había denunciado que lo que plantea el documento “no es consistente con la ciencia” y que no hay en él ninguna referencia a los combustibles fósiles, “aun cuando se sabe que debemos mantener el noventa por ciento de las actuales reservas en sus orígenes”. Y esto es literal: las palabras “combustible fósil”, “petróleo”, “carbón” y “energías renovables” no aparecen en el texto.

Lejos de conminar a las naciones más ricas a recortar con premura su nivel de emanaciones, el acuerdo establece que todos los países “se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible” (sic), dándoles así luz verde para un aumento en el corto y mediano plazo. En lugar de especificar una fecha tentativa para este insólito período de gracia (lo único que se aclara es que “los países en desarrollo tardarán más en lograrlo”), lo que el documento propone es, una vez alcanzado ese techo, “reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con la mejor información científica disponible” (sic), para lograr un “equilibrio” en la segunda mitad del siglo XXI. Pero aun creyendo que un descenso abrupto de las emisiones fuera posible (¿tendrán en mente la gráfica del crack del 29, o la de la caída de Lehman Brothers en 2008?), lo que parecen olvidar los alquimistas de la ONU es que el dióxido de carbono depositado en la atmósfera tarda cientos de años en disiparse, por lo que es probable que todavía esté flotando, en algún lugar del firmamento, la primera molécula carbónica expelida por la primera máquina de vapor que puso a andar James Watt en 1784.

De hecho, el acuerdo entrará en vigor recién en 2020, fecha en que se tendrán que revisar “al alza” las metas de reducción de GEI que cada nación puso sobre la mesa. A diferencia del Protocolo de Kioto, donde se intentó fijar metas obligatorias y sólo se logró cubrir el once por ciento de las emisiones globales tras la defección de los países más contaminantes, con Estados Unidos a la cabeza, el objetivo primordial del acuerdo de París es que el aumento de la temperatura media de la Tierra se ubique a fines de siglo “muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales” (hoy el calentamiento global está a punto de exceder los 0,8 °C, lo que de por sí ha multiplicado los eventos climáticos extremos), para lo que cada país ha presentado un programa “voluntario” de reducción de emisiones. De lo que se trata es de “seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C” (sic), aun cuando las contribuciones propuestas por los países firmantes “no son compatibles con los escenarios de 2 °C de menor costo sino que conducen a un nivel proyectado de 55 gigatoneladas [de carbono] en 2030”. Lo que implicaría, en rigor, un calentamiento global de entre 3 y 4 °C para fines de este siglo. ¿Se entiende ahora lo farsesco y lo fraudulento del asunto? Prometen un calentamiento global de 1,5 °C sobre la base de propuestas de recortes de emisiones que, sumadas y proyectadas, duplicarían (cuanto menos) ese aumento de temperatura (de por sí catastrófico), y lo celebran con los brazos en alto.

¿Pero acaso olvidan los malabaristas de la ONU que cada décima de grado representa millones de muertos y de refugiados climáticos y un estrago creciente en los ecosistemas? ¿En qué cambia que se invoque en el acuerdo “la importancia que tiene para algunos el concepto de ‘justicia climática’” (sic), si no se hace nada por reglamentarla y tornarla efectiva? Junto con el alerta que se da sobre la “particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático”, ¿no debería aclararse también que la agroindustria es una de las principales causas de deforestación y de contaminación del ambiente? ¿Y por qué se omite la variable de que a mediados de siglo vivirán en el planeta más de nueve mil millones de personas? ¿Será porque la ONU acató hace rato la “demografía de libre mercado” por la que Ronald Reagan bregaba en los años ochenta?

