-La CGT-Regional Salta me ha invitado a participar en esta importante Jornada que ha convocado bajo el epígrafe “La Justicia del Trabajo en Salta, 70 años después” y de la que participan prestigioso colegas del foro local. Agradezco la invitación que aprovecharé para exponer algunas ideas.

Comenzaré con algunos apuntes históricos[2]

En 1944 el coronel Perón, Secretario de Trabajo y Previsión, reunió a sus principales asesores (los abogados FIGUEROLA[3], BRAMUGLIA[4] y STAFORINI[5], entre otros) y les dijo: “Aquí, más que hacer nuevas muchas leyes, necesitamos hacer cumplir las normas vigentes”[6].

Para alcanzar tan ambiciosa meta, Perón -en un abrir y cerrar de ojos- creó la Justicia Nacional del Trabajo, reorganizó la Secretaría de Trabajo y Previsión -llevándola a todos los rincones del país-, atendió a los trabajadores del campo -eliminando conchabos, vales y cuasi monedas- y, potenció a los sindicatos.

Estas cuatro medidas -simples pero de gran trascendencia- escandalizaron a los sectores acostumbrados a contratar trabajadores débilmente organizados. A los patronos que preferían desenvolverse dentro de las comodidades que representaba el viejo Código Civil aplicado a los contratos de trabajo.

Cuando esta reforma laboral conectó con el Plan de Desarrollo diseñado por el Consejo Nacional de Posguerra, comenzó el proceso que -más allá de las vicisitudes presentes-, transformó de raíz a la Argentina.

Muchos, desde los intereses o los prejuicios, criticaron la creación de la Justicia Nacional del Trabajo; ignorando que la iniciativa nos situaba en la corriente mundial que procuraba armonizar los grandes objetivos de Libertad, Justicia y Paz Social.

Ignoraban, por ejemplo, que los países más avanzados de Europa (guiados por el faro de la Constitución de WEIMAR) contaban con tribunales del trabajo desde los años de 1920.

Ignoraban también que los Estados Unidos habían salido de la Gran Crisis potenciando los derechos de los trabajadores[7] entre otras reformas profundas.

Pero, sin abandonar este enfoque histórico, vayamos al caso de Salta.

Aquí, la Legislatura, controlada por radicales reconvertidos peronistas y emergentes laboristas, dictó en 1948 una Ley[8] creando el primer Tribunal del Trabajo. Los aspectos técnicos habían sido cuidados por el doctor Ricardo REIMUNDÍN (padre), un jurista de reconocido prestigio nacional e internacional.

A su vez, el gobierno nacional se las ingenió para desembarcar en Salta -y en todo el norte argentino- con una Delegación de la Secretaria de Trabajo y Previsión[9] que – tras herir al federalismo- desplazó al alicaído y sospechado Departamento Provincial de Trabajo. El joven doctor Ricardo FALU se dio a la tarea de hacer cumplir la Ley.

Como era de esperar, el Poder que Frena (al que se refiere San Pablo[10]), tan poderoso en Salta, resistió algunas de las innovaciones y demoró otras. Actuaba movido por la nostalgia de los “autos de arraigo” que BIALET MASSE, en su célebre Informe (1904), definió como “un invento del feudalismo salteño”[11].

Hubo que esperar a los primeros años de 1950 para que el Tribunal del Trabajo salteño, creado en 1948, fuera dotado de personal y recursos.

Esto sucedió luego de que la CGT y los trabajadores, exasperados por la inflación, descontentos con el Gobernador Lucio CORNEJO, e inquietos por la vacancia judicial, lazaran la huelga de 1949 que registró hechos de grave violencia.

El alma de la reforma de los años 40

Los cambios en la judicatura y en la Administración del Trabajo producidos en los años de 1940, estaban lejos de ser meros empeños burocráticos, pensados para acomodar a parientes o amigos.

Se trataba, por lo pronto, de respetar y hacer respetar al trabajador como persona y como ciudadano, de eliminar abusos, de limitar la jornada, de proteger a mujeres y niños, de combatir el pago con vales y los así llamados contratistas, de garantizar los salarios legales o pactados, de cuidar la salud en el trabajo.

Respondiendo a las fuentes ideológicas que la promovían, la Justicia del Trabajo se creó como una justicia pro operario. Los tribunales del trabajo tenían muy claro que su identidad les mandaba apartarse del derecho civil y del derecho procesal civil para equilibrar las fuerzas de empleadores y trabajadores. Eran un brazo de la autonomía científica del Derecho del Trabajo, y de la Autonomía Colectiva que se traduce en pactos que mejoran las condiciones de trabajo.

