Nos aprestamos a vivir cambios relevantes en el ámbito político-institucional provincial. Cambios que, de varias maneras, incidirán en nuestras vidas y en nuestros horizontes de futuro.

La campaña electoral se cerró -lamentablemente- sin que los candidatos mostraran propuestas, y sin que los ciudadanos pudiésemos exigir definiciones y compromisos.

No obstante, consumado el fin del largo ciclo anterior, parece llegado el momento para que las inminentes nuevas autoridades nos expliquen cómo ven el duro presente y nos ilustren con sus ideas y proyectos.

A la espera de que esto comience a suceder, me parece útil mostrar aquí datos -algunos poco conocidos- circunscriptos a la situación en Salta del empleo y de las condiciones de trabajo.

Queda para otra oportunidad el análisis de factores con alto impacto sobre el empleo y el bienestar: Inserción de Salta en el mundo; Federalismo y Regionalización; Productividad, Logística e Infraestructuras; y Lucha contra la pobreza.

DATOS PARA UN DIAGNÓSTICO

En el terreno del que nos ocupa, el nuevo Gobernador de Salta se encontrará con un panorama ciertamente desolador:

1. Alto desempleo: mayúsculo cuando se suman desempleo encuestado (12,7% en el 2° Trimestre de 2019, que aumenta entre jóvenes y mujeres), subocupación demandante (8,7%) y desempleo oculto. En Salta, según datos oficiales hay -sólo en las zonas encuestadas por el INDEC, que cubren a menos de la mitad de nuestra población- más de 150.000 personas sin un empleo remunerado suficiente, y 27.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Cifras descomunales.
2. Récord de Trabajo no registrado: que alcanza -en el sector privado- al 51,4% y al 85% en casas particulares.
3. Relación empleo privado/empleo público: Con datos SIPA de agosto de 2019, Salta tiene sólo 115.000 asalariados registrados en el sector privado, y 100.600 empleados públicos, cifras que caricaturizan nuestro subdesarrollo.
4. Desigualdades abrumadoras: La desigualdad social y entre trabajadores es enorme, sin que se agote en la diferencia de ingresos (que trepa a niveles extravagantes en algunos sectores del Estado, como es el caso del Poder Judicial) o de prestaciones sociales, ni en la condición laboral de registrado o no registrado.

Comprende, por ejemplo, la desigualdad de derechos entre trabajadores de empresas privadas y trabajadores públicos, sobre todo los municipales condenados a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Según la Secretaria de Trabajo de la Nación (“Informe de diagnóstico laboral – Provincia de Salta, Agosto de 2019”), la brecha salarial entre hombres y mujeres en Salta es del 18,3% (hay fuentes que constatan diferencias aún mayores). A su vez, la remuneración real promedio de los asalariados privados de Salta fue, durante 2017, de $19.863, un 24% por debajo del promedio nacional ($26.233).

Quisiera añadir -luego de recordar que el sector agropecuario es el principal empleador salteño, con 25.000 puesto de trabajo-, que la desigualdad se verifica también en este ámbito en donde es de lamentar la irrelevancia de Salta y sus actores sociales en el seno de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.  

En nuestra provincia la desigualdad es también territorial, como lo muestra el citado Informe de la Secretaria de Trabajo que, tras identificar cuatro áreas económicas locales (AEL), enuncia su evolución en términos de empleo en el período 2016 y 2017. La fuente constata leves mejoras (que han quedado atrás en los dos años subsiguientes) en el área Oran y Capital, y señala que “las AEL de Metán y Tartagal-Mosconi presentaron caídas del empleo registrado. En el caso de Metán, la caída (-8,3%) se asoció al sector agropecuario, mientras que Tartagal-Mosconi (-11,3%) a una caída en sectores de servicios”.

