En su nota "Pretérito recurrente en la Argentina de los ex", publicada en la edición del diario 
La Nación del 8 de enero de 2004, el periodista Pablo Mendelevich afirma: "… Afortunadamente ningún presidente argentino, dicho sea de paso, fue víctima de magnicidio, como en Estados Unidos, 
donde van por cuatro…".

Sin mencionarlos por su nombre, Mendelevich se refiere a los asesinatos de los presidentes Abraham Lincoln (15/4/1865), James A. Garfield (19/9/1881), William McKinley (14/9/1901) y John F. Kennedy (22/11/1963).

En nuestro país, los presidentes Domingo F. Sarmiento, Julio A. Roca e Hipólito Yrigoyen salieron ilesos de sendos atentados.

El atentado contra Sarmiento

A las 9 de la noche del 23 de octubre de 1873, Sarmiento salió de su domicilio de la calle Maipú entre las de Tucumán y Temple (hoy Viamonte), subió a su carruaje indicándole al cochero que lo llevara a a la casa del Dr. Dalmacio Vélez Sársfield en la calle Cangallo (hoy Tte. Gral. Juan D. Perón).

Al cruzar la calle Corrientes, dos sujetos hicieron fuego. Sin detenerse a averiguar si el Presidente había sido o no herido, el cochero apuró a los caballos y llegó rápidamente a destino. Sarmiento -que por ser sordo no había oído los disparos- recién se enteró ahí de que habían atentado contra su vida.

Los criminales fueron los hermanos Guerri en complicidad con Aquiles Sesabrugo, por dinero recibido de Carlos Querencio, a cuya cabeza Sarmiento había planeado ponerle precio conjuntamente con la de su hermano Mariano y las de otros partidarios de Ricardo López Jordán.

El magnicidio fracasó porque los delincuentes habían cargado en exceso sus trabucos, uno de los cuales les reventó en la mano. El análisis químico efectuado después reveló que las balas estaban envenenadas con sublimado corrosivo y los puñales con sulfato de estricnina.

El atentado contra Roca

El 10 de enero de 1886 Roca, acompañado de sus ministros, generales, almirantes y altos funcionarios, se dirigió a pie desde la Casa Rosada al Congreso (1) para inaugurar las sesiones correspondientes al último año de su primera presidencia. Cuando la comitiva llegó al portal del edificio, un individuo se separó del público y se abalanzó sobre el Presidente golpeándolo en la cabeza con una piedra.

El agresor (2) intentó repetir el golpe, pero los acompañantes más próximos al Presidente, entre los que se encontraba Carlos Pellegrini, ministro de Guerra y Marina, lo sujetaron y lo entregaron a la policía. Roca ingresó al recinto, y después de que el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, le vendó la herida, ocupó el sitial de la presidencia e inauguró el período parlamentario.

(1) Ubicado entonces en Balcarce 139, hoy sede de la Academia Nacional de la Historia.
(2) Se llamaba Ignacio Monges, un semidemente a quien Roca perdonó.

El atentado contra Yrigoyen

Al mediodía del 24 de diciembre de 1929 Yrigoyen salió de su domicilio de la calle Brasil para dirigirse a la Casa de Gobierno. Acompañado por su médico, el Presidente ascendió al automóvil oficial que conducía un policía a cuyo lado viajaba un comisario. A los pocos metros, un sujeto saltó desde un zaguán hasta la acera y luego hacia el coche presidencial empuñando un revólver e hizo fuego, fracasando en su intento. Los policías que van en el coche de custodia acribillan a balazos al asesino y llevan su cuerpo a la comisaría.

Yrigoyen, que ha subido a un taxi, llega a la comisaría, contempla el cadáver del criminal y lamenta su muerte. Luego concurre al hospital donde están heridos los dos policías que lo acompañaban, y de allí se dirige a la Casa Rosada.

Estos episodios, poco recordados, matizan las presidencias de Sarmiento, Roca e Yrigoyen y, en cierta medida, redondean las imágenes políticas de esos mandatarios.

Referencias:
Braun Menéndez, Armando. Roca. Las dos presidencias. Emecé editores. Buenos Aires, 1990.
Del Mazo, Gabriel. El Radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina. Tomo II. Ediciones Suquía.
Buenos Aires, 1983.
Gálvez, Manuel. Vida de Sarmiento. Editorial Tor. Buenos Aires, 1952.
Gálvez, Manuel. Vida de Hipólito Yrigoyen. El hombre del misterio. Editorial Club de Lectores.
Buenos Aires, 1976.
García Godoy, Cristián. Los XII Presidentes (1850-1910). Editorial Full Life/Vida Plena. 
Buenos Aires/Washington DC, 1999.
www.whitehouse.gov/history/presidents

La multitudinaria manifestación popular del 18 de febrero debe interpretarse como un punto de partida, como el nuevo comienzo de una nación que hace ya mucho tiempo perdió el rumbo.

El nuevo rumbo puede empezar auspiciosamente, pero también puede transformarse en otro fracaso, en una vuelta al pasado más oprobioso. De lado  del partido gobernante ya ha comenzado con amenazas, mentiras y hasta disparates dichos por la presidente.

El derrotero del progreso, las paz y el Estado de Derecho será siempre laborioso, como es la vida de los pueblos, pero será menos traumático si encaramos nuestro futuro, sin inútiles reproches, sin ánimo de venganza, procurando sumar a todos a un comienzo armonioso, dejando de lado a los energúmenos del círculo íntimo que no hacen más que enardecer a los argentinos.

Uno de los peligros que se corren es la tentación a revisar el pasado con ánimo de sanción es muy grande y comprensible. Todos tenemos cuentas a cobrar y hay muchos que las tienen que pagar.

Sin embargo podemos revolcarnos en el lodazal pretérito o aspirar a una epifanía de la república, armoniosa, generosa, custodia de las libertades y promotora del bien común.

Quienes ya tenemos muchos años y experiencia sabemos que la venganza, el reproche exagerado, solo conduce a mas enfrentamientos, a mas desasosiego,  a mas rencores.

Quienes gobiernan desde el 25 de mayo de 2003 no han dejado de promover la discordia, el enfrentamiento y el odio entre los argentinos. Lo han hecho con un empeño tan exitoso como dañino, no solo para la ciudadanía; también para ellos y para quienes dicen representar y defender, pues las consecuencias son para todos.

Ahora, en las postrimerías de su autoritario, corrupto e ineficaz gobierno, se empeñan en ensañarse contra todos aquellos que no comparten sus ideas, no toleran sus transgresiones a la ética, a la democracia y a la república, amenazando a quienes se oponen al lamentable estado en el que dejarán al país.

La tarea que tendrá el próximo gobierno y con él todos los argentinos, es de una entidad mayúscula. Habrá que enmendar tantos entuertos que serán necesarios toda la energía y todos los recursos para encaminar a la nación hacia el desarrollo y crecimiento, la educación, la seguridad, el equilibrio fiscal, la modificación de las relaciones con el mundo, el diseño de una política de defensa adecuada a los tiempos y sobre todo la paz de los espíritus.

Se entiende y se comparte el fastidio de quienes han sufrido la persecución, la agresión, la cerrazón a todo intento de diálogo. Se comprende la voluntad de justicia que abrigan quienes hemos visto el latrocinio descarado, la corrupción rampante, la obscena riqueza, mostrada sin pudor por funcionarios públicos y por allegados advenedizos, a quienes la democracia, la república y las libertades no les importan y las aprovechan para sus conductas delictuales.

Se comprende también el afán de justicia que abrigan muchos encarcelados por el canallesco contubernio entre el gobierno y sectores políticos que se empeñaron y empeñan en tergiversar la historia y vulnerar las garantías constitucionales con la anuencia de muchos jueces y fiscales.

Todo ese cúmulo de agresiones y vulneración de principios justifica el deseo de venganza que anida en muchos corazones.

Sin embargo la venganza es una mala consejera, además de una respuesta primitiva. Habrá que distinguir, con mucha cautela, entre quienes cometieron delitos y aquellos que solo acompañaron a un gobierno que prometió mucho y no cumplió, además de impulsar el odio entre conciudadanos.

Quienes hayan delinquido tendrán que ser sometidos a los jueces, pero esos mismos jueces deberán hacer un examen de conciencia y reparar el daño que sus conductas han producido durante estos últimos años.

Si, en verdad, los argentinos queremos un nuevo punto de partida deberemos elegir, para gobernar a la nación, a quienes a acrediten idoneidad e intachable conducta moral y sobre todo, no volver a enfrentamientos perimidos que sólo mantienen abiertas heridas del pasado.

Si eso es el corolario de la marcha del 18 de febrero deberemos recordarla con alborozo.

Si no aprendemos las lecciones de la historia sufriremos su incansable repetición.

                                                                                            23 de febrero de 2015.

Entre 1932 y 1936 Leopoldo Melo fue   ministro del Interior del presidente Agustín      Pedro "Tuncito" Justo.    Melo renegó del ideario del Partido Radical y      asumió posiciones reaccionarias. Durante su ministerio persiguió y castigó con cárceles y  exilios a sus ex correligionarios, abjurando del Partido por el cual fuera elegido Diputado      Nacional y Senador por la provincia de Entre   Ríos. Renunció como ministro cuando advirtió      que el candidato elegido por Justo para sucederlo –fraude mediante– no era él sino   su colega de gabinete Roberto Marcelino Ortiz.

La Sección Especial de la Policía Federal, creada por la dictadura de José Félix "von Pepe" Uriburu, bajo la conducción de Leopoldo "Polo" Lugones (h) perfeccionó sus métodos para obtener declaraciones: desde las sesiones húmedas con aplicación de la picana eléctrica, la inmersión del detenido colgado de los piés en tachos con excrementos (el "submarino") hasta simulacros de fusilamiento.(1) Esa abyección sustituyó a "la hora de la espada" anunciada por Lugones padre el 11 de diciembre de 1924 en el Perú en el acto en celebración del centenario de la batalla de Ayacucho.

"Lo imperdonable hubiera sido no crear la Sección Especial", fue la respuesta de Leopoldo Melo en la Cámara de Diputados al ser interpelado el 5 de septiembre de 1934 por aplicación de la tortura. Melo aseguró que las acusaciones contra esa dependencia policial "eran leyendas de la oposición".(2)

Cuando el 23 de julio de 1935 fue asesinado el senador Enzo Bordabehere en pleno recinto del Senado de la Nación, Melo, a la sazón en Santiago del Estero, envió un telegrama condenando el asesinato y exigiendo su investigación. De regreso en Buenos Aires, Justo le recordó que era uno de los candidatos a presidente y Melo se calló la boca, (3) lo cual explica el que la investigación no quiso identificar al autor intelectual del crimen.

