La crisis moral de la clase dirigente argentina no es novedosa. Así lo prueba la gestión, como poco deficiente, de las funciones básicas del Estado como la salud, la seguridad; y por sobre todas las cosas, la educación. Durante los últimos cincuenta años, por lo demás, ha probado su ineficacia en combatir uno de los fenómenos  más perturbadores de nuestro imaginario colectivo: la pobreza; una anomalía, dada nuestra inmensa riqueza potencial.

El sentido común debería indicarnos a una elite comprometida con combatirla; pero ocurre lo contrario. Desde las escuelas, desde hace por lo menos tres años, se viene denunciando otra lacra que, como el el consumo de estupefacientes, se dirige fundamentalmente a nuestros niños y adolescentes: la alarmante escalada de la ludopatía bajo la forma de las apuestas deportivas on line. Un negocio detrás del que no es difícil percibir la silueta de personajes asociados al blanqueo de la política venal, el financiamiento de sus actividades y el enriquecimiento obsceno de sus patrocinantes públicos.

Es justo también señalar que se trata de un problema global y de vieja data en estas playas. El cambio procede de la facilidad del acceso a sus canales a través de las nuevas plataformas digitales que, formalmente, prohíben el juego a los menores de edad; pero que, en los hechos,  lo toleran y hasta incitan declarando lo contrario. No es demasiado difícil hurgar sus orígenes en nuestro pasado efímero. Comenzó en 2018 cuando el gobierno de Macri cerró Lotería Nacional y sepultó al memorable PRODE. A partir de entonces, los juegos dejaron de estar reglados por la autoridad nacional transfiriéndose a las provincias.

En la PBA, tanto la gobernadora Vidal como su sucesor Kicillof postergaron su habilitación. Pero éste último terminó cediendo tras las elecciones legislativas de 2021 cuando nombró como jefe de Gabinete a un viejo conocedor de oficio, el intendente lomense Martin Insaurralde. La pandemia, el Mundial y la reciente Copa América hicieron el resto. Desde entonces, la afición se tornó irrefrenable en el AMBA; sobre todo, en la provincia que concentra el 50% del negocio nacional. Casi el mismo porcentaje de la pobreza –más del 40%- y en donde 7 de cada 10 chicos están sumergidos en esa condición. Lidera las apuestas del país y que significativamente se propagan más en los adolescentes y jóvenes más humildes.

A esta altura, muchos especialistas no han dudado en calificar a este proceso silencioso en “epidémico” con sus deletéreas consecuencias sociales y culturales. Analicemos solo algunas. Hay docentes que sostienen que cada celular es una suerte de casino en miniatura. Sus manifestaciones son la desatención, la ansiedad y la merma del rendimiento que, en algunos casos, termina en la deserción escolar agravando a una de las peores herencias de la cuarentena.  Alarman no solo los montos sino una frecuencia cada más compulsiva que los lleva a contraer deudas con compañeros cuyo incumplimiento suscita conflictos de una violencia inusitada. Luego, cuentas de mail múltiples y perfiles falsos cuando agotan sus billeteras virtuales, y el uso secreto de las tarjetas de crédito de sus padres que se sorprenden al momento de la liquidación con pasivos impagables.  La ira entonces se traslada a sus hogares; aunque en muchos casos, los chicos no hacen más que imitar a sus progenitores, hermanos y parientes. La crisis ética tampoco nació de un repollo.

Y como no podía ser de otra manera, proliferan los prestamistas que les facturan sus extorsivas comisiones. Situación que los pone en la mira de los narcomenudistas que los presionan a pagar sus incumplimientos incorporándolos como agentes de sus bandas. Las situaciones anómicas allí alcanzan niveles extravagantes: desde la prostitución pedofilica de intermediarios adultos “presta cuentas” hasta intentos de suicidios culposos. Pero llegados a este punto, conviene recorrer la cadena ascendente del sistema.

Los grandes promotores de las empresas ilegales son influencers de la farándula que desde diferentes redes los tientan a jugar obsequiándoles fichas para registrarse y comenzar las apuestas. Reproducen el mismo modus operandi de los dealers barriales narcos: primero, el regalo; y después, las deudas y la dependencia. Las legales se publicitan en los medios y las camisetas de los jugadores de futbol de varios clubes de primera división y del propio seleccionado nacional.

Cada una de las seis empresas internacionales que operan en la PBA debe contar con un socio local. En todos los casos, viejos conocidos asociados a la justicia y la política; sobre todo las municipales. El Estado provincial percibe el 10 % de las ganancias además del impuesto a los ingresos brutos; pero el cartel ha sido conteste en presionar para que los funcionarios no “mojen su pan” en la salsa de los premios, pues allí acumulan el 80% de sus beneficios. Lo curioso es que esos aportes terminan resultando fiscalmente nimios respecto de los multimillonarios que se reparten entre empresarios con esos mismos funcionarios.

En suma, una suerte de sarmientismo invertido en el que una dirigencia decadente, lejos de combatir a la barbarie, la fomenta. Esta vez, mediante el efecto demostrativo de sus propias vicios patrocinados por socios usureros que reproducen satelitalmente esta subcultura ociosa de streamers, cajeros y gurúes atizando el atractivo del dinero fácil; contrario al esfuerzo de una ciudadanía educada y civilizada.

*Miembro del Club Político y de Profesores Republicanos