Las grandes ferias suburbanas del GBA constituyen uno de los escenarios privilegiados de la revolución social silenciosa acontecida en el país durante el último medio siglo. La pandemia ha contribuido a poner al desnudo estas realidades desconocidas por  las clases medias y altas debido a la memoria de haber sido la Argentina, junto con Uruguay, los dos países de la región capaces de exhibir niveles de integración social casi universales.

Así lo probaban, sobre todos en nuestro caso, el espesor de unas clases medias que constituían nuestra excepcionalidad en el resto de América Latina. Su lenta e irregular desagregación de las últimas décadas motivo una grieta sociocultural cuya complejidad no admite las simplificaciones de los relatos ideológicos. Audaces dispositivos, como se vera, de un statu quo político conservador por debajo de elevadas discursos altruistas.

Las ferias concentran varios de esos procesos invisibles: las estrategias de subsistencia de los marginados, las nuevas migraciones internacionales procedentes de países limítrofes o del África, el tamaño de la economía informal y sus circuitos legales e ilegales e intersticiales respecto de la formal, las consiguientes producciones clandestinas y la trata. Nada que debería sorprender a la luz de guarismos que asombran al mundo. Según el economista Esteban Domecq en los últimos cuarenta años el resto de América latina creció un 174% mientras que la Argentina lo hizo a menos de la mitad.

Atrás fueron quedando las ferias que semanalmente se instalaban en los distintos barrios que permitían a las ecónomas familiares administrar el alimento de sus familias reduciendo los precios de almacenes y mercaditos. El punto de partida procedió del aporte de los inmigrantes bolivianos que expresaron así  su participación sigilosa en cadenas cruciales de reestructuración de nuestra añeja industria textil trasplantando sus modalidades de comercialización y reduciendo sustancialmente los precios. Trashumaron entre distintos  puntos del GBA hasta concentrarse en Puente 12 hacia 1989 luego de un breve periodo en el Mercado Central. Ya en 1991 se radicaron en los antiguos balnearios de La Salada.

 En pocos años la Unión Europea caratulo al complejo como “capital internacional del comercio ilegal”. En todo caso, solo un nodo de fenómenos análogos a escala global en Bolivia, Nigeria y China impensado en la Argentina. Hacia la década siguiente se convirtió en la cabeza de un inmenso pulpo de “saladitas” diseminadas en todo el territorio de la Republica cuyos comerciantes adquirían en allí productos al mayoreo. Pero a la par fueron apareciendo otras ferias de menor envergadura y de una multitudinariedad correlativa al crecimiento de la pobreza. Tal es así  que la mayoría de los municipios del conurbano cuentan con alguno de estos mercados en donde confluyen actividades al borde de la legalidad con otras en una ilegalidad correlativa, al compas  de la informalización de la economía. Configuran, en ese sentido,  centros neurálgicos que le garantizan la supervivencia a millones de personas.

El calzado y la indumentaria les permiten a núcleos familiares dependientes del sistema a facón de grandes intermediarios colocar sus excedentes para ensayar alguna forma de progreso. Familias que, en muchos casos, están sometidas a un trabajo que no por autónomo lo es menos servil, y sin posibilidades de alquilar puestos en los grandes predios feriales. Allí se los reservan cooperativas dependientes de los talleristas clandestinos que tercerizan en ellos las tareas de corte y confección practicando simultáneamente  la explotación esclavista de decenas de personas traficadas por tratantes. Otros participan ofreciendo comida casera al gusto de los inmigrantes limítrofes, choripanes o tortillas de campo. También sobresalen los puestos de verduras provistos por la horticultura periurbana que registra regímenes de explotación semejantes  al de la cadena textil. En sus intersticios suele encubrirse la producción de cocaína a partir de la cocción de pasta base que también circula abundante en las ferias

Un caso aparte merecen los inmigrantes senegaleses o costademarfilenses que venden lentes, relojes o pulseras contrabandeadas desde Brasil o Ecuador, diseminados estratégicamente en distintos sitios fijos o móviles a una distancia perfectamente organizada por sus superiores. Luego, juguetes, CDs o DVDs; y en determinadas zonas y en horarios limitados, electrodomésticos, celulares, o autopartes procedentes del delito urbano. En escalones más ilegales alimentos –leche en polvo, harina, fideos, etc.-destinados a los planes a cargo de municipios u organizaciones sociales a precio más bajo que los de los minoristas barriales. En un nivel escatológico, solo reservados a entendidos estratégicos, la trata de niños vendidos por padres marginales; luego utilizados para la explotación de distintas actividades en las que no falta la prostitución.

Las ferias también concentran distintas sociabilidades. En épocas de miseria como la actual abunda el trueque en el que ropa usada mendigada en los hogares de clase media se intercambia por hortalizas o cajas de leche para tributar a los comedores comunitarios de manera de reservarse allí su cupo. Sin el cual las familias traspasan la línea roja que los obliga a revolver las bolsas de basura de los barrios centrales  en procura de un mendrugo. De ahí, la indispensabilidad de las ferias y la imposibilidad práctica de erradicarlas aun en la actual emergencia sanitaria aunque si de protocolizarlas. Durante la Fase I de la cuarentena del 2020 su interdicción reforzó circuitos sustitutivos intra o interbarriales indispensables en hogares hacinados, sin agua corriente, que requieren de salir a la calle solo para sobrevivir. La contradicción entre economía y salud resulta allí irrelevante.

Hay otra indispensabilidad que explota estas necesidades. El espesor y la heterogeneidad de nuestro nuevo subproletariado urbano constituyen una fuente de recursos políticos inagotable. En primer lugar, porque las ferias son sumamente populares por los servicios que satisfacen. Ello las convierte en bálsamo de conflictos que, en su defecto, serian explosivos. Ofrecen, como contrapartida, trabajo, fuerzas de choque y votos. Además, son una de las fuentes de las cajas negras de la política como lo prueban el sutil sistema de inteligencia a cargo de barrabravas que mide las ventas de cada puesto para luego habilitar sucesivas vueltas de recaudadores tutelados por policías venales. El resto de esta imposición exigida por la informalidad luego asciende hacia municipios y organizaciones sociales. El círculo vicioso explica la robustez de nuestro novedoso conservadorismo popular sustentado por la corporación política cínica y opulenta consolidada durante las últimas décadas entonces se cierra..

^{*historiador, miembro del Club Político Argentino}