Desde 1932 gobernaba la provincia de Santa Fe el dirigente demócrata progresista Luciano Molinas. Su administración fue la más honrada y dinámica que recuerdan los santafesinos: promovió reformas legislativas destinadas a descentralizar el poder, asegurar los derechos políticos, la vigencia del régimen municipal, la independencia del Poder Judicial y el imperio de la legislación laboral, saneó las finanzas, desarrolló un amplio plan de obras públicas, creó el Fondo Escolar y la ley de Parques y puso en marcha la reforma agraria con la subdivisión de latifundios, la implantación de impuestos al ausentismo y el aumento de la valuación de la tierra libre de mejoras. Reimplantó la Constitución de 1921, vetada en su tiempo por el gobernador Enrique M. Mosca a solicitud del presidente Hipólito Yrigoyen.

Pero, en 1935 el presidente Justo necesitaba borrar del mapa electoral al gobierno de Santa Fe. Al respecto, dice Félix Luna en Conflictos y armonías en la historia argentina (Buenos Aires, Planeta,1997):

          Los electores presidenciales, demócrata progresistas de la provincia de Santa Fe unidos a los electores radicales de   otros distritos (Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán), aun sin contar con las minorías ya existentes,   aniquilaban la continuidad de la Concordancia en la próxima renovación presidencial. ¡Una simple suma condenaba a    Santa Fe!
          En los últimos días de septiembre de 1935 entra sorpresivamente al Senado un proyecto de ley para intervenir Santa Fe    bajo el pretexto de que allí se estaba aplicando la Constitución de 1921, que a juicio del Ejecutivo Nacional era nula.   ¡Justo [y Melo] recuperó la memoria a los tres años de estar vigente esa Constitución!
          El Senado aprobó sobre tablas el proyecto pese a las protestas de Lisandro de la Torre [y de Francisco Correa]. La   Cámara de Diputados se quedó sin quorum y las sesiones ordinarias terminaron. Entonces Justo decidió la intervención    por decreto. 

Poco antes Melo había dicho que antes de intervenir Santa Fe se cortaría la mano, pero fue él quien redactó el decreto de intervención y no murió manco.(4)

Y continúa Félix Luna:

           Se designó interventor al coronel [Luis César] Perlinger. Un año y medio más tarde, a través de las elecciones más   escandalosas de esos años –que abundaron en ellas– el poder se entregó a Manuel "Manucho" de Iriondo, despintado    figurón que garantizaba a Justo el triunfo de su candidato en los próximos comicios presidenciales.
           El campeonato de la infamia lo ganaba la intervención en Santa Fe porque en ese episodio se reunieron todas las 
           mañas del régimen gobernante: la duplicidad de Justo, la hipocresía que hacía cubrir con solemnes palabras los actos  más injustificables, la frialdad en el cálculo de tiempo y oportunidad, el desprecio por la voluntad mayoritaria y  la   opinión pública. Fue el hecho más innoble, más irritante, más condenable de la década clausurada el 4 de junio de 1943.

La Constitución de la Provincia de Santa Fe de 1921

El 8 de julio de 1920 la Legislatura sancionó la ley N° 2003 declarando necesaria la reforma de la Constitución vigente, disponiendo que la reforma comprendería el preámbulo y casi todo el articulado de aquélla. La Convención se instalaría en la ciudad de Santa Fe y tendría 90 días de mandato. El 31 de octubre de 1920 fueron electos 60 convencionales: 36 radicales y 24 demócrata progresistas. Esta Convención y la nueva Constitución dictada plantearon a la provincia problemas políticos y legales que repercutieron hasta 1935.

Las reformas introducidas fueron: supresión del preámbulo, eliminación de la religión católica como religión del estado, prohibición de las loterías y juegos de azar, sanción de la inamovilidad de los empleados públicos y regulación de los actos de las intervenciones.

Estableció un capítulo sobre el régimen económico y del trabajo y, con respecto al régimen electoral, ordenó que los senadores fueran electos a pluralidad de sufragios a razón de uno por cada Departamento salvo la Capital que elegiría dos y Rosario tres. 

Determinó que el estado"propenderá a mejorar las condiciones de vida y de asistencia social, fomentará y protegerá la producción, la cooperación, la mutualidad y el ahorro, fijará la jornada máxima y el salario mínimo, destinará una parte de la renta fiscal para la construcción de casas para obreros, reglamentará el trabajo de los menores y las mujeres, establecerá cámaras de arbitraje para los conflictos del trabajo" y establecía el descanso hebdomadario.

Suprimió para el Poder Ejecutivo (gobernador y vicegobernador) el requisito de pertenecer a la religión católica en cuanto al juramento para la asunción de los cargos, el que fue reemplazado por la promesa de cumplir con la Constitución y las leyes. 

Creó la Corte Suprema y estableció el Jury de enjuiciamiento para las Cámaras de Apelaciones y los jueces.

Establecía la inamovilidad de los jueces y jerarquizaba el régimen municipal dividiendo a los municipios en tres categorías en base al número de sus habitantes, dándoles a los de la primera categoría (las de más de 25.000 habitantes) la posibilidad de dictarse sus propias Cartas Orgánicas, y los ciudadanos tendrían los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria.

Disponía que la provincia adquiriría tierras para venderlas en lotes no mayores de 50 hectáreas, gravando el latifundio y el ausentismo para obtener los recursos necesarios.

Declaró a la educación gratuita, integral y laica, disponiendo que se destinaría no menos.del 25% de las rentas provinciales al Fondo Escolar.

El 27 de agosto de 1921 el Poder Ejecutivo Provincial dictó un decreto desconociendo la nueva Constitución argumentando que la Convención Reformadora había prorrogado sus sesiones sin tener autoridad para hacerlo. Era ésta la misma tesis que había sostenido la Legislatura Provincial pues ella, al convocarla, le había fijado 90 días de plazo y entendía que la Convención no podía decidir por sí su extensión.

En realidad, este argumento formal encubría un problema político que radicaba en la condición atea de la Constitución, ya que ella desató inmediatas reacciones de los sectores católicos que sostuvieron que era imposible que una Constitución Provincial contrariara lo sostenido por la Nacional en el tema de la religión oficial. En el seno del mismo Partido Radical anidaba también la oposición a la Constitución sancionada, rechazo que se vería confirmado cuando en 1935 el radicalismo adopta una postura decididamente opositora a la vigencia de la Constitución de 1921 y solicita al Poder Ejecutivo Nacional que intervenga la provincia de Santa Fe.

Notas
(1) Años después se incorporó a la Sección Especial el ex boxeador Alberto Lovell, que usaba de "punching ball" a las mujeres detenidas (Elena Valero Narváez, El crepúsculo argentino después de un siglo de fama, Buenos Aires, Lumiere, 2006). Con Cipriano Lombilla, José Francisco Amoresano y los hermanos Juan Carlos y Luis Amadeo Cardoso, la Sección Especial alcanzó el máximo de sadismo y sevicia. 

(3) Entrevista a Ricardo Molinas publicada en el semanario "Hoy", N° 1132.
(4) Ibidem.

Una de las situaciones menos analizadas en la relación existente entre Alemania y Grecia (que aparece en el transfondo de la llamada “crisis de la deuda griega”) es la actitud profundamente ofensiva que el establishment conservador-neoliberal alemán y sus mayores medios de comunicación tienen hacia el pueblo griego, situación que es sorprendente teniendo en cuenta la historia de la relación existente entre ambos países. Veámosla.

El nazismo en Alemania fue resultado de unas elecciones y no de un golpe militar de Estado, como ocurrió con el fascismo en España. Hay, pues, una responsabilidad histórica de la población alemana de aquel momento sobre el comportamiento del nazismo en Europa, incluyendo la brutal actuación de las tropas nazis en Grecia durante su ocupación, que duró cuatro años (1941-1945) y que destruyó la economía griega mediante un latrocinio constante de los recursos de aquel país, incluyendo los fondos del Banco Nacional de Grecia, que en cifras actuales  ascendería, según el Ministerio de Finanzas griego, a la impresionante cifra de 162.000 millones de euros. El coste de dicho comportamiento en el bienestar de la población griega fue enorme, causando hambrunas y la muerte de más de 350.000 personas.

A pesar de la represión durísima que caracterizó la ocupación alemana en Grecia, hubo una resistencia antinazi fuerte que jugó un papel importante en la derrota de las tropas nazis. En realidad, estas fuerzas antinazis a las que el nuevo Presidente de Grecia, el Sr. Alexis Tsipras, homenajeó como primer acto de su mandato, representaban la esperanza de un país nuevo que, conjugando el proyecto de soberanía nacional con el de justicia social, auguraba una transformación de las estructuras oligárquicas que configuraban la economía griega.

Pero esta posibilidad fue ahogada por los oligarcas y los elementos reaccionarios del país que, junto con el Ejército, iniciaron lo que se llamó erróneamente la Guerra Civil, que, en realidad, como ocurrió en España, fue la oposición de las fuerzas reaccionarias a los posibles cambios, luchando por todos los medios para conservar aquella estructura frente a fuerzas progresistas que tenían una gran vocación transformadora. El primer bando –el de las fuerzas reaccionarias- contó, después de la victoria sobre los nazis, con el apoyo activo de los gobiernos del Reino Unido y de EEUU, temerosos de que las fuerzas progresistas predominaran en aquel conflicto y (atendiendo a su diseño geopolítico) debilitaran su flanco, aumentando el poderío soviético. En realidad, la Unión Soviética las abandonó. Pero fue responsabilidad del mundo occidental, y muy en especial del Reino Unido y de EEUU, que dicho sistema oligárquico se mantuviera por la fuerza de las armas, incluyendo dictaduras militares. Cuando más tarde la democracia apareció en el panorama griego, fue (como en España) una transición inmodélica en la que los poderes económicos continuaron con su dominio, controlando además los medios de información y persuasión (de nuevo, como en España).

Es de una enorme desmemoria histórica, llena de cinismo, que el establishment conservador-neoliberal, heredero de gobiernos que destruyeron la economía griega primero (Alemania) y mantuvieron las estructuras oligárquicas después (Reino Unido y EEUU), ahora se refieran a los griegos con unos términos que, en el caso alemán, incluso tienen tonos racistas. En un excelente artículo de Salvador Martínez Mas “Se busca amigo alemán de Grecia” (12.02.15), este autor detalla lo que cualquier observador de los medios de información alemanes puede dar testimonio: la presentación por tales medios del pueblo griego como indisciplinado, poco laborioso, incapaz de apretarse el cinturón para pagar todo el dinero que se le ha prestado. Incluso rotativos que se consideran progresistas muestran indicadores de tal percepción generalizada en Alemania. Nada menos que Der Spiegel se refiere a Alexis Tsipras como “la pesadilla de Europa”, apoyando las políticas neoliberales promovidas por la canciller Merkel y co., que se sienten amenazados con las propuestas de Syriza, que representan una clara alternativa a unas políticas que están dañando enormemente a las clases populares de los países de la Eurozona y muy en particular de la periferia de esta zona, especialmente de Grecia.

