Tales fueron los cambios experimentados por la sociedad argentina durante las últimas décadas que muchos de sus transformaciones subterráneas no han sido del todo estudiadas; optándose por interpretaciones propias de la sociedad industrial clausurada hace, por lo menos, treinta años. El abuso de la Historia como fuente referencial para entender procesos contemporáneos puede responder a dos designios ampliamente usufructuados en la actualidad: los mitos heroicos y gloriosos que, más allá de sus victorias o su derrotas –también convertidas, en victorias- sirven como marco legitimador para los que ejercen el poder; o bien la idea menos nociva pero inconveniente de transpolar situaciones por analogía coyuntural. El caso de los procesos electorales es bien elocuente respecto de esta última vertiente. Se parte del supuesto de una ciudadanía constituida por individuos libres e iguales que votan por múltiples razones entre las que se destacan la publicidad y la presencia actuada de los candidatos en los medios de comunicación. Los procesos electorales, pese a sus torsiones, respondieron en la Argentina a esa dinámica entre la Ley Sáenz Peña y los años 80. La sociedad era más homogénea en cuanto a su incorporación al mercado de consumo de bienes, al trabajo regular, y a la participación política. Pero a poco de inaugurarse la democracia irrumpió con crudeza un fenómeno que se venía incubando durante los quince años anteriores: la pobreza estructural resultante de una movilidad social descendente tanto en las clases medias “caídas del mapa” como en los antiguos trabajadores, industriales o no. A más de treinta años de comenzada la experiencia democrática más estable de la historia argentina el Estado administra cincuenta y dos planes de emergencia solo en el orden nacional que involucran a dieciocho millones de beneficiarios. Estos datos, evocativos de la pobreza de casi una tercera parte de la población, requieren explicar sociabilidades nuevas de fuerte impacto en la política y en los procesos electorales. Las necesidades de vastos segmentos suburbanos se han tendido a procesar a lo largo de los últimos decenios de acuerdo a sucesivas formulas pero análogas en lo relativo a la dependencia respecto del Estado. Jefaturas fuertes de colectivos de diverso tamaño -que abarcan desde familias extensas hasta comunidades étnicas y religiosas entre muchas otras- han tendido a relacionarse con el Estado subsidiario que fue reemplazando alternativamente bolsas de alimentos, de remedios y de pequeños –también de grandes, como lo prueba La Salada- espacios en la vía pública para el comercio irregular por planes y programas de urbanización barrial más estables; pero igualmente volátiles. De entre estos referentes emergen agentes vinculados a la política predominantemente municipal que los convierte en empleados formales o informales –a veces, hasta funcionarios- que los pone en contacto con alguna dependencia pública regida por algún burócrata con aspiraciones electorales. Desde allí, negocian recursos estatales que se derraman en sus respectivos grupos, y en cuya persistencia se juegan subsistencias más o menos holgadas además de su estabilidad, su honor, y su consistencia. Los denominados “punteros” proceden de ese segmento; pero su prestigio y eficacia puede determinar que también referencien a otros, aunque siempre acotados territorialmente. Sus liderazgos no residen solo en satisfacer materialidades sino también en representar pasiones que le confieren sentido a la existencia de sus miembros quienes se reconocen más como tales que como personas individuales. Para quienes operan desde los municipios, la preservación de este régimen de prestaciones y de contraprestaciones electorales define ciudadanías colectivas que se expresan tanto en actos proselitistas como en comicios. Debidamente organizados estos últimos requieren de fiscalizaciones para constatar resultados o traiciones casi siempre procedentes de la competencia dentro de la esfera dirigencial por ampliar su influencia. Las técnicas a tales efectos son múltiples y variadas; y arrancan mucho entes del acto comicial en sí, digitando, por caso, padrones obtenidos con anticipación a los plazos legales en el Juzgado Electoral provincial para diseñar estrategias de movilización e influir en el nombramiento de los presidentes de mesa, luego acompañados de fiscales generales como para que el proceso sea lo más previsible posible. Esto último, incluye la producción de conflictos allí donde las perspectivas son dudosas manipulando por la fuerza mesas y sobres para forzar el resultado esperado. La máquina social y territorial no ha hecho más que perfeccionarse durante los últimos veinte años. Es una de las consecuencias de la impresionante reestructuración social acaecida en el país. Dos ideas ampliamente extendidas sobre los procesos electorales contemporáneos deben ser, así, reconfiguradas. En los bolsones suburbanos de pobreza se opta menos por candidaturas que por la preservación de recursos de subsistencia garantizados por los “políticos” locales; léase los punteros. El voto individual no puede ser entendido sin la pertenecía de los sufragantes a colectivos más amplios debidamente “encuadrados” por los municipios. Son los dos pilares básicos de la política territorial del actual “partido de gobierno”. La robustez de los aparatos oficialistas construidos a lo largo de estas últimas décadas es sólida pero tampoco irreductible. Preservar en el tiempo la lealtad de colectivos no es tarea sencilla: la pobreza no es homogénea y registra diversos estratos en los que hay privilegiados –como los punteros, referentes y sus respectivos sequitos- y marginados dispuestos a expresar su insatisfacción con garra en tanto aparezcan operadores y referentes nuevos que bien pueden proceder de fuerzas opositoras. En la actualidad, ningún partido suscita las pasiones y devociones militantes de otrora, mucho menos sus dirigentes. Por lo tanto, también en los sectores pobres se abre un enorme campo de posibilidades para fuerzas opositoras con voluntad de ganar. Pero para ello es menester lanzarse a las calles, reunirse con grupos cruciales –no solo la marketinera técnica de tocar timbres casa por casa- y proceder a interpretar, comprender y hasta querer a los grupos a los que se dispone a representar.

                                                                                                    Junio 2015

*CEINLADI- UBA-Club Político Argentino

HOMENAJE A NESTOR GRANCELLI CHA

Palabras pronunciadas por el Dr. Román Frondizi en el Homenaje a Néstor Grancelli Cha en el Club del Progreso el día 29 de Abril de 2015

    Señor Ex Presidente de la Nación,

    Señor Presidente del Club del Progreso,

    Señor Presidente de la Fundación 5 de Octubre de 1954,

    Señoras, señores,

    Estamos reunidos los familiares de Néstor Grancelli Cha, sus consocios del Club del Progreso y de la Fundación 5 de Octubre de 1954, sus amigos y compañeros, para recordarlo y rendirle homenaje.

    Este mes habríamos festejado sus 95 años, pero el destino no nos lo ha permitido: Necho nos dejó el invierno del año pasado.

    Como todos sabemos quién fue, qué pensó y qué hizo Necho, el cometido que nos reúne sería muy sencillo: bastaría pensar intensamente en él un momento, guardar un minuto de recogido silencio y darnos un abrazo en su recuerdo.

    Necho nos miraría, cómplice, con brillo en sus ojos y una sonrisa amistosa y fraterna.

    Sin embargo, ocurre que de su larga, proficua y lúcida existencia surgen nítidamente diversas facetas de valor ejemplar sobre las cuales es ineludible detenerse.

    Ante todo, por justicia hacia él.

    Y luego, confesémoslo, porque ellas retemplan nuestro espíritu en estos momentos de incertidumbre.

    Y se lo agradecemos.   

     La existencia de Necho ha tenido un entrañable lado humano, que por supuesto se ha expresado,  ante todo, recatadamente pero fuertemente, en su sentimiento y dedicación hacia su familia: hacia Mirta Castelvecchi, su querida esposa  y compañera, hacia sus hijos, Silvana y Gurí, que han sido la luz de sus ojos, y hacia sus nietos, en quienes –él lo decía- cifraba la esperanza en un mundo mejor.

   Pero ese lado humano se ha definido, también, por la  lealtad a sus muchos amigos, y por su generosa tarea a favor de exiliados y perseguidos políticos, sin distinción ni de nacionalidad ni de ideología, a lo largo de siete décadas de la azarosa vida cívica nacional. A muchos dio refugio en su casa, en su quinta en Parque Leloir, en su chacra en Laguna del Sauce en el querido Uruguay.

   Por no hablar de su clara inteligencia, su juicio agudo, y su visión sintética que unía la teoría a la práctica.

    Y de una suerte de sentido juvenil, que nunca lo abandonó, prueba de que la juventud no es solo una edad sino una costumbre, que Necho supo llevar consigo.

     Se destacó, y mucho, como profesional, como empresario, como dirigente estudiantil universitario, como político, como hombre de gobierno. En sus últimos años co-dirigió junto a Ernestina Gamas la publicación on line Con-texto, y presidió la Fundación 5 de Octubre de 1954 que sostiene y propicia los ideales Reformistas y de libertad de la tradición estudiantil universitaria argentina.

    Los ejes básicos de su trayectoria, desde el punto de vista cívico, fueron la Reforma Universitaria y el desarrollo nacional en democracia.

    En el movimiento Reformista su actividad fue muy intensa, y de ella sobresalen su Secretaría en la Federación Universitaria del Litoral, en 1940, su participación en Congresos nacionales e internacionales y su Presidencia de la Federación Universitaria Argentina en 1942/ 1944.

   La defensa y promoción de los principios reformistas se unió a las luchas cívicas de duro enfrentamiento al gobierno fraudulento del Dr. Ramón Castillo, primero, y luego a la dictadura militar surgida del golpe de estado del 4 de junio de 1943, ambos de simpatías pro nazis.

    Le costaron prisión más de una vez.

    Eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y Grancelli, como muchos otros jóvenes demócratas, tomó  partido por los Aliados, que enfrentaban a la barbarie nazi.

     Lo hizo a través de Acción Argentina, un grupo extrauniversitario creado en apoyo a las potencias Aliadas contra el nazismo.

     Su compromiso con la causa Aliada lo llevó a aceptar la convocatoria para formar un grupo de pilotos destinado a alistarse en la Fuerza Aérea Aliada.

    Fue de los primeros seleccionados en Rosario.

    Era menor de edad, tenía 20 años y sus padres le negaron la autorización, requisito indispensable para poder hacer el curso, viajar a una base aérea aliada en Europa y ser piloto de guerra.

   Hay dos mensajes de Grancelli que deseo recordar pues expresan, entre otros, su pensamiento  como dirigente reformista.

   Uno es la carta al gobierno militar de la Nación, de octubre de 1943.

    Fue emitida por la FUA, con la firma de su Presidente, Néstor Grancelli Cha, y de su Secretario José A. Culotta,  con motivo de la disolución, por decreto del gobierno de facto, de la propia FUA, de sus cinco federaciones, y de los cincuenta centros de estudiantes que la componían.

    La dictadura militar de aquel entonces adoptó esta medida junto con la intervención a todas las Universidades Nacionales y la posterior cesantía de miles de profesores universitarios democráticos, muchos de los cuales fueron sucesivamente encarcelados.

    Los cargos fueron cubiertos con elementos de conocida filiación pronazi o clerical, que cometieron toda clase de tropelías.

    Paradigmático, el izamiento de la bandera nacional a media asta por el gobierno provincial y la Universidad de Tucumán, cuando el régimen militar no tuvo más remedio que declararle, tardíamente, la guerra al Eje.

    En aquel documento la FUA desmintió al gobierno, que la acusaba de “subversiva” y de “comunista” -cuándo no, esta gastada muletilla!- para justificar su disolución.

    Decía Grancelli que, así, el gobierno dejaba de ser un sistema militar para ser un sistema policial, que daba una orden arbitraria de libre persecución contra los estudiantes. Desconcía a la FUA, que representaba al estudiantado y al movimiento de la Reforma Universitaria, que había retomado el abandonado sentido americano de los fundadores de la nacionalidad, en el cual todos, gobierno, intelectuales, militares, debían buscar motivos de inspiración, correctivos para el rumbo y bases ciertas de una política de grandeza moral planteada por muchachos pero digna del nombre argentino.

       Como decía Grancelli, los estudiantes de 1918, al fundar el movimiento reformista, y los de 1943, al enfrentar a la dictadura militar que usurpaba el poder, y alinearse con los Aliados contra el nazismo a nivel internacional, “…soñábamos utopías y creíamos vivir una cruzada para trasformar la sociedad”.

        El otro mensaje es el contenido en su discurso en el gran acto del 8 de diciembre de 1945 en la Plaza de los Dos Congresos, en el que hablaron, entre otros oradores, Alfredo Palacios y Alicia Moreau de Justo por el Partido Socialista, José Tamborini y Enrique Mosca por la UCR -quienes habrían de integrar la formula presidencial de la Unión Demócratica en las elecciones de febrero de 1946- y Néstor Grancelli por la juventud.

    El acto, realizado bajo la advocación de Roque Saénz Peña, y con el lema único “Por la Libertad contra el Nazismo”, reunió a una enorme multitud.

    Fue asaltado por una banda de pistoleros pertenecientes a la Alianza Libertadora Nacionalista, protegida por el Gobierno y por su Policía, que, si bien no lograron impedir su realización, asesinaron a balazos a cuatro  asistentes al mitin, dos afiliados radicales, uno socialista y otro comunista.

   El discurso de Necho fue a la vez vibrante y conceptual.

    Dijo, entre cosas, que frente a un régimen  militar que sojuzga, denigra y corrompe, la juventud levanta una vez más su rebeldía libertaria para apostrofar a la fuerza y reverenciar al derecho.

    Es la voz de una generación, la voz del surco, del taller y del aula… Es la generación del 45 que ya no puede vivir en las consignas de los viejos preceptistas retóricos y reclama una política educacional que implante la Reforma Universitaria conforme a los principios de la pedagogía contemporánea…

    Fue su última intervención  como dirigente estudiantil.

    Nos requirió, con exigencia elocuente  y duradera, repensar la Universidad  -y el país-  con espíritu crítico y constructivo.

    El tema es muy vasto y no puedo tratarlo ahora.

     Pero sí afirmo que si queremos insuflar aire fresco al espíritu de la Reforma Universitaria y al reclamo por la trasformación del país en una Nación de veras republicana, democrática, desarrollada, justa y moderna, deberemos, entre otras cosas, cuidarnos de los reaccionarios, de los utopistas y de los ociosos.

     No confundamos la tradición con cierto tradicionalismo trasnochado  que solo mira al pasado y quiere parar la historia.

    Los utopistas, aún si a veces patéticamente heroicos, desconocerán la dura realidad y no harán nada productivo, pues cualquier cosa se intente será poco para sus ambiciones.

     Los ociosos creen, en el mejor de los casos, que los problemas se resuelvan solos.

      Por el contrario, si queremos de verdad el cambio, necesitamos cumplir un gran esfuerzo por la unidad sin mezquindades, con inteligencia, comprensión de la efectiva realidad argentina, y con visión de futuro para estar junto a la gente joven, cuya incidencia será decisiva para decidir el rumbo.

      Desde el punto de vista político, nada mejor que dejar que sean sus propias palabras las que pinten a Grancelli.

       Lo sigo en sus “Razones de un militante”, escritas el año 2010.

