El Conurbano bonaerense profundo es un mundo incógnito para el resto de la sociedad del AMBA que ha empezado a exhibir las consecuencias de problemas históricos irresueltos desde hace décadas. La crisis policial constituye un buen ejemplo de este estallido de componentes heterogéneos como lo prueba que, además de la causas fundadas y legítimas de las protestas, estas hayan  detonado significativamente en distritos de alcaldes enfrentados con el ministro de seguridad provincial y distanciados a su vez,  del desconcertado gobernador provincial; piezas claves de la superestructura política sobre la que descansa el cuarto kirchnerismo. No es fortuito que la revuelta haya detonado a solo setenta y dos horas del lanzamiento de un rimbombante plan de seguridad mentado por el alcalde de Avellaneda que fue interpretada por los cuadros intermedios y la tropa como una verdadera provocación.

La crisis evoca además un corte horizontal profundo entre jefaturas ricas y venales y los oficiales de menos rango, hartos del espectáculo  obsceno del enriquecimiento de sus superiores que no pueden justificar las declaraciones juradas de sus bienes; y que egresan y reingresan de la institución según el gobierno de turno de los que componen sus clientelas. De una u otra manera, su rebelión por sus magras remuneraciones  frente a las de una elite política que no ha dado ni un solo gesto simbólico de solidaridad con sus sufrientes ciudadanos, los asocian  al resto de las clases medias a las que pertenecen. En ese sentido, esta movilización bien podría ser la punta de un iceberg de la versión local de un fenómeno a escala planetaria: el hartazgo de esos sectores frente a oligarquías prebendarías y de ribetes dinásticos cada vez más disociadas de las sociedades que gobiernan. Es solo comparar el ingreso de un ministro, legislador o tan luego de un asesor, respecto de aquellos que cotidianamente se ubican en la primera línea de trinchera en contra del crimen organizado en este caso y  del Covid 19,  en el de los profesionales de la sanidad.

Sin embargo, otros distintos escenarios de las protestas como el de Puente 12 recuerdan por analogía a las de las organizaciones piqueteras. No es fortuito. “La Bonaerense” es tal vez el ejemplo emblemático del cementerio de proyectos fallidos de un país cuya clase dirigente ha perdido la brújula desde hace décadas. Uno tras otros los gobiernos han tratado de erradicar -o de controlar, a veces a su favor- a las mafias enquistadas en su interior heredadas  mayormente de la militarización de la fuerza durante la última dictadura militar, inspirados por concepciones ideológicas a priori del conocimiento de la institución. Error de percepción que los conduce a soluciones descabelladas como la reforma de 2013.

Ni bien la inseguridad se radicalizo desde principios de los años 10 a raíz de un estancamiento largo que ya lleva diez años, el gobernador Daniel Scioli incorporo ese año a cincuenta mil nuevos efectivos. Ingresaron  a las disparadas adolescentes con escasa preparación, reclutados en su mayoría en las barriadas humildes del conurbano. Hemos ahí entonces la clave de esa otra particularidad sociocultural de la protesta. Chicos y chicas agobiados en sus propias vecindades con la denominación de “gatos”, “gorras” o “cobanis” por sus vecinos y parientes, algunos vinculados a actividades delictivas. A la ruptura de la cadena de mandos se le suma la sobrecarga laboral frente a las implicancias de la “soltada” de inspiración ideológica, de casi cuatro mil detenidos, a raíz de la pandemia  que en muchos casos, han recompuesto nuevas bandas convirtiendo a sus barrios en ciudadelas  impenetrables para cuyo control no cuentan con poder de fuego competitivo.

