El nuevo desborde plebeyo

Las medidas tomadas por el gobierno de Macri en sus primeros meses apuntan a un ajuste con mayor marginalidad y exclusión en el horizonte. En ese marco, vuelven a asomar las organizaciones territoriales surgidas en los años 90, que a pesar de su experiencia de lucha enfrentan serios problemas no resueltos durante el kirchnerismo

En nueve meses de gestión, el gobierno de Macri evidencia rupturas pero también continuidades respecto de la gestión saliente. Empecemos por las rupturas: hasta el 10 de diciembre de 2015, la Argentina estuvo gobernada por un progresismo que podríamos caracterizar como un populismo de alta intensidad, marcado por la concentración del poder político en el ejecutivo, el sobreprotagonismo de ciertos sectores de clases medias y, por último, la subalternización –por diferentes vías- de amplias franjas de los sectores populares. La alternancia político-electoral implicó el pasaje hacia un escenario post-progresista, liderado por una derecha aperturista, con fuerte presencia de funcionarios que componen la elite empresarial, que ha ido implementando una política de ajuste o “sinceramiento” (de la inflación, de las tarifas de los servicios básicos, del valor dólar, del pago a los holdouts, entre otros), que favorece a los sectores más concentrados de la sociedad.

Ahora bien, es indudable que el gobierno anterior dejó como herencia problemas profundos, entre los cuales se destacan el deterioro de los índices macroeconómicos, acompañado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales). Sin embargo, lejos de las promesas de “pobreza cero” de la campaña electoral, los caminos elegidos por Mauricio Macri apuntaron a realizar un ajuste tradicional, que golpeó duramente a los sectores más vulnerables, tal como lo muestran el modo en cómo buscaron implementarse los ajustes de las tarifas de servicios, signado por la mala praxis y el escaso registro por parte del nuevo oficialismo de la diversidad social, regional y geográfica del país. Así, al compás de estas medidas, una proyección del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) para los primeros meses de gobierno informaba del incremento de un millón y medio de pobres como consecuencia de las políticas implementadas, lo que sumaría ya 13 millones de pobres.[1]

En consecuencia, por el momento el espacio político del oficialismo es estrecho en términos de alianzas sociales, pues no queda claro –no estamos frente a una gestión consolidada – sobre qué sectores, además del bloque empresarial dominante-, se apoyará el nuevo gobierno y qué estrategias y dispositivos de resubalternización implementará, en un contexto de ajuste, tanto respecto de las clases medias, que hoy ven amenazada la inclusión por el consumo (garantizada por el gobierno anterior); como respecto de las clases populares, ante las cuales parece ampliarse de modo vertiginoso el horizonte de la marginalidad y la exclusión.

Rupturas y continuidades

En cuanto a la doble dinámica del capital (no sólo respecto de la contradicción capital-trabajo, sino de la relación capital-naturaleza, es claro que el gobierno actual empeora la relación de asimetría del trabajo frente al capital, fortaleciendo la opción por los mercados, y perjudicando así a distintas franjas de trabajadores de las clases medias y sobre todo, de trabajadores de los sectores populares. Al mismo tiempo, respecto de la relación capital-naturaleza se perciben continuidades, pues el nuevo oficialismo apuesta a profundizar la comoditización de la naturaleza por la vía de la expansión del extractivismo (agronegocios, megamineria, fracking, represas, urbanismo neoliberal), consolidando así la brecha socio-ambiental abierta durante el ciclo anterior.

En consecuencia, el escenario post-progresista indica una mayor conflictividad. En esta línea el conflicto sindical viene manifestándose en todas sus aristas y variantes (protestas puntuales, huelgas en el ámbito privado y público, movilizaciones generales de las diferentes corrientes sindicales), en un  contexto –sobre todo en las provincias- de sucesivas represiones y encarcelamiento de activistas.

Así, el post-progresismo facilitaría un contexto de “unidad en la lucha”, más allá de las heridas políticas abiertas durante el período kirchnerista, tal como lo muestran las dos CTA (de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, y Autónoma, por Pablo Micheli), que han realizado conjuntamente varias movilizaciones, tanto para repudiar los hechos de represión y criminalización (especialmente la encarcelación de la dirigente social Milagro Salas), así como el Veto presidencial a la ley de emergencia ocupacional, conocida como ley antidespido.

Por otro lado, las tres CGT existentes realizaron el 22 de agosto un congreso de reunificación para garantizar una transición por la vía de un triunvirato, luego del alejamiento de Hugo Moyano. Pese al gran malestar que existe en las bases, las negociaciones abiertas con el gobierno de Macri colocan dudas sobre el interés de algunos jefes sindicales ligados a las CGT en apelar a la pura lógica de movilización, previendo la ingobernabilidad que esto podría conllevar en el marco del nuevo gobierno, que además de no estar consolidado, no cuenta con mayoría parlamentaria.