     Afirma allí que el hilo conductor de su vida política ha sido la democracia como forma de vida civilizada, y que así lo experimentó como universitario en las filas del reformismo, como militante en la Unión Cívica Radical Intransigente, y como funcionario del Gobierno del Presidente Arturo Frondizi.

         Citando a Giovanni Sartori,   Grancelli nos recuerda que mientras las viejas y las nuevas dictaduras hacen al mundo de un solo color, la democracia  es un mundo multicolor.

         Y agrega, con Umberto Eco, que la democracia no significa que la mayoría tiene razón, sino que tiene el derecho de gobernar.

         Tampoco significa que las minorías se equivocan.

         Significa que, respetando al gobierno de la mayoría, deben expresarse en voz alta, y con la mayor energía, cada vez que piensen que el gobierno se equivoca, pues ese es el mandato que recibieron de los ciudadanos.

    De aquí que la definición de Sartori sobre el mundo multicolor y el imperativo de Eco de expresarse en voz alta, rememoren en Grancelli, como el mismo lo dice, la vocación de integración de diferentes sectores durante la experiencia desarrollista en el gobierno de Arturo Frondizi, y la Declaración de octubre de 1943 dirigida al régimen militar que disolvía a la FUA.

       Agrega Grancelli que el mundo vive cambios prodigiosos, la sociedad del conocimiento irrumpe incontenible y Argentina no debería permanecer al margen.

        Señala que hace más de cincuenta años las políticas nacionales del gobierno del Presidente Frondizi iniciaron cambios sustantivos que promovieron un fuerte impulso de progreso y modernización del país, dentro del ámbito democrático y republicano.

        Sin embargo, ese esfuerzo gigantesco, cumplido en el marco surrealista de treinta y seis tentativas de golpe de estado, fue finalmente frustrado casi totalmente por la incomprensión, las pasiones políticas y los intereses personales de una oposición ignorante y ciega, que se propuso desde el primer día derrocar al Presidente, y que no estuvo en ningún caso a la altura de los tiempos.

    Y concluye diciendo que, desde su perspectiva, entiende que las tesis de Frondizi, adaptadas a las condiciones actuales, podrían impulsar una renovada marcha en pos de proseguir la inconclusa tarea de construir la Nación.

    Hasta aquí, textual, Grancelli.

    Agregaré unas pocas palabras.

    Necho integró en un nivel de excelencia el gobierno de Arturo Frondizi.

    Admiró al intelectual y al político, una rareza entre los presidentes argentinos a excepción de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Estas condiciones, más su vida austera y su gran pasión por el país, sedujeron a Necho, quien lo acompañó desde el llano en la dura oposición al peronismo y durante la áspera etapa del gobierno provisional de 1955-58.

    En el gabinete de Frondizi se desempeñó como Subsecretario y Secretario de Estado con honor y eficiencia, y mereció, como todos sabemos, la estima, el reconocimiento y el afecto del Presidente.

     Grancelli practicó los valores fundamentales de la ética social y política, la tolerancia, la libertad, el pluralismo, la no violencia, la paz, la igualdad, de los cuales deriva el concepto fundante de sus ideas y de su actuación, que muchos compartimos: el de que toda concepción totalitaria, según la cual la historia tiene una meta preestablecida, carece de futuro, ya que ninguna meta está fijada de antemano, ninguna meta es definitiva.

    La historia es un producto del conocimiento y de la acción del hombre en las condiciones concretas de su existencia efectiva, y de las fuerzas sociales en su devenir dialéctico.

     Sobre estas bases, firme en los ideales y en la conducta en medio del fragor de la vida argentina, Néstor Grancelli Cha libró su lucha por la justicia y la libertad, que, por cierto, está inconclusa.

      Fortalecidos por su gran ejemplo cívico y moral, seamos capaces de proseguirla.

      Nada más.   

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BARTOLO TISCORNIA Y EL HOMANAJE A SU GRAN AMIGO NÉSTOR GRANCELLI CHA

Menuda tarea me ha tocado, Necho. Hablar después de Roman. Por eso ya no voy a hablar de vos: te voy hablar  a vos. Unas pocas palabras

Tuve un puñado de amigos de colección que ya no están. Alfredo Vítolo, el último Alfonsin, el inolvidable Cheto.    Vos ocupaste un lugar central

Aunque había algo casi irritante para uno: cada año estabas más joven

Hasta el final con ideas y acometiendo emprendimientos inclusive en internet. (con-texto, el sitio del club donde me atosigabas con ideas,)

Le diste lustre a mi Comisión Directiva como tesorero en mis dos períodos

Te hice un homenaje de tus 80 en 2002. Imprevistamente…apareció Falucho. Te acordás?  Mi speach se transformo en un diálogo entre ambos con divertidas anécdotas de las campañas de la UCRI

Pasamos gratos momentos compartiendo oficinas contigo, Silvana y Forbes

Te diré: aún es difícil convencerse de tu muerte.  Tengo la sensación de que en cualquier momento vas a aparecer,  más joven que nunca con alguna propuesta nueva

Gracias Necho por tu amistad.

Nos estamos viendo

En febrero de 1948 Jorge Eliecer Gaitán, líder liberal de Colombia,  convocó a una marcha para expresar el duelo por los crímenes cometidos por  la policía política del presidente conservador Ospina Pérez que habían costado la vida a opositores políticos de su gobierno. La consiga era el silencio y cuentan los testigos  que tuvo  un dramatismo inconmensurable. La elocuencia de ese silencio dejó tal sonido en la memoria colectiva que los enemigos de Gaitán pretendieron acallarlo con disparos que le provocaron la muerte el 9 de abril de ese mismo año.*

En Catamarca se produjo el incomprensible homicidio de  la estudiante María Soledad Morales y se sospechaba que sus autores eran los hijos del poder de la provincia. El 14 de septiembre de 1990 la población empezó a movilizarse para reclamar la investigación de ese infame crimen y marchó alrededor de la plaza en absoluto silencio. Los padres de la adolescente encabezaban la marcha y en sus rostros se podía ver la marca del profundo dolor que no admitía otra cosa que un silencioso pero imperativo reclamo.**

Cuando en 1997 el  reportero gráfico José Luis Cabezas fue vilmente asesinado, miles de personas caminaron  desde Corrientes y Talcahuano hasta la Plaza de Mayo en señal de protesta por ese crimen que no debía quedar impune. En medio de la  marcha se pidió un minuto de silencio para honrar  su memoria. Esa multitud desplazándose codo a codo y sin  ningún sonido produjo un efecto sobrecogedor.***

Hace casi un mes, la violenta desaparición de un Fiscal de la Nación en vísperas de la presentación ante un grupo de legisladores, de una denuncia que afecta a las más altas autoridades de la Nación,  ha dejado a la opinión pública en estado de estupor. Estamos a pocos días de la convocatoria a una movilización.

La consigna vuelve a ser  el silencio. Silencio que tendrá un valor simbólico, una razón poderosa. Porque se trata de un duelo, porque es necesario  para rendir homenaje. Porque las palabras desgastadas han perdido valor frente a los hechos.  Es importante recordar antes de plegarse a esa manifestación que promete ser muy numerosa, que tenemos que recuperar la capacidad de callar cuando el sólo hecho de nuestra presencia, de nuestro silencio tendrá más fuerza que cánticos, bocinas o cacerolas. Porque no será un silencio cómplice sino un silencio demandante. Pidiendo por recuperar el respeto a la Constitución, por el restablecimiento de poderes independientes y por recobrar la institucionalidad bastardeada. Tengamos esta marcha en paz y en silencio.

Febrero de 2015.

* Siendo diplomático de carrera, mi padre estaba destinado en 1948,  como funcionario de la Embajada Argentina en Bogotá y testigo de estos acontecimientos.

** En un viaje a Catamarca tuve la ocasión de presenciar una de estas marchas y saludar al señor Morales

*** Participé en esta marcha y no olvidaré jamás ese momento de silencio

El constitucionalismo y los límites del poder gubernamental

Cuando nos remontamos a los albores del constitucionalismo comprobamos que el gran objetivo de los hombres que fueron construyendo el marco teórico de la democracia moderna, apuntaba al logro de un gobierno limitado. Alrededor de esta noción se fueron entrecruzando los principios y técnicas que sustentan al Estado de Derecho. Por supuesto que todo ello a la luz de los grandes valores que encontramos contenidos en las declaraciones de derechos de finales del Siglo XVIII que cual verdaderos "faros" le dan razón de ser al modelo en su conjunto. Pues bien, esta fenomenal "utopía" -en el sentido de constituir una aspiración, fruto de un profundo idealismo- para su paulatina concreción, requería de instrumentos institucionales que de conformidad con el diseño que le iría dando el trabajo de los juristas, posibilitaran su efectiva aplicación, convirtiendo al menos lo sustancial de su contenido, en una realidad tangible.

            Es que el Estado de Derecho es precisamente, aquella comunidad políticamente organizada, en cuyo interior imperan las instituciones por encima de la voluntad de los titulares del poder. Se trata de organizar un sistema que impida en todo momento que la discrecionalidad y la arbitrariedad de unos pocos, fundadas en  meros intereses particulares o parciales,  se opongan a que el accionar del gobierno esté dirigido a satisfacer el bien común.

            La concreción de tan ambiciosas metas requiere del diseño de un sistema, integrado por un número de elementos o componentes interrelacionados que proveen a un orden que se caracteriza por un dinámica que el es propia. Es de destacar que el sistema que contiene al Estado de Derecho, para asegurarse su perduración, -al igual que en todo otro sistema-, requiere del concurso simultáneo de todos sus elementos, actuando del modo como prescribe el marco jurídico que lo regula. Y queremos poner el acento en esta necesidad de que operen todas las exigencias de consuno, cual si se tratara de una orquesta sinfónica que si carece de alguno de los grupos instrumentales que la  componen no podrá llevar a cabo su actividad. Es obvio que las partituras que aborde perderán razón de ser cuando algunos de sus "timbres" estén ausentes.

            Entonces, no se concibe una democracia que exhiba un número fraccionado de sus elementos, en este caso se tratará de un sistema diferente, pero ya no del que se corresponde con las características de un genuino Estado de Derecho. Cuando afirmamos que un país es democrático, lo consideramos como tal porque en sus instituciones encontramos ciertas notas institucionales. Los derechos de los habitantes están reconocidos y garantizados, el poder está limitado a través del derecho, los gobernantes son electos por medio del sufragio de la ciudadanía, ellos a su vez se alternan en el ejercicio del poder, el gobierno es ejercido por tres órganos separados de poder -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, los actos de gobierno deben ser dados a conocer públicamente, la justicia debe ser independiente y que todo esto este plasmado en un documento que se conoce con el nombre de constitución que es la norma suprema del Estado y el producto de su poder constituyente, entre otros caracteres indispensables.

            La lectura de estos enunciados no nos deja duda sobre lo difícil que significa el logro en los hechos de tan ambiciosa empresa. En efecto, del análisis de lo acontecido en los países que poseen democracias consolidadas surge que ello se va concretando a través de un dilatado proceso de crecimiento tanto en lo institucional, como en el terreno de las conductas. Sin introducirnos en este último terreno, ya que deberíamos hablar del concepto sociológico de democracia, es decir del que hace a un estilo de vida, más que a un esquema jurídico institucional, ya que ello supera los límites del presente trabajo,  podemos afirmar que el crecimiento del sistema democrático gira en torno a las nociones de equilibrio, control y responsabilidad.

            En la base del esquema institucional descripto subyace la necesidad de que un control institucional efectivo, vele por el equilibrio en el desempeño de cada una de las variables mencionadas. Ello, es fácilmente visible cuando se lo concibe respecto del principio de separación de poderes. Este postulado, como bien sabemos, fue pensado por Montesquieu y Locke como una herramienta capaz de impedir desbordes en el ejercicio de las competencias gubernamentales. Se aspira  -citando al autor de "El Espíritu de las Leyes"- a que el "poder detenga al poder". A tales fines a cada uno de los tres poderes, además de sus funciones propias, se les agrega algo relacionado con los otros dos y así recíprocamente. De este modo se apunta a que ante cada exceso en el ejercicio de una potestad gubernamental surja la respuesta institucional inmediata que lo contenga, que lo vuelva a su quicio y de ese modo que continúe en vigencia el orden que caracteriza al sistema.

Evolución del constitucionalismo: innovaciones institucionales

            Ahora bien, la evolución de las instituciones democráticas obligó a enriquecer el edificio constitucional con nuevos institutos. Así, a los mecanismos tradicionales se le fueron agregando otros, también encaminados hacia las mismas metas. Por una parte, surge la constitucionalización de las garantías individuales, las que a partir del hábeas corpus, permiten que las personas cuenten con mecanismos aptos para conseguir el restablecimiento de sus derechos, cuando éstos han sido conculcados, o de alguna manera modificados o limitados. Esta novedad implica que ya no se confía sólo en el mero juego de las instituciones, o sea de las garantías que de ellas dimanan. Y, esto es así, porque más allá de los idealismos, se comprueba que la elaboración de un esquema institucional puede fallar, cuando sus titulares no cumplen con las reglas en que el mismo se asienta.

            Otra contribución se plasma con la incorporación de nuevos órganos e instrumentos institucionales. Así, se le otorga al Poder Judicial, la función de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno. Las indiscutibles aseveraciones del juez Marshall en el caso "Marbury vs. Madison" llevan a una elaboración lógica, sin la cual el sistema constitucional corre en muchos momentos serios riesgos de naufragar. Ya más adelante, surgen los órganos específicos de control que se suman a la labor del Poder Judicial o que se agregan a la constelación de poderes estatales. Pensemos en las defensorías del pueblo, en los ministerios públicos, en las auditorías generales, en los entes específicos de control de los servicios, de la competencia, etc.

            Un tercer aporte, proviene del fenómeno de la participación ciudadana, tan característico del esfuerzo institucional emprendido a partir de la última postguerra mundial. Esta intervención de los gobernados en los asuntos públicos aveces suplanta a los gobernantes en la toma de las decisiones estatales, en otras oportunidades, importa el concurso de los miembros de la comunidad en el proceso que lleva a la decisión, en su aplicación o en su control. En cada una de las innovaciones también se apunta al gran objetivo del constitucionalismo, desde su cuna, limitar el poder, lograr la mayor realización de la persona humana, por encima de todo egoísmo y más allá de las parcialidades. Es de destacar el aporte proveniente de la tecnología que facilita la aparición de nuevos instrumentos para vehiculizar la participación.

