SALTA: ¿REFORMA O MAQUILLAJE CONSTITUCIONAL? – RUPTURA O CONTINUIDAD DE UN REGIMEN DECADENTE por José Armando Caro Figueroa*
| 17 julio, 2018
Miembros del FOCIS[1]
“Una ideología (o un régimen) mantiene en esclavitud a un pueblo cuando este es colectivamente incapaz de imaginar alternativas” (T. JUDT)[2]
“La humanidad puede progresar en términos intelectuales y morales. No necesita resignarse a las miserias e irracionalidades del presente, ni tratar de retrasar el reloj hasta una edad dorada perdida” (S. PINKER)[3]
1.- Introducción
En Salta el subdesarrollo, la pobreza, el déficit sanitario, las carencias educacionales, las violencias, así como la depredación ambiental y urbanística, la destrucción de los partidos políticos y el vaciamiento de la política, están íntimamente vinculados con el funcionamiento de un régimen que controla todos los resortes del poder.
Quienes promovemos una Salta republicana, que genere condiciones de igualdad, que elimine discriminaciones, privilegios y abusos del poder, que eleve nuestros estándares de bienestar, educación y cultura, tenemos un gran desafío: Construir las condiciones democráticas para abatir y reemplazar aquel régimen que mediatiza las instituciones poniéndolas al servicio de los intereses individuales o de tribu.
Se equivocan quienes presentan como inexorable a este destino de decadencia. Soy de los que piensan que la democracia republicana, constitucional y cosmopolita es posible (aunque difícil) en Salta, como lo es la construcción de un futuro colectivo mejor.
2.- Un régimen basado en la concentración del poder
Pero permítanme detenerme un momento para caracterizar con más detalle al régimen que nos gobierna desde hace décadas.
La concentración de los poderes del Estado en una sola mano (la mano de quién -en cada momento de nuestra reciente historia- detenta el cargo de gobernador de la Provincia), es el sesgo más notorio, chocante y antidemocrático. Con el agravante de que esta concentración permite avanzar hacia el control de actividades sociales, sindicales y productivas privadas.
Esta concentración de poderes no es sólo el resultado de una extrema vocación hegemónica del gobernador de turno: Es el fruto de diseños institucionales nacidos hace más de cien años y que los sectores republicanos salteños no lograron hasta aquí modificar ni siquiera reformular.
Me refiero, concretamente, al régimen electoral que “construye” híper mayorías quebrando el principio de igualdad del voto. La utilización del Departamento como circunscripción electoral traba, por ejemplo, la presencia de la mujer en el Senado y veda el acceso de minorías representativas en ambas Cámaras de nuestra Legislatura.
La concentración de poderes se ve favorecida también por un régimen municipal construido sobre municipios sin autonomía, económica y funcionalmente débiles (salvo el caso de la ciudad Capital), y cuyos Intendentes, cuando son electos en listas opositoras a la mayoría provincial, pronto sucumben ante discretos embates del gobernador de turno. En los hechos, Salta retornó al régimen anterior a la reforma de 1986 cuando los Intendentes eran designados a dedo por el jefe del Poder Ejecutivo.
La forma de selección de los jueces de la Corte, la duración de sus mandatos y la acumulación de poderes en los vértices del Poder Judicial y del Ministerio Público, la falta de transparencia en su accionar presupuestario, en la gestión del personal y en materia de auditorías internas, son funcionales al régimen en tanto y en cuanto hacen posible o facilitan la politización de la justicia, así como la influencia del Gobernador en determinadas áreas de la justicia.
La Corte de Justicia de Salta dispone de poderes de superintendencia, presupuestarios, administrativos y de carrera que limitan extremadamente la independencia interna de los magistrados inferiores.
La decisiva presencia de la Corte en ámbitos tales como el Tribunal Electoral, el Consejo de la Magistratura, la Escuela de la Magistratura conducen a concentrar poderes -jurisdiccionales y no jurisdiccionales- en los jueces de la Corte (de manera especial en su presidente).
3.- Factores políticos y culturales que consolidan al régimen
Pero la concentración de poderes no es el único factor constitutivo del régimen. La politización, la ineficacia, la vetustez jurídico-intelectual de la justicia y la utilización de los estrados para dirimir contiendas entre políticos en auge y políticos en declive son otros tantos componentes del régimen a reemplazar por una renovada democracia constitucional.
Hay además otros cinco factores -de naturaleza político y cultural- que, sin agotar mi caracterización, merecen destacarse aquí:
a) La destrucción de los partidos políticos y el vaciamiento de la política que resultó reemplazada por el juego de personalismos, intereses, operaciones de marketing e imposturas. Ambos fenómenos erosionaron el pensamiento libre y crítico en beneficio del empobrecido pensamiento cautivo (MILOSZ[4]) del poder.
b) La eliminación del principio del mérito como condición de progreso, de acceso a las oportunidades, de ingreso al empleo público en los tres poderes del Estado, y su reemplazo por lacras como el nepotismo, la endogamia, el amiguismo y los acosos;
c) Los lazos (unas veces públicos y las más de las veces ocultos) entre la política y los negocios privados, entretejidos con el apoyo de los gobiernos de los tres poderes del Estado;
d) Los abusos del poder -que llevan al gobernador de turno a controlar a los organismos de control-, y a usar los dineros públicos para perpetuarse en los cargos electivos y para restringir la libertad de expresión; y
e) La opacidad del poder, y los incentivos a la megalomanía de quienes lo ejercen.