Por otra parte, respecto del extractivismo, el gobierno de Macri avanzó sobre varios frentes, aunque sin discursos vergonzantes. Así, eliminó las retenciones a la minería y disminuyó las de la soja, transfirió la secretaría de minería al nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex CEO de Shell, creó un Ministerio del Ambiente, donde nombró alguien que confiesa no saber nada del tema, pero que recorre el país defendiendo la megaminería. Asimismo continúa con el subsidio a las petroleras y pese al fallo de la justicia, se niega a publicar el convenio entre YPF y Chevron, al tiempo que promete un plan energético que impulsaría la diversificación de la matriz energética (eólica), aunque sin cambios en el sistema energético.

Por último, el gobierno suele hablar del “cambio climático” y de “participación ciudadana”, aunque en realidad la narrativa del cuidado del ambiente es una fórmula vacía, ligada a una cultura del marketing y unos pocos slogans efectistas, más que a una propuesta de discusión integral sobre las consecuencias socio-ambientales, culturales y políticas, de los actuales modelos de desarrollo.[2] Un ejemplo ilustrativo es lo que sucede en Jáchal, San Juan, donde la vía judicial y la institucional han sido bloqueadas: por un lado, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la nación, la causa contra la empresa Barrick por el derrame de cianuro sucedido en septiembre de 2015, fue oportunamente desviada a la complaciente Justicia de la provincia. Por otro lado, por presión de los sectores mineros y del propio gobernador, se impidió dar vía libre a la consulta ciudadana que reclama la población. En fin, el nuevo oficialismo y sus aliados repiten y empeoran la historia legada por el progresismo kirchnerista, cerrando incluso las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.

Pese a la adversidad, en el frente socioambiental hay que destacar la acumulación organizativa producto de las resistencias durante la década kirchnerista, traducida en la consolidación de numerosos colectivos asamblearios y en la visibilización de los reclamos territoriales de los pueblos originarios, frente al avance de las fronteras del extractivismo y del acaparamiento de tierras. Aunque son conflictos que suelen situarse en la periferia (respecto de los conflictos sindicales, de carácter más central), su ingreso a la agenda nacional, siempre transitorio y fugaz, tiende a ser más relevante que en los años anteriores.

Algunos triunfos, como el de la suspensión definitiva de la construcción de la Planta de semillas en la localidad de Malvinas, por parte de Monsanto, en Córdoba, tienen como contracara el avance de una Ley de semillas en el Congreso, donde lo que está en juego parece ser la cuestión del patentamiento (que enfrenta a corporaciones locales con Monsanto) y no el paquete tecnológico (transgénicos más glifosato), desestimando las graves denuncias en cuanto a los impactos socio-sanitarios del modelo de agronegocios. Por último, en un marco de empobrecimiento y de temor a la recesión, existe el peligro -o la tentación- de asistir a un contexto de unidimensionalización de las resistencias, aún si en la actualidad se registra una conexión mayor entre ambas líneas de acumulación, la sindical-urbana y la socio-ambiental, esto es, entre centros y periferias, respecto de la conflictividad social.

El mensaje de los barrios

Lo más notorio del escenario post-progresista es el creciente protagonismo de las organizaciones socioterritoriales, asociadas a la demandas de paz, pan, techo y trabajo. La movilización multitudinaria del pasado 7 de agosto, el día de San Cayetano, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, marca el retorno de los barrios a la política nacional, luego de una década de subalternización, bajo el modelo kirchnerista, que había logrado el control sobre diferentes organizaciones territoriales, gracias la combinación entre planes sociales, clientelismo afectivo y oportunidades de consumo.

Probablemente estemos frente a un nuevo desborde plebeyo, que viene de la mano de organizaciones de raigambre piquetera, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC),  Barrios de Pie  (Libres del Sur) y la heterogénea Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un nuevo espacio conformado en 2015, que es un reagrupamiento de movimientos sociales territoriales, con fuerte presencia del Movimiento Evita (que abandonó recientemente el espacio kirchnerista), de empresas recuperadas, campesinos, cartoneros y otras organizaciones territoriales urbanas.

Sin embargo, este (nuevo) desborde de los barrios pone en evidencia otros problemas, puntos ciegos no tratados durante el ciclo kirchnerista, que dejan en evidencia la fragilidad actual del mundo popular. Así, el desborde popular viene a alertar sobre los alcances del narcotráfico en los barrios y su capilaridad, a través de la captación de los más jóvenes, que terminan siendo carne de cañón.[3] En realidad, hace varios años que diferentes organizaciones sociales  (sobre todo no kirchneristas) vienen denunciando la disputa cada vez más asimétrica en los barrios, a raíz de la expansión de bandas de narcotráfico y redes delictivas, que van desplazando –por la vía de la amenaza y la acción violenta-  a las organizaciones sociales.

