Desde finales del siglo XIX se han desarrollado estudios sobre el comportamiento  y la psicología de las masas o multitudes. “En una masa todo sentimiento, todo acto es contagioso” (Le Bon), “La masa tiene que hallarse mantenida en cohesión por algún poder y a qué poder resulta factible atribuir tal función si no es al Eros” (Freud)  Pese a las diferencias bastante significativas entre ambos autores, los dos coinciden en que  el comportamiento de la masa es emocional y pasional. Mucho se ha escrito desde entonces  sobre el tema.

El fútbol, está considerado “pasión de multitudes”. Frente a este espectáculo se producen  vínculos entre la hinchada y su club.  Esto pasa particularmente en el caso de los campeonatos mundiales, cuando la identificación se produce  con la  selección  que representa a su país. Podría decirse que durante estas confrontaciones se entra en  “otro estado de conciencia”. Se trata de un fenómeno  de rivalidad que supera el barrio, la barra o el estrato social y donde se involucran complejos aspectos culturales e históricos

Johan Huizinga, filósofo e historiador holandés, escribió en 1938 una de sus principales obras, “Homo Ludens”, donde plantea la teoría de  que el juego ocupa la función de la lucha por algo, pero que se  desenvuelve dentro de límites establecidos, según  reglas  aceptadas,  en un espacio y tiempo determinados. Durante su desarrollo, se permite a la conciencia “ser de otro modo  en la vida corriente”, en un clima de tensión y de alegría. Según Huizinga, el juego es un fenómeno de cultura, esencial a la condición humana.

El “Fair Play” o juego limpio, pretende contener esta manifestación cultural dentro de sentimientos naturalmente satisfactorios y agradables. Se juega para enfrentar al contrincante respetando las reglas, para que no se trate solamente de ganar sino también de aceptar la posibilidad de perder. Eso no concierne exclusivamente a los jugadores sino al público que simpatiza con los equipos. Pero como se trata de pasiones y de  multitudes, se eluden los  comportamientos reflexivos.

La utilización del deporte que ha hecho la política se remonta a los orígenes de la civilización.  El fútbol en particular  tiene una tremenda repercusión social. Percibido por los que detentan el poder, no es  de extrañar que su aprovechamiento no siempre se mueva por motivos “puros”. Muchos intereses futbolísticos están imbricados con los intereses políticos y se produce su constante manipulación para acrecentar poder y dinero. En nuestro país el “Futbol para todos” ha sido una vergonzosa vía de propaganda del gobierno dirigida a  una clientela cautiva o mejor dicho, cautivada durante el desarrollo de su deporte favorito. Los aportes para el financiamiento de dicha campaña han salido de diferentes cajas, todas ellas alimentadas por los impuestos que los mismos espectadores pagan.   

En 1978, durante la dictadura Militar,  Argentina fue   la sede del campeonato Mundial de Futbol. El régimen se valió del mejor  telón  para encubrir el siniestro y macabro plan de torturas, desaparición y muerte de personas. Con un amplio programa de propaganda, se distrajo a la población y al mundo de la realidad que se escondía a pocas cuadras del estadio Monumental, donde  se jugaron gran parte de los encuentros. La ESMA era una de las cárceles más brutales de tormento y de represión. Es  probable además que en esos mismos momentos,  a pocos kilómetros de distancia, aviones cargados de prisioneros adormecidos sobrevolaran el agua para tirarlos vivos al fondo del mar.

En ese entonces, el triunfo de Argentina en el partido final  contra Holanda dio lugar a multitudinarios festejos callejeros. Hay testimonios de prisioneros que cuentan que ese día, algunos fueron sacados de su encierro por sus guardias y obligados a participar de los festejos, subidos en autos con techo corredizo. Cuenta Miriam Lewin que en ese momento hasta los prisioneros asomaron la cabeza y se dejaron arrastrar por la euforia del triunfo.  “Nos llevaron a una pizzería en la calle Maipú. La gente no dejaba de saltar arriba de las sillas, de subirse a las mesas, de abrazarse y de tocar bocina”. Describe la escena como dantesca, donde la alegría era tal que nadie percibía esta presencia de seres pálidos y temblorosos que eran dados por desaparecidos.

La imagen del General Videla, presidente de la Nación, paseaba por el mundo capitalizando la victoria, dando la sensación de  que era amado y respetado por todos los argentinos. A la hora de recibir los trofeos, los jugadores holandeses se negaron a saludar a los jefes de la dictadura argentina. Para la realización de este campeonato de futbol se creó el EAM, Ente Autárquico Mundial  y se calculan sus gastos en 700 millones de dólares, una cifra sideral y envuelta en corrupción. El ente se disolvió al año siguiente sin dar cuenta de la diferencia entre lo recibido y lo  gastado.

Salvando las distancias  de ese horror con  el presente, el mismo día en que la   selección argentina ganaba  el partido contra Holanda, por la mañana, en los festejos del 9 de Julio en Tucumán, un vicepresidente procesado y con pruebas contundentes de su responsabilidad por los cargos de que se lo acusa, presidía el acto de la conmemoración más importante de la Patria. No se limitó a eso sino que tomó la palabra y arrogándose la categoría de Prócer, destacó los méritos del gobierno al que pertenece, alabando a Perón, a Néstor y a Cristina. Se trata de un gobierno  que durante el tiempo de su mandato,  ha degradado valores, instituciones, comportamientos y sentimientos del pueblo a quien dice representar. Al mismo  tiempo, una periodista que cubría el acto pretendió acercarse para realizar su trabajo y fue ferozmente golpeada por la custodia de este personaje aventurero,  oportunista y sin escrúpulos, cuya vida viene transcurriendo entre el fraude y la guitarra. Una de las imputaciones que le hizo un fiscal al Vicepresidente es que, junto  al actual director de la ANSES, ejercieron  administración fraudulenta y realizaron malversación de caudales al  haber desviado fondos de ese organismo  para el “Futbol Para Todos”.

Un Vicepresidente acusado de corrupción al frente de esa conmemoración, de un acto patrio convertido con el mayor cinismo en un acto político, es una de las mayores humillaciones a las que  ha sido sometido el pueblo argentino. El alboroto de la contienda deportiva por desarrollarse ese día, hizo  que la gran mayoría de los argentinos ignorara este hecho escandaloso. Debe agregarse que en todos los titulares de los diarios de ese mismo 9 de julio,  se hablaba de la “humillación” con que Alemania había “avergonzado”  a Brasil por su goleada de 7 a 1 el día anterior. En honor a la realidad sólo se trataba de  un partido de fútbol en el que  uno de los dos equipos había jugado mejor.

Pocas horas más tarde con el triunfo de Argentina,  la multitud se volcó a las calles y cantó el himno con fervor patriótico. Festejaba sin reparar en el ultraje y el oprobio al que los ciudadanos habían sido sometidos esa misma mañana. Faltaba el último escalón para alcanzar la gloria.

Ahora, después de jugado el último partido, después del gol de último aliento  que consagró  al campeón del mundo, el saldo   resulta bastante lamentable. No se trata de una evaluación deportiva. Eso queda a cargo de los especialistas y opinólogos que ensayarán explicaciones sobre la realidad y  todo tipo de especulaciones contra fácticas para explicar el no triunfo.  En cambio, sí se trata de hacer una valoración sobre esa multitud  nuevamente de las calles. Esta vez para festejar la derrota. Multitud que según la interpretación de Spinoza,  tiene existencia en tanto muchos y que sentía la necesidad catártica de vivir su última noche épica.   Pero a veces los hechos tuercen las mejores  intenciones.

De la multitud surgieron  individualidades. Inadaptados conformando una horda desenfrenada y salvaje que comenzó desde temprano el  saqueo y el destrozo de cuanto encontraba a su paso. Habría hecho falta tal vez una acción de inteligencia por parte de la policía para saber que esto no podía terminar de otra manera. Los trabajadores  de los medios que cubrían con sus cámaras la marcha, mostraban impotentes y, hasta con riesgo de su propia integridad, la acción delictiva de sujetos a los que fue difícil controlar.  Habrá que evaluar los daños y el costo de los mismos.

Cabe hacerse unas preguntas  frente a la demostración  pasional  de esa multitud, conformación  que se  siente como  suficiente amparo. Si sus integrantes  hubieran reflexionado sobre posibles riesgos, ¿habrían  expuesto  a niños,  a criaturas en cochecitos, a una posible violencia o salida de cauce del festejo? Es más, si se hubieran detenido un segundo para razonar para darse cuenta de  que la fiesta había llegado a su fin,  a lo mejor habrían perdido el control, devastados por el pánico. Y la cruda realidad cotidiana se habría tomado la revancha y  les habría enrostrado su condición individual desprotegida.

                                                                                                          Julio 2014

* Escritora y Directora de con-texto

Las notas que siguen tienen como tema central los usos de la ley y las instituciones en tiempos del primer peronismo. El ciclo se abre con el golpe del 4 de junio de 1943, que destituyó al presidente Castillo, clausuró el Congreso e instaló un gobierno militar. Es a partir de ese acontecimiento que el entonces coronel Perón comenzó a insertarse en el juego grande del poder político, asumiendo rápidamente posiciones de importancia. Su protagonismo se fue forjando mediante una acumulación de funciones influyentes en el régimen de facto. Primeramente en el Departamento Nacional del Trabajo, convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión, con jerarquía ministerial; luego se agregaron el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Se constituyó en el “hombre fuerte” del gobierno militar, potenciándose su presencia a partir de los acontecimientos de octubre de 1945. Era quien mandaba en el país.

En las elecciones generales del 24 de febrero de 1946 Juan Domingo Perón fue elegido Presidente. Su candidatura fue sostenida por los partidos Laborista y Unión Cívica Radical-Junta Renovadora y una agrupación menor, el Partido Independiente. Lo acompañó, como candidato a la vicepresidencia, Hortensio Quijano, un veterano dirigente radical de la provincia de Corrientes, proveniente del nacionalismo de derecha. Venció a la fórmula integrada por los radicales José P. Tamborini y Enrique Mosca, apoyada por la Unión Democrática, de la que hacían parte la Unión Cívica Radical y los partidos Socialista, Demócrata Progresista y Comunista. Votó el 83% del padrón (que era aun exclusivamente masculino). Triunfó en todos los distritos, salvo la provincia de Corrientes, y obtuvo en el orden nacional un apoyo del 53%. Previo ascenso al grado de general, asumió el 4 de junio de ese año, tercer aniversario del golpe que había señalado el comienzo de su carrera hacia el poder.

Como consecuencia del resultado electoral, sus partidarios hicieron mayoría en ambas Cámaras del legislativo, por lo que controló el Congreso desde el inicio de su gestión presidencial. Contando con esa herramienta, comenzó su avance sobre el Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema. Con excepción del ministro Casares, representante de la Iglesia en esa Corte, se promovió el juicio político de sus integrantes. Uno de ellos renunció, los restantes fueron destituidos. Se los reemplazó con allegados al régimen. Al reformarse la Constitución, en 1949, la Convención tomó una importante determinación: los jueces nacionales, en su totalidad, quedaban sujetos a que, durante el primer período legislativo siguiente a la sanción, se solicitara y obtuviera nuevamente el acuerdo del Senado (Disposición transitoria 4ª, aplicable a la justicia y al servicio diplomático). Se abrió por esa vía una amplia posibilidad, revestida de legalidad, de llevar a cabo remociones a discreción. De modo que la inamovibilidad de quienes se desempeñaban a la sazón en esas funciones fue arrasada. En poco tiempo, sometió a la judicatura en pleno a sus requerimientos políticos. A la aplicación de la cláusula recién citada siguieron las previsibles designaciones complacientes.