            Sin embargo, para que todos los elementos a que hemos hecho referencia se desenvuelvan conforme a derecho, es la justicia la que en última instancia deberá expedirse ante cada caso concreto, cuando alguna circunstancia genere un conflicto que requiera del dictado de una sentencia que importará el enunciado de una norma particular. Por ello, el Poder Judicial se erige en el gran garante del sistema, pues es el último recurso capaz de impedir que se debilite el sistema en su conjunto. Espinal Irías, recurriendo a Bobbio, recuerda que "la función jurisdiccional, se presenta como una actividad dirigida a la tutela concreta e individualizada de intereses ajenos insatisfechos, mediante la comprobación definitiva (con la llamada eficacia de cosa juzgada; aunque sea limitadamente a las partes en causa) y la consiguiente actuación de la norma jurídica al caso concreto" (1).

            A través de esta trascendente actividad jurisdiccional se concretan de manera tangible los objetivos del Estado de Derecho. Nuestro autor, agrega, que "es la actividad del Estado, encaminada a comprobar y hacer valer en los casos particulares el ordenamiento jurídico estatal. Esencialmente se presenta como una tutela de aquellos intereses o valores, que aún siendo protegidos por normas de derecho objetivo, han quedado insatisfechos. El producto de esa actividad, la satisfacción o la tutela de los intereses protegidos, a primera vista, nos parece que podemos llamarlo justicia" (2). Nosotros hacemos extensiva esta apreciación a los demás cometidos que cumple el Poder  Judicial, como ya veremos más adelante.

La independencia del Poder Judicial como elemento del Estado de Derecho

La independencia del Poder Judicial constituye uno de los pilares en los que se asienta el Estado de Derecho. Cuando un país logra organizar una justicia objetiva, es decir desprovista de todo nexo, susceptible de comprometerla con cualquier interés que no redunde en el respeto irrestricto de  la constitución y de las leyes que en su consecuencia se dicten, dicha meta ha sido obtenida. Este significativo logro conlleva la consagración de una democracia plena, pues permite que imperen varios de los principios que más la caracterizan, como son, entre otros: la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la separación, el control y la transparencia de la actividad de los poderes políticos del Estado -Legislativo y Ejecutivo-,  la vigencia irrestricta de los derechos humanos y de los valores de libertad e igualdad en que ellos se nutren.

La justicia, como valor, como función, encarnada en un poder o como una mera aspiración de los ciudadanos, constituye en todos los casos un ingrediente trascendental del Estado de Derecho. Su inclusión en este sistema de organización del poder, juega las veces de un verdadero filtro a través del cual se van poniendo a prueba todos los restantes elementos que integran esta noción. Si es cierto que la democracia se sustenta en la  posibilidad de asegurar un modo particular y delicado de distribución de poderes y de funciones, entre gobernados y gobernantes, como así también entre los diferentes poderes estatales, la  concreción de tan delicado equilibrio reposa en última instancia en una estructura judicial, eficaz, dinámica, independiente, equitativa, que provea a la resolución imparcial de los diferentes conflictos que surgen de las relaciones que se desarrollan en el interior de una comunidad políticamente organizada.  Por ello, la organización y la puesta en funcionamiento de este importante dispositivo ha marcado muchos de los más relevantes episodios institucionales de la historia del constitucionalismo.

Encargado de velar por el control de legalidad de los actos de gobierno, por la vigencia de la ley fundamental, por el equilibrio entre los poderes. Garante de los derechos humanos fundamentales, del principio de igualdad entre todas las personas y en todos los conflictos que se susciten en el interior de una sociedad pluralista, también reposa sobre el poder judicial la aplicación de los valores en que se apoya el sistema en su conjunto. La democracia persigue el logro de la libertad y de la igualdad  y a ellas hoy  se le agrega la calidad de vida. La concreción de estos objetivos se logra principalmente por medio de la plena vigencia de los derechos humanos. Ello exige, por supuesto, de una actuación convergente de los poderes políticos del Estado. Pero, es en la justicia en quien tiene a su cargo velar por su efectiva concreción, impidiendo situaciones de impunidad, de discriminación, que sean el producto de la acción o de la omisión de quienes ejercen el poder político o de particulares.

Esta sucinta enumeración de los grandes cometidos y objetivos a que debe apuntar el desempeño de los magistrados es reveladora por si sola de la enorme responsabilidad que a ellos les cabe. Así mismo es por demás compleja la tarea que tienen en sus manos quienes deben elaborar el marco normativo de actuación de la justicia, a fin de facilitar que esas metas sean una realidad tangible en el devenir de una república.

El constituyente argentino tuvo bien en claro la importancia de la justicia en la construcción de la democracia de nuestro país. Así, fiel al pensamiento de Alberdi, el mismo preámbulo entre los grandes objetivos que le fija a la Nación figura en segundo término luego de "constituir la unión nacional" el de "afianzar la justicia". La preocupación por este cometido no sólo se refleja en la parte orgánica de nuestra Carta Magna, cuya sección tercera está consagrada al Poder Judicial, la parte dogmática, contempla claras muestras del compromiso contraido por los constituyentes en relación con el tema que nos ocupa. Así, cuando en el artículo 5 determina los límites del poder constituyente provincial nuestro tema aparece en dos oportunidades.

En efecto, en primer término surge de la exigencia para el orden provincial de redactar una constitución que respete el "sistema representativo republicano", el que naturalmente supone como ya se ha visto entre uno de sus principales bases la separación de la triada de poderes independientes. Sin embargo, en segundo término la mencionada cláusula agrega "que asegure su administración de justicia…" Como se puede comprobar, la preocupación del constituyente ha sido doble y ello denota la voluntad de revertir un estado de cosas que se caracterizaba por la concentración del poder en el marco de un esquema claramente autoritario.

Ahora bien, la justicia sólo puede llevar a cabo semejante rol cuando es independiente. "Surge con claridad que si un pueblo pretende vivir en un Estado de Derecho y sus individuos desean gozar de cirto grado de seguridad jurídica y de libertad, para que sus libertades y derechos -incluídos los derechos e inversiones de los extranjeros- estén protegidas, debe garantizar la existencia de un Poder Judicial imparcial, que garantice la estricta observancia de las leyes. Esa imparcialidad sólo se consigue si los magistrados son independientes. Es este concepto el núcleo esencial de todo el problema. Independencia judicial y seguridad jurídica son nociones que se corresponden recíproca e inescindiblemente, como la vida, el aire y el agua" (3).

La Democracia y el Derecho

El sistema democrático importa una relación particular entre el gobierno y el derecho, es así como se construye el Estado de Derecho. Nos parece interesante acudir a las reflexiones de publicistas españoles vertidas en una publicación dedicada a la relación entre los magistrados y la ley para comprender a que tipo de derecho se hace referencia, cuando se lo relaciona con el sistema democrático. García de Enterría, expresa que "suele ser común reducir la idea democrática a un sistema de elección periódica de los gobernantes. Pero a nosotros, como iuspublicistas, nos interesa perseguir la idea misma democrática en las propias estructuras jurídicas y, más aún, analizar éstas en sus relaciones, que son sustanciales, con ese aspecto más visible de la democracia que es la construcción de un poder representativo del pueblo. Sería un error reducir la democracia a unas determinadas prácticas electorales. La democracia postula inexorablemente una determinada organización del Derecho y de sus institutciones centrales" (4).

En la misma publicación, Clavero, recuerda lo expresado por Tomás y Valiente en una conferencia brindada en Buenos Aires, poco antes de ser asesinado. Allí se refería precisamente al poder judicial como poder de un Estado democrático de derecho, para manifestar que "los jueces por ser integrantes de tal poder en un Estado así cualificado, están sometidos al imperio de la ley, recalca: por constituir un poder independiente está sometidos únicamente a ella" (5). Podemos decir en tanto, que el Derecho es una presencia esencial para la democracia y que el mismo no se limita a alguno de sus elementos sino que los comprende a todos en un tipo de relaciones que manifiestan como nota común su sometimiento al marco jurídico positivo. Los magistrados tienen la tarea de asegurar que el imperio de la ley rija en toda circunstancia y ante todo, someterse a los dictados contenidos en el marco constitucional y legal vigente en cada estado.

En la actualidad el derecho tiende a convertirse en una manifestación propia a un mundo "globalizado". Creemos que esto es así ya que observamos que al menos en materia de derechos humanos, el derecho internacional que los rige, está convirtiéndose poco a poco en la normativa común de todas las naciones democráticas del planeta. Y, ello se produce por un doble fenómeno. Por un lado, en razón del gran número de convenciones internacionales que tratan sobre esta temática. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, se manifiesta la tendencia a la constitución de tribunales de justicia supranacionales, cuyo cometido constituye precisamente la aplicación uniforme de esos tratados, debilitando el principio de soberanía nacional. Ello exige de procedimientos adecuados, "la especial consideración de los derechos humanos y la toma de conciencia frente a la necesidad de los mismos, genera un consenso tanto a niveles nacionales como regionales y aún universales, de su necesaria protección por vías expeditivas que tengdan en mira la efectiva vigencia de aquellos en aras de la plena realización de los hombres. No se puede lograr esta plena realización si el estado no garantiza a través de sus órganos la protección de los derechos del hombre" (6).

En relación con este fenómeno nos parece útil citar lo que se expresara con motivo de la celebración de un encuentro internacional de salas y cortes constitucionales. Allí, se manifestó que "los jueces constitucionales deben (…) procurar atender no solamente los ordenamientos superiores, sino también los instrumentos internacionales de protección de los derechos fundamentales, ya que al asomarnos aceleradamente a una etapa edificante en el panorama universal del siglo XXI, la función del juez constitucional no puede ser ajena a la consolidación y promoción de los nuevos horizontes emancipatorios que se abren a las personas y a los grupos sociales enmarcados en la defensa de los derechos y garantías constitucionales, que imponen al Estado obligaciones positivas para su actuación"(7).

Desgraciadamente en la Argentina los tribunales exhiben una situación muy diferente de la que acabamos de describir.La democracia en nuestras latitudes acusa un serio déficit en esta materia. Si realmente existe una asignatura pendiente ella es sin lugar a dudas la problemática de la justicia. La laxitud de los controles que se ejercen sobre nuestras instituciones, el desamparo que acusa el ciudadano común frente a una inquietante y creciente cuota de impunidad, la falta de independencia de los tribunales, la escasa formación de sus titulares, son algunas de las más graves falencias que exhibe la organización de la justicia, tanto en nuestro país, como en gran parte del subcontinente. Situación que es trasladable al Ministerio Público como lamentablemente a puesto de manifiesto la muerte del fiscal Alberto Nisman. Encontrar una solución a tan alarmante estado de cosas, no sólo es un imperativo de la conciencia democrática, sino y sobre todo un requisito indispensable para asegurar la vigencia de la constitución y del Estado de Derecho. Nos encontramos frente a una complejísima problemática cuya solución no sólo reposa en la labor legislativa, deben concurrir serios esfuerzos desde el área educativa y una verdadera voluntad de la sociedad en su conjunto. con su claro compromiso de la sociedad y sobre todo de su dirigencia, a la cabeza de la cual se ubican los ocupantes del poder político, de terminar con la impunidad, de respetar la Constitución y de apartarse de la cultura del “todo vale” que lejos de ayudarnos a crecer nos está hundiendo en una crisis institucional y moral de dimensiones alarmantes.

Exigencias mínimas para una justicia de la democracia

A manera de conclusión nos animamos a expresar, los que podrían considerarse como los "presupuestos mínimos" para un Poder Judicial, guardián del Estado de Derecho, son ellos:

•  Que sea independiente de los poderes políticos y de intereses particulares o corporativos.
•  Que garantice la seguridad jurídica y la continuidad constitucional.
•  Que se someta de manera irrestricta al principio de imperio de la ley.
•  Que en tanto poder constituido, tenga siempre clara conciencia de estar situado por debajo de los dictados del poder constituyente, estándole prohibida en toda instancia, invadir la esfera de este último. Pues, si así no lo hiciera, provocaría un atentado letal a la institucionalidad democrática, internándola en una variante de facto.
•  Que controle la constitucionalidad de las leyes y actos de gobierno, velando en todo momento para que su contenido se compadezca con los postulados contemplados en la Carta Magna.
•  Que cuide para que en todo momento se respeten los compromisos  asumidos por la Argentina frente a la comunidad internacional, a través de la ratificación de tratados y demás instrumentos internacionales.
•  Que sustente sus fallos en los dictados del principio pro omine, es decir que ante la duda sus decisiones importen aquellas soluciones que sean más favorales a la plena vigencia de los derechos humanos, en libertad e igualdad dentro de un entorno que asegure una calidad de vida satisfactoria.
•  Que evite la existencia de situaciones de impunidad. "…la lucha contra la impunidad es la otra cara de la lucha por el Estado de Derecho: sin duda una de las mayores deudas que las instituciones republicanas tienen con sus ciudadanos es que la democracia argentina está estructurada sobre la base de la falta de castigo ante los ilícitos cometidos por los propios funcionarios encargados de hacer cummplir la ley" (9)
•  Que ponga fin a todas las circunstancias de discriminación que afecten a una persona o grupo de personas y que  menoscaben la vigencia de los derechos fundamentales.
•  Que, por último, su integración, se funde en criterios que aseguren designaciones objetivas, que se basen en la capacitación y la probidad para el desempeño de tan trascendente labor.

                                                           Notas

(1) Espinal Irías, R: "Los Jueces y su Responsabilidad para la Vigencia de un Estado de Derecho", en: "El Juez y la Defensa de la Democracia", instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1993, p. 34.

(2) Espinal Irías, R.: ob. cit.,  p.35.

(3) Ventura, A.: "Consejo de la Magistratura -Jurado de Enjuiciamiento". Depalma, Bs. As., 1998, p. 5.

(4) García de Enterría, E.: "La Democracia y el Lugar de la Ley", en: "La Vinculación del Juez a la Ley". Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 1, Madrid 1997, ps. 80/1.

(5) Clavero, B.: "Imperio de la ley, regla del derecho y tópica de constitución", en: " La Vinculación del Juez a la Ley"(ob. Cit.), ps. 41/2.

(6) Jimenez, E.P. y Vicente, D. E.: "Los Procesos Constitucionales", en: Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Año VII – Nº 11, Bs. As. 1994,p.35.

(7) Herrera Vergara, H.: "Del Segundo Encuentro Latinoamericano de Salas y Cortes Constitucionales", en: "Estado de Derecho", Contribuciones, CIEDLA, nº 2, Buenos  Aires, 1994.

(8) Lawyers Committee for Human Rigths: "The World Bank and the Venezuelan Justice System", Washington, 1996, p. 14. (Traducción del autor)

(9) CELS: "Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina – 1997". EUDEBA, Bs. As., 1998, p.17.

* Profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (UBA)

                                 “Lo que ha sucedido es un aviso.Olvidarlo es un delito.   
                                       Fue posible que todo eso sucediera y sigue siendo posible                                                   que, en cualquier momento, vuelva a suceder”.
                                                                                                 Karl Jaspers

La cosmética del mundo  disimula el caos que subyace y  que  pugna por  mostrar  su   desorden. La palabra kosmética,  viene de Kosmos, es decir el orden de un mundo que ha salido del Kaos. Un factor importante de esa cosmética es la ley.   La ley ordena con sus  prohibiciones y sanciones a los que la transgreden. Marca límites. Cuando algo irrumpe -se introduce violentamente-  interrumpe el equilibrio y el orden de la ley. Desordena y provoca caos. Como en el caos es imposible vivir  se producen reacciones atávicas, imprevisibles y que responden al instinto de conservación atizado por el miedo. Tienden a apoyarse en el dogmatismo y en la seguridad que brinda lo conocido, no siempre sustentado por el buen juicio, la prudencia y la madurez.  

Cuando se produjo el ataque a la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, en París,  en represalia por una supuesta ofensa a Mahoma plasmada en una caricatura satírica, el mundo quedó en estado de estupor.   El  equilibrio de la rutina cotidiana se había interrumpido porque la amenaza estaba a la vuelta de la esquina.   En un primer momento todos fueron Charlie Ebdo y sólo en Paris, dos millones de personas colmaron  las calles con réplicas en varias ciudades del mundo en repudio ante la barbarie. Como homenaje a sus autores asesinados, la revista decidió publicar una tapa repitiendo la caricatura del profeta.  El tiraje del nuevo número de la revista que nunca había superado los  60.000 ejemplares, ante la demanda de la población, subió a 7 millones  que desaparecieron de los puestos de venta en pocas horas. Había que dar prueba de que no se habían salido con la suya ni   demostrar miedo.

Pero con el correr de los días el miedo reapareció y las opiniones se dividieron. Algunos siguieron resguardando  el principio de laicismo democrático y la defensa de la libertad de expresión sin límites, dentro de lo permitido por la ley. Pero, como suele pasar ante la agresión, otros hicieron caer la culpabilidad en las víctimas por la provocación de haberse burlado de las creencias ajenas  mediante unos dibujos satíricos. Hasta la Iglesia cayó en esa trampa con una crítica a la publicación de las caricaturas.  Aún quedan resabios  de su historia de  matanzas y persecuciones para imponer su fe. La sombra de las Cruzadas, de la Inquisición, de la cruel Noche de San Bartolomé, son fantasmas que atizan las ganas de prohibiciones y limitaciones a las libertades del laicismo y a las de libertad de expresión.  

La acción de los  hermanos Kouachi fue  tremenda, desmedida y sólo una pobreza de interpretación puede reducir semejante reacción a una respuesta por  una ofensa a la religión. Después de acribillar a doce personas de la redacción,  en su huida fusilaron a un policía ya  herido que yacía en la vereda. Su nombre era Ahmed Merabet, de 30 años y era musulmán. El viernes 9 su secuaz Coulibaly  entró en un supermercado Kosher y mató a cuatro personas que estaban haciendo sus compras. Eran  judíos,  no eran dibujantes. Los tres criminales fueron abatidos en el enfrentamiento con la policía.

En el suplemento de New York Times del Clarín del sábado 24 de enero de 2015, una nota firmada por Rukmini Callimachi y Jim Yardley, da cuenta de  la historia de los hermanos Kouachi que no se condice con lo puntual de una reacción ante una caricatura.  Huérfanos desde muy chicos, se habían criado en un orfanato en el centro de Francia y luego se mudaron  a París alojándose en el 19th Arrondissement, donde vive  una gran comunidad musulmana de trabajadores. En el año 2003 cuando la invasión a Irak, comenzaron a asistir a la mezquita Add’awa donde conocieron a Farid Benyettou quien tenía un conducto para que jóvenes musulmanes franceses viajaran para unirse a la red Abu Musad Al-Zarqawi en Irak, que se convirtió en la franquicia de Al Qaeda en esa región. Chérif, con 22 años en ese momento, era repartidor de pizza y se había adiestrado para ir a pelear contra los norteamericanos al año siguiente de la invasión de Irak. Fue Chérif quien clamaba para que se organizara  un ataque terrorista en Francia que ni siquiera su mentor aprobaba. Quería atacar tiendas judías o  matar judíos  por la calle y sobre ello hablaba obsesivamente. Como un miembro de su célula fue asesinado en Irak, para alivio de Farid, Chérif fue arrestado antes de tomar su vuelo de Alitalia. Durante su estadía en la cárcel conoció a Djamel Bengal,  un jihadista principal operador en Francia que se entrenó en el campamente de Bin Laden en Afganistán. Fue arrestado por tramar bombardear la embajada de Estados Unidos en Francia cosa que cautivó a otro preso Coulibaly,  entonces de 23 años. Chérif cumplió su sentencia y en el 2008 fue liberado. Se casó con Izzana Hamyd y en su luna de miel viajaron a la Meca en Arabia Saudita. Desde ese momento operaron discretamente y como su conducta no despertaba sospechas, durante tres años dejaron de estar en la pista de los servicios de inteligencia.

Es largo transcribir toda la historia de los hermanos Kouachi y sus cómplices que ha aparecido con lujo de detalles en el suplemento de NYT. Durante varios años,  después de salir de prisión urdieron un plan para un atentado en Paris. Lo importante de esto es desestimar la historia de una venganza en nombre de Mahoma por unos dibujos que poca gente consumía.  Les llevó diez años poner en práctica  lo  que desde hacía mucho tenían entre sus planes sin blanco determinado. Junto a su hermano Said de 34 años  perpetraron el despiadado atentado terrorista que se cobró doce víctimas. Antes de ser abatidos se  aseguraron de comunicar a la prensa  que actuaban en nombre de Al Qaeda en Yemen. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/14/actualidad/1421231136_665711.htm

Un sirio de 56 años que vivió en Gran Bretaña y en Alemania llamado Abu Musab al-Suri, http://www.theaustralian.com.au/news/gallery-e6frg6n6-1226048643995?page=10&nk=899f15dd1b1d9e7257def7fc98b6bf6e   está casado con una española, Elena Morena, lo que le permitió obtener la doble nacionalidad. Vive actualmente refugiado en Yemen y es el teórico del yihadismo. Propone un terrorismo atomizado que reemplace al centralizado de Al Qaeda. Un trabajo de 2.500 páginas que difundió por Internet le valió la celebridad. En él critica al “terrorismo espectacular” y promueve una resistencia islámica global, una “guerra santa sin jerarquías”, capaz de crear el caos en los países occidentales. (nota aparecida en el diario Perfil del día 18 de enero del 2015),

Mientras el miedo hace debatir a la gente si se debe o no prohibir expresiones  que “ofendan” las creencias de otras culturas, aprovechando ese miedo,  en el seno de Europa sacan provecho las posturas más reaccionarias. Partidos de derecha, xenófobos, antisemitas y antiislamitas aprovechan la oportunidad de sumar adeptos. Los nacionalismos se exacerban ante la defensa de lo que sienten como propio. Todos miran con desconfianza al diferente aunque éste tenga por derecho la misma nacionalidad. Estos temibles partidos ganan terreno ante la amenaza de lo que ya se ha iniciado como una forma de guerra que no tiene precedentes desde la instauración de las democracias que defienden las libertades. Resurge el antisemitismo, aplacado durante años por el conocimiento de las atrocidades de  los campos y hay nuevas generaciones de entusiastas seguidores con escasez de oportunidades que no quieren que  esos otros les disputen lugares. “El fenómeno que comentamos no ha sido repentino. Sí lo ha sido la sorpresa de sus éxitos, concretados en casi un 13% de asientos en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014” Publicado por Fernando Alarcón el 22 de julio de 2014,  online, en El Orden Mundial en el Siglo XXI,  bajo el título de “EUROPA Y SU REGRESO AL FUTURO: EL AVANCE DE LA EXTREMA DERECHA”,  http://elordenmundial.com/regiones/europa/europa-y-su-regreso-al-futuro-el-avance-de-la-extrema-derecha/

Pero la amenaza está planteada. Todos los diarios del mundo publicaron en julio del 2005, a las pocas horas de haber sucedido, el resultado de varias explosiones en el subterráneo de Londres y una en un ómnibus de dos pisos, que   dejaron 50 muertos y 700 heridos. Se los adjudicó Al Qaeda. El 11 de  marzo de 2004 un atentado terrorista en la estación de tren de Atocha en España se cobró la vida de 191 personas y  1.800 heridos, fue perpetrado por Osama ben Laden de Al Qaeda, (El País de España y otras publicaciones)  Tenemos que recordar el atentado a   las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2011, cuya autoría es también de Al Qaeda. La noticia fue cubierta por todas las cadenas de TV del mundo ante la mirada perpleja de los televidentes.

Conviene tener presentes estos grandes atentados cuando en nuestro país, estamos conmocionados por  la muerte dudosa de un fiscal que investigaba uno de los dos  de los que fuimos blanco. El portal de Noticias AEN (Argentina en Noticias) en su sección efemérides publicó el 17 de marzo de 2014, lo siguiente;  “El ataque terrorista a la embajada israelí en Buenos Aires ocurrió el 17 de marzo de 1992 a las 14.49 cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado de explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. En el atentado terrorista murieron 29 personas, entre israelíes y argentinos e hirió a otras 242.

Por el ataque terrorista aún no hay detenidos, sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la investigación, informó que la causa sigue su trámite y que hay órdenes de captura para acusados por el hecho. (En 1999 se dio por acreditado que el atentado fue perpetrado por la organización terrorista Hezbollah y se emitieron órdenes de captura contra Imad Mughniyah –muerto en un atentado en Siria en 2008- y José Salman El Reda”)
 http://www.argentina.ar/temas/historia-y-efemerides/26627-atentado-a-la-embajada-de-israel

El 18 de julio de 1994 se produjo el otro gran atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). A instancias del Presidente Kirchner, en el año 2004 fue  creada una fiscalía a cargo del Dr. Nisman para proseguir la investigación de este crimen.   En el 2006 esta fiscalía,  acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo (IPS, agencia de noticias). Hace pocos días y después de  largos años de investigación, Nisman estaba por presentar ante el Congreso las pruebas de una acusación por un tratado oculto para desafectar a los iraníes de la culpa. En ella  estaban involucrados la Presidenta, el Canciller y un grupo de estrechos colaboradores. La víspera de su presentación el fiscal  apareció sin vida en su departamento.   

De nada sirve otra vez la discusión de si se trató de un suicidio o de un asesinato, como si fuera la reedición de una novela de John Le Carré, cruzada por espías y servicios secretos de inteligencia. Había una acusación concreta contra los autores del atentado y contra los que participaron en un pacto para desafectarlos de su responsabilidad a cambio de beneficios económicos. Nisman había llegado a las entrañas de una de las corrientes del integrismo islámico, de donde partieron  los ideólogos y ejecutores del feroz atentado que hirió a nuestro país.

El integrismo islámico es una creencia  escatológica de fanáticos en la que la vida es desestimada y con la promesa de una mejor en el más allá, después de cumplir una tarea en defensa de su creencia, reclutan jóvenes musulmanes de todo el mundo cuya situación en el mundo es de una gran postergación. Caldo de cultivo para avivar su fanatismo y su odio hacia occidente. Esta es una guerra no declarada formalmente pero de características diferentes a todas las conocidas. El objetivo es crear un estado de caos, apelando a  la venganza y al castigo a los que tienen valores diferentes. Los países donde están instalados son teocracias donde las libertades y los derechos humanos no se respetan.

Esto es lo que pretenden los Fundamentalistas Yihadistas: obligar al mundo a creer lo que ellos creen fanáticamente. Tal es la trampa de la fe. Como no se basa en certezas, cuantos más sean los que  la profesen más seguros se sienten y no admiten que la creencia del otro pueda a llegar a ser “verdadera” como la de ellos. En este caso creer es poder.  No pueden reconocer a los otros o a  los que simplemente  no creen y al derecho que tienen en ser  iconoclastas o hasta  irreverentes. Entonces se valen del caos que provocan y cuentan con las reacciones atávicas de otros creyentes.

Pero detrás de las motivaciones ideológicas hay también  motivaciones económicas, que  involucran a redes mafiosas. Tener es también poder.  Según un informe de International Crisis Group, la violencia es funcional a una economía subterránea que comprende el  tráfico de armas y de droga y se inscribe en una estrategia islamista radical de la que es cada vez más indisociable. http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/op-eds/icg-las-fronteras-de-tunez-yihadismo-y-contrabando.aspx

 El caos es funcional a estos intereses. El desorden es la coartada necesaria para que operen.

Lamentablemente los “Efectos Colaterales” de un capitalismo globalizado son la de haber producido un mundo demasiado desigual. La globalización afecta a una gran diversidad de grupos humanos, que conviven cronológicamente pero son efecto de diferentes momentos de desarrollo, lo que contribuye a que los más postergados constituyan un espacio de reclutamiento para las peores aventuras del terrorismo. En tanto no se haga posible que confíen en un futuro y en la plena vigencia de las garantías de la ley, será posible encontrar cómo fanatizarlos con la promesa de la salvación por el martirio. No se trata de una conjetura, es una constatación.

                                                                                  Enero 2015

*Es escritora y directora de este sitio

Referencias y lecturas adicionales

*Los orÍgenes del fundamentalismo islámico http://www.catedras.fsoc.uba.ar/rofe/Documentos/origenes.pdf

*Qué es al qaeda http://www.pedrobrieger.com.ar/libros/l05.pdf

*Breve mirada sobre medio oriente http://www.con-texto.com.ar/?p=1522

*Movimientos en el alineamiento global http://www.con-texto.com.ar/?p=1524

*El surgimiento del integrismo islamico http://medios.elpais.com.uy/downloads/2007/HistoriaReciente/17.pdf

I. La autoridad de la cosa juzgada.

Para un abordaje de estas importantes cuestiones vale como punto de partida considerar el acto de impartir justicia en las sociedades modernas. Tema bien conocido; pero sus implicancias y consecuencias no siempre adecuadamente recordadas. Se trata, en otras palabras, de examinar la instancia en la cual la ley cumple en forma efectiva con la función que tiene asignada en las sociedades seculares de cara a un amplio espectro de situaciones en las que se juega, claro que sin agotarse allí, la conflictividad humana. Se hace justicia, se proclama la verdad.

Esa instancia, ese momento de definición de la controversia, es la sentencia, el acto por el que se arriba a la resolución de la cues­tión sometida a juzgamiento. El acto de juzgar, aunque a veces se exprese en brevedad de palabras, presenta sin embargo notable complejidad. Implica a la vez una operación hermenéutica (respecto de la ley y de los hechos y personas sometidos a juzgamiento), una definición valorativa y un ejercicio concreto de poder. Su decisiva contribución a la eficacia funcional del ordena­miento jurídico, su aporte para que éste opere sobre el conflicto, proviene del carácter definitivo e inmutable que se le atribuye. Es una característica esencial que configura un principio tenido como indiscutible, la “autoridad de la cosa juzgada”. Significa que la sentencia definitiva (esto es, agotado el trámite de sus sucesivas instancias) tiene el efecto de dar por cerrada la controversia y hacer cesar un previo estado de incertidumbre, propio de la situación con­flictiva como cuestión justiciable.