4.- La Corte se pretende Poder Constituyente
La reciente crisis abierta por la Corte de Justicia de Salta, pretendiendo reformar por Sentencia un artículo de la Constitución Provincial, mostró en toda su crudeza el carácter compacto del régimen, los vínculos de la alta judicatura con los actores que monopolizan la vida política provinciana y con ciertos intereses privados, y la capacidad del régimen para generar complicidades y silencios. Fue así como una coalición de intereses políticos y privados se movilizó discreta y rápidamente para arropar al cuestionado presidente del alto tribunal ante un pedido de juicio político.
Era inevitable que este accionar irregular de la Corte alterara sustancialmente el escenario político salteño.
Así lo denunció el FOCIS que, además, asumió la responsabilidad de impugnar esta maniobra político-privada y judicial que violó normas fundamentales y que amenaza los cimientos del Estado Democrático de Derecho.
De nada valdría, en este contexto real, modificar ahora la Constitución de Salta prohibiendo, por ejemplo, las reelecciones, si la Corte de Justicia se arroga -con la complicidad de los actores políticos mayoritarios- el poder de revisar, modificar o derogar cláusulas y garantías constitucionales.
5.- La ineptitud de un régimen sin ideas ni programa
El régimen -por su propia naturaleza y por la ineptitud de sus actuales gestores- ha llevado a la Provincia de Salta a una situación de lenta decadencia que tiende a acelerarse cada vez que se producen crisis económicas globales o nacionales.
La creciente pobreza, la desarticulación de nuestro aparato productivo, el incremento de los costos fiscales y logísticos unido a la caída de la productividad, el masivo empleo no registrado, los bajos salarios (excluidos, claro está, los de la alta burocracia local), los pésimos resultados del sistema educativo público, la crisis de la sanidad pública, el déficit fiscal y el endeudamiento del Estado, la dilatación de la brecha territorial bajo la hegemonía del Valle de Lerma, son componentes de aquella lenta decadencia.
La inseguridad pública, el tráfico de estupefacientes y el poder de los narcotraficantes, la drogadicción que se extiende a los sectores de muy bajos recursos, la violencia de género, la especulación urbanística y la degradación de los llamados “asentamientos” donde se hacinan seres humanos, la contaminación ambiental, el fracaso en el tratamiento de los residuos, la falta de educación sexual y cívica, los embarazos infantiles, completan un panorama en ocasiones dramático.
El régimen carece de programas y de capacidad de gestionar los múltiples y grandes desafíos. Su subordinación incondicional y sin contrapartidas a los dictados del gobierno nacional de turno (una subordinación que no sabe de ideologías y está guiada por el oportunismo y las estrategias personales del gobernador), no ha hecho sino profundizar la decadencia y los fracasos en materia de infraestructuras, empleo, producción y lucha contra la pobreza.
Quienes gobiernan se han quedado sin ideas; mejor dicho, disponen de una única idea y de una férrea voluntad: la de perpetuarse en el poder y extender su control sobre el aparato del Estado e incluso sobre la producción y los actores sociales.
La desarticulación de los partidos políticos y la ausencia de las minorías en la Legislatura, afectan a las fuerzas y sectores de la oposición que sufren su impotencia o caen en la parálisis y en el desaliento. El Consejo Económico Social ha fracasado hasta aquí en su misión de abrir a los actores sociales espacios de debate y participación.
6.- Urge un debate de ideas abierto
Frente a aquel escenario de subdesarrollo y para alcanzar aquellos objetivos de profunda transformación (que he reseñado en los dos primeros párrafos de este escrito), la ciudadanía salteña debe impulsar un abierto debate de ideas y avanzar en los cuestionamientos al régimen.
Un debate que, en el momento oportuno, alumbre una amplia e intensa reforma de las instituciones de gobierno de Salta, un giro radical en la forma de inserción de nuestra Provincia en la Nación Argentina y en el mundo, una transformación de nuestro modelo productivo, y cambios profundos en las políticas de inclusión y en nuestros idearios colectivos en materia ambiental, cívica y urbanística.
No alcanzan pues “maquillajes constitucionales”. Ni siquiera aquellos esgrimidos de buena fe, con envidiable talento jurídico y político, con las mejores intenciones que apelan al realismo gradualista. Me refiero a las propuestas de eliminar las aristas más irritantes del régimen limitando, por ejemplo, las posibilidades de reelección de los cargos políticos, o garantizando el ingreso de las minorías parlamentarias en los organismos de control, en el Consejo de la Magistratura o en el Jurado de Enjuiciamiento.