El nacimiento del nazismo en Alemania entonces y en Grecia ahora

Pero la insensibilidad del establishment alemán alcanza incluso mayores niveles cuando se compara lo que está pasando ahora en Grecia con lo que ocurrió en Alemania en los años treinta del siglo pasado. No se conoce bien en España (donde la historia del nazismo y el fascismo en Europa y en España se ha silenciado) que el nazismo fue elegido en Alemania en 1933 como rechazo a las políticas de austeridad impuestas a Alemania por los vencedores de la I Guerra Mundial (Francia, Reino Unido y Estados Unidos), que querían cobrar las reparaciones de guerra que habían impuesto a la vencida alemana, creando una enorme deuda. Y la elección de Hitler fue, en parte, consecuencia de las políticas de austeridad realizadas por el gobierno alemán, una coalición que incluía los dos partidos mayoritarios, incluido el Partido Socialdemócrata, que seguía las instrucciones de los vencedores: ¡había que pagar la deuda! Fue Hitler el que terminó estas políticas, siguiendo unas políticas keynesianas, que recuperaron la economía alemana. El carácter militar de este keynesianismo condujo a un belicismo que determinó la II Guerra Mundial.

La comparación de la situación anterior a la elección de Hitler en Alemania con la de Grecia es muy llamativa. En realidad, la imposición de las políticas de austeridad por parte de la Troika y del gobierno alemán a Grecia está causando un deterioro de la economía griega incluso mayor (alrededor de un 25% del PIB) que el que sufrió la economía alemana como consecuencia de las políticas de austeridad impuestas a Alemania por los vencedores de la I Guerra Mundial (un 16% del PIB). Fue esta Gran Recesión (en realidad, Gran Depresión) y el enfado popular hacia el gobierno lo que explica la elección del Partido Nazi en Alemania. Y es esta realidad la que el Ministro de Finanzas griego, el Sr. Yanis Varoufakis, le recordaba a su homólogo alemán, el Sr. Wolfgang Schäuble, pidiéndole que evitara que una situación semejante ocurriera en Grecia, donde el Partido Nazi está creciendo muy rápidamente, siendo ya la tercera fuerza política del país. La oposición a esta demanda por parte del ministro alemán muestra el grado de cinismo al que ha llegado el establishment conservador-neoliberal alemán. Pero además de cinismo hay una gran dosis de ignorancia histórica, pues dicho establishment no se da cuenta de que la única defensa que hoy existe en Europa en contra del resurgimiento del nazismo es precisamente la izquierda (a la que ellos llaman radical) como Syriza, que quiere romper con aquellas políticas que en los años 30 llevaron al nazismo, el cual podría gobernar de nuevo Europa en el siglo XXI. Como ocurrió entonces, el establishment conservador-neoliberal alemán prefiere el nazismo a la pérdida de los intereses económicos y financieros que representan, cuyos beneficios consideran amenazados por las fuerzas políticas que quieren terminar con tanta imposición y tanta austeridad.     Una última observación. Es de aplaudir la postura del partido Die Linke (la izquierda alemana), que ha defendido la postura del gobierno de Syriza en Alemania.

La especificidad de Grecia

Lo que es particularmente llamativo y que es un síntoma más de la enorme insensibilidad o cinismo del establishment conservador-neoliberal alemán, es ignorar, no solo esta historia, sino también el gran daño que estas políticas han causado al pueblo griego. El argumento aducido por los portavoces de este neoliberalismo (como la Sra. Merkel, su Ministro de Economía, el Sr. Schäuble, y su mayor aliado, el Sr. Rajoy) señalando que Grecia tiene que seguir las normas aceptadas por los gobiernos de la Unión Europea, ignora que estas normas se han aplicado con especial dureza y mezquindad en el caso de Grecia, destruyendo una cuarta parte de su riqueza, situación que ningún otro país ha sufrido, causando un auténtico desastre humano.

Y esta dureza se ha visto reflejada, una vez más, en la rapidez con la que el BCE penalizó al gobierno Syriza cuando este expresó su deseo de alterar estas políticas, cambios que eran razonables y necesarios para que la economía griega pudiera salir del hoyo en el que se encuentra. El BCE, sin embargo, dirigido por el mismo Sr. Draghi que ayudó a la oligarquía griega a falsificar las cuentas cuando era el vicepresidente por Europa de Goldman Sachs -compañía que, al esconder el tamaño del déficit, contribuyó a que más tarde las medidas de austeridad fueran particularmente intensas (Grecia es el país de la Eurozona que ha hecho mayores sacrificios –desmantelando su Estado del Bienestar- para reducir su déficit)-, le negó tal solicitud. Para mayor desvergüenza, el Sr. Draghi, sin perturbarse, instruye ahora al Sr. Tsipras para que sea disciplinado y haga lo que el BCE y los otros elementos de la Troika (la Comisión Europea y el FMI) le ordenan, y que han llevado al país al desastre.

El BCE como instrumento de poder del establishment neoliberal

En realidad, el BCE no tiene la autoridad, no solo moral, sino legal, para decirle al gobierno Tsipras lo que tiene que hacer. Su arrogancia y prepotencia se basan en una violación no solo de la Carta Social de Europa, sino también de las leyes que rigen la Eurozona, tal como han señalado muchos parlamentarios europeos. El BCE está actuando fuera de los límites legales existentes en Europa, comportándose como una institución política que, además, no se siente responsable frente a nadie, siendo uno de los bancos centrales más independientes que hoy existen en el mundo. Y lo que está pasando en la Eurozona es un ejemplo de ello. He indicado en varias ocasiones (ver “Cómo un banco central sirve o perjudica a un estado: el FRB versus el BCE”, Público, 20 de febrero de 2014) que el BCE es un lobby de la banca más que un banco central. El banco central estadounidense, el Federal Reserve Board (FRB), tiene que dar cuentas al Congreso de EEUU, responsabilidad que no tiene el BCE. Las actas del FRB son públicas, mientras que las del BCE no lo son. El BCE se cuida solo de controlar la inflación y dificulta el estímulo económico y el crecimiento, en contra de lo que hace el FRB. El BCE da instrucciones a los Estado sobre las políticas, no solo monetarias, sino fiscales, económicas e inclusos sociales. Al FRB no se le permitirían este tipo de instrucciones. Y así, un largo etcétera. En realidad, el hecho de que EEUU superara la Gran Recesión en 18 meses y que Europa esté todavía estancada se debe, en parte, a las diferencias entre cómo se comportan el Federal Reserve Board y el BCE. La austeridad impuesta a Grecia no tiene parangón en ningún Estado de EEUU. La banca privada y el BCE tienen mucho más poder en la Eurozona que incluso en EEUU. Ahí está el problema.

*Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Fuente: Fue publicada como en la sección Cartas de Lectores del Diario La Nación el martes 10 de febrero de 2015

Despertemos radicales, reaccionemos. Puede ser la última oportunidad. Recordemos: los yrigoyenistas atacaban a Alvear. Ojalá don Hipólito y Marcelo estuvieran hoy. Después, los radicales del pueblo criticábamos a Frondizi y los frondicistas atacaban a Illia. Que grande sería tener a los dos Arturos. En los 70 se enfrentaron Balbín y Alfonsín. Que lujo sería tenerlos hoy en el partido. Unámonos todos: radicales y no radicales. El país lo necesita. Nos lo piden todos. Que no sea tarde. ¿Qué esperamos? Más muertos, más corrupción. más entrega de nuestra soberanía. más impunidad. ¡Y más, y más y más! Acordémonos de la Moncloa, Carrillo y la Pasionaria por un lado y Fraga Iribarne por el otro; en medio, todo el arco político español. Copiemos las cosas buenas.El próximo gobierno seguramente no será perfecto, pero sí, sin duda, mucho mejor que lo que tenemos y de lo que se vislumbra a futuro.

Me anticipo a los puristas: no será un rejuntado. Será un gobierno de Salvación Nacional. Cuando Capitanich rompió un diario frente a cámaras, fue un anticipo. El Gobierno, además de diarios, va a romper la Constitución. Y mientras tanto los opositores nos ponemos límites. Los únicos límites necesarios hoy son: la democracia, la Justicia independiente, la República, nuestra soberanía y, sobre todo, la decencia.

Este doloroso fin de época que transitamos no es momento de mezquindades buscando diferencias y límites, sino de lograr afinidades y consensos. Asumamos nuestras responsabilidades y volvamos, con Raúl, al Preámbulo.

La opción por la administración de la pobreza en sustitución de las políticas públicas universales  convirtió a los territorios barriales en mosaicos de situaciones especiales en los que se incubo una economía subcultural de actividades diversas regidas por múltiples códigos. Sin duda que una de más sobresalientes y socialmente disruptivas la configura el narco.

Este, si bien se halla diseminado en toda la sociedad bajo diversas formas, encuentra en la pobreza un caldo de cultivo propicio para su propagación. Las razones de ello no se agotan en lo económico sino que abarcan los terrenos cultural y político. El hacinamiento y la tugurizacion de urbanizaciones inconclusas dificultan las agencias estatales encargados de hacer cumplir la ley; contaminadas, a su vez, por el circuito ilegal. Verdaderos empresarios de la depredación, los narcos hallan allí, a su vez, mano de obra abundante que produce su propio mercado a instancias de una cultura en la que el trabajo estable no ofrece solidas identidades y que se combina con otras ilegales más rentables. El Estado y la política ceden mediante la prebenda una porción de sus facultades a cambios de lucros pasibles de transmutarse en votos que se escrutan de acuerdo a delimitaciones territoriales. Dentro de esos marcos abrevan formas para estatales que suponen criterios específicos de policía, justicia, educación y propiedad. Son la expresión más contundente de una fractura sociocultural profunda.

En suma, el narco conforma una geografía económica y cultural cuya cabeza suelen operar  “capos” discretamente en parapetado detrás de todo un espectro de actividades de blanqueo entre las que sobresalen las casas de alquiler, los locales para la instalación de supermercados chinos, radios comunitarias, remiserias, maxi quioscos, galpones chatarreros, galpones acopiadores de residuos reciclables, parrillas y boliches bailables. La simulación de su negocio real no quita que todo el mundo en los barrios lo sepa.  Se los reconoce generalmente bajo el apellido de su clan originario o su pseudónimos  cuestión que habilita pertenencia familiar a toda su cadena subordinada; sobre todo a jóvenes y niños desheredados a quienes apenas tratan o lisa y llanamente no conocen.