El federalismo fue rápidamente allanado. Mediante la sanción de otras tantas leyes fueron intervenidas las provincias de Catamarca y Córdoba. También lo fue Corrientes, única que había elegido gobernador no peronista en 1946. Esas primeras intervenciones fueron señalando un derrotero de exigencia de unanimidad, incluso frente a gobiernos locales ejercidos por personas de su misma extracción política pero que no satisfacían las expectativas del jefe. Durante su gestión Perón anduvo con pocos miramientos en lo concerniente a las autonomías provinciales, reiteradamente violentadas mediante intervenciones federales. Quince, en total; once por decreto del Poder Ejecutivo, solamente cuatro por ley del Congreso. Un remedio previsto en la Constitución, después de todo, aunque para situaciones claramente definidas y no dependiente de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo Nacional. En esta materia, su gobierno no fue excesivamente original, sus predecesores habían hecho amplio uso de ese instrumento.  

No consideró suficiente, para el desarrollo de su proyecto político -y para sus ambiciones personales-, el período constitucional de seis años. Se puso en marcha, entonces, una reforma para remover el obstáculo. La regla prevista en la Constitución de 1853/60 para el proceso de su reforma decía: Art.30.La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto. No le era posible reunir esa mayoría calificada, de modo que se practicó una maniobra hermenéutica: las “dos terceras partes” habrían de referirse a los miembros presentes el día de la votación. Ello posibilitó declarar la necesidad de la reforma (ley 13.233) y reunir la Convención, que la sancionó, con fecha 11 de marzo de 1949. La reforma configuró una amplia reelaboración de sus disposiciones, bajo la inspiración del nacionalista católico Arturo E. Sampay y con la bendición del Presidente. El nuevo texto previó la posibilidad de reelección presidencial. En las elecciones de noviembre de 1951 (ahora con el sufragio femenino) la misma fórmula triunfante en 1946 fue consagrada para un nuevo período de seis años, superando a la radical (Balbín-Frondizi). Fallecido el vicepresidente electo, se convocó una elección para su reemplazo, celebrada, tardíamente, en 1954, en la cual fue consagrado Alberto Teisaire.

Desde el punto de vista de las libertades públicas el régimen dio acabadas pruebas de intolerancia y autoritarismo. Consolidó su poder y dominó divergencias valiéndose de dos vías convergentes: por un lado, los mecanismos burocráticos y crudamente policiales y por el otro mediante la sanción de leyes represivas. En cuanto a lo primero, se hizo amplia aplicación del régimen de contravenciones y edictos policiales regulatorios de reuniones públicas y otras actividades. Bajo pretexto de “desórdenes” o “escándalo” se practicaban arrestos bajo la sola autoridad de jefes policiales, aplicando los viejos “edictos”. La policía y demás fuerzas de seguridad contaron con un “fuero” propio, a partir de la sanción de un Código de Justicia Policial, impuesto por ley promulgada el 30 de septiembre de 1952. Se recurrió también a la aplicación de la añeja ley de residencia (nº 4144), que autorizaba al Poder Ejecutivo a proceder discrecionalmente a la expulsión de extranjeros considerados indeseables. Se establecieron dependencias oficiales al servicio de esas políticas, como Control de Estado y, en la órbita policial, Sección Especial, Orden Político, Orden Gremial. Se clausuraron medios de prensa, se monopolizó la radiodifusión. Este régimen, en su conjunto, reflejó en severas restricciones al ejercicio de los derechos de reunión y protesta públicas, detenciones arbitrarias, expulsiones y amplia gama de abusos de autoridad.  

En lo que atañe al recurso a instrumentos legales, contando con la benevolencia judicial frente a las objeciones en términos de constitucionalidad, se sancionaron varias leyes penales, adecuadas para su aplicación persecutoria. Dos ejemplos, ambos del año 1949: la ley 13.569, que reformó el Código Penal, modificando la tipificación y aumentando las penas del delito de desacato, con grave detrimento de la expresión pública de ideas disidentes; y la nº 13.985 que, recogiendo la experiencia de decretos-ley dictados en tiempos del gobierno de facto, tipificaba un catálogo de delitos “contra la seguridad de la Nación”, tales como traición, espionaje, sabotaje, entre otros, incriminando, sorprendentemente, incluso formas culposas de comisión. Hasta la huelga de trabajadores podía ser alcanzada por sus disposiciones.     

No le bastó al gobierno el régimen del estado de sitio, reglado por la Constitución, que confería al titular del Poder Ejecutivo la facultad de arrestar y trasladar personas, por tiempo determinado. Últimamente lo había decretado Ramón Castillo en 1942 y levantado en agosto de 1945, siendo presidente de facto Farell. Tampoco se conformaba con la suspensión de las garantías constitucionales tal como establecida en el art. 34 de la Constitución sancionada a su propio impulso en 1949. Un alzamiento militar, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1951 y fue fácilmente sofocado, le dio la oportunidad para implantar un orden más adecuado a los requerimientos autoritarios: el “estado de guerra interno”. Se lo impuso por decreto, rápidamente convertido en ley (nº 14.062) por un Congreso siempre dispuesto a secundar las decisiones presidenciales. Fue oportunamente declarado constitucional por la Corte Suprema, en base al argumento de que la existencia de un estado de guerra constituye una cuestión de competencia exclusiva del poder político, no justiciable. Las fuerzas armadas y de seguridad se desplegaron al servicio de la represión en términos de otro invento peronista: el denominado plan Conintes. Todas las sucesivas campañas electorales, a partir del tramo decisivo de la que condujo a la reelección presidencial para el período 1952-1958, se desarrollaron bajo la vigencia de ese estado de excepción, que se levantaba únicamente durante el día del comicio.

La legislación que suponía un país sumergido en la guerra siguió en vigor hasta la destitución de Perón. Era invocada, en conjunción con los demás instrumentos legales propios de las características del régimen imperante, en sustento de arrestos, restricciones al derecho de reunión, clausura de periódicos y otros atropellos. Todo este orden de cosas, que hacía poco o ningún caso de las garantías constitucionales, difundió la caracterización de “a disposición del Poder Ejecutivo” para cubrir frecuentes y a veces prolongados encarcelamientos. El recurso de habeas corpus fue ignorado por los tribunales.

Las Cámaras del Congreso cumplieron con su función de dictar leyes. En lo referente al ordenamiento educativo, la ley 12.978 ratificó el decreto del gobierno militar nº 18.411 del año 1943 (impulsado por el ministro, notorio fascista y antisemita Gustavo Martínez Zuviría), que había impuesto la enseñanza religiosa en las escuelas, dejando sin efecto el ordenamiento de la ley 1420. La nueva ley fue objeto de intenso debate, en el cual la posición que resultó mayoritaria tuvo como principal expositor al diputado Díaz de Vivar. Cabe mencionar, incidentalmente y como prueba de pedestre oportunismo legislativo, que tan solo ocho años más tarde, en 1954 y por medio de la ley 14.401, dictada en pleno conflicto con la Iglesia, lo que en esa materia había sido escrito con la mano fue borrado con el codo.

Siempre en relación con lo vinculado a la educación, conviene recordar otros momentos en el proceso de demolición institucional que el parlamento contribuyó a concretar. Las universidades nacionales habían padecido intervenciones durante el gobierno militar. El Congreso, recientemente instalado y dominado por el peronismo hizo su tarea: por medio de la ley 13.031, de octubre de 1947, barrió la autonomía universitaria, poniendo a las universidades bajo el directo control del gobierno nacional. Mediante la sanción de la nº 13.598 eliminó el Consejo Nacional de Educación (que el gobierno militar había ya intervenido). Como se verá en seguida, tanto o más que la religión fue el justicialismo el credo que, por mandato legal, impregnó el orden de la educación pública durante esos años.

El 17 de octubre de 1950 el presidente proclamó formalmente “las veinte verdades del peronismo”. El Congreso, en oportunidad de aprobar mediante la ley 14.184 (diciembre de 1952) el ordenamiento del Segundo Plan Quinquenal, las consagró formalmente como “doctrina nacional”, incluyéndolas en un texto más amplio, que configuró lo que se designó como Doctrina Nacional Justicialista. Fue un acto legislativo de fuerte repercusión institucional, ya que traduce en obligación legal obrar de conformidad con los requerimientos del poder. Sobre su base se instauraron afiliaciones obligatorias, en diversos y amplios espacios institucionales. Los docentes universitarios y otros funcionarios fueron invitados a sumarse al clamor por la reelección del creador y conductor del movimiento en el que encarnaba la doctrina nacional. Sobre los renuentes, llovieron cesantías. Educar, juzgar, administrar, todo debía inscribirse en ese marco.

La Doctrina Nacional Justicialista, conviene reiterarlo, no era vista como la plataforma programática o el plexo de convicciones de personas o agrupaciones –como no fuera la inspiración genial del Conductor- sino que se la entendía como expresión de la Nación toda. Ahora, además, era formalmente ley. No compartir sus postulados implicaba transitar el terreno de lo ilícito. Era una doble afrenta: a la ley y a la nacionalidad. El opositor pasaba a ser delincuente y antipatria. Un enemigo, en suma, de la comunidad organizada (según la terminología cara al General) y de la patria argentina. Que convocaba dos definiciones tristemente célebres: “Al enemigo ni justicia” y “No hay mejor enemigo que el enemigo muerto”. Una utilización perversa de la legalidad.

El Congreso colaboró adecuadamente en los más diversos aspectos del sostenimiento del régimen. Desde conceder a Eva Perón, ya gravemente enferma, el curioso y nada republicano título de “Jefa espiritual de la Nación” convirtiéndola, desde la posición del poder legislativo, en objeto de culto nacional, hasta operaciones de menor cuantía simbólica aunque de utilidad práctica. Por ejemplo, amañando leyes electorales. Operó como instrumento de la voluntad presidencial negando la posibilidad de controvertirla, no solamente a través de la sanción de la doctrina de su partido como doctrina de la Nación sino incluso en el aspecto interno de la práctica parlamentaria. Convirtió el “cierre de debate” en procedimiento ordinario de dejar sin uso de palabra a los integrantes de la minoría. Expulsó a los legisladores más díscolos (Balbín, Sanmartino, Santander), por la vía del desafuero. Como tantos otros políticos desafectos, empresarios poco complacientes e incluso dirigentes sindicales y aun militares, fueron presos o debieron exiliarse. Creó comisiones investigadoras especiales, con pretextos diversos, que se dedicaron a tareas persecutorias ajenas a los propósitos declarados de su creación. Un ejemplo fue la comisión bicameral creada a fines de 1949 para la investigación de denuncias de torturas policiales, que se esmeró cínicamente en clausuras de periódicos, allanamientos y operaciones intimidatorias. Por el apellido del diputado que la presidiera, se la recuerda como “Comisión Visca”.

La tendencia totalizante del peronismo se percibe asimismo en el estilo estructural del “movimiento”. Bajo el lema “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista” se lo integró en una conjunción de tres ramas: masculina, femenina y sindical. En consonancia con ese ordenamiento y superpuesto al devaluado orden constitucional de división de poderes, se desarrolló un régimen de tipo corporativo, sustentado en una regulación legal de asociaciones profesionales y de relaciones laborales, concretado en una central única de trabajadores y otra de empleadores: C.G.T. y C.G.E., respectivamente. La primeramente citada pasó a formar parte del organigrama general del poder político peronista, aportando incluso la tercera parte de los candidatos a los cargos electivos. En este orden de temas merecen recordarse la creación de un Consejo Económico y Social, basado en representación tripartita (decreto 2098/1946), en el ámbito de la Presidencia; del Consejo Económico Nacional (decreto 20477/1947) y del Consejo Nacional de Cooperación Económica (decreto 18184/1949), así como su inserción en los sucesivos planes quinquenales. Corresponde citar, asimismo, el régimen de la ley 14.250, del año 1953, que trata de las convenciones colectivas de trabajo y cuyo aspecto controversial principal es que se basó en la representación única de los trabajadores.