Por ello no es casual la presencia de la iglesia católica (con sus curas villeros, alentados por el Papa Francisco), en esta lucha desigual por el control territorial, donde lo que está en juego es la reconfiguración de las subjetividades populares. En suma, las organizaciones territoriales que vuelven a asomar con su potencia plebeya en el espacio político nacional, no son sólo fruto de la acumulación; expresión de una interpelación al Estado frente al hambre y la amenaza de desocupación, sino también una lucha agónica de cara al narcotráfico, el cual sin dudas echaría más raíces en un contexto de mayor empobrecimiento.

A este panorama social, cabe agregar otros elementos, pues contrariamente a lo esperable, tampoco hubo una despolarización del campo político. En realidad, el gobierno de Cambiemos exacerbó la brecha, a través de la implementación de una política de revancha, con despidos que alcanzaron áreas relevantes del Estado e involucran personal de planta y del desmantelamiento de diferentes programas sociales y de inclusión cultural.

Por otro lado, lejos de la autocrítica, pese a los casos de corrupción probados que involucran importantes exfuncionarios, las reacciones del kirchnerismo van también en el sentido de la profundización de la brecha. La tentativa, por parte de un kirchnerismo militante de clases medias urbanas identificado con el modelo progresista anterior, de seguir hegemonizando ciertos aspectos de las luchas (a través de los “ruidazos” contra el tarifazo y las movilizaciones a favor de la expresidenta) se repiten, aun si su conexión con el mundo sindical y el universo deteriorado de los sectores populares plebeyos es casi nulo.

¿Hacia una nueva sociedad excluyente?

En mi opinión, la ruptura introducida por el gobierno de Cambiemos no significa una vuelta lineal al neoliberalismo, pero tanto el aumento acelerado de la pobreza como el ingreso a un escenario más desigualador, han reactivado el fantasma de la polarización social, propio de los años 90. Hay que tener en cuenta que el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en los sectores medios y populares, las cuales habrían marcado una reversión de las tendencias propias de los años 90, según afirma Gabriel Kessler[4].

Ciertamente, en los últimos 15 años se registró un fortalecimiento de las clases medias, a partir del aumento de la ocupación, del incremento de los salarios y la recuperación del consumo. Hay que tener en cuenta que históricamente las clases medias (urbanas), más allá de su heterogeneidad social, han jugado un rol central en la configuración de un imaginario acerca de la excepcionalidad argentina, como “un país más homogéneo, más igualitario”, respecto de otros países latinoamericanos, más marcados por la distancia social o las grandes desigualdades.

Sin embargo, esta representación se quebró durante la década de los 90. Provistas de un importante capital cultural, pero debilitadas en términos de capital económico y aspiraciones sociales, las clases medias fueron grandes protagonistas de las movilizaciones sociales que durante 2001 y 2002 derribaron o pusieron en jaque a varios gobiernos. Por ello mismo, durante la posconvertibilidad y con el ingreso al Consenso de los Commodities, el mejoramiento de sus posiciones económicas y el acceso al consumo no se vivió, como afirma nuevamente Kessler, como una suerte de “democratización” -como si sucedió en otros países, por ejemplo, en Brasil-, sino como la “recuperación” de un estándar de vida y de patrones de consumo, perdidos en la década anterior.

En esta línea, una segunda transformación asociada al kirchnerismo fue el mejoramiento de la situación de los trabajadores formales, gracias al crecimiento económico y la generación de empleo. Asimismo, hubo  una reducción de sectores marginales y grupos no calificados respecto del período anterior, aunque el trabajo en negro se mantuvo en el 30%. Nuevamente, hay que tener en cuenta lo sucedido en el período anterior, cuando amplios sectores de la clase trabajadora urbana sufrieron un proceso de descolectivización y pasaron a engrosar el proletariado marginal (trabajadores informales o precarizados) o simplemente quedaron desempleados. La descolectivización masiva estuvo en el origen de una serie de movimientos de desocupados (piqueteros), que entre 1997 y 2004, se constituyó en el gran actor social del conflicto en la Argentina, realizando cortes de ruta en todo el país y reorganizando el tejido social en los barrios populares.

