ES HORA DE DEFENDERSE por Esteban Lijalad *
Ernestina Gamas | 9 marzo, 2013
El Gobierno a través de la Presidente le ha declarado la guerra a la República. En nombre de la democracia el objetivo es terminar con la separación de poderes, o sea, lo único que diferencia a una democracia de una dictadura. La democracia sin aditamentos (como popular, social, bolivariana, orgánica, etc. ) es el gobierno de las leyes, no de las personas. Es el gobierno del poder dividido, no concentrado. Es el gobierno de los controles , no del descontrol . Es el gobierno del respeto de las minorías, no del avasallamiento en nombre de las mayorías.
Es el gobierno de la leyes, no de los decretos presidenciales.
La gravedad del avance cristinista ha sido destacado hoy por muchos comentaristas. Pero una parte de la oposición ya se prepara para acompañar el designio de “mejorar la justicia”, cosa que todos deseamos, pero que no se logra “democratizándola”.
La función de la administración de justicia no es cumplir planes concretos del gobierno de turno, sino garantizar la existencia de un orden general, del cumplimiento de ciertos acuerdos básicos de convivencia que son la base de las democracias occidentales.
Los jueces deberían ganar su lugar en base a su capacidad, no en base a sus compromisos políticos con uno u otro partido . Los jueces no deben trabajar preocupados pensando en su reelección. Los jueces deben tener seguridad económica, por lo cual no deben ser sujetos del escrutinio impositivo del Gobierno. Los jueces tienen que juzgar a todos los sujetos físicos o jurídicos que han coaccionado ilegalmente a terceros. Esto incluye al Estado y a sus funcionarios. El intento explicito de que el Estado tenga inmunidad es un atentado letal contra la división de poderes. Solo un poder con capacidad de sancionar a otro garantiza esa separación de poderes. Prohibir que la justicia investigue y sancione al Estado es terminar con esta forma de democracia.
La democracia es un método para tomar ciertas decisiones, no todas. La regla de mayoría es válida solamente en cuestiones de gobierno (política económica, social, educativa, etc.) pero es absolutamente improcedente para tratar con cuestiones de justicia. La verdad no se vota. La justicia no se vota. El mantenimiento de la forma republicana de gobierno no se vota. Las restricciones a la libertad individual no se votan.
Cristina quiere someter a votación todas esas cuestiones. Es hora de defenderse de ese intento que nos destruirá.
* Sociólogo e investigador cultural
estebanlijalad@gmail.com