Perón fue derrocado por un golpe militar, que contó con apoyos civiles. Había empezado su trayectoria de Gran Conductor de la Nación con un golpe de Estado y terminó con otro. Entre el alumbramiento y el ocaso transcurrieron doce años, tres meses y unos pocos días.

Años más tarde, en circunstancias políticas y sociales muy diferentes, tuvo lugar un nuevo encumbramiento y gobierno de Perón. Comenzó con la violencia guerrillera; su final, tras la muerte del General, fue también un golpe militar, que expulsó a su esposa, a quien él había ungido como sucesora, e instauró una feroz dictadura. También en este caso el ciclo de la violencia recurrente.

Quien siembra vientos cosecha tempestades. Conviene recordarlo

 ARNOLDO SIPERMAN, Abogado, Facultad de -derecho de la Universidad de Buenos Aires (1958), Profesor en las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Profesor, Jefe de Departamento y Vicerrecctor del Colegio Nacional de Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires). Director de publicaciones universitarias, jurado de concursos, miembro del Consejo Superior Universitario (1960/61) Autor de  numerosos artículos, monografías y varios libros. Los más recientes: Una apuesta por la Libertad. Isaiah Berlin y el pensamiento trágico, Ed. De la Flor (2000) El imperio de la ley. Política y legalidad en la crisis contemporánea (2002) Ideología. Una introducción (2003) Pensamiento trágico y democracia (2003). El drama y la nostalgia. Racismo Político, Wagner y la memoria reaccionaria, Buenos Aires, Ed. Leviatan (2005) . La ley en Roma y el mundo moderno. Juristas, científicos y una historia de la verdad , Ed. Biblos (2009) y Servidumbre y exclusión, Ed. Leviatan (2013)

Este  proyecto bosquejado con  un amigo, con  esa persona con la que un día empezamos a decir,   “qué te parece,  cómo lo hacemos, cómo lo  encaramos, qué nombre le ponemos, cómo lo diagramamos”, fue  un plan donde   las divergencias se subsanaban con   el respeto por las mutuas ideas, por las distintas perspectivas. Fue  una convergencia en  un punto de partida sobre  acuerdos básicos,  principios éticos, ideales y  admiración recíproca.  Así se logró un  trazado que  dio como  resultado  este espacio y sus dos  años de crecimiento lleno  de satisfacciones.

En el principio fue la violencia. Una violencia de rapiña, con pautas frágiles,  fáciles de ser quebrantadas y por ello  letales. Todos  contra todos, en un proceso  mimético que hacía que se respondiera con otra violencia similar. Violencia que generaba miedo y miedo que generaba más violencia.  No había Estado ni Ley.  . .

Ha pasado mucho  tiempo y la humanidad transitó varios siglos construyendo Civilidad, Ley, Estado.  Qué fue entonces lo que nos condujo, en la Argentina de hoy, a  esta situación de anomia, de desintegración del tejido  social, de desconocimiento de normas que están vigentes pero que se ignoran, en fin, de violencia.

A Thomas Hobbes que había nacido en 1588, también le  tocó vivir  una época violenta en la que las guerras de religión causaban estragos y la paz era una excepción y un paréntesis. Su madre lo tuvo prematuramente a causa del terror producido por  la amenaza que representaba  la Armada Invencible, ya acercándose a las costas de  Inglaterra. Él diría de su nacimiento “el miedo y yo nacimos gemelos”.  Ese miedo marcó su pensamiento y lo hizo escribir:

 “Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos (es decir ser su representante.) Cada uno de ellos,  tanto los que han votado en pro como los que han votado en contra, debe autorizar todas las acciones  y juicios de ese hombre o asamblea de hombres, lo mismo que si fueran suyos propios, al  objeto de vivir apaciblemente entre sí y ser protegidos contra otros hombres”. (Thomas Hobbes – “Leviatan”).

Este fue un recurso racional para controlar la irracionalidad de un supuesto estado de naturaleza donde todos estaban expuestos a la acción de los otros. Se  instauraba así un pacto, una soberanía como resultado de un contrato que suponía la existencia de una sociedad política,  donde todos cedían parte de su autonomía a cambio de la protección de un soberano o asamblea  para que los pusiera a recaudo de los abusos de unos contra otros. Esa violencia originaria se domesticaba de esta  manera aunque no desaparecía, ya que bajo la tutela de un soberano sólo cambiaba de nivel. Ahora todos estaban expuestos a las arbitrariedades de este soberano que, además, se instituía con una legitimidad que emanaba del cielo.

Aunque como de racionalidad se  trataba, tiempo después se buscó la forma de  desafectar a esta legitimidad de los designios celestiales.  Era  el tiempo de la Ley que “venía a ocupar el lugar del  recurso a la autoridad sobrehumana”,  (A.Siperman – “La ley Romana y el mundo moderno”). Ahora  no obedecía a ninguna legitimación por fuera de ella misma. Era una estructura racional que,  entendida por todos los seres humanos haciendo uso de su razón, serviría a cada uno para poder  lograr  su propia autonomía. Según Kant ésta supone obrar según una ley moral universal: “Obra de tal  modo que puedas siempre querer que la máxima de tu acción sea ley universal» «Obra de tal modo que emplees la humanidad, tanto en tu persona, como en la  de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca sólo como un medio». De lo sobrenatural a lo humano, la ley dependía ahora de la razón y de la voluntad. Porque sin ley no habría siquiera percepción del mal, sin la percepción del mal no habría ninguna necesidad de ley. O sea que la ley es el patrón  sobre el que se puede establecer  si una acción es buena  o es mala. Y el mal está inseparablemente unido a nuestra libertad.

En 1776, según  la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos,  se  proclama que “todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad;……” Esa felicidad que para cada individuo puede ser diferente y puede conseguirse siempre que no se afecte la libertad ni la integridad de los otros.

Con la Revolución Francesa se pone en circulación la idea de un  sistema institucional que limite el poder del Estado y se atribuye a la “democracia” un papel relevante en su construcción teórica. Para Montesquieu todo ciudadano, aunque sea pobre, tiene que poder encontrar ingresos suficientes  y los ciudadanos ricos tienen que seguir siendo medianamente ricos de modo que tengan necesidad de trabajar para mantener sus posesiones. Su concepción de la democracia es la de garantizar la libertad y evitar el despotismo. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad.

La ley moderna desciende del ordenamiento de la antigua Roma y el Estado liberal burgués de Derecho fue el instrumento político orientado a fundar racionalmente la libertad, la propiedad y la seguridad, poniendo a resguardo a los ciudadanos de los excesos  del poder. La ley es necesaria para la existencia misma del  Estado de Derecho.  Ley y Estado son inseparables. 

Emile Durkheim un testigo lúcido de fines de siglo XIX y padre de la sociología moderna decía, “No todo es contractual en el contrato”.  Una sociedad no puede fundarse solamente entre individuos libres e iguales, porque entonces excluye,  ya que no todos tienen las mismas condiciones de paridad dadas las tremendas desigualdades. La democracia  fue pensada para canalizar el conflicto, para  equilibrar las desigualdades y hacerse cargo de la violencia que el conflicto de esas desigualdades pudiera ocasionar. Para aquellos que no disponen de otros “capitales”, no solamente económicos sino también culturales y sociales,  el Estado debería  proporcionar los medios básicos para equiparar y nivelar las diferentes situaciones de sus habitantes: una educación de  buen nivel laica y gratuita, el acceso a los servicios de salud pública,  la posibilidad de una vivienda digna y  garantizar la seguridad de todos los habitantes.  

Nuestro país se caracterizó desde fines del siglo XIX por tener una movilidad social ascendente. Inmigrantes pobres y analfabetos llegaban  a estas tierras y podían mandar  sus hijos a una escuela pública de excelencia que desembocaba en la posibilidad de acceder después a una carrera universitaria.  Se priorizaba el saber y  la cultura. La Universidad  de Buenos Aires pasó a ser admirada en toda Latinoamérica  por la calidad de sus profesores y por el nivel de su enseñanza con la que egresaron profesionales que se destacaban en todo el mundo.   

Pero algo cambió en nuestro ADN y en el presente  esto parece mitología. Tenemos  una presidente que no se priva de hablar sobre la exclusión. Como si se tratara de la representación de un papel en una obra de teatro, las palabras quedan vaciadas  de contenido y alejadas de la realidad. Habla de “los  excluidos” como si fuera  un colectivo. Es, en cambio,  una colección de situaciones totalmente diferentes que crece día a día  con un común denominador, ir  quedándose  fuera de lo social.   Es el resultado del   des-manejo y del saqueo de la cosa pública perpetrado por los que junto a ella vienen detentando  el poder a lo largo de de casi once años. Aún así insiste en profundizar la grieta, acusando a “los otros”, los que no son “ellos”, de  responsabilidades que a los que  gobiernan les competen. Como consecuencia  de esta generación de violencia se produce un aflojamiento del lazo social ya  bastante deshilachado.

Pero todo tiene una genealogía. A partir de 1943 una revolución militar de índole fascista asalta el poder constituido y se adueña del gobierno del país. Entre esos militares surge un  “líder”, Juan Domingo Perón quien  en poco tiempo se hace elegir “democráticamente.” Ya en el poder, extractadas de una publicación de sus clases sobre   “Conducción Política” en la Escuela Superior Peronista, en el año 1951, son llamativos estos párrafos: “Lo impor­tante en las doctrinas es inculcarlas, vale decir, que no es suficiente conocer la doctrina: lo fundamental es sentirla, y lo más importante es amarla”. . . . . .  “La función de esta escuela no es sólo de erudición, no es solamente la de formar eruditos, sino la de formar apóstoles de nuestra doctrina. Como tercer asunto, o tercera misión, creo que sigue en importancia la formación de los cuadros. Los cuadros peronistas deben ser cubiertos, no solamente con hombres que trabajen para nuestro Movimiento, sino que también deben ser predicadores de nuestra doctrina”  

Admiraba a  Mussolini y era una persona hábil y oportunista.  El populismo era el traje que le quedaba a medida, una forma de pensar las identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas, una manera de construir lo político.  Ya el 2 agosto de 1946 se sacaba la careta y arengaba a sus seguidores  diciendo  "El día que ustedes se lancen a colgar, yo estaré del lado de los que cuelgan". "Entregaremos unos metros de piola a los descamisados y veremos quién cuelga a quién", 13 de agosto de 1946.  "Con un fusil o con un cuchillo a matar", 24 de junio de 1947. "Levantaremos horcas en todo el país para colgar a los opositores", 8 de septiembre de 1947. "Vamos a salir a la calle una sola vez para que no vuelvan ellos ni los hijos de ellos", 3 de junio de 1951. "Distribuiremos alambre de fardar para ahorcar a nuestros enemigos", 31 de agosto de 1951. "Compañeros, cuando haya que quemar voy a salir yo a la cabeza de ustedes a quemar", 7 de mayo de 1952. "Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?", 16 de abril de 1953. "Aquél que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades puede ser muerto por cualquier argentino. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos. Que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que los hayamos aniquilado y aplastado", 31 de agosto de 1955. 

