Para con-texto

El escritor brasileño Carlos Heitor Cony, víctima de la dictadura de su país, quien sufrió el secuestro de sus dos hijas, cree que la justicia debe perseguir a los “grandes peixoes” de la represión, es decir a los peces gordos que dieron las órdenes, antes que a los subalternos. Parece la línea de 1983 en la Argentina, el castigo a las cúpulas. La tradición de América Latina, España e Italia era de pactos y perdones sin límites, idea que el justicialismo probó en las urnas con su candidato Italo Luder. En 1958 el partido de Perón se había beneficiado por una amnistía de Arturo Frondizi, en nombre de la paz nacional. Los policías autores de castigos aprovecharon la ocasión. Como antecedentes, en Alemania hubo empleados de los campos que trabajaron para el presidente Konrad Adenauer. La revolución bolchevique de 1917 (Rusia) y el golpe sandinista de 1979 (Nicaragua) integraron a los represores del zarismo y a los verdugos del dictador Somoza a nuevas funciones, explicó Raúl Alfonsín. La comisión de la verdad en el Brasil hoy se propone investigar crímenes desde 1946 hasta 1988, asumiendo que la democracia popular tuvo lo suyo. Cony admira a Getulio Vargas sin negar una fase dictatorial. Lo importante es el coraje de mostrar a la sociedad quiénes la oprimieron, aunque estén muertos, afirma. En la Argentina se habla de “juicio para todos”, pero a nadie se le ocurriría ir tan lejos.

Otros fusilados

Muy poca gente lo sabe o lo recuerda. El periodista Rodolfo Pandolfi dejó su testimonio, que permite salvar los hechos. El 18 de setiembre de 1955 fue interceptado en Cosquín, provincia de Córdoba, el auto en que viajaban Juan Carlos Roque Posse y su hija Beatriz, esposa del capitán Efraín Arruabarrena. Venían de Icho Cruz, cerca del lago de Villa Carlos Paz. El esposo de Beatriz había muerto en los combates por la revolución, proclamada por el general Eduardo Lonardi, con gran apoyo civil en Alta Córdoba. El capitán Arruaberrena había caído al acercarse a la Escuela de Infantería junto a los tenientes Julio Fernández Torres, Alfredo Viola Dellepiane y otros dos soldados. La escuela estaba al mando del coronel Guillermo Brizuela, leal al gobierno de Perón. El único sobreviviente, Fernández Torres, afirmó que “murieron Arruabarrena, Viola y uno de los soldados, casi totalmente decapitado”. El otro soldado murió antes de ser atendido. Junto a Roque Posse y su hija iban más personas, como Marcelo Amuchástegui, Teresa Pitt y Miguel Ángel Cárrega Nuñez.

 Mientras intentaban alejarse del centro, la policía cordobesa los paró y les preguntó si estaban con los rebeldes. Como eran parientes de gente involucrada, les dispararon a quemarropa, pese a los gritos que imploraban piedad. Beatriz intentó proteger a su pequeño hijo Mario Amadeo, de siete meses. Los asesinos tiraron contra la criatura, que perdió la vida, mientras la madre era gravemente herida. Juan Carlos Roque Posse fue directamente fusilado. Miguel Ángel Cárrega Nuñez les gritó a los policías que eran unos cobardes y fue muerto a tiros. Teresa Pitt fue herida con dos balazos. Rodolfo Pandolfi denunció puntualmente “el fusilamiento de diez miembros de la familia radical Arruabarrena en setiembre de 1955”. La violencia se había desbordado en el país. La última escalada pasara por las bombas opositoras en la Plaza de Mayo (1953), la venganza peronista con el incendio de sedes políticas y una ola de torturas, la represión a la huelga metalúrgica de 1954, el ataque aeronaval contra la Casa Rosada, el incendio de templos religiosos y el llamado presidencial al crimen entre civiles, cerrando casi la pacificación. Más hechos fueron silenciados. El mito del peronismo, que atraviesa la política argentina, no menciona casos como los siguientes.

 Más allá de la General Paz

 Cierta vez Ricardo Balbín dijo que los secuestros fuera de la capital no trascendían. Un diario provincial describió un “engranaje de terror” en tierra del coronel Adolfo Marsillac, jefe de la mejor del mundo en tiempos de Mercante. Un grupo de policías había mostrado un “sadismo a toda prueba” que llegó a “sanguinarias torturas y horribles homicidios”. Era el caso de “los cadáveres de Florida”, silenciado por la censura y hablado por lo bajo. En 1951 unos niños encontraron restos humanos cuando jugaban en un baldío al costado de la avenida General Paz. Alguien habló de obreros ferroviarios ultimados. El oficial Roberto Miguel Nieva Malaver había llegado a la seccional Florida (Vicente López) para perseguir a “elementos de mal vivir” por la zona balnearia. Podían ser rateros o vagabundos, pero los edictos policiales incluían a “comunistas”. Malaver se desempeñó entre octubre de 1950 y mayo de 1951 con la ayuda de su amigo Ricardo Luis “Fito” Pirlot y de Carlos Segundo Doro, un vigilante de la quinta de Olivos. Actuaban “con toda impunidad al amparo del régimen”, según El Laborista. Este periódico nacido en 1945 fue casi el único que apoyó la candidatura de Perón en 1946. Después quedó en manos de Mercante, pero fue devuelto al sindicalista Cipriano Reyes en 1955.