El principio de la autoridad de la cosa juzgada implica, en conse­cuencia, evacuar del territorio de lo conflictivo a aquello que había sido sometido a debate y sobre lo cual ha recaído el pronunciamiento. Por efecto de la sentencia se ha evaporado una contradicción, como si se hubiera restablecido un equilibrio que había sido desestabilizado por la disputa o por el crimen aún impune; se ha restaurado en plenitud el imperio de la razón, como si la controversia y la infracción fueran el quiebre o, al menos, la suspensión del orden de lo racional.

II. El debido proceso de ley.

Pero la sentencia, para que lo sea, adquiera esa calidad y haga irreproducible la situación conflictiva, requiere un montaje previo en cuyo desarrollo la todavía supuesta infracción al orden legal haya sido objeto de una representación escénica en la que se actúa la controversia como debate, ya sea por escrito u oralmente, ante magistrado individual o ante tribunal colegiado. En otras palabras, la sentencia es la culminación de un proceso de afirmaciones y refutaciones y de reconstrucciones probatorias. La precede un debate, rigurosamente reglado.

Esos actos, cuya ordenada secuencia constituye el "proceso", hacen de lo pa­sado y ausente una presencia actual, una re-presentación, indispensable para que el operador del juzgamiento asigne a cada cual lo suyo (conforme con los términos de una de las más clásicas fórmulas romanas de la justicia: la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le co­rresponde). Hay para los litigantes un antes y un después del fallo final. Vista la cuestión en otra es­cala: para las estrategias de control social algo que era conflicto ha dejado de serlo, ha sido zanjado; en otras palabras, un nudo ha sido desatado, un problema ha sido resuelto.

La sentencia, entonces, aparece como el último y decisivo de una serie de actos que le sirven de sustento. Su eficacia se sostiene en la postu­lación de que, como culminación de un proceso desarrollado ante magistrados letrados, instruidos en la ley, capaces de discernir su significado y socialmente habilitados para hablar en su nombre, se arribará a la verdad, a la superación de un estado de incerteza. En consecuencia, la autoridad de la cosa juzgada constituye la formal y definitiva determinación de la verdad con respecto a los hechos pretéritos sobre los que versa el juzgamiento y con valor pleno pro­yectado hacia el futuro y sin límite de tiempo.

Nada habrá de alterarla, porque en su meollo se aloja la verdad y no es conforme con la esencia de esta última que se admita réplica ulterior. Verdad en una doble dimensión, respecto de los hechos y de aquello que, con el instrumental analítico del que hoy dispone­mos veríamos como la imputación de sus consecuencias. El juz­gamiento hace “verdaderos” –y, en consecuencia, inobjetables- acreedores, deudores, propietarios, culpables, inocentes, etc. Es como si dijéramos que quien ha sido declarado acreedor, propietario o ladrón, en su caso, es un “verdadero” acreedor, propietario o ladrón. A su cargo quedan las consecuencias, para bien y para mal. Con el efecto absoluto de su irrecurribilidad (una vez recorridas las sucesivas instancias legales) y relativo, en cuanto a su acotamiento al caso en controversia y a quienes la han posibilitado. Lo que llamamos “las partes”.

Proceso y sentencia son inseparables. Que ésta sea el resultado de aquél y que en ese complejo se garanticen las libertades públicas es lo que refleja el art. 18 de la Constitución: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Doble garantía: debido proceso y juez “natural”.

III. La potencia de la cosa juzgada. El principio de división de poderes.

La autoridad de la sentencia cumple la función de generar un irrevisable emplazamiento social respecto de los contendientes que es, además, advertencia hacia otros potenciales contradictores. Sus efectos son coercibles, la verdad que declara es asimismo un ejercicio de poder. Esta idea central, la de los efectos del poder institucional objetivados en un acto específico de exteriorización de la verdad, el acto jurisdiccional, es expresada mediante una fórmula clásica: res iudicata pro veritate habetur.

Estamos en presencia de un principio ordenador, el de una mutua remisión entre la justicia y la verdad, de modo que el debate (que en otra perspectiva es lo propio de la actuación política del conflicto) y la verdad (a la cual, en la dimensión pertinente, puede vérsela ligada al quehacer filosófico) tengan su momento de superación dialéctica. No puede volverse sobre la res iudicata por consideraciones jurídicas y prácticas -porque debe darse fin a una situación dudosa o conflictiva. Pero concurren también consideraciones lógicas, la verdad es socialmente tenida por definitiva e irrevocable. Y de ordenamiento social: moviliza al poder del Estado en el cumplimiento de lo decidido.

Esa función es exclusiva de los jueces. Otra vez la Constitución: En ningún caso puede el Presidente ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Brilla en este punto, en todo su esplendor, el principio de división de los poderes, sobre el que se afirma el régimen constitucional. En la prohibición de restablecer las causas fenecidas, la plenitud del respeto a la cosa juzgada como elemento inexcusable de esa división.

IV. Cosa juzgada y Estado de Derecho.

La independencia judicial y el efecto asignado a sus decisiones configura la plena operación institucional del Estado de Derecho; esto es, donde la autoridad máxima es la Ley y donde es ésta y no los hombres quienes gobiernan. Como en la antigua metáfora, en el Estado de Derecho democrático y liberal por boca de los magistrados es la Ley la que habla.

La cosa juzgada, su permanencia, su ejecutabilidad, su eminente rol social, en suma, se sustenta en un trípode:

1) La decisión debe provenir de quien está jurídicamente habilitado. No cualquiera pronuncia una sentencia, no cualquier funcionario proclama por su intermedio la verdad de la Ley. Se trata de un acto institucional, reservado a los jueces; reservado a quienes se ha investido de la doble facultad, las funciones que desde los tiempos de la república romana configuraban la iurisdictio y el iudicium. Investido conforme la propia Ley lo determina. En nuestro caso, la Constitución: concurso ante el Consejo de la Magistratura, elevación en terna al P.E., remisión al Senado y prestación de acuerdo. Nadie puede titularse Juez de la Nación si no se han cumplido los pasos pertinentes; ni ninguno removido sin paso por sus rigores. Solo ellos pueden ejecutar el apotegma de dar a cada uno lo suyo con la autoridad de la cosa juzgada.

2) Esta última, absolver o condenar, reposa sobre una inexcusable condición de posibilidad: ser la culminación de un proceso sujeto a reglas asegurando a los contendientes el ejercicio de su defensa. Nunca la expresión de la autoridad proveniente del ejercicio desnudo del poder o de la volición de funcionarios, ni siquiera de funcionarios judiciales. El discurso del Juez no es oracular, ni en cuanto a sus posibilidades de pronunciar oscuridades decisorias ni, sobre todo, en cuanto a generar verdades ex nihilo. Su deber es dictar el correspondiente fallo; siempre con arreglo a la ley, de modo que la sentencia sea experimentada como la derivación racional del ordenamiento jurídico en su conjunto a las circunstancias del caso. O sea, la concreta realización de la justicia.

3) La sentencia es el momento cumbre del proceso, en el cual el juez da por cerraba la discusión para “pronunciarse”, como la viva voz de la ley en la que se expresan auctoritas y veritas formando parte, de manera inseparable, del mismo y poderoso discurso de la racionalidad. Lo que supone, además de la idoneidad que impregna el proceso de su designación y la dirección imparcial del debate, rectitud insobornable e independencia de criterio frente a poderes públicos e influencias privadas. Nada es banal en este terreno. Hay una palabra infame revoloteando: prevaricato.

V. La cosa juzgada fraudulenta. Irrisión.

Así las cosas, ya está dicho, no hay cosa juzgada sin debate reglado que la preceda. Se lo denomina “proceso” y para caracterizar su sentido como juego de controversia se lo caracteriza como “contradictorio”. ¿Podría alguien suponer, en un Estado de Derecho, que la denuncia no seguida de contradictorio podría bastar para que el juzgador impusiese una condena? ¿Una prisión perpetua, tal vez, no precedida de acusación, defensa y prueba, todo ello sin precisas reglas de actuación? Podía ocurrir – ocurría, efectivamente- en el Tribunal Popular del III Reich, cuando un juez que actuaba además como fiscal acusador, se atribuía el ejercicio de los requerimientos del “sano espíritu del pueblo” y enviaba a la muerte a quien más que un justiciable era su víctima. Su devoción política desplazaba legalidades y procedimientos. La pregunta vale, si bien partiendo de algo tan extremo: ¿tendría sentido atribuir en un Estado de Derecho efecto de cosa juzgada, de la definitiva e irrevisable amalgama de Legalidad y Verdad, a lo que reconoce como fundamento la militancia política de quien lo profiere?

Lo que vale para un juicio condenatorio vale exactamente igual para uno absolutorio. Lo que un cierto humor impregnado de amargura denomina desestimación “express”, el rechazo de la denuncia sin mediar contradictorio alguno, sin al menos una cierto grado de investigación acerca de la denuncia, es tan írrita en su efecto absolutorio como la falsa cosa juzgada cuando se pretende condenatoria. Para decirlo con claridad aun mayor: no es cosa juzgada y quien la pronuncia no es un juez (aunque se hubieran satisfecho los recaudos de su designación), es un impostor, un usurpador de la egregia función de juzgar. Según lo que ocurra, un asesino o un fantoche. Siempre un delincuente. También quien acepta jugar falsamente el papel de fiscal para dar apariencia de contradictorio a lo que no es más que el montaje de un fraude.  

El resultado de esta clase de procederes no está revestido de la autoridad de la cosa juzgada. Es una irrisión, una farsa, ni el nombre de sentencia puede serle aplicado. Implica, en rigor de verdad, el imperio de lo ilegal, de lo arbitrario. Como solía decirse, una renuncia consciente a la verdad, a la racionalidad y a la justicia.  Y quienes pretenden valerse de sus efectos y disfrutar de ventajas e impunidades son los cómplices del prevaricato, cuando no sus directos instigadores. Su crimen es de lesa República. Cuando por ese medio se trata de beneficiar a un funcionario, rechazando in limine la posibilidad investigativa o eternizándola mediante las artes groseras del curialismo hasta que cambien los vientos u opere la prescripción, ¿no se está acaso pretendiendo legitimar la suma del poder público? Quienes lo posibilitan son, parafraseando nuestro texto más ilustre, “infames traidores a la Patria”.

La apariencia de sentencia, cuando condenatoria es la máscara del despotismo; cuando absolutoria la de hacerlo impune. En términos sencillos: por la vía que sea, la cosa juzgada írrita es el ejercicio del despotismo. Asociado a la obsecuencia política. Ni falta hace agregar que no podrá nunca ser invocada para enervar futuros procesos debidamente tramitados ni para evitar las correspondientes sentencias y su debida ejecutabilidad. Por el contrario, habrá de ser base para la rendición de cuentas de sus autores, instigadores y beneficiarios.

De los jueces debe exigirse probidad a prueba de tentaciones, laboriosidad y saber judídico. Y capacidad para afrontar vendavales. Piero Calamandrei, escribiendo en lugar y tiempo bien difíciles y elogiando a los jueces desde el lugar de los abogados, exaltaba en aquellos un coraje a prueba de todas las debilidades y bajezas del hombre. …debe estar tan seguro de su deber, que olvide, cada vez que pronuncia una sentencia, la amonestación eterna que le viene de la Montaña: No juzgar". Nada menos.

* Arnoldo Siperman es autor de LA LEY ROMANA Y EL MUNDO MODERNO, Juristas, científicos y una historia de la Verdad, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2008.

 Sin darnos cuenta,  el año se nos escapó de las manos  junto a  una sucesión de acontecimientos y de atropellos que  han logrado  llevarse puestas nuestra capacidad de asombro, nuestra paciencia y nuestra tranquilidad  cotidiana.  Terminamos el 2014 peor de lo que lo empezamos y no se avizoran días más apacibles.  Esto se llama realidad y no relato.

Empieza el año 2015, año  de verdaderas  elecciones. Algo tenemos que hacer  ante la frustración, la impotencia y el desánimo.  Nada más inútil que abatirse refugiados en la indiferencia.  El tiempo que se avecina requiere de nuestra intervención en mayor o menor medida. La  reflexión   y el análisis cauteloso  deberían ser el primer paso. Es el momento de comprometerse y hay variadas formas de implementarlo.    Solos,  cada uno de nosotros,  mostramos una fragilidad tentadora frente a los usurpadores que se legitiman únicamente a través del relato  y que  hacen del poder el verdadero cuidado de sí.  Es tiempo de hacerse cargo de la política para que ésta se haga cargo del cuidado de todos. Hacerse cargo de la política  no significa necesariamente enrolarse en una propuesta partidaria, sino defender principios éticos básicos y elementales para sacar adelante un país que es de todos y que nos han ido confiscando, sutilmente al principio y   en forma paulatina con creciente brutalidad.  Pero para ello primero es importante estar convencidos de la  ventaja de esos principios éticos  para así  internalizarlos.  Son la mejor herramienta para nuestra  defensa.

 Aunque nos  saturen con el relato,  la vida real   se nos cuela y nos  embate.    Hay una enfermedad del poder que traspasa todos los límites y se convierte en energía de avasallamiento y de dominio. Voluntad  omnipotente  que se convierte en violencia.   Pero hay otra enfermedad,   incomprensible,   la de los sujetos pasivos, sometidos ante los   que se aprovechan de esa debilidad. Con una carga impositiva altísima, sin retorno en forma de mejoras  ni en educación ni en salud ni en seguridad, los únicos logros son los que se  incluyen en el relato. Habría  que preguntarse qué motiva tanta conformidad, cuál es el placer  que  condiciona para permanecer adormecidos en el  statu quo.   ¿El síndrome del avestruz de quienes  ante una situación que los asusta, prefieren esconder su cabeza en la tierra para no enfrentar la realidad?

 Las ideas republicanas están debidamente fundadas para equilibrar a los excesos del  poder.  Es hora de abandonar la mansedumbre, el cómodo sometimiento, para   exigir que se recompongan los organismos de control, que se respete la independencia de los poderes. El deber cívico no se limita al momento del sufragio. Se impone un estudio previo  necesario sobre  quienes se postulan para gobernar. Hay que aprender  la diferencia entre un slogan y una propuesta, entre un discurso oportunista y un plan de gobierno.  Nuestra demanda tendría que empezar por ahí.  Ser espectadores de una carrera por candidaturas no nos convierte en ciudadanos. Ejercer nuestro derecho a la crítica, al  análisis, nos da más derechos, porque no somos ni vecinos ni somos compañeros, no somos todas y todos.  Somos cada uno y en conjunto una diversidad de intereses que necesita de la política para vivir en comunidad.