Hemos ahí, la versión institucional de otro fenómeno que se extiende en ese territorio incógnito por la grieta sociocultural: el suboficial femenino, muchas que han debido solicitar licencias médicas y asistencia psicológica ante la insuficiencia de pertrechos y las prolongadas distancias entre sus destinos y sus hogares. Por último, la nueva ola de ocupaciones masivas de tierras frente a las que poco pueden hacer pese a las demandas de los vecinos destituidos de sus propiedades y que los terminan asociando arbitrariamente con los intrusos. El caso del desalojo de un asentamiento en Melchor Romero en el que quedaron a merced  de una lluvia de piedras e insultos cruzados debido a la insuficiencia de combustible de los móviles que debían acudir en su apoyo. La interdicción de dotarse de una organización sindical por parte de la Corte Suprema de Justicia obturó negociaciones por canales más racionales e institucionalizados. Así lo denota una revuelta sin liderazgos precisos; o más bien con muchos, pero atomizados en grupos aglutinados por el clima de descontento motivado por la sensación de abandono. Una radiografía análoga a las de sus barriadas pobres de referentes ascendidos y ausentistas; o desdibujados por capos que controlan jurisdicciones minimalistas sobre la base de un culto, una familia extensa, una nacionalidad o una barrabrava, en un mar de infinitas opciones cuyos miembros se hallan fluidamente interconectados por whappsap.

Pero volviendo a los contenidos de las protestas y a sus resonancias políticas. La crisis de conducción arranca  de un ministerio cuyo jefe pretende utilizar su rango para emprender una carrera política pletórica de marketing, exhibiendo estrambóticamente sus múltiples talentos y su osadía en línea con los neopopulismos nacionalistas y filocastrenses en boga. Pero que paradojalmente se reporta ante la vicepresidente Cristina Kirchner, ignorando en los hechos tanto a su alfil político en la provincia, el desconcertado gobernador Kicilof, como a intendentes que también sueñan con cursus honorum cuasi imperiales. Muchos observadores que conocen el conurbano suponen, como se señalara en líneas anteriores, en que esta tierra fértil para diversos estallidos fue sutilmente cultivada por los citados alcaldes  intendentes de la tercera sección electoral resentidos por la reforma lanzada por el ministro Sergio Berni.

 Este les confirió el premio consuelo  de un lugar destacado en el nombramiento de  las jefaturas de la nuevas estaciones jurisdiccionales; aunque desplazándolos  del control de “la calle” y de sus actividades de jugosos ingresos como el fútbol, paralizado por la cuarentena, asociados con las barrabravas en la recaudación de los estacionamientos, puestos de comidas al paso y hasta acciones delictivas e éxito “garantizado”. Además de otros negocios clandestinos como la prostitución, los abortos clandestinos practicados por médicos o enfermeras obstétricas, las ferias de productos ilegales, los desarmaderos de autos y motos robadas , el juego clandestino y hasta las actividades gastronómicas con sus  “aportes voluntarios”  como garantía de seguridad y de comida gratis. En síntesis, la versión institucional en una repartición crucial de la desagregación de un  Estado decadente, precipitada por un gobierno que más que una coalición de fuerzas  panperonistas, es un reparto inorgánico de dependencias  que recuerdan a las antiguas  monarquías absolutas del siglo XVII. Máxime, en la cúspide del distrito  en cuyo conurbano se concentra la superestructura  del poder político real pero de bases heteróclitas en las que conviven en tensión  el gobernador, su ministro de seguridad, los intendentes del GBA, y los movimientos sociales.

Probablemente la crisis llegará a su fin más temprano que tarde pero dejando una secuela de inestabilidad  que inspirará a otras rebeliones frente a las cuales la actitud policial constituye una incógnita. Así lo evocan episodios análogos como  el alzamiento carapintadas de 1987, los saqueos por la hiperinflación de 1989 o por  la crisis de 2001-2002, el interminable conflicto con el campo de 2008 sólo remitiéndonos a nuestro pasado reciente. Conflictos, demás esta decirlo, que en un país sin rumbo siempre aparecen a la vuelta de la esquina, particularmente en las sucesivas situaciones límites como la de los días que corren.

*Historiador, miembro del Club Político Argentino