Y esa “lucha” prendió como vacuna contra la institucionalidad. Nos hemos quedado sin la presencia del Estado y del cumplimiento de sus obligaciones.  La educación pública igualadora está en vías de desaparición, el cuidado de la salud de la población a la deriva y los elementos disuasivos y preventivos para la seguridad de los ciudadanos en manos de cómplices del delito.  La situación carcelaria deplorable, con celdas sucias, violaciones sistemáticas , humillación de las visitas, mala atención médica, guardias que venden drogas, encierro de delincuentes juveniles junto a criminales avezados, convierten las cárceles en fábricas de criminalidad y miseria.

Los jueces, encargados de juzgar a quienes delinquen, empezando por los mismos gobernantes, están atemorizados, comprados o frágiles. Dada su ausencia, la gente pide castigo, venganza. Es también producto  de la ignorancia cívica. En los últimos tiempos se han multiplicado las situaciones de linchamiento en las que vecinos “hartos” de la desaparición de un Estado que los proteja,  han decidido tomar la justicia por mano propia, pateando y golpeando a probables delincuentes. Los instintos más primarios surgen en estas situaciones donde los protagonistas también son presas de la frustración y el resentimiento. Son incentivados por discursos de nuevos oportunistas que sin el menor análisis alimentan a la gente con slogans fáciles de digerir. Se pide endurecimiento de la penas, pero   si bien hay que ser duros con el crimen -únicamente  bajo las reglas que impone la ley- también hay que ser  duros con las causas del crimen. Estas causas conforman un complejo entramado.

Una de las más importantes es que los primeros que tienen que hacer cumplir la ley son los primeros que la infringen, con la obscena corrupción que es la principal causa de todas las anomalías que sufre el país.

Y aunque parece que la violencia  fue sólo  en el principio porque había pautas frágiles,  fáciles de ser quebrantadas, está siempre latente la amenaza de su reaparición. Estamos reingresando, si no estamos ya,  en  un sistema de todos  contra todos,  de una violencia anárquica, similar y peor porque no hay ley que inventar. Violencia que genera miedo y miedo que  genera más violencia.  Ya que no hay Estado ni hay cumplimiento de la  Ley que tras siglos de su implantación se ignoran y se bastardean.

                                                                                  Abril  2014

*Ernestina Gamas es co-directora de este sitio y escritora

A diferencia de la voz de los animales que sólo emiten sonido para indicar dolor o placer -dice Aristóteles- sólo la especie humana posee la palabra para expresar el sentimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. La palabra es el medio del que se valen las personas que viven en comunidad, para alzar su voz y hablar de la justicia con que se reparten las ventajas y las privaciones que les toca de lo común.

Pero no todas las voces tienen la misma preponderancia, no todas las voces tienen el mismo grado de libertad para representar una parte de esa comunidad. La libertad que debería ser la cualidad de quienes no tienen otra, ni riqueza ni poder, es en la práctica lo que sólo algunos ejercen. Muchos, el resto de los que integran el demos, son el escándalo de un sonido inaudible. Esa ficción necesaria para conformar el todo, es la parte indiferenciada y marginada en el silencio.

El sistema llamado democracia, fue pensado para involucrar a todos, también a la parte de los que no tienen parte y es un sistema que origina también, el sentido de la política y de su voz. La democracia es una administración de los intereses desencontrados y fue pensada como forma de equilibrar las desigualdades. La política es la forma de canalizar el conflicto, de hacerse cargo de la violencia que el conflicto de esas desigualdades pueda ocasionar. Por ello, la palabra política debería ser también la voz de quienes no tienen voz, para tomar su lugar y hacerse reclamo. Esa es su obligación.

Por el contrario hoy entre nosotros, el lenguaje político se utiliza para malversar la razón de ser de la política y aprovechándose de ese silencio, no deja de levantar los decibeles sin parar de vociferar. En un acto de traición permanente, pretende acallar todo sonido disidente que intente cuestionar su acción.

Así, roto el contrato con su función de origen y apelando al desgaste de la palabra, el lenguaje político se ha vaciado de sentido. Vacío del significado de las palabras en una repetición ad infinitum de una verborrea que nada dice y cuanto dice lo desdice sin pudor, se esconde detrás de múltiples máscaras que ocultan sus verdaderas intenciones, la de un poder sofocado y sofocante que pretende cooptar voluntades y afianzarse en su fuerza de sojuzgamiento. La autoridad delegada en los administradores de la res-pública, toma forma de poder ilimitado, que se esgrime desde el Gobierno como forma de dominación, después de haber clausurado sistemáticamente los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad. Ya que la política para ser ejercida es inseparable de la comunicación, los actores necesarios son los políticos, los medios y la opinión pública.

Desmantelado el entramado institucional que sirve de sostén a las libertades individuales y a la inclusión que debe asegurar la democracia, lejos de equilibrar la impotencia de los más desprotegidos, imprime su violencia en un discurso que pretende ser unívoco. Este es el resultado de una alianza desvergonzada. La de un grupúsculo que se adueñó de las decisiones amparado en la validación de las urnas, con un entorno cómplice y obsecuente de empresarios que hacen buenos negocios. De esta manera se hipoteca el patrimonio de todos repartiendo tanto la obra pública como las licencias de medios de comunicación masiva por donde circula un simulacro de palabra política. Todo recurso es válido, eufemismos, información tergiversada, discursos estandarizados y muy escasas entrevistas y declaraciones utilizando cuanta salida retórica y mecanismo significante pueda disimular el saqueo del futuro de aquel resto silencioso.

Aunque existe un sector de voz independiente, una ilusión de lo político, que se ha convertido en el sustituto imaginario de esta clase dirigente. Extrapolando lo que decía Tocqueville en “El Antiguo Régimen y la Revolución” publicado en Francia en 1856, refiriéndose a los intelectuales del siglo XVIII, “si pensamos en esta nación tan molesta con sus instituciones y tan incapaz de enmendarlas, se comprenderá sin dificultad” que los periodistas han necesitado hacerse cargo de esa palabra vaciada por la mitomanía, al hablar a la gente con realismo y crudeza y referirse a sus problemas y a su dramática condición cotidiana, transformándose así en palabra política. El gobierno que se diluye en su desmesura, es el que auto impugna su propio relato y enredado en obsesiones conspirativas recurre a la estrategia inefectiva de vilipendiar cuanto cree que lo amenaza. Lo más lamentable es que en la medida que se desvía del principio representativo, pulveriza su legitimidad. Al caer de su pedestal de poder trastabilla y en sucesivas crisis de desconfianza y de recelo arremete contra los que desafían a la palabra única, imputándolos de ser agentes de “complot destituyente”. Notable paranoia de quien produce su propio aislamiento como patología política. 

De esta manera y en forma demagógica se multiplican las denuncias de complot. Se acusa al periodismo de terrorismo de tinta, como si fuera el creador de las desgracias que sólo denuncia. Así, complotan los que escriben y describen, complotan los que aportan los fondos que ellos dilapidan, complotan los que opinan distinto o simplemente los que opinan.

En la antigüedad, mediante su arte retórico y delante de una multitud de espectadores, los sofistas enseñaron a jugar con las ideas. Las convirtieron en vehículo de una gran libertad mental, permitiéndose subvertir el orden al hacer notar que éstas estaban al servicio de las personas y no éstas para rendirles culto. Jugaron con las ideas y jugaron con las palabras. Por ello fueron acusados por Platón de “agitación popular retórica” (Gorgias 502 d). Los estigmatizó por su “vergonzoso discurso vulgar” (503,a). Vio el peligro de aceptar cualquier forma de disidencia o crítica a la palabra oficializada.

A principio del siglo XX decía El Duce “El que no está con nosotros está contra nosotros” y refiriéndose a la función del lenguaje decía que ésta no consiste en aclarar ni en descubrir la relación entre las cosas sino en producir efectos.

Conceptos que entre nosotros, se convierten en especial advertencia. La palabra política como palabra que hoy el poder autoriza a través de su brazo comunicador que son los medios afines de propaganda, pretende ser formadora de opinión pública y en una operación de sinecdoque, toma la parte por el todo. El fragmento como presencia de una ausencia que es una operación de engaño.

                                                                                                                                   Buenos Aires, 09-2013

* Escritora y co-directora del sitio Con-Texto

Especial para con-texto

El gran escritor Mario Vargas Llosa fue al cine y vio la película sobre Hannah Arendt, dirigida por Margarethe von Trotta, recientemente estrenada en París. Le inspiró algunas reflexiones acerca de la filósofa judeo-alemana y, especialmente, respecto de su informe sobre el juicio y condena de Adolf Eichmann, sobre cuya base desarrollara su idea de la “banalidad del mal”. Vale señalar que la película motivó al premio Nobel a completar la lectura del libro Eichmann en Jerusalen. Un informe sobre la banalidad del mal que, según lo aclara, hasta entonces solo había leído a medias. Me interesa referirme a aquellas reflexiones, publicadas en el diario La Nación (edición del 17.06.2013), como un artículo titulado El hombre sin cualidades.

Reitera lo que tantas veces se ha dicho: que Arendt no ha pretendido con la mencionada fórmula disminuir la gravedad de los crímenes nazis ni aliviar la responsabilidad criminal de Eichmann, sino solamente poner de relieve cómo es que un hombre opaco y gris, vulgar pero no estúpido, desprovisto incluso de una carga específica de odio contra los judíos, pudo llegar a convertirse en un personaje destacado en la obra de su exterminio.

Todo esto está bastante gastado y no me parece oportuno volver sobre las discusiones que hace ya más de medio siglo se vienen sucediendo. Me limitaré a un comentario a partir de un párrafo de la nota en cuestión, unas pocas líneas, sin embargo suficientes para trata de aclarar algunos puntos que el articulista sobrevuela, según mi opinión, con cierta ligereza.

El párrafo, literalmente: Eichmann "no era ni un Yago ni un Macbeth", dice Hannah Arendt, ni tampoco un estúpido. "Fue la pura ausencia de pensar – lo que no es poca cosa- lo que le permitió convertirse en uno de los más grandes criminales de su época. Esto es «banal» y hasta cómico, pues ni con la mejor voluntad del mundo se consiguió descubrir en Eichmann la menor hondura diabólica o demoníaca." Lo terrible de Eichmann es que no era un hombre excepcional, sino uno común y corriente. Lo que significa que todo hombre común y corriente, en ciertas circunstancias (una dictadura hitleriana, por ejemplo), puede convertirse en un Eichmann.

1. La afirmación según la cual ni con la mejor voluntad del mundo se consiguió descubrir en Eichmann la menor hondura diabólica o demoníaca, de donde resulta que el individuo en cuestión no era ni un Yago ni un Macbeth, no es digna de la filósofa e impropio de Vargas Llosa reproducirla. Suscita una pregunta. ¿Cuáles serían los rasgos diabólicos de los personajes shakespeareanos que no se advierten en el criminal nazi? ¿Tenían acaso aquellos cuernos y rabo, enarbolaban tridente o escupían fuego, a diferencia de este último? ¿Hedían acaso a azufre? ¿Tiene menos “hondura diabólica o demoníaca” quien desde una cómoda oficina dirige, en forma fría, metódica y eficiente, la logística del exterminio masivo de millones de personas que el guerrero medieval movido por el apetito de poder e impulsado por su esposa que mata con sus propias manos a quien obstaculiza su acceso a ese poder? ¿Es menos demoníaco este oficial SS especializado en la “cuestión judía” (ya se sabe lo que esto significa) que el resentido intrigante de la ficción de Otelo? ¡Qué sorpresa la de Arendt, de la cual se hace eco el peruano! ¡El personaje sometido a juicio en Jerusalen tenía, como tantísimos otros personajes viles de la historia, cara humana, dos ojos, nariz y boca!