Por último, respecto de los sectores altos de la sociedad, hay que decir que éstos también mejoraron sus posiciones durante el kirchnerismo. Claro que hubo modificaciones, entre las cuales hay que consignar cuatro fundamentales. Primero, hubo un desplazamiento del capital financiero (típico de los 90), hacia el capital productivo y extractivo (oportunidades que abría la reactivación de la industria, nuevo capitalismo agrario y expansión de las fronteras del extractivismo). Segundo, hubo una acentuación de la concentración y extranjerización de la economía, el cual se fortaleció a partir de 2004, con la reactivación del mercado interno, dominado por oligopolios, y se vio potenciado por la extranjerización en las actividades extractivas (petróleo, megaminería). Así, en la actualidad el perfil de la cúpula empresarial se destaca por la notoria presencia de firmas extranjeras.

Tercero, luego de la crisis de 2001-2002, y durante los primeros años del kirchnerismo, los sectores dominantes optaron por adoptar una estrategia de “bajo perfil”. Sin embargo, a partir de 2004, la reactivación del consumo y la inversión repercutió en un afianzamiento del estilo de vida ligado a la segregación espacial (urbanizaciones privadas) y los consumos de lujo. Así, con el “retorno a la normalidad”, las clases altas volvieron a recuperar la confianza de clase, que había sido amenazada con la crisis y el default. Cuarto, el período se caracteriza por la expansión del nuevo paradigma agrario (agronegocios), el cual ilustra la emergencia de un nuevo perfil empresarial, cuya fusión con la vieja oligarquía agraria se haría ostensible, en la medida en que el modelo de agronegocios fuera afirmándose como hegemónico.

En consecuencia, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en las condiciones de trabajo, ingreso y consumo de los sectores subalternos, al menos, entre 2006 y 2011, época a partir de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación a los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas. Por último, en sintonía con los últimos estudios sobre desigualdad en la región, es necesario relativizar las afirmaciones triunfalistas acerca de la reducción de los niveles de desigualdad operadas durante la década progresista. Al contrario de lo que se venía afirmando que América Latina era la única región del mundo donde habría disminuido la desigualdad, investigaciones recientes -centradas en las declaraciones fiscales de las capas más ricas de la población-, muestran que, al compás de la disminución de la pobreza, la región ha conocido una concentración mayor de la riqueza.[5]

En suma, en muy poco tiempo el giro a la derecha logró reavivar uno de los traumas sociales más dolorosos que recorre la sociedad argentina, sobre todo desde los años 90, a saber, el fantasma del “retroceso social” (desempleo, descolectivización, movilización social descendente) en sectores populares y ciertos sectores medios. Pero el punto de partida no es, como busca alimentar cierta mirada ingenua y mistificada sobre la década kirchnerista, el abandono de un “país igualitario” (el “mundo feliz peronista”), pues la reducción de la pobreza no fue acompañada por la disminución de las desigualdades.

Finalmente, debemos ser conscientes que el retorno de la polarización social y la movilidad social descendente, en un contexto de por sí tan amenazante y complejo para el mundo popular, donde se potencian narcotráfico, violencia y exclusión, instala la posibilidad del ingreso –no ya el retorno- a una situación de intemperie donde podrían forjarse los marcos de una nueva sociedad excluyente.

[1] http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf. El nuevo informe, de agosto de 2016, señala el aumento de “nuevos pobres”como un “dato preocupante que no dejó de ser una estimación conservadora”.http://www.lanacion.com.ar/1927350-para-la-uca-crece-la-cantidad-de-nuevos-pobres.

[2] La problemática de la matriz debe ser entendida en el marco del sistema energético, el cual se caracteriza por su multidimensionalidad. Así, un modelo energético superador requiere no solo diversificación de la matriz, sino, entre otras cuestiones, descentralización y regionalización de la generación, transporte y consumo de la energía, así como el creciente control comunitario del sistema energético. Véase de Pablo Bertinat, “Otra energía es posible”, enhttp://www.enredando.org.ar/2013/07/29/no-podemos-discutir-politicas-energeticas-sin-discutir-el-modelo-de-desarrollo/

[3] Véase las interesantes reflexiones de Rita Segato sobre la estatalidad, ligada no sólo a la violencia sobre las mujeres, sino a la relación territorialidad-narcotráfico. Las nuevas formas de las violencia y el cuerpo de las mujeres, Ediciones Tinta Limón, 2014.

[4] Gabriel Kessler, La sociedad Argentina hoy. Radiografìa de una nueva estructura, (comp.) Buenos Aires, 2016, Siglo XXI-Osde.

[5] Véase el número especial de Nueva Sociedad, sobre todo el artículo del economista Pierre Salama, “¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión”, 2015;http://nuso.org/articulo/se-redujo-la-desigualdad-en-america-latina/.

                                                           Septiembre de 2016

*Es socióloga, escritora e investigadora.  Es Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Es investigadora Principal del Conicet y Profesora Titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es Coordinadora del Grupo de Estudios Críticos del Desarrollo (GECD) y miembro del colectivo de intelectuales Plataforma 2012.