Son el epicentro de la organización productiva del estupefaciente estrella: la cocaína, que registra una infinidad de formatos y articulaciones difíciles de encuadrar en un solo modelo. Se contactan a través de sus gerentes con traficantes peruanos, bolivianos o paraguayos –entre otros- situados en puntos neurálgicos y que introducen el insumo central- la ”pasta base”- bajo la forma de “ladrillos”, tizas o capsulas transportadas en los intestinos de jóvenes “mulas”. De todos modos, conforman un mercado marginal que solo obtiene el 20 % de lo que se trafica debido a que el resto se destina a la exportación. El nexo con esa cadena es aun oscura y esta poco dilucidada. Abastecen de la pasta y de los correspondientes precursores químicos que obtienen en droguerías y grandes cadenas farmacéuticas a las familias inmigrantes a sueldo en cuyas “cocinas” producen cantidades y calidades de cocaína y “pako” debidamente cortados que luego distribuyen sus mayoristas en envases cuyos colores o materiales son indicativos  de la marca y de  la calidad de la “merka”. La segmentación del producto es tan múltiple como la capacidad adquisitiva de sus clientes escrutados en una escala que va desde las clases medias acomodadas allegadas a sus patrocinantes políticos y judiciales hasta los jóvenes marginales adictos al “pako”. En el medio se da un espectro de situaciones a veces complicada por los propios cortes “no autorizados” de dealers y quiosqueros desesperados por las deudas o por su propia adicción.

El segmento de los mayoristas suele ser la cara socialmente más visible de la organización, al punto que a veces se lo confunde con el propio capo. Son los encargados de “gerenciar” la distribución entre dealers que, a su vez, lo hacen respecto de los múltiples quioscos instalados en los barrios y encarnados por bandas o familias que encuentran en la cadena vertical una fuente de ingresos y una temible identidad de pertenencia. Pero sus ciclos son cortos asediados por competidores tributarios de otras organizaciones o por los propios capos en virtud de las citadas maniobras. Ello suele convertirlos  en la prenda sacrificial entregada al jefe de calle policial como para que monte el espectáculo de la incautación de una “peligrosa banda” dotada de equipos de comunicaciones, celulares y armas de grueso calibre. Su cara visible son los soldados emparentados o no, que cuidan los accesos a los quioscos, venden en puntos estratégicos –corners-, o realizan la distribución mediante el sistema de delivery.

Los capos son uno de los nexos más dependientes y menos autónomos respecto de sus mandantes políticos. Es aquello que los distingue de otras cadenas de la economía de la pobreza. Sus elevandos ingresos, plasmados en el consumo diferencial de sus familias y en las de sus representantes se ven recortados por los retornos semanales acordados con los que deben cumplir escrupulosamente con policías y, por su intermedio, con políticos. Salvo en situaciones de gran excepcionalidad, estos pagos no contactan a sus protagonistas entre si sino a través de sus intermediarios que , de una u otra manera, son allegados a la política barrial o a diversas carreras delictivas. Nadie toca plata de manera directa ni se contacta con el tumultuoso mundo de dealers, quisqueros y soldados con sus rituales de violencia cotidiana en torno a la disputas de espacios y mercados..

Definen territorialidades que se ajustan a barrios “picantes” o incluso a jurisdicciones entras; pero en el nivel de base las disputas son permanentes y a veces pueden llegar a afectar al mayorista y a los dealers que suelen saltar como fusibles ya sea en enfrentamientos entre bandas o con la policía o mediante su detención cínicamente promovida por los capos cuando se sospecha deslealtad. Estas situaciones, de todos modos, tampoco les son gratuitas porque si alguno de estos cortocircuitos impide el retorno de las sumas pactadas no tardan en llegar sanciones que pueden paralizar la cadena en favor de otros competidores durante largos periodos debiendo diversificarse hacia otros delitos o su malla de contención formal. La gobernabilidad de toda la cadena es , asi, sumamente difícil y requiere de saberes políticos en los que se deben conjugar retribuciones y castigos no solo materiales sino también morales. Estas situaciones, sin embargo, son deliberadamente promovidas desde el poder político para evitar peligrosas concentraciones que cartelicen el narco a la manera mexicana o colombiana.

El caso argentino, por ello, debe ser abordado con los debidos cuidados específicos evitando las transpolaciones sencillas. No es el narco que coloniza al a Estado sino que lo hace una corporación política que lo subordina y que, a tales efectos, se asocia con estos grupos de centros sólidos y periferias mutantes  movedizas. Representantes, dealers, quisqueros y soldados “van y vienen” por la vida o por la cárcel. No así los capos que, a su manera, constituyen también una corporación de viejos conocidos procedentes de las carreras delictivas que lograron alcanzar la cima del cursus honorum y, a diferencia de cientos o de miles igualmente dotados de inteligencia, no llegan por razones que van desde la capacidad de preservar una fría conducción hasta la mala suerte. Esa corporativizacion, en la que se oculta la prebenda administrativa de la pobreza, es lo que hace factible esa fuente de financiamiento indispensable para la política e indirectamente de votos. Hábiles operadores especiales custodian y resguardan este sistema que preserva a los pobres “en su lugar” estratégico mas allá de las declamaciones discursivas populistas y progresistas. Los costos de la fractura social en la que se recuesta tampoco son bajos: fisuras y soldados desesperados suelen incursionar en la parte incluida desde donde procede la prebenda motivando muertes y un clima de violencia desconocido en la sociedad argentina.

                                                                                  Febrero 2015

En febrero de 1948 Jorge Eliecer Gaitán, líder liberal de Colombia,  convocó a una marcha para expresar el duelo por los crímenes cometidos por  la policía política del presidente conservador Ospina Pérez que habían costado la vida a opositores políticos de su gobierno. La consiga era el silencio y cuentan los testigos  que tuvo  un dramatismo inconmensurable. La elocuencia de ese silencio dejó tal sonido en la memoria colectiva que los enemigos de Gaitán pretendieron acallarlo con disparos que le provocaron la muerte el 9 de abril de ese mismo año.*

En Catamarca se produjo el incomprensible homicidio de  la estudiante María Soledad Morales y se sospechaba que sus autores eran los hijos del poder de la provincia. El 14 de septiembre de 1990 la población empezó a movilizarse para reclamar la investigación de ese infame crimen y marchó alrededor de la plaza en absoluto silencio. Los padres de la adolescente encabezaban la marcha y en sus rostros se podía ver la marca del profundo dolor que no admitía otra cosa que un silencioso pero imperativo reclamo.**

Cuando en 1997 el  reportero gráfico José Luis Cabezas fue vilmente asesinado, miles de personas caminaron  desde Corrientes y Talcahuano hasta la Plaza de Mayo en señal de protesta por ese crimen que no debía quedar impune. En medio de la  marcha se pidió un minuto de silencio para honrar  su memoria. Esa multitud desplazándose codo a codo y sin  ningún sonido produjo un efecto sobrecogedor.***

Hace casi un mes, la violenta desaparición de un Fiscal de la Nación en vísperas de la presentación ante un grupo de legisladores, de una denuncia que afecta a las más altas autoridades de la Nación,  ha dejado a la opinión pública en estado de estupor. Estamos a pocos días de la convocatoria a una movilización.

La consigna vuelve a ser  el silencio. Silencio que tendrá un valor simbólico, una razón poderosa. Porque se trata de un duelo, porque es necesario  para rendir homenaje. Porque las palabras desgastadas han perdido valor frente a los hechos.  Es importante recordar antes de plegarse a esa manifestación que promete ser muy numerosa, que tenemos que recuperar la capacidad de callar cuando el sólo hecho de nuestra presencia, de nuestro silencio tendrá más fuerza que cánticos, bocinas o cacerolas. Porque no será un silencio cómplice sino un silencio demandante. Pidiendo por recuperar el respeto a la Constitución, por el restablecimiento de poderes independientes y por recobrar la institucionalidad bastardeada. Tengamos esta marcha en paz y en silencio.

Febrero de 2015.

* Siendo diplomático de carrera, mi padre estaba destinado en 1948,  como funcionario de la Embajada Argentina en Bogotá y testigo de estos acontecimientos.

** En un viaje a Catamarca tuve la ocasión de presenciar una de estas marchas y saludar al señor Morales

*** Participé en esta marcha y no olvidaré jamás ese momento de silencio

Los últimos 50 años de nuestra historia están marcados a fuego por la presencia de tres demonios poderosos que coinciden en un punto: la militarización de la política.

Hay otras coincidencias mayúsculas: a) La apuesta por una “patria” excluyente; b) El mesianismo, y c) La elección del odio como motor de la historia. Bien es verdad que cada uno de estos tres demonios apeló a estos factores con intensidad distinta y fines invariablemente antagónicos.

Uno de estos demonios militarizó el terrorismo; trasformó la violencia casi anarquista de la llamada “resistencia peronista” (años de 1950), en operaciones de gran envergadura que se proponían derrotar a las Fuerzas Armadas y, por extensión, remplazar al Estado demo-liberal burgués por una “patria socialista”.

El renovado terrorismo setentista de los irregulares incluyó inusitadas movilizaciones masivas y una excéntrica voluntad de recrear la simbología de los ejércitos estatales. Su decisión de protagonizar los conflictos del trabajo -remplazando a los obreros- alumbró lo que Balbín llamó “guerrilla industrial”, que fue respondida por el terrorismo de estado en connivencias con algunas empresas.

El otro demonio, alentado por la derecha más recalcitrante y siniestra, convirtió a las Fuerzas Armadas de la Nación primero en el “partido militar”, y luego en una máquina de cometer hechos aberrantes.

Las acciones feroces de unos potenciaron el terrorismo de los otros. En una espiral que bien pudo haber comenzado con el secuestro y asesinato del General Pedro Eugenio Aramburu (1970), con el fusilamiento del General Juan José Valle (1956), o con la matanza en los basurales de José León Suárez (1956). Una dinámica perversa que incluyó latrocinios y voladura de viviendas, torturas y secuestros, asesinatos y vejación de cadáveres.  

En este sentido es cierta la afirmación de Ernesto SÁBATO: “Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda".