Muchos laboralistas europeos exiliados o emigrados (DEVEALI, KROTOSCHIN, KATZ[12], CABANELLAS) y los nuestros (desde Alfredo PALACIOS y Alejandro UNSAIN, a Eduardo STAFORINI) se dieron a la tarea de construir el Derecho del Trabajo[13], como una herramienta al servicio de la justicia social y de la paz.

Se trataba de crear un derecho tutelar, donde los asalariados eran personas de preferente tutela, para decirlo con palabras contemporáneas.

Aquel prematuro énfasis en la vigencia efectiva de la Constitución y las Leyes coincide, de alguna manera, con los más modernos desarrollos de la ciencia jurídica de los que FERRAJOLI es su más preclaro exponente.

Este trascendental y democratizador paso del Estado legal de derecho al Estado Constitucional de Derecho reclama cambios que -hasta hoy- no se avizoran en ninguno de los tres poderes provinciales que actúan en del Norte Argentino.

Pero saltemos etapas y acerquémonos a la contemporaneidad.

Tenemos hoy dos acontecimientos centrales con impacto directo en la Justicia del Trabajo, en el Derecho del Trabajo y en las relaciones laborales.

El primero es la reforma constitucional de 1994, fruto del llamado Pacto de Olivos que suscribieron Raúl ALFONSÍN y Carlos MENEM. Y que elevó al rango constitucional los más importantes Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos Fundamentales.

El segundo, es el giro estratégico dado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al instalar en el mundo el concepto de trabajo decente que, de varias de las maneras puede leerse como una reformulación de nuestro artículo 14 bis.

Tres son los Documentos que expresan este giro (y que deberían ser de obligada lectura en el fuero salteño del trabajo): 1) Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998)[14]; 2) Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (2008)[15], y Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (2019).

En Salta el Poder que Frena, cabalga de nuevo

Estos dos cambios gigantescos no terminan de llegar a Salta. O llegan en cuentagotas.

Salvo honrosas excepciones (que las hay) o momentos de lúcida sensibilidad (que también), los tres poderes del Estado con competencias en asuntos del trabajo, prefieren soluciones que contradicen o ignoran aquellos cambios.

Prefieren soslayar el artículo 14 bis (aprobado en 1957) argumentando el presunto carácter programático (o sea, ineficaz) de la garantía de condiciones dignas y equitativas de labor.

Prefieren ignorar la reforma de 1994; sobre todo, hiere su “patriotismo jurídico” el nuevo rango que tienen los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos Fundamentales.

Prefieren, en la misma línea, ignorar sus responsabilidades para la consecución de altos estándares de trabajo decente.

Pienso que toda la Justicia de Salta esta urgida de una transformación con eje en la independencia de los jueces y en la prestación de un servicio justo, eficaz y oportuno.

Por supuesto que estas necesidades existen también en el área especializada de la Justicia del Trabajo de Salta, donde amplios espacios están colonizados -por decirlo de alguna manera- por las teorías y principios propios del derecho civil y del derecho procesal civil. Experimentamos, en este punto, un claro retroceso respecto de las premisas que llevaron a construir el fuero del trabajo.

Por otra parte, no termino de entender los motivos por los cuales la Legislatura local no abordó, tras estos casi 40 años de democracia, la revisión de leyes fundamentales como el Código Procesal del Trabajo (que, entre otros anacronismos, no prevé el tratamiento de los conflictos colectivos de trabajo) o la Ley que regula el trabajo en las municipalidades.

Sin olvidar la supervivencia de una norma terrible, como es la Ley Orgánica del Poder Judicial[16] cuyo artículo 40 atenta contra la independencia de los jueces del trabajo convirtiéndolos en meros repetidores de los precedentes más reaccionarios dictados por la Corte de Justicia de Salta.

Pero hay algo más que causa mucho daño a los trabajadores, a los abogados, a los estudiosos y a los propios jueces del trabajo. Me refiero a las precarias estadísticas que lleva la Corte de Justicia desdeñando todos los aportes de las nuevas tecnologías.

La información es harto incompleta. Además, muchos datos (por ejemplo: La cantidad de asuntos del trabajo ingresados por año) que presenta la Corte son negados por los jueces. Una situación que impide conocer los detalles de la litigiosidad y los alcances precisos de la mora judicial.

Veamos un par de datos:

Los primeros tienen que ver con la cantidad de asuntos ingresados y sentenciados, en el Distrito Judicial del Centro.