5. Asalariados pobres: A medida que avanzan la inflación y la ineficacia de la negociación colectiva centralizada, aumenta la cantidad de trabajadores cuyas remuneraciones no alcanzan a sacarlos de la pobreza. En paralelo, se deterioran las condiciones de seguridad y salud laborales, con la tolerancia de la oficina provincial que debe controlar, asesorar y sancionar, y ante la negligencia de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.  
6. Insoportable morosidad en la justicia del trabajo: Más allá de la precariedad estadística, es notoria la mora judicial en el despacho diario, en la fijación de audiencias y en el dictado de sentencias.
7. Ineficacia de la Administración del trabajo: que se pone de manifiesto con sólo apuntar que el Gobierno local fue incapaz de aprovechar los programas nacionales de empleo y capacitación. En efecto, de los 27 programas vigentes, solo 3 se aplicaron en nuestra provincia.
8. Estadísticas rudimentarias: Los servicios administrativos tanto del Poder Judicial como de la Secretaria de Trabajo recogen muy poco datos relevantes para conocer aspectos de la litigiosidad y de los reclamos administrativos y su suerte. En algún caso, puede decirse que las estadísticas eran mejores en tiempos del Gobernador Avelino Aráoz (1933).    
9. Sindicatos débiles: El escaso peso de los sindicatos locales agrava la situación del empleo y las condiciones de trabajo. Esta debilidad puede ejemplificarse señalando que, según datos oficiales de 2017, en el ámbito privado se registraron sólo tres huelgas con mil huelguistas, o recordando la ínfima cantidad de convenios colectivos firmados por sindicatos salteños, fruto -a su vez- del modelo sindical y patronal unitario.

ALGUNAS CAUSAS

Este escenario es, a mi modo de ver, el resultado de decisiones y omisiones políticas adoptadas por el Gobernador felizmente saliente.

La apuesta del señor Urtubey por un modelo económico basado en la extracción primaria de riquezas naturales, en una visión vallelermista, en el trabajo indecente, en el abandono a cualquier incentivo estatal a la productividad, en impuestos depredadores, en la negligencia administrativa, y en el acatamiento reverente a las decisiones de los vértices (gubernamental, parlamentarios, sindicales, patronales) que mandan desde Buenos Aires, no podía producir otro resultado.

CAMBIOS IMPRESCINDIBLES

Los datos anteriores certifican la magnitud de los problemas que ocuparán la atención del  nuevo equipo gobernante que, en sus primeros 100 días, ha de mostrar que conoce tales problemas y cuenta con las ideas y equipos necesarios. En breves días el señor Sáenz tendría que explicar cómo logrará que la Salta de 2023 sea más justa y productiva que la de 2019.

Pronto sabremos si el flamante Gobernador tiene las ideas, la voluntad y la capacidad para dejar atrás el pastiche económico que pergeñó su antecesor, o si sucumbe a las rutinas y cede a los embates de la coalición de intereses del statu quo.

Amargos han sido los frutos del anterior esquema económico basado en el trabajo indecente, baja productividad, impuestos depredadores, y en el sometimiento a los vértices de Buenos Aires. Señalo tres de estos frutos: En la década anterior nuestra producción de petróleo y gas cayó un 70% (BCRA); la de biocombustibles sufrió las consecuencias de malas políticas y de la irrelevancia de Salta en la escena nacional; la crisis del Ingenio San Isidro, del tabaco, la leche o del cuero han sido y son mal atendidas.   

Existe consenso en el sentido de que la creación de empleo decente, la lucha contra la pobreza y las desigualdades dependen, en buena medida, de la evolución del contexto económico (que es local pero también global), así como de determinadas intervenciones del Estado tanto en la economía como en las relaciones laborales y ambientales y en la asistencia social.

Para contribuir al debate, esbozo algunas acciones sociolaborales prioritarias:

a) Bajar la presión tributaria: Aprovechando las previsiones de la Ley 27.430/17 para restaurar las escalas regionalmente diferenciadas en materia de cargas sociales.

En esta misma línea, se impone rebajar el Impuesto a las Actividades Económicas (IAE) en función de la creación de empleo registrado y de las dimensiones de la empresa.

b) Enlace con la Nación: Falta una Unidad de enlace con el Ministerio de Trabajo de la Nación que abogue por nuestras necesidades en materia de empleo y capacitación. Una Unidad que, dejando atrás un tiempo de negligencias, logre que Salta aproveche los programas que define y financia la Nación.

c) Reformar normas provinciales: En el ámbito institucional, una de las prioridades es, a mi modo de ver, la adecuación de las normas provinciales a los Tratados Internacionales y a la reforma constitucional de 1994. Hay demasiadas reglas predemocráticas y vetustas.

El Código Procesal Laboral, por ejemplo, ignora los avances registrados en las provincias más desarrolladas. Necesitamos cambiarlo en procura de una justicia justa, rápida y ceñida a los principios del derecho del trabajo, que abandone la deriva civilista que enamora a jueces y daña a los trabajadores. Esta reforma tendría que ser acompañado por nuevos programas de formación de magistrados y abogados.

Sin ánimo de agotar la agenda legislativa para una Salta más equitativa y moderna, señalo la necesidad de revisar la pomposa y tardía Ley 8.086/18 de “promoción y estabilidad fiscal para la generación de empleo”, incluida su extravagante adhesión a la Ley de Riesgos del Trabajo, así como la de reformar el régimen del empleo púbico municipal.

d) Trabajo agrario: Sería prudente asegurar el protagonismo de los actores sociales salteños en las Comisiones tripartitas de trabajo rural, teniendo en cuenta que el sector es nuestro principal empleador con cerca de 25.000 trabajadores.

e) Consejo Asesor de Empleo y Condiciones de Trabajo. Para terminar con la improvisación, Salta precisa abrir un ámbito de participación ad honorem de actores sociales, expertos y universidades. Que mire al mundo, a la región y hacia nuestro interior a la hora de estudiar y aconsejar políticas de empleo y registración.

f) Reponer el Ministerio de Trabajo de la Provincia: La Autoridad Administrativa, rencontrándose con su mejor pasado, debería dejar de ser la garante del trabajo indecente. Para lo cual hace falta reestructurar sus agencias de relaciones colectivas y de inspección; reconstruir la demolida Oficina de Medicina Legal, Higiene, Seguridad y Sanidad del Trabajo; y transformar la Oficina de Estadísticas para que asuma la materia informática, facilite la digitalización de documentos y tramites, y apoye la liquidación de sueldos y salarios en las pequeñas y microempresas.

g) Reducir la mora judicial: A través de un plan de choque que obligue a los jueces a cumplir los plazos procesales, trace un calendario y provea los recursos para poner al día a los juzgados del trabajo de la provincia. 

POR LA REGISTRACIÓN DEL EMPLEO

Actuar contra el trabajo en negro es una prioridad. Que bien podría atenderse creando una Agencia para apoyar a las pequeñas y microempresas que, como se sabe, suman el 85% de nuestras unidades productivas. Sería éste el proyecto de mayor envergadura para incentivar el empleo y la registración de relaciones de trabajo.

La idea es que los trabajadores no registrados y los desocupados que encuentren empleo tengan cobertura de salud y de riesgos del trabajo financiada por la provincia, a través de una Obra Social y de una ART a seleccionar.  

De esta manera los trabajadores quedarían automáticamente registrados, con sólo depositar copia del contrato en la oficina correspondiente. En este marco, la provincia brindaría salud y seguro de accidentes a los beneficiarios, y se haría cargo de los aportes y contribuciones sólo de los desocupados con especiales dificultades para encontrar un trabajo.

OTRAS REFORMAS ESTRUCTURALES Y MENTALES

Por supuesto, siempre desde mi punto de vista, él éxito de estas iniciativas en borrador reclama una estrategia federalista y regional que cambie los modos como Salta se relaciona con la Nación en lo económico, impositivo y sociolaboral.

Es bueno recordar aquí que no habrá una Salta razonablemente equitativa sin instituciones republicanas, eficaces y transparentes; sin gobernantes con mentes abiertas.

Tampoco la habrá si las nuevas autoridades conservan el pastiche económico que heredan y no se atreven a fijar las reglas y los incentivos para que las riquezas salteñas (los vectores de desarrollo de los que habla Fernando de San Román) se aprovechen de modo social y ambientalmente sustentable. Con trabajo indecente o con depredación ambiental no hay ingreso al comercio internacional ni a las inversiones productivas de fuente extranjera.

Salta, 23 de noviembre de 2019.

* Abogado laboralista