Dicho al pasar: la referencia arendtiana proviene de una frase de Karl Jaspers, que data de 1946 y alude al nazismo en su conjunto: la ausencia de “grandeza satánica”. Habría que pensar sobre su pertinencia.

2. Es cierto que un hombre común y corriente, en ciertas circunstancias, puede convertirse en un gran ejecutor del crimen desde las cumbres del poder. O de sus aledaños. Hay no pocos ejemplos. Lo cual es, ciertamente, una perspectiva escalofriante. Pero no es cierto que Eichmann haya sido un hombre común y corriente, uno más entre millones de alemanes contemporáneos suyos, ni siquiera uno más en la multitud de nazis de la época. Este personaje tiene su biografía. Ingresó en el partido nazi -en cuyo programa el antisemitismo era un punto clave- en Austria, en abril 1º de 1932, a los veintiséis años. Siete meses más tarde, todavía antes de que Hitler fuera convocado para hacerse cargo de la Cancillería, se integró en la SS. Fue aceptado en la SD en 1934 y ya en 1935 fue transferido a su sección II 112, encargada de monitorear a las organizaciones judías. En marzo de 1938 fue enviado a Viena para pilotear la expulsión de los judíos austríacos y desde agosto de ese año tuvo el control de la “emigración” de los judíos de Austria, tarea que desempeñó enérgica y exitosamente. En febrero de 1942 formó parte del reducido grupo de asistentes a la conferencia de Wansee, en la cual se dispuso poner formalmente en marcha la “solución final”. Su carrera criminal hizo cumbre en Budapest, al hacer operativo el gigantesco programa de deportación de la población judía y su transporte a los campos de exterminio.

No era un tipo cualquiera, sabía cómo trepar. Tenía a su favor un “viento de cola”: su antisemitismo. Decir que ni siquiera estaba animado por un odio específico hacia los judíos parece más un abuso de lenguaje que un dato para ser computado en la valoración del crimen descomunal que se estaba perpetrando.

3. ¿Qué dice Vargas Llosa respecto de un sujeto con estos antecedentes? Insiste en que no se trata más que de un mediocre pobre diablo, fracasado en todo lo que emprende, inculto y tonto, que encuentra de pronto, dentro de la burocracia del nazismo, la oportunidad de ascender y disfrutar del poder. Es disciplinado más por negligencia que convicciones, un instinto de supervivencia abole en él la capacidad de pensar si hay en ello algún riesgo, y sabe obedecer y servir a su jefe con docilidad perruna cuando hace falta, poniéndose una venda moral que le permite ignorar las consecuencias de los actos que perpetra cada día (como despachar trenes cargados de hombres, mujeres, niños y ancianos de todas las ciudades europeas a los campos de trabajos forzados y las cámaras de gas). Vargas Llosa escribe como si careciera de información básica sobre el personaje en cuestión. Eichmann no era tonto, tenía instrucción de nivel secundario, hablaba otros idiomas fuera del alemán, dio reiteradas muestras de ser un hábil negociador. No da el tipo de un mediocre que hubiera encontrado “una posibilidad de ascender dentro de la burocracia del nazismo” sino que desarrolló en la nomenclatura nazi una bien trabajada carrera. Nadie diría que fue la carrera de un fracasado.

Menos aun de quien carece de convicciones (de quien es disciplinado más “por negligencia” que por ellas, como lo dice, increíblemente, el gran escritor). Hay que tenerlas, bien arraigadas, para dedicar la íntegra actividad profesional de toda su vida a hacer imposible la de los judíos, confiscarlos, expulsarlos y enviarlos a granel al lugar de su destrucción final. Como bien dijo Himmler, arengando a su tropa en Posen, hay que tener coraje (y estómago) para ejecutar los deberes impuestos por esa causa y llevarla hasta sus últimas consecuencias. No se trata de ponerse ni quitarse “vendas morales” para ocultarse las consecuencias, sino de todo lo contrario, es decir, actuar conforme con sus convicciones y con el máximo de eficiencia. 

La mención de Himmler recuerda algo: hacia la conclusión de la guerra ordenó la suspensión de las operaciones de la solución final. Eichmann, el sumiso y banal, ¡desobedeció a su superior!

4. Arendt ha difundido la idea de que Eichmann no pensaba, que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, porque el totalitarismo tiene precisamente ese efecto: anular la aptitud de pensar. Esto último es cierto solo a medias. En primer lugar, no es solo el totalitarismo el fenómeno apto para producir efectos inhibitorios sobre la facultad de pensar, al menos tomando este vocablo en su acepción general y ordinaria. El reproche alcanza también, por ejemplo, al fanatismo religioso. Por otra parte, Max Frisch ha recordado, en base a su propia experiencia, que el entrenamiento propio del servicio militar obligatorio también obtura la capacidad de pensamiento. En segundo lugar, así como en el ejército hay que distinguir entre sargentos y tropa, en el orden general hay que hacerlo entre quienes conducen y quienes son conducidos. El totalitarismo, en particular, pone en escena, entre otras cosas, el hiato infranqueable entre opresores y oprimidos, así como las jerarquías, no siempre claras y precisas pero jamás ausentes, en el ámbito de los primeros. Los oprimidos, así como los que ocupan los lugares inferiores de la estructura opresora, los del pueblo llano –Pueblo de Señores, al fin de cuentas-, convocados a la pura obediencia, a responder a la simple orden de quien imaginan como su superior jerárquico, son los que caen en la apatía, en la dificultad muchas veces insuperable, de articular pensamiento. ¿De qué lado estaba Eichmann, del lado de los oprimidos? Dada la obviedad de la respuesta negativa a este interrogante, se impone otro: ¿en qué nivel de la jerarquía opresora, soldado raso, ordenanza o simple civil “de a pié”, tal vez?

                                                        ********

Seguramente no fue Adolf Eichmann el gran estratega de ese emprendimiento criminal denominado nacionalsocialismo ni de su expresión extrema, el campo de exterminio destinado a suprimir a un pueblo entero. O, al menos, no el único ni, probablemente, el principal. Pero tampoco un oscuro e insignificante oficinista obediente. Nazi activo, oficial jerárquico de la SS, que respondía ante un personaje tan definido como Heydrich, ubicado como experto en cuestiones judías en lugares de definición de las políticas orientadas a la “solución final”, su antisemitismo no era el de los agitadores políticos sino el que corresponde a un burócrata de alto nivel o, mejor aun, a un gerente ejecutivo. No vociferaba contra los judíos ni disparaba sobre ellos su pistola; por la misma razón que Krupp no encendía la fragua. Esa no era función de su competencia.

Decir que la historia de su vida y el proceso judicial que le puso fin evidencian al mal como un ejercicio banal, carente de la profundidad de la reflexión antimoral propia del mal radical, es una doctrina de doble efecto. Por un lado, el saludable de ponernos en guardia frente a los personajes mediocres y vulgares y frente a los inesperados efectos de la dictadura, bajo cuya férula un hombre común y corriente puede convertirse en un Eichmann. Por otro, en una visión retrospectiva, el de generar desorientación e incluso inclinar a una cierta lenidad en el juicio sobre acontecimientos y personajes miserables de la historia.

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*  El autor es abogado, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (1958), Profesor en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Profesor, Jefe de Departamento y Vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires). Director de publicaciones universitarias, jurado de concursos, miembro del Consejo Superior Universitario (1960/61). Autor de numerosos artículos, monografías y varios libros. Los más recientes:  Una apuesta por la libertad. Isaiah Berlin y el pensamiento trágico, Ed. De la Flor (2000) El imperio de la ley. Política y legalidad en la crisis contemporánea (2002) Ideología. Una introducción (2003) Pensamiento trágico y democracia (2003), El drama y la nostalgia. Racismo político, Wagner y la memoria reaccionaria, Buenos Aires, Ed. Leviatán, 2005 y La ley romana y el mundo moderno. Juristas, científicos y una historia de la verdad, Ed. Biblos (2009).

En este texto examinaré, de manera esquemática, la relación que existe desde fines del siglo XIX, entre el partido político gobernante, el Poder Ejecutivo Nacional, y los gobiernos provinciales; una relación que está en el meollo de la cuestión del federalismo. Secundariamente, voy a hacer algunos comentarios sobre las formas de negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de reparto de los fondos públicos. Ambas cuestiones me parece que hoy tienen cierta actualidad.

1.

En el período que va desde 1880 a 1916 se consolida el Estado nacional. Hacia 1880 se termina de configurar el régimen institucional federal establecido en la Constitución, precisamente en el momento en que la relativa igualdad entre las provincias, que era la clave de este sistema, pierde toda verosimilitud. Una parte del país crece espectacularmente, y otra se queda y retrocede. Muchas provincias que tiene un  peso político institucional muy importante -por ejemplo, dos senadores- empiezan a ser  financieramente poco viables, y sólo pueden subsistir con recursos de las más ricas, que el gobierno central les transfiere de distintas maneras.

¿Cómo contribuyen las provincias al mantenimiento de un régimen político presidencialista? En esta época hay pocos ciudadanos, poca participación electoral, y una fortísima incidencia en los resultados por parte de los gobernadores. Cada gobernador “produce” la elección en su provincia, en el sentido de que tiene una incidencia fortísima sobre el resultado. El Presidente articula a esos gobernadores, los organiza y disciplina, y obtiene el apoyo o el consenso, por ejemplo, para designar a quien será su sucesor. El instrumento político de esa articulación es el Partido Autonomista Nacional, el PAN, expresión de la Liga de Gobernadores. Es un partido sin afiliados, ni programa, ni convención partidaria, pero sumamente eficaz, no para gestionar elecciones democráticas, sino para gestionar el orden institucional. El jefe natural del PAN es el Presidente de la Nación, y es por eso que se habla de “unicato”, o unificación de la conducción del estado y de la política. El jefe del Estado utiliza un recurso institucional fuerte, la intervención provincial, para zanjar en última instancia los problemas en cada una de las provincias. Visto en el largo plazo, y dejando de lado muchos episodios, las cosas funcionaron bastante eficientemente. Poco federalismo quizás, pero bastante orden y administración.

Deben destacarse dos características de este funcionamiento. La primera: las candidaturas de las provincias se negocian entre el Presidente, el gobernador, y quizás los senadores. La pregunta es entonces, ¿a quién representan los representantes?, ¿a las provincias, o al gobierno nacional? La segunda característica se refiere a la circulación de los recursos. El apoyo político de las situaciones provinciales se asegura mediante la redistribución de ingresos, realizada desde el estado central de maneras diversas y con alcances diferentes. Un caso extremo es el de la provincia de Tucumán, cuya industria azucarera fue financiada por el Estado, y luego por los consumidores de Buenos Aires o Rosario, que pagaban caro lo que hubieran podido conseguir barato. Otro caso de redistribución se da entre aquellos dirigentes y los notables de cada provincia, que hacen su carrera política en la Capital y, paralelamente, construyen sus fortunas personales; por ejemplo, adquieren estancias en la zona pampeana, como fue el caso de Ramón J. Castillo, o del mismo Roca, que venía de una modesta familia tucumana. Finalmente, en provincias, el presupuesto nacional costea muchos cargos, en la administración pública, la administración, la justicia; por ejemplo, las famosas maestras normales, Estos sueldos, seguros y mejores que los locales, son la base de la pequeña fortuna de las modestas gentes decentes locales, convertidas, quizás, en tropa electoral del gobierno nacional.