En un texto plagado de vaguedades y generalidades, donde las propuestas se reducen, en muchos casos, a una declaración de buenas intenciones, algo sobre lo que se hace hincapié es promover “la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono”. Una medida cuyo sentido común estaría libre de toda suspicacia si no se adivinara detrás al lobby petrolero, buscando ampliar su margen de maniobra. Con coherencia ¿conspirativa?, en el acuerdo no se consideran luchas como la desinversión en combustibles fósiles, ni se procura desalentar el fracking y la explotación de arenas bituminosas; no se les concede a los países más perjudicados por el cambio climático —casi siempre los más pobres— la posibilidad de iniciar acciones legales por “daños y perjuicios”; no se explicita cómo se podría evitar que los gobiernos sigan echando mano a trucos contables para maquillar sus cifras de emisiones; no se mencionan las condiciones que impuso el gobierno de Estados Unidos para que el texto no tuviera que pasar por el Capitolio, donde cuenta con mayoría el bloque de negacionistas del cambio climático; no se le dedica ni una sola línea a la necesidad de crear un marco regulatorio para las emisiones del transporte transfronterizo de bienes (con sus buques portacontenedores y sus barcos petroleros), las cuales no se atribuyen legalmente a ningún Estado; ni se habla, por supuesto, de la imposibilidad ontológica del capitalismo de solucionar un problema que él mismo ha creado y que forma parte del sentido autodestructivo de su existencia. “Sobre todo una vez que aceptamos que la crisis del cambio climático está con nosotros y puede pervivir como parte de este planeta durante mucho más tiempo que el capitalismo” (Dipesh Chakrabarty, “Clima e historia: cuatro tesis”, 2009).

Pero ya no es el hombre como tal, sino una reacción en cadena desatada por él lo que produce todo esto. Parafraseando a Le Corbusier, la humanidad es una catástrofe en cámara lenta. Hoy el único proyecto eugenésico deseable para los seres humanos sería convertirnos en liliputienses. Dejar de querer medir diecisiete metros y conformarnos con uno setenta. Más allá de que muchos políticos no están dispuestos a aceptarlo, hace tiempo que el huevo de Colón se fríe sobre nuestras cabezas. “Nuestro presente es el Antropoceno; este es nuestro tiempo. Pero es un tiempo que se nos va revelando como presente sin porvenir”, escriben Danowski y Viveiros de Castro. “Aunque haya empezado con nosotros, muy probablemente terminará sin nosotros: el Antropoceno recién deberá dar lugar a otra época geológica mucho después de que hayamos desaparecido de la faz de la Tierra”. ¿Se cumplirá el vaticinio de Lenin de que algún día un simio sostendrá el cráneo de un humano y se preguntará de dónde proviene? Si de algo podemos estar seguros es de que no será el Mesías el que vendrá a terminar lo que los primates comenzaron: será el mismo Homo sapiens, arqueólogo, paleontólogo de sí mismo.

                                                                         enero, 2016

*Es editor de OTRA PARTE SEMANAL

La desvinculación de empleados estatales siempre enciende polémicas. Las esperables posturas antagónicas están repletas de trillados planteos, la mayoría de ellos falaces y plagados de una fragilidad argumental evidente.

El Estado no produce nada, ninguna riqueza. Se financia con el dinero de los que sí la generan, quitándoles a ellos una porción importante de su esfuerzo para solventar las aventuras y experimentos de los gobiernos de turno, esas que casi siempre involucran ineficientes procesos y peores resultados.

La remuneración del individuo despedido no sale del aire. Se obtiene solo con la previa acción coercitiva del Estado, que exprime vía impuestos, o cualquier ardid equivalente, a miles de individuos, en contra de su voluntad.

No existe magia, ni panfleto que lo explique. El dinero no se multiplica espontáneamente. Eso ocurre cuando los individuos crean bienes y servicios que la sociedad valora al punto de estar dispuesta a pagar por ellos. Si esta lógica elemental no se entiende, la discusión tiene muy poco sentido.

Cuando una persona se queda sin su retribución todo parece una mala noticia. Claro que el involucrado está en problemas, molesto con la decisión, pero el análisis no puede agotarse enfocándose solo en su percepción.

La clásica mirada que prolifera por estas latitudes, dirá que un desocupado es un problema social, sin considerar las múltiples consecuencias que tiene en la comunidad, la anterior quita de recursos que el Estado instrumenta sometiendo a los ciudadanos y obligándolos a financiar a quien no produce.

Si esos impuestos no hubieran detraído recursos de los individuos, estos se hubieran volcado a la actividad productiva generando trabajo genuino y decente en idénticas o superiores proporciones y en función de su eficiencia.

Existe cierto consenso en que alguien que no trabaja no merece recibir una compensación. Por eso los que cobran sin trabajar, solo reciben el desprecio de una sociedad que avala sus cesantías sin sentir culpa alguna.

Aparece entonces un retorcido razonamiento que intenta justificar a quienes cobran pero trabajan, sin evaluar la verdadera utilidad de su rol, ni considerar si el puesto que ocupa cumple alguna función práctica.