Sin que esta constatación sirva para poner en un pie de igualdad moral, política o jurídica a ambas conductas criminales, ya que la doble decisión de las Fuerzas Armadas de combatir al terrorismo de los irregulares con sus mismas armas y derrocar al Gobierno, fue y es desde todos los puntos de mira la más repudiable e injustificable de las conductas.

En cualquier caso, ambos terrorismos destruyeron las instituciones; más allá del precario estado en el que se encontraban a causa de la violencia y de la errática conducción de los Gobiernos que se sucedieron a lo largo del período 1973/1976.

El tercer demonio

El peronismo histórico, bajo la inspiración de su líder, creo el tercer demonio. Lo hizo al trasladar los criterios de la conducción militar a la dinámica de la política que dejó de ser cosa de ciudadanos para transformarse en un campo propiedad de los “militantes”.

Si bien Perón pudo argumentar que la disciplina extrema era necesaria para enfrentar a las dictaduras, la lógica militar fluyó en el espacio peronista a través del “Manual de Conducción Política”, y del remplazo o subalternización del Partido en favor de la forma Movimiento que permitía ambigüedades y el centralismo no democrático.

El mismo verticalismo militarizó también la política. Aunque los verticalistas de entonces (entre los que me cuento) no hayamos incurrido en la vesania del fratricidio ni en el culto a la muerte.

Cuando en 1973, guiados por el Perón que proclamaba la concordia, quisimos regresar a la senda de la paz y de la unión de los argentinos, fracasamos pese a la tardía expulsión de los montoneros. Tampoco intentamos siquiera construir un Partido democrático.

En realidad nos abroquelamos frente al desafío de los terrorismos, y acatamos sin reservas los mandamientos primero de Perón y de su esposa después.

A medida que la degradación de las instituciones se acentuaba (sobre todo tras la declaración del Estado de Sitio en noviembre de 1974), los verticalistas fuimos incapaces de imponer el respeto a la Constitución, de denunciar o impedir la autonomización de las Fuerzas Armadas, de controlar los desbordes sindicales.

Nuestro verticalismo fue un Demonio desarmado, pero compartió la militarización de la política, el desprecio por los valores republicanos y por las reglas democráticas, y el dogma de que el Mesías habría de llevarnos a una “patria”, en este caso peronista. 

De aquellos vientos, estas tempestades

Más allá de los graves episodios que todavía ocurrieron en los años de Alfonsín (La Tablada, “caras pintadas”) y de Menem (Seineldin), los principales actores políticos han optado, afortunadamente, por prescindir del terrorismo en sus luchas por conducir a la Argentina contemporánea.

Sin embargo, el tercer peronismo liderado por el matrimonio KIRCHNER, proclama su pretensión de construir una “patria”, en este caso kirchnerista. Cultiva el verticalismo, como lo muestra la vergonzosa reunión de la cúpula del PJ (21/01/15) que aplaudió los dictados del vértice supremo a propósito de la muerte del Fiscal Alberto Nissman. Y militariza la política, esforzándose por dividir a la Nación en réprobos y elegidos.

Todos estos delirios reconocen inequívocas inspiraciones setentistas.

Salvos casos aislados (Leys, Del Barco), los actores y sus herederos rehúyen autocríticas sustantivas. Mientras que algunos montoneros se reprochan la deriva militarista, ninguno llega en ningún momento a repudiar asesinatos, métodos, ni su concepción totalitaria y excluyente de la política.

A su vez, los jefes militares de entonces se han limitado a ensayar tímidos cuestionamientos a algunos de los excesos, pero continúan reivindicando la violencia ilegal e ilegítima y el golpe de estado.

Del lado del verticalismo peronista histórico ocurre otro tanto. Las críticas (cuando existen) se detienen precisamente en el ciego acatamiento a Perón y a Isabel Perón.

Los no kirchneristas saludamos la renuncia al terror setentista. Pero repudiamos las maniobras para someter a jueces y fiscales, y los desbordes de los servicios de inteligencia.

Y nos preguntamos si la militarización del espionaje y la manipulación de la justicia y de la opinión pública nos expresan el retorno de la violencia orientada por el Estado. O, si acaso, la instalación de un Cuarto Demonio que reabre un ciclo de violencia en donde la lucha armada es reemplazada por las operaciones de inteligencia.

Necesitamos promover el diálogo y la cultura del consenso, recuperar la cordialidad cívica y la independencia de los jueces, yabandonar los mesianismos. Necesitamos partidos políticos democráticos, políticas pacificadoras que reparen injusticias, y un nuevo modo de insertarnos en el mundo. Urge un Gobierno constitucional, democrático y federal, comprometido con las libertades, la seguridad y los derechos fundamentales. Solo así espantaremos a nuestros tres perversos demonios.

El constitucionalismo y los límites del poder gubernamental

Cuando nos remontamos a los albores del constitucionalismo comprobamos que el gran objetivo de los hombres que fueron construyendo el marco teórico de la democracia moderna, apuntaba al logro de un gobierno limitado. Alrededor de esta noción se fueron entrecruzando los principios y técnicas que sustentan al Estado de Derecho. Por supuesto que todo ello a la luz de los grandes valores que encontramos contenidos en las declaraciones de derechos de finales del Siglo XVIII que cual verdaderos "faros" le dan razón de ser al modelo en su conjunto. Pues bien, esta fenomenal "utopía" -en el sentido de constituir una aspiración, fruto de un profundo idealismo- para su paulatina concreción, requería de instrumentos institucionales que de conformidad con el diseño que le iría dando el trabajo de los juristas, posibilitaran su efectiva aplicación, convirtiendo al menos lo sustancial de su contenido, en una realidad tangible.

            Es que el Estado de Derecho es precisamente, aquella comunidad políticamente organizada, en cuyo interior imperan las instituciones por encima de la voluntad de los titulares del poder. Se trata de organizar un sistema que impida en todo momento que la discrecionalidad y la arbitrariedad de unos pocos, fundadas en  meros intereses particulares o parciales,  se opongan a que el accionar del gobierno esté dirigido a satisfacer el bien común.

            La concreción de tan ambiciosas metas requiere del diseño de un sistema, integrado por un número de elementos o componentes interrelacionados que proveen a un orden que se caracteriza por un dinámica que el es propia. Es de destacar que el sistema que contiene al Estado de Derecho, para asegurarse su perduración, -al igual que en todo otro sistema-, requiere del concurso simultáneo de todos sus elementos, actuando del modo como prescribe el marco jurídico que lo regula. Y queremos poner el acento en esta necesidad de que operen todas las exigencias de consuno, cual si se tratara de una orquesta sinfónica que si carece de alguno de los grupos instrumentales que la  componen no podrá llevar a cabo su actividad. Es obvio que las partituras que aborde perderán razón de ser cuando algunos de sus "timbres" estén ausentes.

            Entonces, no se concibe una democracia que exhiba un número fraccionado de sus elementos, en este caso se tratará de un sistema diferente, pero ya no del que se corresponde con las características de un genuino Estado de Derecho. Cuando afirmamos que un país es democrático, lo consideramos como tal porque en sus instituciones encontramos ciertas notas institucionales. Los derechos de los habitantes están reconocidos y garantizados, el poder está limitado a través del derecho, los gobernantes son electos por medio del sufragio de la ciudadanía, ellos a su vez se alternan en el ejercicio del poder, el gobierno es ejercido por tres órganos separados de poder -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, los actos de gobierno deben ser dados a conocer públicamente, la justicia debe ser independiente y que todo esto este plasmado en un documento que se conoce con el nombre de constitución que es la norma suprema del Estado y el producto de su poder constituyente, entre otros caracteres indispensables.

            La lectura de estos enunciados no nos deja duda sobre lo difícil que significa el logro en los hechos de tan ambiciosa empresa. En efecto, del análisis de lo acontecido en los países que poseen democracias consolidadas surge que ello se va concretando a través de un dilatado proceso de crecimiento tanto en lo institucional, como en el terreno de las conductas. Sin introducirnos en este último terreno, ya que deberíamos hablar del concepto sociológico de democracia, es decir del que hace a un estilo de vida, más que a un esquema jurídico institucional, ya que ello supera los límites del presente trabajo,  podemos afirmar que el crecimiento del sistema democrático gira en torno a las nociones de equilibrio, control y responsabilidad.

            En la base del esquema institucional descripto subyace la necesidad de que un control institucional efectivo, vele por el equilibrio en el desempeño de cada una de las variables mencionadas. Ello, es fácilmente visible cuando se lo concibe respecto del principio de separación de poderes. Este postulado, como bien sabemos, fue pensado por Montesquieu y Locke como una herramienta capaz de impedir desbordes en el ejercicio de las competencias gubernamentales. Se aspira  -citando al autor de "El Espíritu de las Leyes"- a que el "poder detenga al poder". A tales fines a cada uno de los tres poderes, además de sus funciones propias, se les agrega algo relacionado con los otros dos y así recíprocamente. De este modo se apunta a que ante cada exceso en el ejercicio de una potestad gubernamental surja la respuesta institucional inmediata que lo contenga, que lo vuelva a su quicio y de ese modo que continúe en vigencia el orden que caracteriza al sistema.

Evolución del constitucionalismo: innovaciones institucionales

            Ahora bien, la evolución de las instituciones democráticas obligó a enriquecer el edificio constitucional con nuevos institutos. Así, a los mecanismos tradicionales se le fueron agregando otros, también encaminados hacia las mismas metas. Por una parte, surge la constitucionalización de las garantías individuales, las que a partir del hábeas corpus, permiten que las personas cuenten con mecanismos aptos para conseguir el restablecimiento de sus derechos, cuando éstos han sido conculcados, o de alguna manera modificados o limitados. Esta novedad implica que ya no se confía sólo en el mero juego de las instituciones, o sea de las garantías que de ellas dimanan. Y, esto es así, porque más allá de los idealismos, se comprueba que la elaboración de un esquema institucional puede fallar, cuando sus titulares no cumplen con las reglas en que el mismo se asienta.

            Otra contribución se plasma con la incorporación de nuevos órganos e instrumentos institucionales. Así, se le otorga al Poder Judicial, la función de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno. Las indiscutibles aseveraciones del juez Marshall en el caso "Marbury vs. Madison" llevan a una elaboración lógica, sin la cual el sistema constitucional corre en muchos momentos serios riesgos de naufragar. Ya más adelante, surgen los órganos específicos de control que se suman a la labor del Poder Judicial o que se agregan a la constelación de poderes estatales. Pensemos en las defensorías del pueblo, en los ministerios públicos, en las auditorías generales, en los entes específicos de control de los servicios, de la competencia, etc.