2.

Desde 1916 existes democracia electoral y grandes partidos democráticos y populares, como el radicalismo, y luego el peronismo. El radicalismo introdujo en el país la nueva forma de organización de los partidos, consistente en afiliación, organizaciones de base, ideario, programa y órganos de gobierno elegidos democráticamente en el nivel local, provincial y nacional. Es decir, todo lo que preveía la democracia institucional y federal. Con algunas variantes de importancia, -que no se señalarán acá- también el peronismo tuvo, posteriormente, una organización de ese tipo. Esto no significa que, cuando el radicalismo y el peronismo gobernaron, la relación entre el gobierno central y los provinciales se movió un poco más hacia el federalismo. Todo lo contrario. Ambos partidos fueron los protagonistas de un proceso de incorporación ciudadana que, más allá de las formas, fijadas por sus estatutos partidarios, transcurrió por la vía del plebiscito y el liderazgo carismático, como era usual en su época. Yrigoyen y Perón establecieron una relación más directa con sus partidarios, que dependía poco de las maquinarias locales o provinciales. No hubo en las provincias líderes similares a escala provincial. Pero si los hubo, los líderes nacionales se ocuparon de sacarlos a tiempo.

Por esa debilidad de los liderazgos locales, las secciones provinciales del partido solían dividirse en facciones, que vivían en guerra encarnizada entre sí, y que afectaban el funcionamiento del gobierno. La intervención nacional disciplinadora siguió funcionando con Yrigoyen y con Perón, y más que antes. Más que antes. Para poner orden a la vez, en la provincia, y en el propio partido. Así, el presidencialismo se hizo más fuerte. El unicato, es decir la coincidencia en una persona del jefe de partido y el jefe de gobierno- se potenció con la legitimidad propia de un líder plebiscitario, que no dependió de acuerdos o de componendas partidarias. Los gobernadores se convirtieron en parte de ese orden que arrancaba desde la cúspide y bajaba hasta la base. Para Perón, sobre todo para el Perón de la segunda parte de su presidencia, los gobernadores eran los delegados tácticos del comando estratégico, o sea, él. En suma, los partidos populares y democráticos fortalecieron el poder presidencial, y redujeron el espacio de los gobiernos provinciales.

3.

Se examinará ahora la cuestión del reparto de los recursos fiscales. Visto a grandes rasgos, la experiencia de gobierno del radicalismo y el peronismo tienen muchas cosas en común. Sin embargo, entre ambos gobiernos, en los años ’30, sucede algo muy importante: el surgimiento del Estado dirigista, diseñado por Federico Pinedo y Raúl Prebisch para enfrentar la crisis de 1930. Un punto importante de sus reformas fue la creación del Impuesto a los Réditos, que acabó con la dependencia de fiscal de los derechos a las importaciones.  Simultáneamente, en 1934 se estableció un régimen de coparticipación federal. De momento, este régimen tuvo un criterio “devolutivo”:  devolver lo recaudado. Tanto aportan las provincias, tanto reciben. Lo más importante fue que las provincias iniciaron el camino del abandono de la responsabilidad de la recaudación fiscal, cediendo ese campo al Estado central. Esto fue malo para el federalismo. Otros mecanismos de intervención estatal, más conocidos, fueron el Control de Cambios, el Banco Central, las Juntas Reguladoras. El peronismo avanzó por ese camino, potenció esos instrumentos, y terminó de configurar lo que Marcelo Cavarozzi ha llamado “la matriz estado céntrica”. En la coparticipación hubo un cierto margen para la negociación con los gobiernos provinciales, pero lo más importante, indudablemente, fue el aumento del gasto del gobierno central y su manejo arbitrario -sin rendir cuentas-,  que acompañaron la evolución del régimen peronista. Un ejemplo extremo es la Fundación Eva Perón, en la cual nunca fue posible distinguir la parte pública y la parte privada, y cuyo presupuesto y manejo contable, siguen siendo un enigma para los que quieren estudiarlo.

4.

Desde 1958, en la época de Frondizi, los recursos manejados desde el Estado aumentaron notablemente, con los distintos regímenes de promoción, como la promoción de las inversiones externas o promoción industrial regional. Se entra en la fase conocida como “el Estado de franquicia”, que a larga derivaría en el “estado prebendario”. Se trata de un estado muy grande, con una gran capacidad para dirigir los recursos, y simultáneamente, muy débil: institucionalmente débil, políticamente débil. Su existencia consistió en negociar cotidianamente con aguerridas corporaciones de intereses, que se disputaban la orientación de esos recursos. Son –siguen siéndolo- corporaciones frecuentemente enquistadas en las mismas agencias estatales.

La negociación con las provincias me parece un caso dentro de este conjunto de disputas corporativas alrededor de lo que el Estado podía dar.  Quiero mirar esta cuestión examinando sucesivamente a los distintos gobiernos democráticos, desde fines de la década del ‘50 hasta ahora, para ver cómo afrontaron esas negociaciones en torno de un Estado a la vez providente y prebendario. Dejo de lado a los gobiernos militares, que tienen una dinámica propia, por cierto muy interesante y compleja.

Los gobiernos de Frondizi e Illia se caracterizaron por su insanable debilidad, derivada de la ilegitimidad que generó la proscripción del peronismo. En esos años el panorama político electoral fue muy complejo, mucho más complejo que en la etapa democrática anterior. A diferencia de aquella, no había una fuerza política unificadora. Los partidos no peronistas se fracturaron, y además surgieron muchos partidos provinciales, algunos de ellos neoperonistas, y otros conservadores. Uno de los  aspectos de la puja corporativa, característica de estos años, posibilitada por la debilidad política de los gobiernos, fue el tironeo federal. El tironeo entre el Estado central y las provincias, por el reparto de los recursos fiscales. ¿Cómo funcionó ese tironeo?

No conozco bien qué pasó en la época de Frondizi.  Frondizi tenía amplia mayoría en el Congreso, de modo que allí no debió negociar. A la vez, tampoco tuvo nunca la intención de utilizar el Congreso como espacio de negociación. La negociación deben de haberla llevado a cabo los gobernadores provinciales. De hecho, obtuvieron puntos adicionales en el reparto de  los fondos coparticipables. Quizás esto ocurrió en el Consejo Federal de Inversiones, que se fundó en 1959, pero en verdad no lo sé bien. Por otra parte,  es sabido que Frondizi utilizó recursos estatales para ganar elecciones, sobre todo en provincias pobres. Le fue bien, pero no le alcanzó para derrotar al peronismo en las decisivas elecciones de 1962.

Es más conocido lo que ocurrió con Illia. No tenía mayoría en el Congreso, y debió convivir con partidos opositores y con partidos provinciales, que le vendieron razonablemente caro su apoyo parlamentario. Las provincias obtuvieron mucho del gobierno central, pero sin reclamar o hacerse cargo de la responsabilidad de recaudar lo que estaban reclamando. Es decir que en este juego de corporaciones frente al Estado, las provincias se comportaron  más o menos, como simultáneamente se comportaban los sindicalistas: presionar sin asumir responsabilidades. Esto no es bueno para el federalismo. En la época, este chalaneo parlamentario fue incorporado a la desprestigiada imagen de las instituciones, e integró como un elemento más la crítica de la democracia parlamentaria que avanzó demoledoramente desde el momento mismo que asumió Illia, y culminó con la glorificación de Onganía en 1966. A la distancia, sin embargo, da la impresión de que el Congreso era el mejor ámbito para esas negociaciones, aunque haya habido un poco  de chalaneo. Era el ámbito más público y  transparente posible por entonces.

5.

Salteando las dos dictaduras y el interludio del ’73, vale la pena preguntarse qué ha pasado en esta materia durante los casi 30 años de democracia. Algunas cuestiones son bien conocidas. La primera es que la democracia que tenemos se ha desarrollado en el contexto de una profunda crisis estatal. Este es el punto de partida para cualquier cosa que se diga sobre la democracia en su historia reciente. No se trata de la democracia para un Estado que funciona, sino la democracia para un Estado que se desmorona y que no empieza a reconstruirse.  Estamos en el final de esa historia de la “matriz estado céntrica”. Sus rasgos conocidos son la crisis fiscal y la reducción de los grandes programas nacionales de financiamiento. Todo lo que se organizó a partir de 1958, que podemos ejemplificar con el CONADE. No se trata de la desaparición de la acción estatal, pero sí del fin de los criterios universales de asignación. La focalización de los subsidios estatales, tanto los subsidios llamados sociales, como los subsidios de viejo estilo,  que llamaba prebendarios. Agregaría ahora un tercer género de subsidio, que podr{ían llamarse políticos. En los tres casos, la caracterización que corresponde es, en mi opinión, arbitrariedad en el manejo. La crisis fiscal es más aguda en las provincias por la transferencia de servicios como la educación, por ejemplo, y también porque los gobiernos provinciales se han hecho cargo de absorber una parte de la desocupación provocada por la transformación económica.  En suma, se subrayan dos puntos: discrecionalidad mayor y mucho más déficit.

Segunda cuestión. La democracia se ha construido con partidos políticos que son muy diferentes, no sólo de lo que imaginamos en 1983, sino también de los partidos que tuvimos en la larga primera experiencia democrática de radicales y peronistas, hasta 1955. Pese a que los partidos tienen su historia y su tradición, en verdad son partidos con poca ideología y escasa magia carismática. Conmueven mucho menos de lo que conmovían sus predecesores, hay en ellos mucho menos reclamo de esencia nacional -esto es bueno-, y mucha menos hegemonía, lo que también es bueno. Hay mucho más pluralismo, lo que es excelente. Pero por otro lado, con el ejercicio regular de las elecciones, con la necesidad de “producir” regularmente resultados electorales, aumentó notablemente el uso de recursos estatales para producirlos. Gracias a esos recursos, en cada provincia el gobernador puede establecer un firme control de la situación, al igual que  lo hacen los intendentes del conurbano bonaerense. 

La pregunta que sigue es:  ¿de dónde obtienen esos recursos estos gobiernos provinciales, cuyo déficit financiero es mucho mayor que a escala nacional? . En cada provincia, o en cada intendencia -me parece que a esta altura, las intendencias son tan importantes como las provincias-  los recursos provenientes del gobierno central son decisivos para la “producción” del sufragio, y aún para la subsistencia fiscal de las provincias. Esto vale tanto para las provincias poco viables en términos fiscales como para las que son viables, pero que tienen una larga historia de abandono de su independencia fiscal.  Lograr esos recursos del gobierno central es hoy la clave y la esencia de la política. 

En estos veinticinco años las cosas fueron un poco distintas, según se tratara de gobiernos centrales débiles o fuertes, lo que está en buena medida asociado, pero no solamente, con que fueran o no fueran peronistas. El primer caso es el gobierno de Alfonsín, que fue un poco débil al principio, y mucho más después de 1987. El Congreso fue el lugar de la negociación, como en tiempos de Illia. Lo que se negoció fue aquello que desde el poder central se podía hacer por una provincia, como el reparto de los ingresos fiscales, la obra pública u otros beneficios indivisibles, que se otorgan globalmente.