Muchos trasnochados creen que una persona que no contribuye con la sociedad debe ser igualmente subsidiada por el resto, siempre a través del Estado. Para ellos, la situación de este ciudadano es solo una indeseada consecuencia de las condiciones generales de la economía, de su acotado acceso a la educación, de su entorno social, o hasta de su mala suerte.

Según esos "sensibles" ciudadanos, en esa precaria circunstancia, el sujeto debe ser auxiliado por todos, a través del uso de la fuerza pública que ejerce el Estado fijando gravámenes que permitan sostener a ese indefenso.

Esa perversa dinámica no solo denigra a ese ciudadano, colocándolo en una indigna posición de inútil, inepto e incapaz, sino que se convierte en su definitiva condena a permanecer en la pobreza de la que jamás saldrá.

No se ayuda a ese individuo otorgándole un puesto estatal como dádiva aunque ello implique una remuneración, ni regalándole un subsidio sin contraprestación. Se trata de que haga el intento de formarse, capacitarse y entrenarse para ser útil a la comunidad desde un lugar que lo enorgullezca.

Los que creen que el Estado debe abordar esa misión, tienen la enorme oportunidad de constituir una organización, recaudar fondos, aportar su dinero y llevar adelante ese proyecto con su sacrificio personal, sin recurrir a la ridícula pretensión de que la sociedad solvente su piadosa genialidad.

No faltará aquel que afirme que el Estado genera riqueza. Habrá que desafiarlo a explicar como lleva su teoría al terreno de lo empírico haciendo que todos vivan de un salario público, para luego ver como se las ingenia para cubrir esas erogaciones sin tener contribuyentes a quien esquilmar.

La solución a la pobreza no pasa por aumentar ni sostener empleos públicos. De hecho, un creciente gasto estatal es una garantía de que esa sociedad seguirá transitando el camino de la precariedad. Muchos seguirán repitiendo hasta el cansancio que el Estado es el único empleador disponible y que hasta que no florezcan nuevas empresas, habrá que seguir así.

No comprenden como funciona la economía. Eso no sucederá nunca, no solo porque el Estado asfixia a la iniciativa individual, sino porque cuando un nuevo empleador entre al ruedo no requerirá de esos asalariados que pululan en los gobiernos, acostumbrados a su habitual letargo ineficaz, sin exigencias. Reclutará sus colaboradores allí donde estén los más calificados, los que demostraron talento y no buscará a los menos preparados.

Es imperioso reducir el tamaño de la nómina estatal. No solo habrá que eliminar los salarios de aquellos que no trabajan, sino también aquellos puestos que no brindan utilidad para la sociedad que los financia. Nadie debería seguir defendiendo la abultada cantidad de empleados del Estado, cuando es evidente que con menos se pueden lograr los mismos resultados.

De nada servirá esa decisión si esos dineros malgastados se redistribuyen en los actuales vericuetos burocráticos del Estado. Para que valga la pena, deben volver rápidamente a sus legítimos propietarios, a esos que generan riqueza, mediante una urgente y sostenible reducción de impuestos.

Por cruel que les parezca el comentario a los susceptibles corazones contaminados por la ideología imperante, si esto no sucede y esos recursos se dilapidan en forma de subsidios disfrazados al subempleo crónico, esos individuos nunca tendrán un ingreso digno, ese que se recibe solo como premio merecido al trabajo bien hecho. Se puede analizar todo esto como siempre o hurgar un poco en el otro lado de los despidos estatales.

*Periodista.Consultor Privado en Comunicación, Analista Político,Conferencista Internacional, Presidente de la FUNDACIÓN CLUB DE LA LIBERTAD, Miembro de la Comisión Directiva de la RED POR LA LIBERTAD,Columnista de INFOBAE en Argentina,Columnista de DIARIO, EXTERIOR de España, Columnista de EL CATO de EEUU,Conductor del los ciclos radial  y televisivo EXISTE OTRO CAMINO.Ha publicado más de 470 artículos en 15 países de habla hispana

Premio a la Libertad de la Fundación Atlas 2006

Premio Periodista del Año de Corrientes, por Fundación Convivencia en 2002 y 2011

Premio Corrientes por la labor periodística en 2013

Los argentinos recién empiezan a calibrar  las consecuencias de la "década ganada".  Esos ídolos  del reino pop que pretendieron hasta inventar la propia historia argentina, con la aquiescencia de los "aplaudidores" prebendarios, recorrieron estrechos y cortos caminos  entre módicos aplausos de quienes padecen  de una miopía intelectual que los ha llevado a la destrucción de las Instituciones de la nación, incluyendo a la misma República, han dejado una mala herencia.  No se trata solo del déficit fiscal o de las perdidas oportunidades que ofrecieron los vientos favorables de la economía universal.