            Un tercer aporte, proviene del fenómeno de la participación ciudadana, tan característico del esfuerzo institucional emprendido a partir de la última postguerra mundial. Esta intervención de los gobernados en los asuntos públicos aveces suplanta a los gobernantes en la toma de las decisiones estatales, en otras oportunidades, importa el concurso de los miembros de la comunidad en el proceso que lleva a la decisión, en su aplicación o en su control. En cada una de las innovaciones también se apunta al gran objetivo del constitucionalismo, desde su cuna, limitar el poder, lograr la mayor realización de la persona humana, por encima de todo egoísmo y más allá de las parcialidades. Es de destacar el aporte proveniente de la tecnología que facilita la aparición de nuevos instrumentos para vehiculizar la participación.

            Sin embargo, para que todos los elementos a que hemos hecho referencia se desenvuelvan conforme a derecho, es la justicia la que en última instancia deberá expedirse ante cada caso concreto, cuando alguna circunstancia genere un conflicto que requiera del dictado de una sentencia que importará el enunciado de una norma particular. Por ello, el Poder Judicial se erige en el gran garante del sistema, pues es el último recurso capaz de impedir que se debilite el sistema en su conjunto. Espinal Irías, recurriendo a Bobbio, recuerda que "la función jurisdiccional, se presenta como una actividad dirigida a la tutela concreta e individualizada de intereses ajenos insatisfechos, mediante la comprobación definitiva (con la llamada eficacia de cosa juzgada; aunque sea limitadamente a las partes en causa) y la consiguiente actuación de la norma jurídica al caso concreto" (1).

            A través de esta trascendente actividad jurisdiccional se concretan de manera tangible los objetivos del Estado de Derecho. Nuestro autor, agrega, que "es la actividad del Estado, encaminada a comprobar y hacer valer en los casos particulares el ordenamiento jurídico estatal. Esencialmente se presenta como una tutela de aquellos intereses o valores, que aún siendo protegidos por normas de derecho objetivo, han quedado insatisfechos. El producto de esa actividad, la satisfacción o la tutela de los intereses protegidos, a primera vista, nos parece que podemos llamarlo justicia" (2). Nosotros hacemos extensiva esta apreciación a los demás cometidos que cumple el Poder  Judicial, como ya veremos más adelante.

La independencia del Poder Judicial como elemento del Estado de Derecho

La independencia del Poder Judicial constituye uno de los pilares en los que se asienta el Estado de Derecho. Cuando un país logra organizar una justicia objetiva, es decir desprovista de todo nexo, susceptible de comprometerla con cualquier interés que no redunde en el respeto irrestricto de  la constitución y de las leyes que en su consecuencia se dicten, dicha meta ha sido obtenida. Este significativo logro conlleva la consagración de una democracia plena, pues permite que imperen varios de los principios que más la caracterizan, como son, entre otros: la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la separación, el control y la transparencia de la actividad de los poderes políticos del Estado -Legislativo y Ejecutivo-,  la vigencia irrestricta de los derechos humanos y de los valores de libertad e igualdad en que ellos se nutren.

La justicia, como valor, como función, encarnada en un poder o como una mera aspiración de los ciudadanos, constituye en todos los casos un ingrediente trascendental del Estado de Derecho. Su inclusión en este sistema de organización del poder, juega las veces de un verdadero filtro a través del cual se van poniendo a prueba todos los restantes elementos que integran esta noción. Si es cierto que la democracia se sustenta en la  posibilidad de asegurar un modo particular y delicado de distribución de poderes y de funciones, entre gobernados y gobernantes, como así también entre los diferentes poderes estatales, la  concreción de tan delicado equilibrio reposa en última instancia en una estructura judicial, eficaz, dinámica, independiente, equitativa, que provea a la resolución imparcial de los diferentes conflictos que surgen de las relaciones que se desarrollan en el interior de una comunidad políticamente organizada.  Por ello, la organización y la puesta en funcionamiento de este importante dispositivo ha marcado muchos de los más relevantes episodios institucionales de la historia del constitucionalismo.

Encargado de velar por el control de legalidad de los actos de gobierno, por la vigencia de la ley fundamental, por el equilibrio entre los poderes. Garante de los derechos humanos fundamentales, del principio de igualdad entre todas las personas y en todos los conflictos que se susciten en el interior de una sociedad pluralista, también reposa sobre el poder judicial la aplicación de los valores en que se apoya el sistema en su conjunto. La democracia persigue el logro de la libertad y de la igualdad  y a ellas hoy  se le agrega la calidad de vida. La concreción de estos objetivos se logra principalmente por medio de la plena vigencia de los derechos humanos. Ello exige, por supuesto, de una actuación convergente de los poderes políticos del Estado. Pero, es en la justicia en quien tiene a su cargo velar por su efectiva concreción, impidiendo situaciones de impunidad, de discriminación, que sean el producto de la acción o de la omisión de quienes ejercen el poder político o de particulares.

Esta sucinta enumeración de los grandes cometidos y objetivos a que debe apuntar el desempeño de los magistrados es reveladora por si sola de la enorme responsabilidad que a ellos les cabe. Así mismo es por demás compleja la tarea que tienen en sus manos quienes deben elaborar el marco normativo de actuación de la justicia, a fin de facilitar que esas metas sean una realidad tangible en el devenir de una república.

El constituyente argentino tuvo bien en claro la importancia de la justicia en la construcción de la democracia de nuestro país. Así, fiel al pensamiento de Alberdi, el mismo preámbulo entre los grandes objetivos que le fija a la Nación figura en segundo término luego de "constituir la unión nacional" el de "afianzar la justicia". La preocupación por este cometido no sólo se refleja en la parte orgánica de nuestra Carta Magna, cuya sección tercera está consagrada al Poder Judicial, la parte dogmática, contempla claras muestras del compromiso contraido por los constituyentes en relación con el tema que nos ocupa. Así, cuando en el artículo 5 determina los límites del poder constituyente provincial nuestro tema aparece en dos oportunidades.

En efecto, en primer término surge de la exigencia para el orden provincial de redactar una constitución que respete el "sistema representativo republicano", el que naturalmente supone como ya se ha visto entre uno de sus principales bases la separación de la triada de poderes independientes. Sin embargo, en segundo término la mencionada cláusula agrega "que asegure su administración de justicia…" Como se puede comprobar, la preocupación del constituyente ha sido doble y ello denota la voluntad de revertir un estado de cosas que se caracterizaba por la concentración del poder en el marco de un esquema claramente autoritario.

Ahora bien, la justicia sólo puede llevar a cabo semejante rol cuando es independiente. "Surge con claridad que si un pueblo pretende vivir en un Estado de Derecho y sus individuos desean gozar de cirto grado de seguridad jurídica y de libertad, para que sus libertades y derechos -incluídos los derechos e inversiones de los extranjeros- estén protegidas, debe garantizar la existencia de un Poder Judicial imparcial, que garantice la estricta observancia de las leyes. Esa imparcialidad sólo se consigue si los magistrados son independientes. Es este concepto el núcleo esencial de todo el problema. Independencia judicial y seguridad jurídica son nociones que se corresponden recíproca e inescindiblemente, como la vida, el aire y el agua" (3).

La Democracia y el Derecho

El sistema democrático importa una relación particular entre el gobierno y el derecho, es así como se construye el Estado de Derecho. Nos parece interesante acudir a las reflexiones de publicistas españoles vertidas en una publicación dedicada a la relación entre los magistrados y la ley para comprender a que tipo de derecho se hace referencia, cuando se lo relaciona con el sistema democrático. García de Enterría, expresa que "suele ser común reducir la idea democrática a un sistema de elección periódica de los gobernantes. Pero a nosotros, como iuspublicistas, nos interesa perseguir la idea misma democrática en las propias estructuras jurídicas y, más aún, analizar éstas en sus relaciones, que son sustanciales, con ese aspecto más visible de la democracia que es la construcción de un poder representativo del pueblo. Sería un error reducir la democracia a unas determinadas prácticas electorales. La democracia postula inexorablemente una determinada organización del Derecho y de sus institutciones centrales" (4).

En la misma publicación, Clavero, recuerda lo expresado por Tomás y Valiente en una conferencia brindada en Buenos Aires, poco antes de ser asesinado. Allí se refería precisamente al poder judicial como poder de un Estado democrático de derecho, para manifestar que "los jueces por ser integrantes de tal poder en un Estado así cualificado, están sometidos al imperio de la ley, recalca: por constituir un poder independiente está sometidos únicamente a ella" (5). Podemos decir en tanto, que el Derecho es una presencia esencial para la democracia y que el mismo no se limita a alguno de sus elementos sino que los comprende a todos en un tipo de relaciones que manifiestan como nota común su sometimiento al marco jurídico positivo. Los magistrados tienen la tarea de asegurar que el imperio de la ley rija en toda circunstancia y ante todo, someterse a los dictados contenidos en el marco constitucional y legal vigente en cada estado.

En la actualidad el derecho tiende a convertirse en una manifestación propia a un mundo "globalizado". Creemos que esto es así ya que observamos que al menos en materia de derechos humanos, el derecho internacional que los rige, está convirtiéndose poco a poco en la normativa común de todas las naciones democráticas del planeta. Y, ello se produce por un doble fenómeno. Por un lado, en razón del gran número de convenciones internacionales que tratan sobre esta temática. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, se manifiesta la tendencia a la constitución de tribunales de justicia supranacionales, cuyo cometido constituye precisamente la aplicación uniforme de esos tratados, debilitando el principio de soberanía nacional. Ello exige de procedimientos adecuados, "la especial consideración de los derechos humanos y la toma de conciencia frente a la necesidad de los mismos, genera un consenso tanto a niveles nacionales como regionales y aún universales, de su necesaria protección por vías expeditivas que tengdan en mira la efectiva vigencia de aquellos en aras de la plena realización de los hombres. No se puede lograr esta plena realización si el estado no garantiza a través de sus órganos la protección de los derechos del hombre" (6).

En relación con este fenómeno nos parece útil citar lo que se expresara con motivo de la celebración de un encuentro internacional de salas y cortes constitucionales. Allí, se manifestó que "los jueces constitucionales deben (…) procurar atender no solamente los ordenamientos superiores, sino también los instrumentos internacionales de protección de los derechos fundamentales, ya que al asomarnos aceleradamente a una etapa edificante en el panorama universal del siglo XXI, la función del juez constitucional no puede ser ajena a la consolidación y promoción de los nuevos horizontes emancipatorios que se abren a las personas y a los grupos sociales enmarcados en la defensa de los derechos y garantías constitucionales, que imponen al Estado obligaciones positivas para su actuación"(7).

