Fuente: Other News

El estudiante iraquí Amir Aljawlany se mudó a Polonia en septiembre de 2014 para realizar una maestría en biología en la Universidad de Jagiellonian, en Cracovia. Dos años después, el Estado le concedió una beca para continuar su doctorado, pero al siguiente lo deportó.

El profesor Pawel Koteja declaró a la prensa que Aljawlany estaba “muy comprometido con su investigación, a la que le dedicaba mucho tiempo y esfuerzo y estaba decidido a continuar con su carrera académica”.

Según sus conocidos, su vida había sido tranquila hasta el verano boreal pasado, cuando agentes del servicio secreto polaco (ABW) pretendieron reclutarlo para obtener información sobre las actividades de residentes musulmanes en Polonia. El joven iraquí debía ofrecerles datos de las mezquitas y ponerse en contacto con personas específicas.

Aljawlany se negó porque era ateo y no participaba de ningún servicio religioso y porque algunas de las personas que tenía que contactar eran de países donde no se habla árabe, así que ni siquiera compartía la misma lengua.

En julio de 2016, cuando habría sido contactado por el ABW, Cracovia organizaba el Día Mundial de la Juventud, una actividad católica en la que participaba el Papa y que reunía a unas tres millones de personas, lo que llevó a las autoridades polacas a reforzar la seguridad.

El 3 de octubre, Aljawlany fue detenido en el centro de Cracovia por oficiales de la Guardia Fronteriza de Polonia, sin ninguna justificación. Pocas horas después, durante las cuales no tuvo derecho a un abogado, la justicia lo condenó a 90 días de detención y su posterior deportación a Iraq.

En una carta escrita por Aljawlany durante su detención, y publicada en marzo por el sitio Political Critique, el joven dijo que la justicia basó su dictamen en el hecho de que los servicios secretos lo consideraron una amenaza. A pesar de sus argumentos, el juez no le dio explicaciones sobre por qué él constituía una amenaza para este país.

“Vivo y estudio en Polonia desde 2014. Nunca violé la ley”, se defendió en el tribunal, según se puede leer en la misiva. “Nunca crucé con la luz equivocada, nunca subí a un autobús sin boleto. Hice mi maestría y comencé mis estudios de doctorado sin ningún problema. ¡No quiero irme de Polonia!”, añadió.

Cuando lo deportaron, hacía seis meses que Aljawlany estaba preso sin interrupciones en el centro de detención para extranjeros en la sureña ciudad de Przemysl.

Las autoridades polacas nunca le explicaron por qué era una amenaza, aunque fuentes anónimas citadas por la prensa polaca aseguraron que los servicios secretos tenían información de que tenía contacto con “radicales” del extranjero, monitoreados por los servicios secretos de otros países.

“La legislación polaca no ofrece soluciones para que los extranjeros se defiendan cuando la decisión de retorno se basa en circunstancias confidenciales”, indicó el abogado Jacek Bialas, de la Fundación Helsinki de Derechos Humanos.

“Lo que genera dudas sobre la compatibilidad con la Constitución polaca, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (Unión Europea) y la Convención Europea de los Derechos Humanos”, observó.

“Es como si un inspector entregara una citación a alguien que espera en la parada del autobús porque está seguro de que esa persona se subirá sin boleto”, comentó Aljawlany en febrero, en entrevista con el sitio web Wirtualna Polska (Polonia Virtual).

Cuando fue detenido, Aljawlany acababa de renovar su permiso de residencia en Polonia, que era válido hasta enero de este año.

Durante su detención, el joven presentó una solicitud de asilo a Polonia porque no tenía garantías de su seguridad al llegar a Iraq, donde las fuerzas armadas combaten al Estado Islámico en el norte, el que le fue denegado el 4 de este mes en la instancia de apelación porque el servicio secreto arguyó que lo consideraba una amenaza en base a información confidencial.

Pero con esas mismas pruebas, un tribunal regional de Przemysl dictaminó el 5 de este mes que Aljawlany debía ser liberado porque residía legalmente en Polonia y no había razones sólidas para su detención.

El ministro responsable de los servicios secretos contestó que el dictamen judicial “no socava” la evidencia presentada por el ABW.

Para gran sorpresa de su abogado y de las personas que participaban en la campaña por su liberación, Aljawlany no solo no fue liberado, sino que fue deportado ese mismo día 5. Ni su abogado ni su hermano, quien también reside en Polonia, fueron informados de la decisión de deportarlo ese día.

De hecho, el propio Aljawlany avisó por teléfono y dijo que lo habían llevado a Erbil, en el Kurdistán iraquí.

El abogado Marek Ślik declaró al día siguiente a la prensa local: “La deportación es ilegal porque todavía no recibí ninguna notificación al respecto. El procedimiento de apelación (después que le negaron la solicitud de asilo) no estaba terminado pues nunca recibí la notificación final”.

La Guardia Fronteriza no respondió a ninguna solicitud para que informara sobre la legalidad de la deportación.

“La forma en que los servicios secretos polacos trataron este caso fue absurda: eligieron a una persona al azar porque era de un país específico esperando que les informara sobre los movimientos de otros”, criticó Marta Tycner, del izquierdista partido Razem, que formó parte de la campaña a favor de la liberación de Aljawlany.

“Creen que cualquier persona originaria de un país musulmán es sospechosa de actividades contra el Estado”, dijo al ser consultada por IPS. “Fueron incompetentes y ahora tratan de cubrirlo con una rápida deportación”, explicó.

El partido Ley y Justicia, en el gobierno de Polonia desde 2015, tiene una plataforma nacionalista y ultracatólica y se presenta como defensor de los polacos acosados y en contra de “enemigos” como la UE, la globalización y el Islam. Además, exagera el miedo a posibles atentados de islamistas, a pesar de no hubo ningún incidente de ese tipo en este país ni hay amenazas reales, con el fin de reforzar el control social.

El año pasado, Ley y Justicia promovió una ley antiterrorista, ya aprobada, que permite a las autoridades tomar las huellas dactilares o escuchar los teléfonos de los extranjeros, además de revisar sus correos electrónicos, sin orden judicial. También limita el derecho de protesta y las actividades en Internet.

Los medios católicos y de ultraderecha, fundamentales para reunir el apoyo popular del partido gobernante, asocian de forma constante a los musulmanes con la violencia.

Y el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, declaró de forma infame en 2016 que los inmigrantes traían “enfermedades muy peligrosas que hacía tiempo que estaban erradicadas en Europa”. Además de Hungría, Polonia se opone de forma rotunda a recibir refugiados en el marco del sistema de cuotas de la UE para su reasentamiento.

En Polonia, 97 por ciento de la población se autoproclama étnicamente polaca.

Este país tiene un número muy bajo de inmigrantes, sin embargo, el último Informe Europeo de Islamofobia, revela que 70 por ciento de los polacos consultados quieren limitar la migración de musulmanes a Europa, la mayor proporción en todos los países sondeados.

De hecho, en los últimos tiempos aumentaron los comportamientos negativos hacia los refugiados.

                                                                                  Abril, 2017

*Periodista  Free Lance The Guardian, cubre Europa Central y del Este para IPS