Política es lo que nos han quitado cuando el poder público se ha olvidado de los objetivos provechosos para el  grupo. Una noción que se ha distorsionado   hasta perder su sentido ético. Es bueno recordar  que la política solo es funcional, cuando permite poner reglas entre los gobernantes y los gobernados, Nuestra misión es conocerlas para elegir,  peticionar  y  controlar.

Con el  intenso uso de las redes    de comunicación cada vez más interconectadas,  todos podemos participar de foros, blogs y espacios de discusión sobre los más diversos problemas.  Podemos unirnos en las demandas y en los controles.  Podemos iniciar causas y enrolar a otros en las mismas. Todas estas herramientas están al alcance de nuestras limitaciones.  Además sería bueno ejercitar la memoria. Qué dijeron y qué hicieron,   por qué les creímos si todos venían con una historia pegada a sus espaldas que en cualquier país medianamente civilizado  hubiera merecido  un prontuario.  

Ahora la oportunidad  vuelve a presentarse.  Empieza un año que por sí mismo no cambia nada, ya que  después de unos cuantos días  feriados la vida real  continúa como los últimos días del año que termina. Está en nosotros,   cada uno de los ciudadanos, no empezar una dieta cada lunes para abandonarla el martes.  Eso nos lleva a que nos encorseten con las aflicciones de una realidad que en nada se parece al relato. No son salvíficas las soluciones mágicas en las que preferimos creer.

Les digo a todos ¡Felices Fiestas!, una felicidad que no necesariamente vaya unida al placer sino que  sea el comienzo de una elección cívica que nos lleve del cuidado de sí al cuidado del otro.      

                                                                               Diciembre 2014

Frente a los rumores que de manera recurrente surgen desde el oficialismo sobre una inminente reforma constitucional encaminada a posibilitar una segunda reelección de la actual titular del Poder Ejecutivo, cabe preguntarse si en la actualidad resulta necesaria y oportuna una enmienda de nuestra Ley Fundamental. Al respecto, comenzaremos recordando las disposiciones de la reforma que no han sido reglamentadas aún, para luego destacar aquéllas que no han logrado su cometido. Ello, ya sea por su inobservancia total o parcial o por su desnaturalización como resultado de una reglamentación contraria al espíritu de las instituciones que han sido objeto de la misma. De resultas de lo anterior no se ha logrado atenuar el presidencialismo pese a haber sido uno de los objetivos fundamentales que tuvo la reforma. A continuación, haremos un análisis de la reelección y su utilización en el marco del presidencialismo. Por último, haremos nuestra conclusión.

I.- LA REFORMA INCLUMPLIDA

Ante todo, debemos recordar que nuestra constitución ha sido objeto en 1994, de una modificación que comprometió a más de la mitad de su articulado.

Cabe destacar que a más de una década y media, una parte de las nuevas disposiciones no se encuentran en vigencia aún:

Así ocurre con las siguientes cláusulas:

·         art. 42: derecho de los consumidores y usuarios, cuyo último párrafo no ha sido reglamentado.

·         ART. 75, incs. 2ºy 3º: Ley-convenio en materia de regímenes de coparticipación de impuestos Nación-provincias y reglamentación de organismo fiscal federal. Cámara de origen el Senado, el 31 de diciembre 1996 venció el plazo concedido por la convención la disposición transitoria 6º para su sanción.

·         ART. 75, inc. 6º: Creación de un banco federal, sin reglamentar.

·         ART. 75, inc. 17: Regula diversos aspectos que hacen al reconocimiento de los derechos de los indígenas y que requieren necesariamente de una definición legal.

·         ART. 75, inc. 19: Leyes de organización y de base de la educación y leyes en materia cultural.

A ello se agrega la inobservancia de las disposiciones relativas al fomento de un federalismo de concertación ubicadas principalmente en el título sobre gobiernos de provincia. Es decir que el programa constitucional previsto para revertir lo que podríamos denominar la “desfederalización” argentina no ha sido ni siquiera iniciado. Existen inobservancias flagrantes como ocurre en materia de autonomía municipal (art. 123 CN), ya que pese al claro mandato del constituyente reformador, a la fecha no les ha sido concedida su autonomía a los municipios de tres de las más importantes provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Además, debemos destacar la falta de puesta en marcha del federalismo fiscal que se deriva de las disposiciones incumplidas que hemos señalado precedentemente.

II.- EL PRESIDENCIALISMO NO SE HA ATENUADO

Recordemos que la reforma fue precedida del Pacto de Olivos, instrumento firmado por los ex presidentes Alfonsín y Menem, como paso previo a la concreción de la reforma constitucional. El acuerdo se sustentó en dos pilares básicos, por un lado, asegurar la reelección del presidente y por el otro “atenuar el presidencialismo”. Esta expresión alude a la incorporación de disposiciones aptas para superar el “hiperpresidencialismo” –recurriendo a la expresión de Carlos Nino y de Juan Linz-, que ha debilitado peligrosamente el principio de separación de poderes fortaleciendo el papel del Ejecutivo a expensas de los otros dos poderes. Así las cosas, la ley declarativa de la necesidad de la reforma contenía un artículo denominado “Núcleo de Coincidencias Básicas” en el que estaban contemplados los cambios acordados en el pacto. El objetivo de “atenuación del presidencialismo” perseguía revertir la evolución institucional ocurrida en nuestro país que permitió, en abierta contradicción con lo que establecía nuestra constitución hasta la reforma de 1994, que el Presidente de la Nación dictara actos de contenido legislativo, a través de tres modalidades diferentes.

Son ellas, los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados y la promulgación parcial de leyes. Frente a tamaña enormidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación se vio obligada a elaborar “stándares” de interpretación susceptibles de limitar la desmesura del desempeño presidencial en la materia. Sin embargo, con el tiempo la situación lejos de mejorar tendió a empeorar hasta que se llegó al record con el dictado por parte del ex presidente Menem de más de 500 DNU’s en el transcurso de los dos períodos en que fue el titular del Poder Ejecutivo, convirtiéndolo en una suerte de Poder Legislativo alternativo.

Frente a este estado de cosas, el constituyente reformador de 1994 consideró necesaria la incorporación al texto de la Ley Fundamental de los tres institutos a que hemos hecho referencia, de modo de establecer, por una parte, la regla general según la cual, las tres herramientas le están prohibidas al primer mandatario. Por otra parte, se le debían conceder excepcionalmente estas facultades pero rodeadas de un esquema apropiado de controles que impidieran que se continuara con los abusos. Así las cosas, de los artículos 76, sobre delegación legislativa de facultades, 80 sobre promulgación parcial de leyes y 99, inc. 3 sobre decretos de necesidad y urgencia, surge un esquema de fiscalización a cargo del Congreso, que reposa fundamentalmente en una Comisión Bicameral Permanente a ser creada por una ley dictada por la mayoría absoluta de miembros de ambas Cámaras.

Recién en julio de 2006 se sancionó la ley 26.122 -Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes -, reglamentaria de la Comisión Bicameral Permanente. El dictamen de la comisión es obligatorio, pero, no vinculante respecto del pleno de las Cámaras. Conforme su artículo 1º, el objeto de la ley es regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades legislativas: de necesidad y urgencia; por delegación legislativa, y de promulgación parcial de leyes. Además de la injustificada demora para cumplir con el mandato constitucional, el contenido meramente formalista de la ley 26.122 no hace más que ratificar una ausencia de capacidad manifiesta por parte del Poder Legislativo para ejercer su rol de órgano controlador respecto del ejercicio de facultades que, en definitiva, le son propias en un Estado de Derecho.

Los cuestionamientos más significativos a la norma reglamentaria son: a) la falta de plazo expreso para que las Cámaras se expidan acerca de la validez del decreto; b) la necesidad del acuerdo de ambas Cámaras para que sea posible su rechazo; c) la derogación del decreto, en el caso de declararse su invalidez, sin excepciones. Con relación a la primera cuestión, la constitución establece que el Congreso debe debatir expresamente los decretos de necesidad y el artículo 82 prohíbe la sanción tácita o ficta de las leyes. Por lo tanto, el constituyente reformador ha rechazado el acuerdo tácito –silencio- del legislativo. Por su parte, la ley 26.122, dice que las Cámaras deben darle "inmediato y expreso tratamiento" y que "el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional". El silencio del Legislativo no puede interpretarse por mandato constitucional como expresión de su voluntad. El Congreso debe expedirse en términos expresos.

A partir del momento que el acuerdo tácito está prohibido, el no tratamiento por parte del Congreso sin que exista un plazo determinado por la ley para ello opera en los hechos como una suerte de aprobación. Esto supone admitir –en la práctica- la aprobación tácita, porque el decreto continúa vigente sin solución de continuidad hasta tanto no sea rechazado expresamente por el legislador. Si a esto le sumamos que el rechazo debe ser expreso, se le permite al Ejecutivo legislar por medio de decretos de necesidad y urgencia, sin plazo en caso de silencio del legislador y permitiéndose así la consolidación de derechos.[1] Con respecto al segundo punto indicado, la ley prevé en su artículo 24: El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Por lo tanto, sólo si ambas cámaras rechazan el decreto, éste queda derogado. Pero, a contrario sensu, si una sola de las cámaras lo aprueba, el decreto es válido, por la simple resolución afirmativa de una de ellas, lo cual desvirtúa la homogeneidad de criterio que exige toda decisión del Congreso, como poder político.

El último punto que señalamos, esto es, la derogación del decreto en el supuesto de ser rechazado, es el corolario de la fragilidad del sistema de control establecido por la ley. En efecto, si partimos de la prohibición expresa contenida como principio general para que el Presidente ejerza facultades legislativas y, como consecuencia de ello, el vicio de nulidad absoluta e insanable que conlleva la falta de observancia de los requisitos impuestos por la Constitución, la no aprobación del decreto por parte del Legislativo debería haber implicado su nulidad. Sin embargo, el Congreso optó, de modo general, por su derogación en todos los casos, dejando a salvo derechos adquiridos durante su vigencia. Con ello, su intervención queda reducida a un mero ritualismo, que enmascara un evidente renunciamiento a su función de control y a la titularidad de la potestad legislativa.

Así las cosas, ha fracasado una de las herramientas concebida por el constituyente reformador para controlar y evitar el ejercicio de facultades impropias por parte del Presidente. Desafortunadamente el análisis de lo que ha acontecido con los restantes institutos incluidos con el mismo objeto arroja un resultado semejante. Nos referimos al Jefe de Gabinete de Ministros, a ciertos organismos específicos de control como el Consejo de la Magistratura, para sólo señalar dos de las cláusulas de esta naturaleza.

III.- EL REELECCCIONISMO Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA FORMA REPUBLICANA DE GOBIERNO

Tratamos este punto en razón de que todas las voces del oficialismo que han planteado la necesidad de la reforma han hablado igualmente de la reelección de la actual Presidenta de la Nación como el sustento de su necesidad.

III.1.- LA PERIODICIDAD DE LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES EN EL MARCO DEL ESTADO DE DERECHO

Esta temática de por sí merece una consideración especial pues su modo de tratamiento hace a la salud de las instituciones democráticas en su conjunto. Consideramos que esto es así dado que una de los objetivos más caros que se persigue por medio del Estado de Derecho, consiste en la limitación de las prerrogativas de los gobernantes, tal la razón de ser de la separación de los poderes, como así también del carácter temporal del ejercicio de los cargos electivos. Todos estos principios están íntimamente vinculados ya que tienen como meta el impedir que una democracia pueda convertirse en alguna forma de autocracia, como resultado de la personalización del poder. Esta grave anomalía corroe el imperio de la ley, la vigencia de los derechos humanos y de los valores de libertad, igualdad y justicia y por ende, la seguridad jurídica. Por ello, las constituciones de los países democráticos, en función de las características que presentan cada una de las sociedades en las que ellas rigen, contienen cláusulas limitativas del tiempo de los mandatos, como así también de la sucesión en el ejercicio de los mismos.

En el sistema presidencialista –forma de gobierno que adopta la ley fundamental argentina-, este tema es tratado con particular cuidado. Ello así, en razón de que el poder ejecutivo es unipersonal, nota que pareciera apartarse de las características de control y descentralización en el ejercicio del poder que deben predominar en una democracia. Un poder del Estado titularizado por un único ocupante conlleva una gran acumulación de potestades en las manos de una sola persona. Tal el motivo por el cual las constituciones latinoamericanas han tendido a limitar las reelecciones presidenciales, ya sea de manera absoluta o impidiendo el número de oportunidades en que ellas pueden tener lugar de manera consecutiva. De este modo se ha querido abreviar en el tiempo potenciales experiencias autoritarias en la titularidad del ejecutivo.

La alternancia en el ejercicio del poder -insistimos- constituye uno de los principios fundamentales de la democracia. Su razón de ser se basa en la necesidad de evitar todo continuismo al frente del gobierno que importe una personalización del poder contraria al espíritu del Estado de Derecho. Este requisito adquiere particular importancia cuando se hace referencia al Poder Ejecutivo. Es precisamente en el interior del órgano administrador donde la inobservancia de esta regla puede provocar las situaciones más reñidas con los principios republicanos. El fenómeno se acentúa en el presidencialismo, ya que esta forma de gobierno sólo reconoce mecanismos absolutamente excepcionales para el acortamiento de los mandatos presidenciales que se encuentran en curso de cumplimiento.

Gros Espiell advierte que “el continuismo indefinido -aún en el caso de que existan elecciones periódicas y teóricamente libres y puras y que el resto del sistema constitucional con sus correspondientes contralores políticos y jurisdiccionales funcione normalmente- genera peligrosos elementos personalistas y autocráticos que afectan negativamente la existencia de una democracia real”; nuestro autor agrega que “la no alternancia en el mando, en sí misma y por las necesarias consecuencias que provoca, hace peligrar la realización de comicios libres y sin fraude” ("Alternancia en el Gobierno" en: "Diccionario Electoral" I.I.D.H.-CAPEL, San José de Costa Rica, 1989).

III.2.- RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS OPUESTOS A LA LIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REELECCIÓN DE LOS GOBERNANTES

El análisis que realizamos en el punto anterior ha sido cuestionado a través de diferentes argumentos. Ellos se centran en la consideración de que toda limitación a la reelección de los gobernantes, importa un cercenamiento del derecho político del que es titular todo ciudadano de poder hacerse elegir para acceder a un cargo de gobierno. Esta postura manifiesta que esas limitaciones constituyen violaciones al principio de igualdad contemplado en el artículo 16 de la constitución federal. Dentro de esta línea de pensamiento se sostiene, también, que a través de las mismas se provocan actos de discriminación, de resultas de los cuales los afectados son objeto de proscripción. Estos razonamientos buscan su razón de ser en la letra de varios de los tratados internacionales contemplados en el inciso 22 del artículo 75 de la constitución federal. A continuación señalaremos los motivos que tornan insustentable dicha argumentación.