Las razzias nocturnas de Malaver derivaban en torturas y castigos que le quitaron la vida a muchos humildes sin acceso a abogados. El diario El Día de La Plata tituló: “Impresionantes contornos rodearon la perpetración de crímenes en masa”. A su vez, El Laborista señaló: “Sádicos torturadores policiales son los autores de los crímenes misteriosos de Florida en el año 1951”. En tanto el matutino El Mundo expresó: “Cerca de veinte detenidos fallecieron torturados en la comisaría de Florida”. El legendario Crítica, el diario de Natalio Botana, sacó en tapa la trágica comprobación y también afirmó que “las torturas deben desaparecer para siempre”. El mesurado La Nación publicó que se habían reconocido los restos de cinco obreros. El vespertino La Razón aclaró: “Pruébanse 13 asesinatos de Malaver”. La prensa gráfica se expresó después de setiembre de 1955, cuando se rompió la “cadena” de medios armada por el funcionario Raúl Apold. Interrogado por el juez del crimen Abel Viglioni, el oficial Malaver declaró que luego de su traslado aparecieron más cuerpos sin vida en la zona, sugiriendo que las víctimas de Florida sumaban decenas. La investigación estuvo a cargo de los inspectores Saúl Mocoroa, Prudencio Chávez y Héctor Durand. Se hizo bajo la órbita del coronel Julio Moreno.

Las víctimas

El obrero Teodoro Baziluk, afiliado comunista nacido en Polonia, quedó detenido por un delito improbable. Fue picaneado muchas veces pero con su fortaleza física pudo sobrevivir. Entonces lo dejaron morir por inanición, sin darle agua ni alimentos. Su cadáver llevado en auto fue arrojado al arroyo Morales (Matanzas), atado a una viga de cemento, saliendo a flote el 7 de febrero de 1951. Su compatriota Estanislao Kosiky fue asesinado y luego dejado en unos matorrales junto a la Avenida Internacional. El señor José Natalio Lettieri también murió por las aplicaciones de picana. Su cuerpo fue arrojado a las aguas desde el puente de la avenida Derqui y la General Paz. El ciudadano Horacio Pérez falleció por el excesivo voltaje, pero Malaver obtuvo un certificado de “muerte por síncope cardíaco”. Fue sepultado en el cementerio de Vicente López. El joven Pedro Moreno también fue ultimado en la comisaría balnearia y se intentó pasar su caso como suicidio. Otra víctima fatal, el joven de 23 años Martín Graneros, murió luego de sobrecogedores tormentos y quedó en un despoblado, según El Mundo. A otros detenidos les aplicaban instrumentos cortantes que aceleraban su final. Lo hacía el propio Malaver, según El Laborista.

Los cadáveres eran desfigurados antes de ser desaparecidos. Al menos cinco cuerpos fueron enterrados en el vaciadero de basuras de Florida. Es el mismo barrio donde vivían algunas víctimas retratadas por el escritor Rodolfo Walsh. Un documento de junio de 1951, con aval de Crisólogo Larralde (radical de origen anarquista), afirma: “ha desaparecido el derecho a la vida… aparecen cadáveres desfigurados que no se identifican”. Evita preparaba el Cabildo Abierto del justicialismo, el gran evento que se llevó las fotos del año. La policía comprometida en las desapariciones respondía al gobernador Domingo Alfredo Mercante, mimado por el progresismo o peronismo pituco. En 1955 apareció otro cuerpo en Florencio Varela. El inspector Constantino Vesiroglos (cercano al gobernador Carlos Aloé) creyó que podía pertenecer al médico Juan Ingalinella, casi el único muerto claramente asumido de entonces. El ministro Ángel Borlenghi decía que la policía era peronista, como la justicia, aclarando que no era un juego de palabras. “No puede ni debe haber jueces que no sean justicialistas”, expresó el 1° de febrero de 1955. Por décadas ninguna cátedra de historia ha mencionado los hechos narrados hasta hoy. Si se recuerdan además los crímenes masivos a los pilagaes en 1947 en la actual provincia de Formosa, se comprende un poco más el camino de la violencia antes de 1955. La palabra “fusilados” se asocia a 1956, pero antes también los hubo.[1]