FUERO DEL TRABAJO  DISTRITO CENTRO
Año	Ingresadas	Sentencias
2003	2.260	785
2004	1.891	1.384
2005	2.052	1.152
2006	2.005	1.220
2007	2.337	1.176
2008	1.896	1.223
2009	2.152	1.054
2010	2.485	866
2011	1.896	1.216
2012	2.133	1.097
2013	2.128
2014	2.516
2015
2016	2.195	774
2017	2.373	814
2018	2.316	845
2019
2020

 

Los segundo provienen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y corresponden a los primeros trimestres de cada año.

Superintendencia Riesgos del Trabajo
Año	Cantidad de  siniestros	Demandas Iniciadas	Sentencias Dictadas
2015	3.677	16	5
2016	3.189	22	2
2017	3.515	26	1
2018	2.961	23	2
2019	3.003	9	1
2020	2.739	9	0

Me atrevo a afirmar que la excesiva lentitud de la justicia, las resistencias de algunos magistrados a proveer medidas cautelares, su apego al formalismo civilista, sumados a la amenaza que constituye la condena en costas o la marea del trabajo en negro, hacen que el número de trabajadores que concurren a los estrados judiciales sea bajísimo.

Muchas oficinas de la Justicia del Trabajo y, como no, de la propia Corte de Justicia, desconocen -inaplican- los Tratados Internacionales o piensan que siguen siendo catálogos de buenas intenciones, y no normas inmediatamente operativas.

De allí cierta jurisprudencia local que tolera ataques a la libertad sindical, al derecho a negociar colectivamente y al derecho de huelga, los tres pilares del Derecho Colectivo del Trabajo.

De allí que ciertos estrados convaliden decisiones del Intendente de Chicoana que obliga a sus obreros contratos con salarios bajísimos a que aporten a la caja de su partido político.

La inacción frente a modalidades de fraude laboral (cubrir puestos de trabajo estables con contratos temporales), dar prioridad al “exorbitante” derecho administrativo, tolerar que Empresas de Servicios Eventuales burlen leyes, mirar para otro lado cuando las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo incumplen sus obligaciones de prevención y capacitación o cuando las empresas desconocen la Ley de Jornada (11.544) sancionada en 1929, son deficiencias que afean el desempeño de los tres poderes del Estado salteño.  

En muchos casos, demasiados, las resoluciones judiciales son más receptivas a las citas del Código de Hammurabi (1750 A.C.) que a las alegaciones fundadas en normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

Circula, en determinados ambientes, la idea de que la producción en Salta solo es posible (competitiva) con la actual espeluznante combinación de bajos salarios, trabajo en negro, y tolerancia a todas las modalidades de fraude laboral.

Pienso que ya va siendo hora de impugnar y desechar esta mentalidad que nos condena al subdesarrollo.

Qué podemos hacer

La primera responsabilidad de la ciudadanía salteña es promover un debate amplio y abierto. Sacar al tema de la justicia del trabajo (y de la Justicia en general) de los cenáculos del “Poder que Frena” (sigo citando al Apóstol San Pablo).

Esta Jornada, a mi entender, es un paso en la buena dirección.

Y deberíamos conseguir, más pronto que tarde, derogar el cepo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que obliga a los ilustrados jueces del trabajo de primera y segunda instancia a seguir sin rechistar la jurisprudencia reaccionaria de la Corte.

Una medida urgente y de relativamente fácil concreción, es definir un Plan Estadístico. Otra, abrir las puertas de la Escuela de la Magistratura a expertos de todas las corrientes de opinión y de todas las procedencias nacionales e ideológicas. Es decir, jerarquizar la Escuela eliminando la endogamia, el facilismo, el pensamiento único y la poca vocación por las críticas y las novedades. Necesitamos jueces y juristas que sientan el contenido esencial -la musicalidad diría KATZ- del Derecho del Trabajo[17]. 

Antes de terminar quisiera llamar la atención sobre la negligencia de la Corte de Salta a la hora de constituir un cuerpo médico forense especializado en la Ley de Riesgos de Trabajo. La falta de peritos idóneos priva a los trabajadores de su derecho a recurrir ante la Justicia las resoluciones de la Comisión Médica Jurisdiccional.

Creo que este pantallazo puede ayudar a comprender qué está sucediendo y qué podemos hacer para mejorar la Justicia del Trabajo.

Muchas gracias.

                                                                                                                                      Salta, 6 de abril de 2020.

*Abogado Laboralista