Respecto a lo relacionado con el principio de igualdad, una jurisprudencia constante de nuestro máximo tribunal considera -como recuerda la Cámara Nacional Electoral en el considerando 4º de la causa “Lascano, J. H. s/acción de amparo” (Expte. Nº 2991/98)- “que la garantía de la igualdad ante la ley consagrada por el art. 16 de la Constitución Nacional no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupo de personas, aunque su fundamento sea opinable (CSJN 310: 849, 943, 1080; 311: 1042, 1451, 2781; 312: 812, 840), y consiste en que todos los habitantes de la Nación sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de forma tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias (CSJN, 312: 826, 851, 1082; 313: 1333)”. La claridad de la doctrina que se deriva de nuestra cita, con la cual coincidimos absolutamente, nos inhibe de toda aclaración al respecto.

En materia de derechos políticos debe distinguirse claramente entre el sufragio activo y el sufragio pasivo. Respecto al primero el derecho vigente debe asegurar a todos los ciudadanos su calidad de electores, siempre que no se dé alguna de las causales excepcionales de edad, nacionalidad, incapacidad, etc., de manera de poder sufragar en los distintos comicios de elección de autoridades. Mientras que en lo que hace al derecho a ser elegido, pueden darse requisitos distintos de fuente constitucional según cual sea el cargo que se aspire ocupar. Por ejemplo, en el caso objeto de análisis se trata de evitar que, un mismo titular pueda acceder al poder ejecutivo de manera continuada e ilimitada en el tiempo. Pues bien, el límite de tiempo acá actúa como uno de los elementos que definen el perfil institucional del órgano en cuestión, el que ha sido establecido en aras de satisfacer el interés general de la comunidad. El mandato constitucional de ningún modo está dirigido a proscribir, sino que ha puesto el acento en el interés general de los ciudadanos a ser gobernados de conformidad con los postulados de la democracia, y no en el de ellos como potenciales candidatos a ser electos y reelectos para un determinado cargo.

En relación con las nociones de igualdad y de discriminación de acuerdo con lo estipulado en los tratados internacionales con jerarquía internacional (art. 75, inc. 22 C.N.), la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha determinado que “la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de los derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza” (CIDH, Opinión Consultiva 4/84). Más adelante la Corte sostiene que “sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”.

Por último, en lo relativo a la invocación de los tratados sobre derechos humanos, se debe tener en cuenta que éstos “al obligar a la efectividad de los derechos políticos en jurisdicción interna de los estados, prevén el derecho electoral activo y pasivo para impedir su cercenamiento, pero no tienen -ni por lejos- la finalidad de prescribir cómo han de ser las estructuras concretas de poder ni son hábiles, por ende, para autorizar o vedar la reelección. Que quien está -o ha estado- en ejercicio del poder pueda o no pueda ser reelecto, abre un espectro de modalidades y de variantes que cada estado queda en disponibilidad para asumir a criterio -siempre razonable- de lo que su derecho interno -en primer lugar, su constitución- decide. Tales tratados regulan derechos políticos y electorales, pero no diseñan una estructura de poder. Las normas constitucionales que vedan o limitan las reelecciones no lastiman ni el derecho a ser elegido de quienes no pueden serlo, ni el derecho a elegir de los que desearían la reelección, ni los derechos humanos emergentes de tratados internacionales, ni el poder electoral del pueblo que confiere legitimidad de origen a los gobernantes, ni la igualdad constitucional prohibitiva de discriminaciones arbitrarias, ni el derecho de los partidos a proponer candidaturas al electorado” (Bidart Campos, G. J., El Derecho, 153: 1041).

IV.- CONCLUSIÓN

            Lo expuesto pone de manifiesto que ante el incumplimiento, falta de observancia, de reglamentación en abierta contradicción con mandatos constitucionales, gran parte de la reforma no se ha puesto en marcha todavía. Que por consiguiente todos los esfuerzos deben concentrarse en revertir tan anómala situación y no en pensar en nuevas modificaciones a nuestra constitución, ya que de hacerlo ello resultaría totalmente inoportuno.

            Tampoco nos parece que la reforma sea necesaria, menos aún si su fundamentación se apoya en el logro de una nueva reelección de la actual titular del Poder Ejecutivo. Consideramos que toda enmienda constitucional debe apoyarse en motivos de orden institucional que apunten a satisfacer el interés general. Por el contrario, nos oponemos a que la persecución de motivos personales puedan motivarla, menos aún cuando lo que se quiere es continuar con el reeleccionismo, el que en el marco del presidencialismo atenta contra la alternancia y la igualdad en el ejercicio y en el acceso, respectivamente, de los cargos públicos. Además, a través de una personalización patológica en el ejercicio del poder, produce efectos destructivos sobre los caracteres básicos en los que se asienta la forma republicana de gobierno.

*Profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Director de la Carrera de Especialización en Derecho Constitucional de la UBA.

“Nada es permanente, salvo el cambio” (Heráclito de Éfeso)

Percibimos el mundo de acuerdo a costumbres, usos y creencias en verdades establecidas. Este conjunto conforma un paradigma que  rige nuestras conductas mientras impera como ley hasta que es reemplazado por otro paradigma  que al instalarse conlleva grandes cambios. En la historia de Occidente desde el  siglo  XIII hasta el siglo XVI, por ejemplo,  prevaleció el Paradigma Escolástico bajo el poder dominante de  la Iglesia Católica. La tierra era el centro del universo bajo el cielo estrellado que brillaba por voluntad de Dios. El  Papa infalible, su intérprete.

Hasta que un día Martín Lutero (1483-1546) desafió esa infalibilidad y Copérnico (1473-1543) se animó a decir que la tierra giraba alrededor del sol.  Unos años antes, en 1492, un grupo de  audaces navegantes se aventuraron más allá del océano y regalaron  a Europa   un nuevo mundo. Otro fenómeno de esa época fue  Renée Descartes (1596-1650) que  con su “cogito, ergo sum”  se paró con su duda metódica frente a las certezas establecidas. Un verdadero  giro epistemológico que coloca al sujeto que la busca, la descubre y la construye, delante del  hecho de la ciencia.

Sin duda fue  época de grandes descubrimientos y cambios sorprendentes.  En la “Estructura de las Revoluciones Científicas” (1962), Thomas  Kuhn los llama períodos de ciencia anormal. Durante su transcurso, la gente no percibe modificaciones inmediatas, ni aún los mismos protagonistas, filósofos o científicos,  son conscientes de que colaboran con esa transformación radical. Pero el resultado es un replanteo  en la  percepción de la realidad  que reina hasta ese  momento y que nunca es objetiva,  verdadera y definitiva,  sino enmarcada en el paradigma de turno.

Desde mediados del XVIII y abarcando las  primeras décadas del siguiente, grandes innovaciones tecnológicas transformaron las formas de producción y las costumbres de la vida cotidiana. La Revolución Industrial fue una inflexión en la historia. De una economía rural basada en la agricultura  y el comercio de bienes  de la tierra,  se pasó a una economía urbana  de productos manufacturados, tecnificada y mecanizada.  Se produjo un éxodo de trabajadores del campo hacia las ciudades que llevó su  mano de obra  hacia las industrias. Así surgió  el  proletariado. Al observar la degradación de las condiciones de vida de los asalariados en Inglaterra, al promediar el siglo Karl Marx empieza a desarrollar  su “Teorías sobre la Plusvalía”. Los trabajadores con su tiempo de trabajo, crean valor adicional a la materia prima y ese producto ingresa al mercado para su venta. Ese plusvalor,  tiempo de vida  de los trabajadores, se convierte en dinero y esa ganancia queda en manos del capitalista, dueño de los medios de producción. Una conclusión estremecedora.

La presión de movimientos sindicales socialistas o comunistas intentaron mejoras en esas condiciones, pero las crisis entre los años veinte y treinta, la desocupación, el taylorismo y el fordismo,  se sucedieron en la historia del trabajo asalariado y aunque la prosperidad después de la segunda guerra reflejó una mejora en los beneficios sociales y en las condiciones de vida, las desigualdades de riqueza y de renta han tendido a profundizarse con el correr del tiempo.  Hoy el capital puede moverse libremente produciendo los fenómenos de outsourcing, subcontratación o tercerización y de offshoring, deslocalización en busca de  costos  más baratos para la  obtención de mayores beneficios. Esto resulta más difícil o imposible para la mano de obra que permanece inmóvil, muchas veces en estado de explotación o esclavización, del  que es improbable escapar. Algunos han podido trasladarse de lugares más pobres hasta otros más prósperos, pero en general con trabajos degradados y de menor remuneración que los habitantes locales.  Con los adelantos de la tecnología se ha disminuido la demanda de mano de obra, reemplazada   por software y máquinas avanzadas. Robots y computadoras son capaces de hacer lo que antes requería  la labor humana.  Ahora se hace necesario competir con las máquinas.

Un pensador coreano, Byung-Chul Han, doctorado en filosofía en  1994 en la Universidad de Munich, es una de las voces más innovadoras que han surgido recientemente. En  “La Sociedad del Cansancio” –  Herder – 2012,  llama la atención sobre un  fenómeno de este tiempo. “La sociedad del siglo XXI –dice-  es la sociedad del rendimiento. El neoliberalismo ha logrado suprimir  la coerción externa ya que ahora cada uno se convierte en esclavo de sí mismo.  Al inconsciente social le es inherente el afán de maximizar la producción y esa presión por el rendimiento lleva al multitasking. Un estado de híper atención  con un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas y fuentes de información. La preocupación por la supervivencia se parece a la de los animales salvajes que utilizan esta técnica para defenderse frente a los peligros de la selva. Es una violencia inmanente al sistema porque  la  percepción fragmentada y dispersa, conduce al aislamiento y a una falta de sosiego. En el  panorama patológico  abundan las depresiones, los trastornos  de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o de  límite de la personal (TLP) y  el síndrome de desgaste ocupacional (TDO)  que producen infartos psíquicos.

Las desigualdades de  riqueza y de  renta, principalmente en los países desarrollados, han aumentado desde 1970 y  ese aumento es el problema fundamental del capitalismo moderno. Thomas Piketty, expone su teoría en su Best Seller  “El Capital del Siglo XXI”. Este economista francés a quien los titulares de la prensa mencionan como el nuevo Marx, trata de demostrar  que cuando la tasa de retorno del capital es superior a la tasa de crecimiento de la economía, o sea que la riqueza heredada crece más que el PBI y el  ingreso  de las personas, es inevitable una aceleración de la concentración de mayor riqueza en manos de menos gente, en detrimento de una mayoría cada vez más empobrecida  que queda fuera del mercado laboral. Para él una de las soluciones  posibles es la combinación de impuestos sobre la herencia, sobre la riqueza y de hasta el 80% sobre la renta  de los ricos. De no ser así la masa de trabajadores pobres acabará rebelándose  y a través de la democracia o de la violencia, destruirá el sistema. Era previsible que enseguida aparecieran  airados detractores que refutan su teoría ya que toca los intereses de los más poderosos. Pero  es una voz que está haciendo ruido y que se alza como alarma, llamando a la modificación de este estado de cosas.

Más contundente en sus apreciaciones, Loretta Napoleoni,  economista italiana, periodista y analista política, denuncia “la economía canalla”, orientada sin escrúpulos al dinero fácil a costa de los consumidores. Esta economía es  “ilegal o criminal, sin leyes, sin reglas, que se mueve en las zonas grises, fuera del control de las autoridades”   El estado- nación es la historia del contrato social para que los individuos vivan bajo el amparo de leyes que preserven la nación. Para ello ceden parte de sus derechos al gobierno, a cambio de la garantía  de un orden social de paz y estabilidad. La legitimidad de los políticos nace de la voluntad del pueblo que así ratifica el contrato social. Últimamente la política ha estado al servicio de la oligarquía y ha dejado de cuidar los intereses de la ciudadanía.  Propone soluciones radicalmente alternativas  donde la palabra clave es “compartir” dice.

En el libro “What’s mine is yours: How Collaborative Comsumtion is Changing the Way of Life”  Rachel Botsman, una de las líderes del pensamiento global, desarrolla el sistema económico del  “consumo colaborativo o economía colaborativa”. Explica qué  es un sistema económico en el que se comparten y se intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales. La manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar, ahora se apoya en  la tecnología moderna. Este movimiento supone “un verdadero cambio cultural y económico” en los hábitos de consumo, reemplazando el consumismo individual a uno de red entre pares o red entre iguales. Una nueva manera de relacionarse, de intercambiar, poner valor a habilidades o bienes económicos. La desconfianza en estas transacciones  se reduce  por la incorporación de perfiles de usuarios, con sus referencias y puntajes de comportamiento. Una nueva  manera de medir la reputación de las personas. Esto supone la disrupción de Internet, fuera de la propia Internet. La revista Time ha calificado el consumo colaborativo como una de las grandes ideas que cambiarán el mundo.

En enero de 2014 la Unión Europea redactó un dictamen para regular el consumo colaborativo que valoraba de la siguiente forma: «El consumo colaborativo representa la complementación ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico de la economía de la producción por la economía del consumo. Además supone una solución a la crisis económica y financiera en la medida que posibilita el intercambio en caso de necesidad». Ya se han puesto en práctica: Intercambio de ropa, coches compartidos, préstamos económicos, alojamiento para viajeros, trueque de comida, “crowdfunding”  o cooperación colectiva llevada a cabo por personas que conforman una red para conseguir dinero u otros recursos.

Si se calcula que para el 2050 seremos nueve mil millones de personas en el mundo, ha llegado la hora de tomar consciencia de que vivimos en un planeta que llegó al límite de la explotación de sus recursos, donde el problema no será la supervivencia individual sino de la especie humana en su conjunto. Esta forma de capitalismo imperante se apoya justamente en la explotación inescrupulosa de esos recursos que no alcanzarán para todos, sin tener en cuenta a generaciones futuras.

Ya en 1993 Elinor Ostrom, primera mujer en recibir  el Premio Nobel de Economía trabajó sobre modelos de economía sustentable respetuosos de la biodiversidad y propuso que se establecieran nuevas pautas en la administración de los recursos escasos. “El gobierno de los Bienes Comunes”  publicado en su versión castellana por el Fondo de Cultura Económica en el año 2000, es uno de los libros importantes  del pensamiento social, especialmente en el campo de la conservación de los recursos naturales y protección a largo plazo de los ecosistemas. 

Hay ejemplos de empresarios  comprometidos con el medio ambiente. Yvon Chouinard es un empresario atípico cuyo lema es  “construir el mejor producto con el menor daño posible”. De  su empresa Patagonia, originaria de Ventura, California, “uno de los varios países dentro de Estados Unidos”, que  fabrica  ropa para deportes silenciosos, dona el 1% de las ventas, destinado a organizaciones dedicadas a causas ambientales y ha conseguido ser seguido por 1.200 empresas. “Vamos a destruir el mundo, no estamos haciendo nada frente al recalentamiento global. Al final de este siglo la temperatura subirá 3°, en los tiempos de mi nieta”  Él y su mujer llevan un vida muy simple y cambia su auto muy de vez en cuando.  Se retiraría pero considera su responsabilidad hacer que otros empresarios lo imiten en manejar empresas responsables.