El segundo caso es el gobierno de Menem. Su fuerza no provino de la magia del liderazgo carismático, sino del contexto de la crisis, el desprestigio de cualquier otra alternativa política, y el impulso social a lo que hoy se llama el decisionismo de emergencia. Esto le dio a Menem un amplio margen, Es sabido que ese poder fue usado para operar una drástica transformación y reducción del Estado, pero curiosamente, en ese proceso el Estado central concentró aún más el manejo de los ingresos fiscales a través de los llamados pactos fiscales. Pero sobre todo, su fuerza provino del hábil manejo de los recursos para la formación de clientelas entre los gobiernos provinciales e intendencias. Cuando comenzó la recesión que acompañó los últimos años de su gobierno, y a la vez se evidenció que difícilmente sería reelegido, el poder de Menem amenguó. Resurgió el Congreso como lugar de los reclamos y como ámbito de negociación, y los senadores fueron clave en esa historia. Hay dudas sobre si lo que se negociaba eran beneficios generales indivisibles -por ejemplo, puntos en la coparticipación- o beneficios particulares, solo divisibles entre los senadores. No toda negociación es necesariamente la que a uno le gustaría.

Estamos llegando al presente, y las cuestiones generales que plantea. Dicho de una manera una manera muy esquemática, el funcionamiento actual se parece, sobre todo, al del Partido Autonomista Nacional roquista de principios del siglo XX. Inclusive con sus conflictos. El partido Justicialista, con bastante menos magia que la que tuvo en sus buenos tiempos, recuerda la Liga de Gobernadores que organizó el PAN. Hay gobiernos electores, y producción del sufragio, con el combustible de los recursos estatales, que vienen centralmente del gobierno nacional. La negociación por los recursos, ya sean subsidios políticos, sociales o prebendarios, se realiza entre el gobierno nacional y los gobernadores, con intervención variable, pero más bien secundaria del Congreso. No obstante, esa intervención del Congreso no es desdeñable, y por épocas es significativa. Hoy nos parece que quizás la mayor novedad de estos meses sea que el Congreso aparece como un ámbito alternativo, y claramente más abierto y transparente para esa negociación. Al menos, algunas de las discusiones constan en la actas.

Si se considera cómo han sido designados los congresistas, es decir cómo han sido incorporados a las listas, resulta que frecuentemente surgen del acuerdo político entre el gobierno provincial y la jefatura nacional. La pregunta es entonces: ¿a quién representan los congresistas? ¿A esa jefatura?, ¿A las provincias? ¿A ellos mismos, devenidos en corporación? Como aspiración, ciertamente lejana, suponemos que debería existir una preocupación compartida y un ámbito adecuado para discutir el reparto de este tipo de recursos, con criterios de equidad o de interés general. Es lo que decimos que debería ocurrir. En verdad, no se vislumbra mucho de eso, salvo en ámbitos amables como éste, que –aunque poblados por quienes han hecho de la política su profesión- no parecen exactamente los mismos que los de la política. 

 *El autor es historiador. Miembro del Club Político Argentino..

Para con-texto

“Democratización de la Justicia” es el atractivo título a través del cual la Presidenta de la Nación ha presentado una iniciativa de reforma que integran seis proyectos que se proponen modificar la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura, limitar las medidas cautelares interpuestas contra actos u omisiones del Estado., cuestiones vinculadas con la transparencia de los actos del Poder Judicial y el acceso en calidad de empleado al mismo, junto a la creación de una instancia de Casación a nivel federal, en las materias Civil y Comercial, Contencioso Administrativa del Trabajo y la Previsión Social, que se ubicaría entre las Cámaras de Apelación y la Corte Suprema.

La primera de las iniciativas es inconstitucional ya que viola de manera grosera lo previsto en el artículo 114 de la Constitución. Ello, en tanto prevé la elección por sufragio universal de los representantes de jueces y de abogados, quitándoles a éstos una facultad exclusiva de decidir quienes los representarán en el órgano de administración del Poder Judicial, al igual que los abogados. Lo mismo ocurre en relación con los técnicos y científicos. En la actualidad son los mismos jueces y abogados quienes eligen a sus representantes a través de los organismos directivos de sus actividades en la que toman parte en calidad de electorado magistrados y letrados de la Capital y de las provincias. Asimismo, se determina que los técnicos y científicos también serán elegidos por sufragio y que no es necesario que se trate de abogados.

Sorprende que dichas designaciones se lleven a cabo a través del mismo procedimiento que para la elección de los integrantes de los poderes políticos. Esto es, recurriendo a la mediación de los partidos políticos por medio de boletas electorales. Es decir que estas candidaturas se agregarán como una sección más a las que ya integran según la categoría de candidatos de que se trate, las denominadas “listas sábana”. Parece que se ha olvidado que el Consejo es parte del Poder Judicial y que a sus miembros se les prohíbe toda afiliación partidaria. Tampoco se ha tenido en cuenta que el objetivo que se persiguió con la incorporación en 1994 del Consejo a la Constitución fue precisamente el de despolitizar y de “despartidizar” a la Justicia. Hoy con esta modificación se produce lo inverso convirtiendo a los jueces en candidatos, obligándolos a formar parte de asociaciones partidarias que financiarán sus campañas y a las que por lógica luego les deberán obediencia. Ello así, en el futuro ocurrirá algo similar a lo que sucede en el Legislativo en el que se consiguen las mayorías a través de la disciplina partidaria. El problema es que los asuntos del Poder Judicial refieren a cuestiones de control, de equilibrio en el que están en juego el goce de derechos garantizados en la Constitución y en tratados internacionales.

No olvidemos que en lo sustancial son los órganos derivados de la voluntad popular quienes tienen a su cargo la tarea de nombrar a los jueces. En primer lugar el Ejecutivo nombra, cada vez que se produce una vacante, cuando escoge de la terna que le eleva el Consejo a quien considere más apropiado en cada caso. Luego el pliego es enviado al Senado para que este órgano preste el correspondiente acuerdo. Por otra parte, los dos poderes políticos también están representados en el Consejo a través de legisladores –diputados y senadores- y un representante del Ejecutivo. A esta peligrosa novedad se le agrega la modificación del régimen de mayorías, pues en adelante se disminuye la mayoría de dos tercios de miembros para la elevación de la terna y para la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, a la mayoría absoluta de miembros. Cantidad que será fácilmente alcanzable por el oficialismo de turno. Ello así, semejante cambio no puede ser visto sino como un intento de dominar a la Justicia, en detrimento de los intereses de los justiciables. Se considera de manera grotesca al Consejo como un ámbito de decisión política en el que se debe preservar la primacía del partido que ocupa el Poder Ejecutivo y controla el Legislativo. Precisamente el sentido de una Justicia independiente es que ella sea capaz de controlar los actos de los otros dos poderes y no de someterse a la voluntad de quienes se suceden como sus titulares.

El propósito de someter a la Justicia a los designios del poder político de la Nación, también surge nítido cuando se comprueba el serio debilitamiento de las medidas cautelares cuando deben ser interpuestas contra el Estado. En efecto, se ha ideado un sistema que jugará como una suerte de “blindaje” a favor de quien ejerce la autoridad estatal, provocándose una enorme desigualdad entre partes. El Estado de Derecho es un régimen político cuyo objetivo es la construcción de un gobierno con poderes limitados a efectos de que en toda circunstancia impere el pleno goce de los derechos humanos. Ello así resulta fundamental que se pongan en marcha diferentes herramientas encaminadas a asegurar el control de la actividad de los gobernantes. La evolución de las instituciones permitió que en un primer momento las constituciones contuvieran un catálogo de derechos, con el tiempo a esto se agregó la necesidad de dotar a los titulares de esos derechos de instrumentos aptos para su defensa. Se trata de las garantías que nuestra Ley Fundamental incorporó en su art. 43 con la reforma de 1994. Así en el marco de un proceso de amparo es posible recurrir a la justicia a través de un trámite veloz y desprovisto de formalidades para que se anulen los actos arbitrarios e ilegítimos que atenten contra el goce de los derechos. Las medidas cautelares representan un complemento indispensable ya que permiten que antes que el juez dicte una sentencia definitiva se detenga la ejecución del acto cuestionado cuando quede demostrado que lo que se reclama es verosímil y que hay peligro en la demora, ya que si se espera hasta el dictado de la sentencia el derecho en juego ya no podrá ser restablecido.

Los requisitos impuestos para la interposición de esas medidas contra actos del Estado en el proyecto que integra la tan mentada “democratización de la justicia”; como son la necesidad de notificar al Estado, la demostración de que le produce un perjuicio a quien demanda, la suspensión de sus efectos en caso de apelación, entre otras novedades, no hacen sino destrozar el sentido de las mismas. Se trata de claras garantías frente a la posible omnipotencia de los actos de la autoridad estatal, tienen como sustento la base del constitucionalismo que hemos mencionado. Sin embargo, la concepción de la Dra. Kirchner pareciera reposar en la presunción de que el Estado o mejor dicho quienes son sus titulares en cada momento, nunca se equivocan y que por el contrario siempre actúan en beneficio de los intereses de los gobernados. Los hechos muestran una realidad diferente y que se debe “empoderar” a los gobernados para impedir el avance sobre sus derechos. Así se logra detener actos e impedir omisiones que atentan contra el derecho a la vida, a la expresión de las ideas, al ambiente sano, a la protección de los consumidores y usuarios, a la preservación del salario digno, a la movilidad de las jubilaciones, entre muchas otras cuestiones de la vida cotidiana de las personas. Si este proyecto se convierte en ley se debilitará gravemente la defensa de los derechos, ya que ante la falta de una herramienta tan valiosa se estaría permitiendo que triunfe la irresponsabilidad del Estado sin que los particulares puedan detener a quienes los gobiernan, como sucedió en 2001 para enfrentar al “corralito”. De ser así, como se ha puesto de manifiesto recientemente los actos estatales pueden llevarse la vida y la salud de las personas.

En efecto, las nuevas condiciones impuestas para la interposición de esas medidas, la necesidad de notificar al Estado, la suspensión de sus efectos en caso de apelación, entre otras novedades, no hacen sino destrozar el sentido de las mismas. Se trata de claras garantías frente a la posible omnipotencia de los actos de la autoridad estatal. Tienen como sustento la base del constitucionalismo que tuvo como gran objetivo la construcción de un gobierno limitado para asegurar el pleno goce de los derechos humanos. Sin embargo, la concepción de la Dra. Kirchner pareciera reposar en la presunción de que el Estado o mejor dicho quienes son sus titulares en cada momento, nunca se equivocan y que por el contrario siempre actúan en beneficio de los intereses de los gobernados.

Los hechos muestran una realidad bien diferente en la que es necesario “empoderar” a los gobernados de modo de impedir el avance sobre sus derechos. Gracias a ello se logra detener actos e impedir omisiones que atentan contra el derecho a la vida, a la expresión de las ideas, al ambiente sano, a la protección de los consumidores y usuarios, a la preservación del salario digno, a la movilidad de las jubilaciones, entre muchas otras cuestiones que abarcan otros tantos ámbitos en los que transcurre la existencia humana. De convertirse en ley estos proyectos se debilitaría seriamente la defensa de los derechos, ya que careciendo de una herramienta tan valiosa se estaría permitiendo que triunfe la irresponsabilidad del Estado. La que como se ha puesto de manifiesto recientemente puede llevarse la vida y la salud de las personas.