En este sentido, lo que en realidad urge es despolitizar el funcionamiento de los órganos de selección y de disciplina de jueces y magistrados, y no limitarse a dibujos ceñidos a mayorías y minorías políticas. La independencia de los jueces pasa por la independencia del Consejo de la Magistratura. Así como la eficacia y formación de los jueces pasa por renovar y dar vuelo académico a la Escuela de la Magistratura, en el marco de las reformas que se preparan en el ámbito nacional para todas las áreas de la enseñanza del derecho, estableciendo una verdadera carrera donde se formen y se gradúen quienes aspiren a la judicatura.
Como es sabido, el nuevo Derecho se construye sobre el entramado constitucional (nacional e internacional) de los derechos humanos fundamentales, y prioriza las garantías de tales derechos por encima de enunciados vacíos. De allí la urgente necesidad de que -también en Salta- los jueces sean, ante todo, garantes de la supremacía constitucional.
Está abrumadoramente claro, a estas alturas, que las propuestas de reformar la Constitución para declarar vitalicios a los jueces de la Corte (convalidando lo que primero intentó el gobernador, y luego la propia Corte a través de un procedimiento espurio) contribuyen a consolidar al régimen pretextando mejorar la independencia de la Justicia.
Hace falta, por último, huir de la retórica que ha degradado servicios de interés público y a hecho añicos las carreras profesionales; para lo cual hace falta rodear al principio de idoneidad en el ingreso a los empleos de las garantías que rompan las inercias del nepotismo, la endogamia y la discrecionalidad.
7.- Los retoques constitucionales pueden perpetuar al régimen
Bajo las actuales condiciones marcadas por el singular mapa político salteño, las operaciones de “maquillaje constitucional” (incluso las que se impulsan con las mejores intenciones) no harían sino garantizar la perpetuación del nefasto régimen que nos abruma y habilitar la continuidad de la politización de la Justicia.
Un debate constructivo sobre el futuro de Salta, de sus habitantes y de sus instituciones no puede circunscribirse a las alambicadas combinaciones que se ciñan a determinados aspectos jurídicos o que se agoten en diseños de ingeniería institucional.
El necesario debate constructivo que abone el camino de una amplia reforma política y sistémica, ha de comenzar analizando todos y cada uno de los factores que componen nuestra realidad y por la formulación de un diagnóstico acerca de la índole, naturaleza y magnitud de nuestros principales problemas y desafíos.
Si pensamos que el principal o el único obstáculo para la modernización integral de Salta es la duración de los mandatos, está claro que bastaría con una reforma constitucional que limite o prohíba las reelecciones.
Pero, a estas alturas, considero que tal diagnóstico peca de simplificación y resulta parcial e insuficiente, más allá de las citadas buenas intenciones de algunos de quienes lo sustentan.
Entiendo que cualquier reforma constitucional que se circunscriba a un penoso maquillaje como el aquí esbozado terminará dando nuevos aires al viejo régimen y perpetuando sus consecuencias económicas, sociales y culturales.
8.- Sin héroes de la retirada
Como muestra la historia de las naciones que, partiendo de situaciones de poder absoluto, avanzaron hacia la moderna democracia constitucional y cosmopolita, las operaciones de transición suelen estar a cargo de los así llamados “héroes de la retirada” (H. M. ENZENSBERGER[5]). Vale decir, de personas del antiguo régimen que deciden conducir la transición aun a costa de sepultar las instituciones vetustas, que ya no satisfacen las aspiraciones de la sociedad ni los estándares del mundo democrático. Se trata de héroes de dimensiones homéricas que se atreven incluso a romper la coalición de intereses que sustentó su poder hegemónico y que le dispensó beneficios de todo tipo.
Lamentablemente, en el horizonte de la Salta política contemporánea no parece haber héroes de tamaña magnitud. Y, desde luego, ningún actor relevante parece estar pensando en su retirada ni en la de su linaje. Abundan, sin embargo, candidatos a liderazgos tradicionales obsesionados con la idea de mantener el régimen para paladear sus mieles[6].
Salta, 5 de julio de 2018.
[1] “Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta”, asociación civil creada en Salta en 2018.
[2] Tony JUDT “El refugio de la memoria”, Editorial TAURUS, España – 2011, página 193.
[3] “En defensa de la Ilustración”, Editorial PAIDOS, España – 2018.
[4] Czselaw MILOSZ “El Pensamiento Cautivo” (1955), “La otra Europa” (Tusquets – 2005).
[5] “El sino típico del empresario histórico de derribos está precisamente en que con su trabajo mina siempre también su propia posición. La dinámica que él pone en marcha le arroja a un lado; él es víctima de su éxito. Adolfo Suárez, secretario general de Falange Española, se convirtió, tras la muerte de Franco, en primer ministro. En un golpe de mano exactamente planeado desmanteló el régimen, despojó de poder a su propio partido unificado y sacó adelante una Constitución democrática: una operación tan difícil como arriesgada, que Suárez llevó a cabo con arrojo personal y brillantez política” (EL PAIS, Madrid, diciembre de 1989).
[6] Personajes de este tipo se oponen a reformar la Constitución para acotar los mandatos y dicen “Limitar las reelecciones es proscribir”; o “¿Por qué, si mis antecesores gobernaron cado uno doce años, se pretende quitarme la misma posibilidad?”.