El calentamiento del Ártico afecta a todo el Hemisferio Norte de una manera muy negativa, poniendo en peligro el suministro de alimentos de la Humanidad. Cuando sobrevolaba el Ártico por encima de las grietas aparecidas en el hielo marino,   Eric Kort,  Doctor en Física Aplicada por la Universidad de Harvard, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California, se sorprendió al ver cómo aumentaban los niveles de metano. Según el Grupo de Emergencia de Metano en el Ártico (AMEG), en el Ártico se está produciendo una crisis: “El riesgo para la seguridad internacional es muy alto, debido a una alteración muy profunda del clima, con un calentamiento global fuera de control”.

Es la primera vez que el hombre se encuentra frente a este tipo de encrucijada, peligros que no se ven pero que se están insinuando y, como dice Loretta Napoleoni, “es necesario un cambio de paradigma  de la naturaleza humana” Pensar lo que quedará para las siguientes generaciones,  hijos y nietos de los que habitan la tierra hoy, tiene que llamar a la reflexión con urgencia. Ya hay, como se ha mostrado en una mínima enumeración,  muchos científicos, pensadores, economistas y hasta empresarios que van tomando consciencia y tratan de cambiar este estado de cosas.

Se respiran tiempos de transformaciones. Ban Ki-moon,  Secretario General de las Naciones Unidas, ha llamado a una Cumbre sobre el Clima que se celebrará el próximo 23 de septiembre. Han sido invitados a participar dirigentes de gobiernos, de instituciones financieras, de empresas y de la sociedad civil del mundo. Se les ha pedido aportar anuncios y medidas audaces para reducir las emisiones que atentan y contribuyen al cambio climático. Se pretende  movilizar la voluntad política para llegar a un acuerdo jurídico significativo en 2015.

Los   protagonistas de esta época que  hacen descubrimientos, elaboran teorías y propuestas y alertan sobre  peligros inminentes y cambios necesarios,  como ha pasado en otras que miramos ya en perspectiva, a lo mejor no se dan cuenta que ya se están produciendo modificaciones  que pueden conducir a  un cambio de paradigma imprescindible para la supervivencia de la especie humana. Con la velocidad de las comunicaciones en red, son muchos los que se enteran de los peligros a los que estamos expuestos. Es hora, si no es ya tarde, de actuar en consecuencia.

                                                                                                          Septiembre 2014

*la autora es Directora de este sitio y escritora

** https://www.youtube.com/watch?v=fvBsiP3hAmA

*** https://www.youtube.com/watch?v=4XTWMLU92cc

+++ https://www.youtube.com/watch?v=xopPWI6Mom8

DON EDUARDO MALTES NO ES UN JUBILADO CUALQUIERA.

Se jubiló cuando cumplió 60 porque en esos años ese era el límite para pasar a ser un número en la Anses y desde hace 10 años, le reclama judicialmente el pago de haberes mal liquidados. Sus cálculos matemáticos son irrebatibles, pero no por ello logra cobrar lo que le corresponde.

Mientras tanto se ha venido especializando en una extraña manía: la de calcular el tiempo promedio del ejercicio efectivo del mandato de los presidentes argentinos, desde la organización nacional en 1853 hasta 2015, año en que finaliza el mandato de la actual presidente.

Parece un hombre de edad indefinida pero los que lo tratan le dan unos 80 años como  máximo.

Y a los que sabemos su edad por algún motivo -yo vi su libreta de enrolamiento en ocasión de un trámite aduanero- nos cuesta aceptar que ya cumplió 99 y es notorio que cada día se lo ve más activo, siempre concentrado en algún tema que intenta conocer a fondo.

Es notable el empeño que pone en esas incursiones por materias insospechadas porque pasa de un tema a otro con el mismo afán de arribar a las conclusiones que pretende alcanzar.

Yo lo conocí cuando estaba dedicado, por los años 40, a estudiar métodos para humidificar el tabaco sin alterar sus condiciones básicas, como un aporte a una industria que no mostraba avances en las técnicas productivas. Sería quizá porque fue un fumador sin límites.

Otro año anduvo averiguando datos que siempre anota en cuadernos numerados. En esa época de nombres, población, formas de gobierno, idioma y miles de datos sobre los Estados que nacieron con la desintegración de la Unión Soviética y que, antes de ello, eran parte de su vasta geografía. Había recopilado mapas y estadistas como para formar un archivo destinado a nostálgicos de la experiencia soviética.
Nadie sabe cuántas de estas manías lleva documentadas en sus cuadernos numerados. Dicen que sólo su hijo Nerio sabe cuántos cuadernos revelarían las curiosas manías acumuladas a lo largo de años.

Nerio, el hijo mayor de don Eduardo es abogado, pero ya no ejerce la profesión. También se jubiló y ahora ayuda a su padre en esas laboriosas tareas investigativas. Dicen lo más allegados a Don Eduardo que su hijo lo hizo desde siempre y mas desde que se jubiló.

Es un setentón que aparenta mas años de los que tiene. Nunca se refiere a su edad pero revela en cuanta ocasión puede que su padre nació en 1914 y tras una breve pausa estudiada, precisa: "en aquel año famoso por eso de la iniciación de la primera guerra mundial". En ocasiones también referencia el 14 con el escenario nacional y recuerda que en " Argentina dos presidentes ocuparon el cargo del mismo mandato, por muerte, Roque Sáenz Peña, y el vice que lo sucedió, Victorino de la Plaza". De paso, le asigna al nacimiento de su padre el carácter de " hecho histórico" similar a la gestión gubernamental de Sáenz Peña, cita que le da pie para una larga exposición sobre la ley electoral y sus consecuencias políticas.

Nadie duda que esas disertaciones de Nerio habrán influido en su padre para su más reciente manía, la de establecer el tiempo promedio de duración en el cargo de nuestros presidentes. Tarea que no parece haber interesado a historiadores ni a politólogos.

Lo reveló hace unos meses su sobrina Eugenia quien asegura que Don Eduardo ha registrado en su cuaderno número 76 las sucesiones presidenciales desde 1854, año en que asumió la presidencia Urquiza, es decir, desde el inicio de la institucionalidad, conforme a las normas de la Constitución Nacional sancionada un año antes.

También comenta su beata y solterona sobrina que su tío no necesita valerse del cuaderno 76, porque Don Eduardo sabe de memoria nombre y apellido de los 47 presidentes que siguieron a Urquiza desde 1860 hasta nuestros días, o sea, desde Derqui hasta Cristina Fernández, hasta el 2015 por su segundo mandato, cerrando un lapso de 161 años durante el cual se sucedieron 48 presidentes.

En esta materia, don Eduardo es una computadora y puede prescindir de su cuaderno, pero es consciente que no puede obtener una cifra inobjetable como promedio de duración en el cargo. Primero, porque estas 48 personas del período no fueron 48 ciudadanos distintos. El dato incluye casos de presidencias en los que se repitió la misma persona en otro mandato constitucional o por reemplazo del titular para completar el período de un mandato acéfalo. Tal los casos de Julio Argentino Roca (1880-1886) en el primero y  (1898-1904) en el segundo, ambos de 6 años; el de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) de 6 años y el segundo (1928-1930) de sólo dos por el golpe del 6 de setiembre de 1930; y el caso de Juan Domingo Perón con triplete: el primero de 1946 a 1951, el segundo de 1951 a 1955 año éste en el que fue depuesto. Elegido nuevamente en 1973, su mandato solo fue de un año ya que falleció en 1974.

También repitió su mandato Carlos Menen (1989-1995 el primero y 1996-1999 el segundo) el último de 4 años por modificación de la Constitución Nacional que redujo el período de 6 a 4 años.

Estos casos complican el cálculo para establecer un promedio resultante de dividir el número de años de1854 al 2015 por el número de personas que juraron el cargo. Y complica también la determinación del número promedio la diferencia entre un período de 6 años con otro período en el que el tiempo del mandato se redujo a 4 años. Además, hay que tener en cuenta otra circunstancia: hay presidentes que no terminaron sus mandatos, ya fuere por fallecimiento, enfermedad o, muy común a partir de 1930, depuestos por golpes de estado.
Pero la dificultad más notoria de don Eduardo para computar promedios, han sido los casos en los que una persona ocupó el cargo sólo pocos meses y otros algunos pocos días, como ocurrió entre 1970 y 1983, período en el que ocuparon la presidencia 7 militares y 3 civiles en sólo 13 años !!. O durante la crisis de fin de siglo que en un lapso de solo 6 años, desfilaron por presidencia 6 políticos, algunos durante pocas horas !!

Sus nombres aun se recuerdan porque ello sucedió hace muy poco tiempo: de la Rúa electo en 1999, renunció en el 2001 y a partir de ahí siguieron: Puerta, Rodríguez  Saa, Camaño, Duhalde y después de una elección en la obtuvo menos del 23 %, Néstor Kirchener.

Don Eduardo menciona también otro período que llama de "curiosa institucionalidad militar". Alude al iniciado en 1976 a raíz del golpe que depuso a María Estela Martínez de Perón, durante el cual los presidentes fueron militares elegidos por los comandos de las tres Fuerzas Armadas. Se trata del gobierno del "proceso" que se conoció en el mundo como el régimen más brutal de eliminación de la oposición mediante torturas y desaparición forzosa de personas.

Pero don Eduardo, como saboreando un final atrapante de su discurso, y sabedor de lo siempre actual de ciertos nombres, deja para último caso a mencionar, el período que va de 1943 a 1958, lapso durante el cual se desempeñaron como presidentes cinco militares como actores de facto y dos veces uno, Perón, electo por el voto popular. Ahí don Eduardo hace una pausa y tras unos segundos de silencio, sentencia, como al pasar y en el mismo tono monocorde, " legitimidad de origen, lo que no asegura gobierno democrático y republicano". El golpe del 43 y el gobierno inicial de Perón, aclara, "trajo semillas del fascismo y cada cosecha todavía sigue alimentando el enano fascista que hay en gran parte de los argentinos.
Un día me animé a preguntarle cómo iba la tarea para establecer el promedio que se proponía revelar.- Se escudó en evasivas afirmando que " las matemáticas no son una opinión" y que los datos para arribar a resultados incuestionables pueden inducir a engaño.

Con todo, últimamente explica que, con reservas, se puede "estimar" que la duración media del ejercicio efectivo del cargo presidencial podría andar entre tres y tres años y medio años. Es decir, sentencia, una prueba más de la debilidad de nuestra democracia.

Y no olvide, agrega, que la mayor parte de ese período inicial de más de 150 años, el mandato presidencial era de seis años, mientras que son contados con los dedos de la mano los ejercicios de sólo cuatro!!

Debo decir que los cuadernos de don Eduardo, guardan además otro material que él prefiere leer en reuniones de amigos porque son páginas escritas por su hijo Nerio, el abogado que según otros parientes, no ejerció nunca la profesión. En esos escritos, también inspirados por su padre, es visible la formación jurídica pero sobre todo humanista que nadie le asignaría a él por su aspecto que lo asemeja a un músico desocupado o a un poeta en crisis intelectual….
Yo asistí a uno de los encuentros amistosos que convocaba un amigo íntimo de los Maltes. Esa noche don Eduardo leyó páginas escritas en el cuaderno 72 referidas a disposiciones constitucionales sobre los períodos presidenciales. Me pareció una buena lección para instruir a los ciudadanos y le pedí una copia del texto. Pocos días después me envió la copia solicitada y me pareció oportuno transcribirla en esta nota que, si alcanza divulgación en algún Blog, ayudará a comprender la gravedad de las crisis que tanto perturban la estabilidad social y el desarrollo económico de Argentina.

Antes de agregar la transcripción, debo confesar que estuve tentado de pedir también la nómina de todos los presidentes que ejercieron parcial o plenamente el período conforme al mandato conferido. Me hubiera gustado publicarla junto al escrito del cuaderno 72. Esa lista con nombres, fechas y datos básicos, constituyen un documento que seguramente ahora se puede leer recurriendo a Internet, pero pocos podrían prescindir de anotaciones y valerse sólo de la memoria como lo hace Don Eduardo, un jubilado que viene reclamando hace más de 10 años, mientras prepara incontables cuadernos. Una manía para imitar.

Este es el texto que transcribo, sin tocar una coma:

Cuaderno Número 72 – pág.12

"Para cumplir con una de las reglas del sistema republicano, en 1853, nuestros constituyentes fijaron como elemento central de la estructura de poder, la periodicidad de las funciones de gobierno. En ese sentido, la constitución de ese año, estableció un período presidencial de 6 años, sin reelección inmediata y sin que evento alguno que hubiera podido interrumpirlo, pueda ser motivo de que se le complete mas tarde. Este sistema fue modificado en 1949, admitiéndose la posibilidad de reelección sin límites.

Tras el golpe de estado de 1955 se restableció el sistema original hasta 1972.
El gobierno militar de entonces dispuso una reforma constitucional que, para continuara vigente una vez restablecida la democracia, debía ser ratificada por una Constituyente antes de l98O. Conforme ella, el mandato presidencial se redujo a cuatro años con posibilidad de un una reelección posterior, inmediata o no.
El golpe de Estado de 1976 terminó con la efímera vida de esta reforma, retornándose al régimen original en las elecciones de 1983 y de
1989. Poco después, en 1994, se volvió a reducir el mandato presidencial a cuatro años, con posibilidad de una reelección inmediata posterior.
La renuncia anticipada de Raúl Alfonsín en 1989 generó dudas en cuanto a la duración del mandato de Carlos Menem, quien asumió antes de la fecha en que debió comenzar su mandato. Esta situación fue zanjada en la reforma constitucional de 1994 que también dispuso una cláusula transitoria por la que el mandato presidencial de quien asumiera el cargo en julio de 1995, se extendería por única vez hasta diciembre de 1999 (cuatro años y seis meses).

La crisis de comienzos del siglo XXI también provocó problemas respecto a la duración del mandato dado que antes de la renuncia de Fernando
de la Rúa, había renunciado su vice Carlos Álvarez y después de una sucesión de cuatro legisladores, asumió Duhalde quien no completó el mandato que correspondía a de la Rúa, El problema obligó a modificar la Ley de acefalía disponiéndose que, si al momento de la renuncia del presidente hubiese un ciudadano electo, éste completará el mandato, sin que tal período se computase a los fines de su propio mandato.

Esto posibilitó que Néstor Kirchner gobernase por más de cuatro años, o sea desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2007 "

Tal el texto que nos leía Don Eduardo y nunca olvidaba apuntar al finalizar la lectura;  ! Y como si esto fuera poco, dejó por dos mandatos, es decir por 8 años más, a su mujer!!.  País sin suerte éste!!