El daño que se ha hecho es más profundo porque es cultural.

A lo largo de una docena de años, pero sobre todo en los últimos ocho finales de la monarquía K, su acción ha deteriorado las bases simbólicas e institucionales que toda República necesita para funcionar.

El matrimonio de apetencias imperiales, regente de una República que fue modelo en el país mismo y reconocida como tal en el resto de América y el  mundo, apeló a la vitalidad de una manera antigua y tosca de gobernar, que cree  que las intenciones, que son por supuesto las de ellos, son más importantes que los resultados y que los procedimientos no cuentan.

El "modelo", como lo titularon, estaba integrado con una irracional improvisación ineficiente, preferible a políticas públicas bien diseñadas, dotadas de un marco de ejecución estable y debidamente evaluadas.

Con la pareja "real" se deterioró la gestión democrática inspirada desde 1983, porque privilegió el control político sobre el diálogo ciudadano. Por eso  el Estado se llenó de comisarios políticos, se ocultó información y  blindaron la corrupción y los horrores de gestión con un Congreso de escribanía, mayoritariamente regimentado.

El dúo modélico atentó contra el esfuerzo bicentenario por hace un uso más responsable de los dineros públicos. Contra lo que dice un discurso mentiroso, el clientelismo estaba, sin embargo, en declive.  A pesar, también, que el matrimonio "majestuoso" consolidase el crecimiento explosivo de la cantidad innecesaria de funcionarios públicos  y el malgasto de cientos de millones en monedas fuertes, sin que nadie se hiciera responsable.

El "complejo" K convirtió la que debía ser una respetable política exterior, en un festival de folklorismos  que pusieron a una noble República del lado de dictaduras  a todas luces manifiestas o encubiertas, y que volvieron a hacer parte de una coalición infame contra grandes democracias del mundo, para transformar a la República en un obsecuente totalitarismo contrario a la libertad democrática.

Con gestos y palabras, los K han manifestado  que ser "vivos" es más importante que ser inteligentes, que escapar a una pregunta con una guarangada es propio de un político hábil, y que el insulto y el sofisma son las armas principales del debate público.  Todo esto resultaría  en una docencia negativa, cuyas señales a la larga y a  la corta, deterioraran la cultura cívica.

Resta ahora la conversión del legado político y cultural de los K, en un retorno a los valores de las Instituciones comprendidas en la Constitución Nacional.

Esta no es sólo una tarea de la anterior oposición, hoy gobernante, sino también de esa parte que sin ser antes oposición, han pasado a serlo ahora en su propio terreno genérico, con lo que parecen demostrar que aún conservan de algún modo las convicciones republicanas, y que ahora comienzan a descubrir los efectos de sus propios errores y vacilaciones, para salvarse de la herencia.

*   Miembro de Número del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia

De La representación corporativa obrera a la barrial-territorial. La trama institucional

Luego de evaluar el proceso histórico de construcción de la pobreza en términos cuantitativos; analicemos otros matices, con énfasis en sus implicancias políticas y culturales. Una de las primeras características del núcleo más duro de los sectores empobrecidos fue la des salarizacion con sus concomitancias descolectivizantes que, asimismo, fueron cambiando las percepciones subjetivas de los afectados.

El desempleo o la precarización supusieron el fin de la cobertura  corporativa sindical que debió ser reemplazada por otras, sobre todo en las situaciones de extrema emergencia. Durante los picos de las sucesivas crisis  – 1981, 1989, 1995 o 2001-  sus expresiones más representativas fueron las ollas populares vecinales que, en realidad, manifestaban varias cosas al mismo tiempo: en primer lugar, una organización social preexistente; y en segundo, un tránsito de las formas de representación corporativa sectorial por otras de sesgo territorial-barrial. Dicho en otros términos, las familias encontraron en sus barrios un espacio de acción y organización en su lucha por la subsistencia que fue progresivamente institucionalizándose

La nueva pobreza estructural supuso, entonces, una mutación organizacional ya insinuada en líneas anteriores. Las insuficiencias materiales indujeron a reforzar viejas redes mutuales que abarcaban desde clubes, parroquias y templos de distintas religiones, centros vecinales y culturales, sociedades de fomento o aun el domicilio de antiguos militantes que debieron añadir a sus viejas funciones políticas otras sociales que desbordaron y hasta eclipsaron a las anteriores. Ya en los 90, sobre todo durante la crisis del Tequila en 1995, aparecieron otras formas de organización como los piqueteros y fogoneros en los enclaves productivos energéticos del interior que rápidamente se extendieron hacia barrios y asentamientos de los grandes centros del Litoral.