La creación de tres nuevas Cámaras de Casación lejos de agilizar el funcionamiento de la Justicia como se afirma en la exposición de motivos del respectivo proyecto provocará el efecto contrario, pues provocará grandes demoras. Esto nos preocupa sobretodo en lo que hace a las cuestiones de corte previsional, pues ya en el presente se obliga a los jubilados a reclamar judicialmente el ajuste de sus haberes mal calculados y ante las sucesivas apelaciones que automáticamente efectúa el ANSES, contra las decisiones que le son adversas, muchos accionantes fallecen antes de lograr que se le conceda lo que les corresponde. Pues bien, ahora a estas dilaciones se les agregará un plazo de varios años más para que intervenga la Cámara mencionada.

Nos parece importante asegurar la transparencia de los actos del Poder Judicial, claro que hoy ya existe en los sitios virtuales creados por la Corte Suprema y otros tribunales un enorme acceso a las sentencias y demás resoluciones de los jueces. También en materia de declaraciones juradas. Nos sorprende que esta feliz iniciativa sea estimulada por la titular de un poder que no brinda información en cuestiones tan esenciales como son las compras y las licitaciones, la propiedad de las empresas que se expropian, aún frente al pedido de los jueces, la negativa inclusive de brindarle información a la Auditoría General de la Nación, los que son sólo algunos ejemplos de la opacidad en que se mueve el accionar de dicho poder. Recordemos, igualmente, que con la designación de Daniel Reposo al frente de la Sindicatura General de la Nación, el nuevo titular decidió rápidamente dejar sin efecto la resolución que lo obligaba a comunicar vía internet sus dictámenes y demás decisiones. Inclusive el nombrado le niega información a la Auditoria General de la Nación.

Asimismo, apoyamos el acceso democrático a los niveles administrativos de la Justicia, siempre que el mismo se maneje correctamente. Claro que nos parece que en esta ocasión el Ejecutivo a través de esta iniciativa legislativa pretende abusar de la facultad del Congreso de dictar la leyes de organización de la Justicia y los Códigos de Procedimiento, al inmiscuirse en cuestiones reservadas a la administración interna de un poder, que de ningún modo pueden serle impuestas por otro órgano. También en este punto, nos sorprende que el impulso sea dado por quienes en sus respectivas órbitas efectúan la designación del personal que los asiste sin concurso y casi siempre tomando como único antecedente su pertenencia al partido de quien efectúa los nombramientos. Por lo tanto, creemos que estos proyectos se proponen el cercenamiento de la independencia de la Justicia, lo que resulta claro de las palabras recientemente vertidas por varios de los principales referentes del oficialismo, que pusieron de manifiesto las aspiraciones hegemónicas del oficialismo. Además, adolecen de serias violaciones a las disposiciones tanto constitucionales como de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Ello así, la efectiva sanción de lo propuesto redundará en un debilitamiento aun mayor de nuestra ya dañada República.

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*^*Profesor titular de Derecho Constitucional y Director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en su sitio el 14 de enero del 2013

Estamos inmersos en un mundo de representaciones, de ficciones,  juegos de metáforas que dan cuenta de la realidad en la que vivimos  sometida a la tiranía del lenguaje humano. Explicamos lo que pensamos, lo que vemos, lo que sentimos, todo lo que recordamos, lo que soñamos y también  nuestros deseos y nuestras pasiones,  mediante una combinación de palabras.   Son ellas, su genealogía y sus  traducciones, las que nos han hecho llegar memorias de otros tiempos, costumbres,  tradiciones y formas de organización social que con el tiempo se han venido adaptando y  resignificando.

Aunque desde la época de la antigua Grecia  permanece la noción  de "orden democrático"  que da cuenta de “el propósito de organizar  una vida común entre gente diferente” .  Aquellos antiguos griegos  descubrieron  que para gobernarse como pueblo “demos”,  había que reemplazar al “genos”, los grupos parentales, y así “fundir” (expresión de Aristóteles)  a los  habitantes en un mismo cuerpo cívico. Para ellos  un sistema electivo de gobernantes se instituía como alternativa a lo que hasta entonces  – y esto reaparece a lo largo de la historia- había sido trasmitido entre grupos de familia en forma hereditaria o  en nombre de los dioses.

De esta manera  quedaba establecida la necesidad  de votación para consagrar  la legitimidad de los gobernantes y   como un elemento de ruptura con el sistema anterior en el que  una minoría tomaba todas las decisiones. Aunque en un principio  en forma restringida, después con el correr de los siglos y como resultado  de luchas, interrupciones y controversias,  fue extendiéndose a todos los ciudadanos y quedó  universalmente admitida su validez.

Democracia es entonces un sistema de gobierno y de organización de un estado en el cual el  poder no radica en una sola persona sino que se reparte entre todos los ciudadanos. El pueblo selecciona a sus representantes  mediante el voto y gobierna el elegido por la mayoría.  Esto se apoya en una doble ficción fundadora: Un principio de justificación, "como si" la voluntad de la mayoría valiera por la  totalidad del pueblo, acarrea una de las ficciones principales, puesto que no es la mayoría que gobierna sobre sí misma sino que una minoría lo hace por ella también pretendiendo representar a la voluntad general de todos los ciudadanos. Una  parte que vale por el todo y esos electores fueran “el pueblo”. La otra ficción es una técnica de decisión, "como si" el momento electoral valiera por la totalidad del mandato. Otra vez la parte vale por el todo

Cuando los representantes dejan de escuchar las demandas de las minorías que no los votaron, la democracia va degenerándose en una tiranía de las mayorías. Así como cuando  la legitimidad de origen, o sea el momento electoral, suplanta a la legitimidad de ejercicio, los gobernantes se aprovechan de ese punto de partida para tener carta blanca a lo largo de toda la duración del mandato. En los dos casos se crea una tensión que desvirtúa el verdadero principio democrático.

Es por eso que se cuenta con que por sobre  esta doble ficción,  gobernantes y gobernados acaten y se sometan al conjunto de leyes escritas en la Constitución del Estado donde lo Político se ejerza  como la confrontación de ideas y de palabras diferentes para lograr el bien común. Darle prioridad a lo Político, al disenso, a las distintas voces que conforman al demos, es continuar la tradición que nos dejaron los griegos.

EL PELIGRO DE LO IMPOLÍTICO

Un gobierno que se piensa en términos de amigos –los que nos votaron y nos siguen- y enemigos –los que no nos votaron y están en desacuerdo con los actos de gobierno-  no sólo no es democrático sino que tampoco es político. Es una de las características del  populismo, sistema que se instala  después de haber accedido al poder por mecanismos democráticos o sea por elección popular, situación que enarbolan constantemente para su validación a lo largo del tiempo. El populismo plantea esta división entre  adeptos y  detractores y pretende acallar  cualquier forma de   crítica ante sus arbitrariedades. Al obstaculizar y neutralizar los  mecanismos de control previstos en un sistema de gobierno democrático y republicano, ya sean estatales o de ciudadanos y al impedir toda  fiscalización de  los actos de gobierno, se inicia un proceso  donde toda  preocupación activa y positiva de vigilancia o de denuncia de  la oposición es  estigmatizada, atomizada y debilitada. Se la convierte  en una suerte de potencia enemiga, radicalmente exterior a la sociedad. En esta  impugnación permanente, se consume toda la  energía y recursos del estado. Se trata de permanecer en el poder, estrangulando toda disidencia. Ningún horizonte es posible ya que lo que se  desmerece es la crítica creativa. Se trata de una oligocracia que  expresa  en forma desordenada y furiosa su única verdad. Sólo pueden existir condenando a todo opositor, sin siquiera intentar escucharlo, alzando sólo su voz  hasta alcanzar la zona de lo impolítico. 

Lo impolítico es la no valoración ética de lo político, la negación de su realidad conflictiva.  Es el vaciamiento del espacio para los debates necesarios en toda sociedad y que al carecer de ellos declina hasta su anquilosamiento y bordea su finitud.

Georges Santayana (Filósofo español radicado en los Estados Unidos. 1853-1952) dijo que “quienes no conocen la historia, están condenados a repetirla”. Por consiguiente, este apego de los gobiernos populistas a reescribir la historia para construir su propia épica, tiene una condena implícita. No hay lugar para la tradición de respeto a la legalidad democrática sino para la epopeya apoyada en la invención de “El” héroe arquetípico.  El que  siempre es sacrificado en el altar de su entrega en pos del bienestar de su pueblo, cuando el dolor y la desesperanza  de la gente  necesita respuestas para sobrellevar la inmovilidad que proyecta “la crisis”, siempre anterior, siempre heredada. No hay momento para la confrontación de ideas, de palabras diferentes frente al único relato de literalidad aplastante,  imposible de ser rebatido, imposible de ser  traducido. Ya no se trata de ficciones convenientes sino del discurso único y de puestas en escena como parásitos de la realidad.

El PELIGRO DE LA ANTIPOLÍTICA   

No es democracia y no se practica el ejercicio político, cuando la calle se convierte en  el espacio propicio para el despliegue del reclamo  en el que se violentan las formas y los límites. Es el espacio en el que se quiebra la paz social y el respeto a las leyes que son el fundamento de un gobierno democrático. Cuando estamos en peligro de caer en un mecanismo de sustitución de la institucionalidad deliberativa  por el griterío de la multitud, nos estamos alejando de la  democracia y entramos en la confusión de la antipolítica. Una deliberación es el momento de confrontar ideas, pensamientos, palabras diferentes. Pero son los ciudadanos los que deberán elegir a aquellos que los representen para deliberar. Por eso el buen ciudadano no es únicamente un elector periódico. También es aquél que vigila en forma permanente, el que interpela a los poderes públicos, los critica y los analiza.

Cuando  es el interés lo que hace al ciudadano y no el apego a las instituciones, serán aquellas medidas de gobierno que lo beneficien en su capacidad de consumir y de hacer negocios que le sean favorables, lo que lo guie en el  momento  de elegir a quienes lo representen.

Estamos justamente a pocos meses de elegir representantes que sepan debatir, que neutralicen el peligro de que el Poder Legislativo  incumpla su misión de legislar y se limite a ejercer sólo funciones notariales desde el palacio de las leyes, sede de uno de uno de los tres poderes independientes. De eso también depende la independencia del tercer poder de la República. El Poder Judicial. Es cuando tenemos que actuar como ciudadanos responsables, sabiendo que todos estamos amparados cuando se respeta la ley y que cuando se vulnera la palabra escrita, todos quedamos expuestos a una glosolalia legal, arbitraria e ininteligible.    

EL PELIGRO DE LA DESPOLITIZACION

Todo gobierno populista empleará gran parte de los recursos en cooptar, sobornar y seducir al pueblo para que ser reelegido. La política se encuentra así desvalorizada por aquellos mismos que solicitan los sufragios. La dádiva deslegitima el real  enfrentamiento político de programas y valores  puestos en juego.  El desarrollo de la democracia necesita de las opciones tajantes que no se excluyan mutuamente y que se sitúen en el espacio de las distintas ofertas políticas democráticas. El conflicto y el consenso deben tener lugar en la democracia, pero si son claramente distinguidos y remitidos a instituciones específicas. Es necesario  repolitizar el espacio democrático. Toda otra opción populista jugará a desesperanzar a los opositores y a sus votantes tratándolos como enemigos.  La hipótesis de que ya se sabe quién ganará, hace perder entusiasmo electoral porque induce a una “retirada sin combatir” prueba de carencia de fe en la propia causa, una frustración por adelantado.   La democracia pierde, sin el encuentro de la ciudadanía con los políticos.

La democracia pierde cuando se alejan las palabras,  las variadas y contrapuestas  ideas. Pierde cuando espanta los sueños, los deseos y las pasiones.

Bibliografía

Pierre Rosanvallon, “La legitimidad democrática”  Manantial – 2009

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*Es escritora y co-directora de este sitio
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