Desgraciadamente en la Argentina los tribunales exhiben una situación muy diferente de la que acabamos de describir.La democracia en nuestras latitudes acusa un serio déficit en esta materia. Si realmente existe una asignatura pendiente ella es sin lugar a dudas la problemática de la justicia. La laxitud de los controles que se ejercen sobre nuestras instituciones, el desamparo que acusa el ciudadano común frente a una inquietante y creciente cuota de impunidad, la falta de independencia de los tribunales, la escasa formación de sus titulares, son algunas de las más graves falencias que exhibe la organización de la justicia, tanto en nuestro país, como en gran parte del subcontinente. Situación que es trasladable al Ministerio Público como lamentablemente a puesto de manifiesto la muerte del fiscal Alberto Nisman. Encontrar una solución a tan alarmante estado de cosas, no sólo es un imperativo de la conciencia democrática, sino y sobre todo un requisito indispensable para asegurar la vigencia de la constitución y del Estado de Derecho. Nos encontramos frente a una complejísima problemática cuya solución no sólo reposa en la labor legislativa, deben concurrir serios esfuerzos desde el área educativa y una verdadera voluntad de la sociedad en su conjunto. con su claro compromiso de la sociedad y sobre todo de su dirigencia, a la cabeza de la cual se ubican los ocupantes del poder político, de terminar con la impunidad, de respetar la Constitución y de apartarse de la cultura del “todo vale” que lejos de ayudarnos a crecer nos está hundiendo en una crisis institucional y moral de dimensiones alarmantes.

Exigencias mínimas para una justicia de la democracia

A manera de conclusión nos animamos a expresar, los que podrían considerarse como los "presupuestos mínimos" para un Poder Judicial, guardián del Estado de Derecho, son ellos:

•  Que sea independiente de los poderes políticos y de intereses particulares o corporativos.
•  Que garantice la seguridad jurídica y la continuidad constitucional.
•  Que se someta de manera irrestricta al principio de imperio de la ley.
•  Que en tanto poder constituido, tenga siempre clara conciencia de estar situado por debajo de los dictados del poder constituyente, estándole prohibida en toda instancia, invadir la esfera de este último. Pues, si así no lo hiciera, provocaría un atentado letal a la institucionalidad democrática, internándola en una variante de facto.
•  Que controle la constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno, velando en todo momento para que su contenido se compadezca con los postulados contemplados en la Carta Magna.
•  Que cuide para que en todo momento se respeten los compromisos  asumidos por la Argentina frente a la comunidad internacional, a través de la ratificación de tratados y demás instrumentos internacionales.
•  Que sustente sus fallos en los dictados del principio pro omine, es decir que ante la duda sus decisiones importen aquellas soluciones que sean más favorales a la plena vigencia de los derechos humanos, en libertad e igualdad dentro de un entorno que asegure una calidad de vida satisfactoria.
•  Que evite la existencia de situaciones de impunidad. "…la lucha contra la impunidad es la otra cara de la lucha por el Estado de Derecho: sin duda una de las mayores deudas que las instituciones republicanas tienen con sus ciudadanos es que la democracia argentina está estructurada sobre la base de la falta de castigo ante los ilícitos cometidos por los propios funcionarios encargados de hacer cummplir la ley" (9)
•  Que ponga fin a todas las circunstancias de discriminación que afecten a una persona o grupo de personas y que  menoscaben la vigencia de los derechos fundamentales.
•  Que, por último, su integración, se funde en criterios que aseguren designaciones objetivas, que se basen en la capacitación y la probidad para el desempeño de tan trascendente labor.

                                                           Notas

(1) Espinal Irías, R: "Los Jueces y su Responsabilidad para la Vigencia de un Estado de Derecho", en: "El Juez y la Defensa de la Democracia", instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1993, p. 34.

(2) Espinal Irías, R.: ob. cit.,  p.35.

(3) Ventura, A.: "Consejo de la Magistratura -Jurado de Enjuiciamiento". Depalma, Bs. As., 1998, p. 5.

(4) García de Enterría, E.: "La Democracia y el Lugar de la Ley", en: "La Vinculación del Juez a la Ley". Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 1, Madrid 1997, ps. 80/1.

(5) Clavero, B.: "Imperio de la ley, regla del derecho y tópica de constitución", en: " La Vinculación del Juez a la Ley"(ob. Cit.), ps. 41/2.

(6) Jimenez, E.P. y Vicente, D. E.: "Los Procesos Constitucionales", en: Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Año VII – Nº 11, Bs. As. 1994,p.35.

(7) Herrera Vergara, H.: "Del Segundo Encuentro Latinoamericano de Salas y Cortes Constitucionales", en: "Estado de Derecho", Contribuciones, CIEDLA, nº 2, Buenos  Aires, 1994.

(8) Lawyers Committee for Human Rigths: "The World Bank and the Venezuelan Justice System", Washington, 1996, p. 14. (Traducción del autor)

(9) CELS: "Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina – 1997". EUDEBA, Bs. As., 1998, p.17.

* Profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (UBA)

Después de un suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas, llega un tiempo para la reflexión. Oportunidad para disponer otra vez las piezas de la realidad dentro del  espacio del equilibrio, sin que se omita el repudio a la violencia de cualquier ataque contra la libertad de expresión, pero con la advertencia de evitar caer en eslóganes que, sin dejar de ser incluso políticamente correctos, pueden cometer un escurrimiento hacia posturas de adoptar símbolos sin un contenido cabal de los elementos propios de la ecuanimidad. El centro de gravedad no perderá entonces ecuanimidad, sin perder la postura de la condena del terrorismo.

Una vez más Francia aparece de manera destacada frente al mundo. Un horrible crimen cometido allá empaña la aspiaración de paz de toda la sociead universal que respete los derechos humanos.                                      La confrontación y la violencia se han mostrado como artificios teóricos en el transcurso de una realidad  que pretende invocar una Revolución Francesa de 1789, dejando de lado el recuerdo de consecuencias no deseadas, como fue la subsiguiente etapa del terror con la guillotina como símbolo.

La fuerza impulsora del terrorismo manifiesto en el asesinato de hombres de prensa del periódico Charlie Hebdo no parece ofrecer dudas de su origen en un ámbito ocupado por extremismo musulmanes y sectores que no asimilan las ventajas de la no provocación. El enfrentamiento violento de concepciones que entienden a la fractura cultural y social como una única posible estrategia de dominación, destruye cualquier posibilidad de coexistencia.

La colisión entre el Estado Islámico, así como algún otro Estado confesional de corte similar, y la cultura de Occidente, desalientan la posibilidad de tender puentes para la construcción de la mutua comprensión. Unos se resisten a la tolerancia de la diversidad de creencias, como negadoras del laicismo y el racionalismo, que no pueden consentir porque degradan expresiones religiosas que no atentan contra los derechos humanos, y los otros por incurrir en la ley física de la acción y la reacción, que por su nivel educativo seguramente conocen, ley por la cual una fuerza aplicada en un sentido genera otra fuerza contraria de la misma magnitud. El resultado de la ecuación al menos en los fenómenos sociales, ha demostrado un valor próximo al cero, con la anulación de ambas fuerzas en un proceso de destrucción y mutua eliminación.

Si bien no es admisible negociar con el terrorismo, con su expresión máxima a través de la mazorquera amputación cefálica, la inteligencia indica que para la existencia posible de una solución deberá, al menos, existir una idea capaz de encontrar una concepción que anticipe algún medio para alcanzar un equilibrio consensuado. El terrorismo religioso también llegó a la Argentina primordial en los tiempos de la tiranía rosista, cuando Facundo Quiroga paseaba su bandera “ Religión o muerte” y no se tenía presente un Je suis Sarmiento por anticipado.

El desafío de la irracionalidad sólo parece encontrarse en la estrategia de encontrar medios que sirvan para adelantarse a las circunstancias que presenten los aspectos futuros de la evolución. En consecuencia, tanto la cultura occidental, como a alguna otra que se encuentre en dificultades similares resta disponible la aplicación de ideas anticipatorias del cambio que habrá de sobrevenir de todos modos.                                                                La exaltación de la violencia solamente conduce a una mayor división de los contendientes.                                                       

El parangón con el tránsito diario urbano alcanza para ver que al alcanzar una próxima esquina se presente una avenida de doble mano, en la cual los móviles se mueven en ambas direcciones, provenientes de rumbos encontrados. Ese movimiento supone direcciones en rumbos de colisión que, mediante convenciones convenientes ordenan las corrientes contrarias para evitar accidentes no deseados y menos aún, catástrofes.

Esa dinámica encontrada en una misma vía presenta la oportunidad de permitir la coexistencia de orientaciones diferentes mediante la aplicación de medidas racionales que hacen posible la convivencia de quienes se trasladan de uno a otro lado por carriles contiguos aunque diversos, pero con la idea de evitar básica de evitar el choque. Surge allí la necesidad de la conveniencia de arbitrar singladuras que, aún apuntando a objetivos opuestos, no pierden la armonía.                                                                                                                               El desplazamiento de esa imagen al juego de las ideas y creencias sociales muestra que la racionalidad hace posible la convivencia humanitaria, prescindiendo de los sentimientos religiosos de los transeúntes. Aparece entonces un aspecto de la realidad en la que es posible la simultaneidad mediante el racionalismo para obtener un beneficio común, sin que las creencias particulares sean óbice para la convivencia humana.                                      

La posibilidad de un orden social es el producto consecuente de la racionalidad de las conductas, sin obstrucciones generadas por las creencias particulares del prójimo. Ese aspecto de la realidad de incuba en la aplicación de la razón despejada de elementos propios de los seres humanos individualmente, que se reservan para el dominio personal de los componentes del tejido social que cobija a la totalidad congregada.                                                                                  La reserva de las creencias en el fuero interno de las personas no crean dificultades en la coexistencia común de las personas, a la luz de derechos humanos que preservan los sentimientos religiosos de los individuos.            

Del mismo modo, la función social de la política establece las condiciones de una coexistencia pacífica en el terreno práctico de la política del Estado, dejando para cada persona la libertad de culto para todos, incluyendo a aquellos que no tengan una necesidad existencial para su práctica. Caben allí las creencias personales de cada uno, sean de la naturaleza que fueren, incluyendo agnósticos, deístas, teístas y ateos sin que por eso infrinjan las normas de convivencia social  adoptadas por la ley, los usos y las costumbres. Con todo, queda a salvo la imposibilidad de admitir posturas posiciones religiosas impuestas a través de una ley, incluyendo si ella es islámica sectorial, que ha tenido como consecuencia la guerra entre fracciones islámicas tradicionales, moderadas incluso, y la demencia del Estado Islámico.     Por supuesto, que sin racionalidad, un problema que incluya características fanáticas, es una cuestión sencillamente sin otra solución que la que pueda aportar el paso del  tiempo.