Todas ellas configuraron un conjunto muy denso que sustituyo la identidad corporativa por la barrial-territorial. Desde allí, los nuevos pobres se las ingeniaron para concentrar recursos alimentarios y ayudas sociales más específicas  en torno de la salud o el cuidado de la infancia. Muchas de estas organizaciones, particularmente aquellas lideradas por antiguos sindicalistas o punteros políticos, obtuvieron el reconocimiento de las autoridades municipales y provinciales que le confirieron el estatus de “organizaciones intermedias”.

 En torno de ellas, fue cobrando forma una nueva modalidad de dominación en la que el estado fue trasmutando sus políticas sociales universales por  otras que dieron en denominarse “de foco” consistentes en subsidios fragmentarios que abarcaban desde bolsas de alimentos, suministro de nutrientes básicos como leche, huevos o polenta hasta empleos informales públicos o privados, subsidios  educativos básicos y atención primaria a la salud planes.

A medida que el escepticismo en torno de una reintegración por la vía del mercado se fueron extendiendo los denominados planes subsidiarios de la desocupación crónica. Así, se transitó del PAN radical y de los bonos solidarios de la primera etapa menemista a los planes como Trabajar y Barrios Bonaerenses de urbanización o autoconstrucción de viviendas. Luego de 2001,  se añadió el semiuniversal “Jefas y Jefes de Hogar”; y  ya en los 2000, la única política de alcances universales –no obstante imperfectos- como la “Asignación Universal por Hijo” (AUH) conjugada con un neo cooperativismo laboral en estrecha dependencia del estado. Lo transitorio devino entonces en definitivo, confirmando la “estructuralidad” de la pobreza.

El nuevo modo de dominación resulto funcional respecto de  la consolidación de una oligarquía funcionarial profesionalizada en contacto, a través de sus operadores, con  los mediadores de las organizaciones territoriales -institucionalizadas o no- genéricamente denominados “militantes sociales”. Estos organizan y distribuyen diferenciadamente  las prebendas entre sus núcleos subordinas de familias extensas, comunidades religiosas, centros deportivos, etc.

El sistema conjuga la redistribución de recursos materiales con el reconocimiento de las diversas identidades culturales sustitutivas de las antiguas en torno del trabajo, la política y la religión, que ahora pasan por la estética, el futbol, el barrio, o las diversas actividades de la nueva economía de la pobreza por donde circulan los recursos.

La fragmentación concomitante reproduce frecuentes conflictos internos que requieren la autoridad de “militantes sociales” fuertes –la condición necesaria de su legitimidad es el temor y la capacidad para hacer “cumplir los códigos”-– tanto a nivel territorial institucional como social; aunque a veces esa conflictividad sea inducida desde la propia política para garantizarse lealtades más previsibles o por la competencia entre operadores de distintas facciones dentro del Estado.

La ayuda social, en suma, supuso un cambio cultural en lo relativo a las políticas públicas. Conforme el estado fue abandonando las universales, los beneficios dejaron de poseer el carácter de “derecho” para adquirir un sentido neo filantrópico más asociado al “deber moral” de funcionarios o asociaciones de la sociedad civil. Surgió, así, una nueva ciudadanía que se conjuga con identidades soldadas moralmente. Se afincan allí desde las actividades de subsistencia hasta la producción colectiva  el voto porque todo ello se halla ligado por el neofilantropismo de la nueva clase política convertida en oligarquía.

Hemos allí las células básicas se la transformación del estado sustituido por la política, la pulverización de los partidos devenidos en apéndices de la burocracia administrativa, la consagración de partidos de Estado y de gobiernos electores con su saga de clientelismo e  incluso de prácticas fraudulentas requeridas para compensar la autonomía persistente de las otras dos terceras partes de la sociedad.

*Historiador. Miembro del Club Político Argentino