La historia, para algunos, habla de hechos lejanos y de escaso interés frente a las urgencias del presente. Para otros, el pasado y sus protagonistas son actores de lo contemporáneo[1]. Están también quienes manipulan el pasado construyendo “relatos” geométricos al servicio de banderías y dogmas.

Sin embargo, más allá de estas manipulaciones (torpes o ingeniosas), conocer la historia resulta imprescindible para entender muchos de nuestros problemas actuales, muchas de las querellas que nos condenan a la esterilidad.

Así, por ejemplo, estudiar el gobierno y el pensamiento de Joaquín Castellanos (1919/1921), la trayectoria del primer peronismo (1944/1955), sobre todo la gestión de Carlos Xamena, o los posicionamientos de las principales fuerzas políticas salteñas alrededor del binomio unitarismo/federalismo, resultan de sumo interés para entender el desalentador panorama institucional de la Salta del siglo XXI.

Por eso celebro la reciente creación del Instituto de Investigaciones Históricas General Manuel Belgrano en el ámbito de la Universidad Católica de Salta. Una buena noticia en tanto amplía los ámbitos dedicados al análisis de los acontecimientos históricos.

Pasado y Presente

Se han cumplido, recientemente, 200 años desde que fuera sancionada la Constitución Argentina de 1819. Existen por supuesto, escasas similitudes entre aquella naciente nación y nuestra contemporaneidad.

De entre estos pocos puntos de contacto destaco dos: Entonces como ahora, los argentinos vivimos un “estado de angustia colectiva” (LEVENE[2]). Entonces como ahora carecemos de los consensos fundamentales que vertebran a las naciones más avanzadas.

Nuestra historia registra muy pocos acuerdos explícitos alrededor de los fundamentos de la vida en común. Rescataría, no obstante, el “compromiso” (ciertamente parcial) que dio origen a la vigente Constitución de 1853, y el consenso que alumbró la trascendental reforma constitucional de 1994.

Pero notoriamente son más las discordias que las coincidencias. Por ejemplo, el desacuerdo de comienzos de los años de 1970 entre Perón y Lanusse y, en la década siguiente, el fallido consenso convocado por Alfonsín y rechazado por el peronismo (encabezado por su brazo sindical). Sin olvidar dos intentos superadores -pero igualmente infecundos-: El “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional” (Perón – 1974), y el “Programa de Parque Norte” (Alfonsín – 1985).

La Argentina de 1819  

Hace 200 años mentes lúcidas de la Argentina denunciaban los abusos del poder ilimitado; de poderes que no reconocían una Constitución superior en condiciones de garantizar derechos e instaurar una república moderna[3].

Estos abusos eran más intensos y notorios en el “país federal” (integrado entonces por 14 provincias); sus excesos no sólo afectaban a nuestras sociedades divididas en clases, sino al interior postergado por el puerto.

La Constitución de 1819 fue el producto no del consenso entre las distintas expresiones políticas de entonces sino de la imposición del grupo conservador unitario y monárquico sobre el país republicano y federal[4].

Una imposición que condujo a nuestros antepasados a batallar con las armas en las manos (PAVON); luego, a un acuerdo parcial (Pacto del Pilar); y finalmente al desorden y al autoritarismo (ROSAS). Tuvieron que pasar 34 años hasta lograr un primer Gran Consenso Constitucional (1853) que, como se sabe, dejó afuera a los partidarios del régimen inmediatamente anterior.  

La dialéctica amigo/enemigo

La nación Argentina sobrevive hoy inmersa en innumerables e irresueltos conflictos sectoriales y corporativos. Mas que por una “grieta”, los argentinos estamos abrumados por centenares de “patrias”[5] que pugnan por imponerse a otras “patrias” antagónicas. Estas tensiones y enfrentamientos cotidianos generan lo que O’DONNELL llama “empate hegemónico” y que equivale a la derrota de los intereses generales de los argentinos.

En realidad, la propia Constitución Nacional, los valores que ella recoge y los derechos fundamentales de fuente internacional que incorpora son hoy un campo de batalla que enfrenta a quienes los defendemos con quienes, siguiendo el ejemplo de la Alemania de Weimar, se proponen romperla, para, entre otros objetivos, domesticar al poder judicial y construir una patria mayoritaria y excluyente; o sea, aquello que Carl SCHMITT denominaba Dictadura Soberana[6].

Añado que las pujas corporativas han desnaturalizado muchas instituciones de la Constitución, condenándonos a vivir retorcidas ficciones: Un país unitario en un marco federal. Provincias donde el poder -todo el poder- reside en el gobernador de turno. Proclamas de “Gobierno Abierto” para encubrir falta de transparencia. Auditores que no auditan. Jueces que consultan al poder antes de dictar sentencia.   

Vivimos hoy, sobre todo en nuestro Norte pobre y atrasado, las inclemencias de los así llamados “poderes salvajes” (FERRAJOLI) que han domesticado a los Tribunales Superiores de Justicia. Y, de cuando en cuando, sobrevuelan nuestra Nación amenazas de refundación i-liberal y antirrepublicana.

Arrastramos problemas irresueltos, en el orden institucional, económico y social. Sufrimos marchas y contramarchas que nos enfrentan y empobrecen. En Salta la decadencia viene acompañada de altos índices de indigencia, pobreza y trabajo indecente. Altos índices de violencias, de desprecio a las minorías, de ignorancia acerca de la sexualidad, de depredación ambiental y urbanística.

La Patria: Un viejo desafío que tenemos por delante

El desafío de todas las generaciones presentes es construir la patria de todos los argentinos. Una patria libre y justa que nos sitúe en el mundo desarrollado. El objetivo es llevar a la vida cotidiana el programa constitucional de progreso y bienestar[7].

Para caminar en esta dirección precisamos constructores de consensos (al estilo de los armadores de los Pactos de la Moncloa), héroes de la retirada (ENZENSBERGER, 1997), y dirigentes preparados y honestos. Precisamos, sobre todo, diálogo y cordialidad; o sea proscribir odios y listas negras. Pero estas especialidades y talantes escasean entre nosotros.

Hace falta, en el caso concreto de Salta, nuevos compromisos en pro de la república federal, de la igualdad del voto, de la transparencia, de la igualdad de géneros, y de la integración social y territorial. Es por esto que la regeneración de la justicia y la vigilancia de la calidad institucional para extirpar los vicios antirrepublicanos, son metas imperiosas.

Se trata, hoy como ayer y sobre todo en Salta, de “no renunciar a la felicidad; de luchar contra todo aquello que genera nuestra ruina y alimenta un sistema de oprobio fundado sobre la resignación cívica, sabiendo que una larga servidumbre alienta resignación y bajeza” (Manifiesto del Congreso de 1819).

                                                                                                    Salta, 27 de mayo de 2019

* Ex Fiscal de Estado de Salta (1973)