Desde el islamismo del siglo VII, cuando Carlos Martel en 732 detuvo en Poitiers a los musulmanes, no parece haber cedido el ataque a la civilización judeo-cristiana de Europa hasta ya entrado el actual siglo XXI, que con los prolegómenos críticos de las Cruzadas y durante un lapso de casi doscientos ocho años, desde que el papa Urbano II predicó la primera de esas guerras santas, tuvieron como consecuencia haber terminado como empezaron, con una gran matanza. La virulencia del Estado Islámico y Al Qaeda suman una doctrina terrorista, aún cuando entre ellos esgriman diferencias; el Estado islámico se separa unilateralmente de Al Qaeda en febrero de 2014 cuando quiso expandir su poder a Siria para luchar contra Al Assad sin dar parte al movimiento de Bin Laden, que les niega independencia. Así, Al Qaeda considera que el Estado Islámico ha roto un pacto religioso, mientras que éste estima que no debe someterse a Al Qaeda por autoproclamarse independiente. Pero, no obstante, el común denominador es el terrorismo.

Ya en la plenitud del siglo XXI la humanidad entera, con su larga historia no exenta de desatinos y terribles crímenes, agrega un capítulo de horror con el atentado al periódico francés Charlie Hebdo. 

En una compleja mixtura de religión, ideología se ha instrumentado un nuevo conflicto de larga data, pero ahora proyectado a tiempos en los que han llegado a imperar de manera amplia la vigencia de la democracia y la libertad de expresión, sin perjuicio de muchas leyes no escritas como son las de la convivencia insertadas en las sociedades occidentales, y aún en otras regiones que responden a características culturales diversas.

La soberbia de quienes pretenden ser los dueños de la verdad absoluta se ha manifestado  superando a una mera colisión de civilizaciones distintas en medio de una reconfiguración de orden mundial en pleno proceso de cambios. 

En el mismo Occidente, con predominio ostensible de doctrinas cristianas, la evolución de las confrontaciones religiosas tuvo que enfrentar el fenómeno de la secularización durante los fines de la Edad Media y la Edad Moderna, hasta sus consecuencias posteriores durante los tiempos de la Ilustración.                          

Si bien ha transcurrido alrededor de un milenio desde la época de las Cruzadas, el desarrollo y consiguiente avance de la vigencia conceptual de la democracia parece mostrar una inversión de factores en pugna.                                

La reaparición de una violencia sistematizada señala que esa violencia, hace valer su presente con la pretensión de aplicar por ese medio como elemento para dirimir conflictos, así como el rechazo de una voluntad que apunte a la convivencia de los diferentes.                                                                       

Los cambios ocurridos en Europa después de la llamada Revolución Francesa, con la afirmación de los conceptos de libertad de culto y de conciencia, fueron temas que tuvieron gran influencia en Estados Unidos y ocuparon los debates del Congreso Constituyente argentino en 1852, en el que se debatieron intensamente los problemas vinculados con la religión y la libertad de culto.

Ya desde su estancia en Chile,  Domingo F. Sarmiento tuvo lecturas y debates con personalidades de la época sobre esos temas. Indagar sobre esos antecedentes lleva a un acercamiento de las ideas del racionalismo y del laicismo, sin que se subestime la dignidad de posturas filosóficas y  creencias religiosas.

Tanto el racionalismo con su contribución al garantismo del progreso en los Estados modernos, como el laicismo en el sentido de fuerza limitadora de la influencia de la religión en cuestiones de Estado, hicieron posible en la República la aparición de un concepto tolerante en la diversidad de aspectos esenciales para la vida de ciudadanos que, en su base común de humanidad diferían en sus apreciaciones filosóficas y religiosas. 

El seguimiento de las ideas filosóficas y religiosas de Sarmiento es posible hacerlo por sus artículos periodísticos,, entre otros, durante los debates parlamentarios por la ley de educación común y del Congreso Pedagógico inspirado asimismo por él.                                                                 

La lucha fragorosa entre sectores adversos condujo a la sanción de la ley 1420 durante el gobierno de Julio Argentino Roca y a batallas intensas, de la que es ejemplo la expulsión del país del nuncio apostólico Luis Matera y la interrupción de las relaciones con el Vaticano durante varios años.

Los personajes adversos a Sarmiento acusaron su participación como factor anticlerical.

La conducta sarmientina hace posible distinguir que el prócer nunca fue anticlerical sino laicista, con una diferencia conceptual que lo muestra ampliamente tolerante con las ideas religiosas.                                                                  

Sarmiento exhibía una actitud que, en todo caso, era contraria a la intromisión de un credo mayoritario en la vida cotidiana de la República, pero de ninguna manera como ataque a las creencias religiosos.                                                          

No en balde el arzobispo de Buenos Aires León Federico Aneiros dejó el testimonio de que el Gran Maestre de la Masonería Argentina, Sarmiento, había sido en el país el hombre de Estado más conservador con respecto a los asuntos religiosos, a pesar de que en ese tiempo la política de la Iglesia romana sufría un proceso de endurecimiento con el liberalismo, hasta llegar a su condena.

El principio vaticano de Unus Deus, una ecclesia, unum baptismo, se extendía desde los días de la juventud de Sarmiento a otro principio, Un rey, una ley, una fe, que en lo temporal se opondría a la apertura de los espíritus atraídos por la libertad de culto y demás expresiones de la libertad.

En materia de religión, Sarmiento seguramente por sugestión del ambiente doméstico de su infancia y adolescencia, se inclinaba hacia la devoción tradicional, pero el fanatismo del presbítero Castro Barrros, como lo indica en Recuerdos de Provincia, le suscitó las primeras dudas. Más tarde,, sus experiencias en Europa y los Estados Unidos le permitieron advertir en países no católicos, el protestantismo relativamente condescendiente con Roma,, como el anglicanismo y el luteranismo, mientras que donde predominaba el protestantismo de raíz puritana, éste era fuertemente antipapista, como era el caso de los Estados Unidos.

Esas visiones también le sirvieron para ver el grado de relaciones de las religiones cristianas diversas de la católica romana con los Estados respectivos.                                                                                               

Sarmiento, que siempre se ha presentado como un espíritu independiente, con la evolución de su personalidad y de su pensamiento, se manifestaría como libre pensador, con un libre pensamiento que algunas creencias nunca llegarán a  aceptar.

Esa parte de la historia ha sido interpretada como representante del anticlericalismo de Sarmiento. En estricto rigor, no tener una opinión común con una religión determinada y aún con un sector clerical de alguna de ella, así como incluso manifestar una actitud contraria de naturaleza clerical, no significa la adopción de una postura anticlerical.

Domingo F. Sarmiento no fue un anticlerical, ya que esa condición es de clase semejante a un totalitarismo, a un integrismo o a un fundamentalismo. Sarmiento respondía a las características de un ser laico, abierto a todos los hombres de buena voluntad, creyentes o no creyentes, que vivieran armónicamente en un estado de verdadera paz espiritual. Era adogmático para evitar caer en la trampa de los dogmatismos.                                                                    

Las palabras, incluyendo el término anticlericalismo, son símbolos que representan sensiblemente a una idea, y por eso el lenguaje es un caso particular de simbolismo. El principio del simbolismo es la existencia de una relación de analogía entre la idea y la imagen que la representa. El símbolo sugiere, no expresa, y por ello es el lenguaje electivo de la metafísica tradicional. 

El lenguaje empleado por Sarmiento a través de toda su obra,, lo muestra respetuoso por las posiciones filosóficas y las creencias religiosas.                                 

La idea sarmientina se relaciona con la asignación de campos específicos para las actividades del Estado y las corrientes religiosas, dentro de un fenómeno general de secularización, que a su vez se relaciona con la laicización.                          

El laicismo o la laicidad, según se prefiera determinado símbolo lingüístico, consiste en la separación del poder civil de la actividad religiosa, y la secularización del poder político.

El tema de la separación de la religión con  respecto a la política proviene de antaño. Pero no ha dejado de constituir una de las grandes dicotomías de la evolución sociopolítica, con la disputa suscitada por el renovado pensamiento secular para determinar los espacios que deberían ocupar lo sagrado en cuanto a la fe y a las religiones orgánicas en lo institucional. El progreso ha seguido el camino por el cual la religión dejaba de ser política y ésta no podía confundirse con los textos sagrados del judaísmo, del cristianismo y del islamismo.

Las expresiones del laicismo se asientan en la secularización de las instituciones del Estado, y en cuanto a lo laico y lo religioso, se establecen sus relaciones con acuerdos, desacuerdos y sobre todo con negociaciones alejadas a veces de la estabilidad.

El examen de la posición de Sarmiento parece advertir con claridad que el dominio de la ciencia corresponde a la exploración de la naturaleza, en tanto el dominio de la divinidad se circunscribe al mundo espiritual, un reino que no es posible explorar con las herramientas del racionalismo. El laicismo, por su parte, no puede consentir en degradar las expresiones religiosas que atenten contra los derechos humanos. Consecuentemente tanto el racionalismo como el laicismo son ajenos a conductas terroristas de cualquier guerra santa que se considere.                                     

Sarmiento apreciaba que el fundamentalismo laico era tan rechazable como el integrismo religioso. Además se ha mostrado partidario de pasar de una laicidad de ignorancia o rechazo del hecho religioso, a una laicidad de comprensión y reconocimiento de los aportes de lo religioso al cuerpo de la política.                                                                                                                            Para Domingo F. Sarmiento, la realidad siempre era compleja aunque fuera simple de verdad. Y para su inveterada percepción del prójimo, el sentido de igualdad como santuario donde nadie hace diferencias. Podía discutir acremente cualquier idea, pero con respeto por encima de todo a la ética debida para con el prójimo. Sabía además, que el difícil sentido del equilibrio guardaba una estrecha relación con la prudencia, por aquello de que la ironía era materia de aplicación restringida a los seres inteligentes. Es posible que no estuviese de acuerdo con un pensamiento acorde con la restricción  en alguna medida de la libertad de expresión, vista la imposibilidad de establecer el punto de flexión. Su moderación lo condujo a exteriorizar una conducta y un pensamiento civilizado, diametralmente ajeno a la barbarie de trasladar un sarcasmo irrelevante que pueda ser entendido como un insulto merecedor de la muerte.

Hasta es posible suponer que sucesos del siglo XXI, trasplantados a los tiempos del prócer y ser procesados en un análisis terrorista, llevarrían a una legión a ostentar como lema el Je suis Sarmiento.

                                                                       Enero 2015

* Francisco M. Goyogana es Miembro de Número del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia