Corría la noche del 15 de noviembre de 2015 y el debate presidencial argentino empezaba a levantar temperatura. El bloque televisivo abordaba temas de política exterior cuando Mauricio Macri aprovechó sus exiguos minutos para propinar un lance a fondo: “yo estoy comprometido con fortalecer la democracia –dijo-, con acompañar lo que viene pasando en el mundo y en Latinoamérica. La democracia es un compromiso de vida con la libertad, con los derechos… y en caso de ser electo presidente, el 11 de diciembre voy a pedir, dados los abusos que han habido en Venezuela, los presos políticos que hay y la participación de militares en el gobierno, que se ejerza la cláusula democrática suspendiendo a Venezuela”.

La estocada de Macri fue inteligente y efectiva. Con una sola jugada golpeaba fuerte en tres escenarios diferentes. En primer lugar, se ubicaba a escala internacional en un plano de compromiso consecuente con el respeto universalista de los derechos humanos: lo que se pregona aquí no puede suspenderse al aterrizar en tierras bolivarianas. En segundo término, elegía confrontar con el chavismo como arquetipo ideológico, político y económico del kirchnerismo de hueso colorado: la crisis de ese modelo servía así para contrastarla con el mensaje diferenciador de su propuesta de cambio, pero también prometía barrer con una década de complicidad diplomática lubricada –en muchos casos- con turbios negocios. Finalmente, Macri mandaba una señal por elevación a diferentes núcleos de poder a escala regional y mundial (desde Brasil a Colombia, desde Europa a los Estados Unidos), en el sentido de que el nuevo gobierno argentino replantearía el esquema de alianzas que heredaba de su cada vez más aislada predecesora.

Una vez en el poder, el presidente Macri viró hacia una posición más moderada, en parte porque el reconocimiento del resultado electoral en Venezuela permitió –hasta cierto punto- descomprimir una situación social y política muy delicada, en parte porque el resto de los países del MERCOSUR (con Dilma Rousseff a la cabeza) no acompañaría la movida más enérgica de la delegación argentina.

Pero lo que menos se ha advertido es que la postura que defendió Macri, en la reciente cumbre de Asunción, es consistente con lo que el entonces Jefe de Gobierno porteño había anunciado hace casi un par de años. En efecto, tras los hechos violentos del 12 de febrero de 2014, que llevaron al posterior encarcelamiento de Leopoldo López, el líder del PRO le envió una “carta abierta” al presidente Nicolás Maduro, donde entre cosas decía lo siguiente:

Es evidente que usted y yo vemos cosas distintas y de distinta manera. Por ejemplo, donde usted ve enemigos a los que quiere aniquilar, yo veo a venezolanos enojados que le exigen cambios a su gobierno. Donde usted ve una conspiración, yo veo cómo se llevan baleada en una moto a Génesis Carmona agonizando a los 22 años. Y no lo veo a usted. No lo vi en los funerales de esos inocentes.

Y para que no quedaran dudas de contra quién estaba confrontando, subrayó Macri:

Los otros días el gobierno argentino le ratificó su apoyo total y absoluto. No debería confundir al gobierno argentino con los argentinos, como nosotros no lo confundimos a usted con los venezolanos. No todos lo apoyamos de forma total y absoluta en sus abusos. Yo, por ejemplo, prefiero exigirle la liberación inmediata de Leopoldo López y de todos los presos políticos venezolanos. Elijo pedirle que asuma el control de la fuerzas parapoliciales que esparcen el miedo y la muerte a balazos. Prefiero pedirle que garantice la libertad y se siente a dialogar honestamente con los que piensan distinto. No son enemigos ni conspiradores los que protestan, son venezolanos.

De este modo, la nueva gestión diplomática argentina está dando un giro copernicano en su relación con Venezuela, que en ningún caso puede considerarse sorpresivo, pero que es posible que se vea sometido a nuevas pruebas en las próximas semanas. Para evaluar posibles escenarios de la relación entre nuestro país y la patria bolivariana es necesario echar una mirada a la situación política producto de las recientes elecciones legislativas.

La primera derrota del chavismo sin Chávez

Pese a que el oficialismo jugó el partido con la “cancha inclinada” a su favor, y la oposición  debió enfrentar gravísimas amenazas e incidentes violentos contra sus candidatos en plena campaña, incluso el asesinato de un dirigente regional, situación denunciada por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), los comicios parlamentarios en Venezuela fueron un claro triunfo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El 6 de diciembre, la coalición opositora obtuvo 112 escaños de 167 en liza, superando los dos tercios necesarios en la Asamblea Nacional (2016-2021) para cambiar el Gabinete y al vicepresidente ejecutivo, sancionar leyes habilitantes, sancionar y reformar leyes orgánicas; someter a referendo aquellos instrumentos jurídicos internacionales considerados lesivos para la soberanía; nombrar o remover a los rectores del Consejo Nacional Electoral, titulares del Poder Ciudadano (Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo) y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); e incluso convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Respecto al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y aliados, con 55 escaños, su derrota no puede ser achacada al mito invencible –Hugo Chávez- sino a Maduro y a Diosdado Cabello, presidente del parlamento en funciones, así como a su círculo inmediato. Resulta inverosímil que Maduro achaque su derrota a una supuesta “guerra económica”, pues si algo ha practicado el chavismo en 16 años –incluso cuando tuvo bonanza petrolera- es la economía de guerra: confiscación de empresas e invasión de tierras productivas, persecución judicial y tributaria al sector productivo, entre otras medidas arbitrarias.

Si bien el gobierno dividido –inédito desde noviembre de 1998- podría representar un paso enorme hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática, Venezuela se encuentra en una seria encrucijada, ilustrada por las tentaciones implícitas a cada bando. En primer término, el PSUV –más allá de una seria reflexión- podría dar paso a una lucha intestina donde el ambicioso Cabello intentaría acciones desesperadas durante lo que le queda de gestión como presidente de la Asamblea Nacional.

En segundo lugar, si la purga oficialista fuese dominada por un sector civilista, podría forzarse la renuncia de Maduro para que tanto las elecciones de gobernadores como la presidencial fuesen en 2016, tratando de rescatar la esperanza y el deseo de cambios del electorado chavista. No hemos de olvidar que el PSUV gobierna en 20 de 23 estados y en 240 de 335 municipios.

La tercera opción que tiene el chavismo –y Maduro en particular- es convocar a la MUD para integrar un Gabinete de “salvación nacional”, de modo que el costo político del impacto de las temidas medidas de ajuste económico (alza de los combustibles, recorte del gasto público y revisión de la política cambiaria), así como del combate a la inseguridad y desarme de la población, sea compartido. De optar por esto, Maduro podría allanar el camino para su renuncia, concertando el nombramiento de un vicepresidente ejecutivo que completaría el sexenio 2013-2019 por el PSUV.

Con respecto a las tentaciones de la MUD, comprenderían también luchas intestinas por el control de la junta directiva y las comisiones en la Asamblea Nacional, así como la revelación de aspiraciones de los diputados de convertirse en gobernadores e incluso sumarse a López, Henrique Capriles y María Corina Machado, entre quienes sueñan con la banda presidencial. La MUD no puede adjudicarse por completo este triunfo; la realidad es otra: el 25% de abstención sería mayormente chavista, aunado a un considerable voto castigo de los sindicatos, gremios, consejos comunales y otros sectores defraudados por la cúpula del PSUV. Como contrapartida, no debe olvidarse que la MUD no tuvo la oportunidad de hacer campaña, sus candidatos fueron sacados de la pantalla y acosados en sus visitas; por tanto, el electorado -que sigue padeciendo la escasez y desabastecimiento de víveres y medicinas- aún no tiene claro cuál es su oferta programática, más allá de una amplia promesa de “cambio”.

Las reacciones inmediatas del oficialismo, tales como las amenazas de Maduro de “radicalizar la revolución” y vetar una ley de amnistía para los presos políticos, la cacería de brujas contra funcionarios y beneficiarios de programas sociales, así como la convocatoria extemporánea de sesiones de la Asamblea saliente por parte de Cabello, para instalar un Parlamento Comunal Nacional (formado por 600 militantes del PSUV), y nombrar los 13 cargos vacantes (y 21 suplentes) en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –con el aval de la todopoderosa Sala Constitucional del mismo-, motivaron que la MUD se retractara de su oferta de incluir al PSUV en la junta directiva de la Asamblea Nacional. Lejos de frenar la polarización, la derrota parlamentaria ha radicalizado al chavismo.

El rol de Argentina en el concierto internacional ante la crisis venezolana

Mientras Macri debutó en el Consejo Permanente del MERCOSUR exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela, el 22 de diciembre la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), instancia formada por exmandatarios iberoamericanos alertaba al propio MERCOSUR, la OEA y  la Unión Europea sobre “graves alteraciones constitucionales”, es decir, la instalación del Parlamento Comunal Nacional –figura no prevista en la Constitución- y el posible intento de impugnación de 22 escaños de la MUD ante la Sala Electoral del TSJ durante el receso judicial.

Si bien la Sala Electoral atribuyó a rumores irresponsables la existencia de tal recurso –que haría de la bancada opositora una inútil mayoría simple-, recién el 29 de diciembre se confirmó el intento de impugnación de ocho escaños en seis circunscripciones, más que suficiente para minar los poderes propios de los 112 diputados de la MUD. En paralelo, el 22 de diciembre, la Sala Constitucional autorizó a la Asamblea saliente a sesionar incluso después que venza su mandato (4 de enero), mientras no inicie funciones la próxima legislatura.

Asimismo, Maduro está negado al diálogo con “los malos” (sic) y no es descartable que el 5 de enero grupos irregulares traten de impedir que se instale la nueva Asamblea o que el Parlamento Comunal Nacional busque usurpar sus facultades. En efecto, Maduro disolvió su Gabinete y aún no nombra sustitutos, desaprovechando la oportunidad de negociar con la MUD.

La situación venezolana es muy compleja pues el propio Chávez hizo que su país abandonara la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para afiliarse al MERCOSUR; asimismo promovió la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y –sobre todo- de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para excluir a Estados Unidos y Canadá, e incluir a Cuba. También hay antecedentes preocupantes, tales como la denuncia por parte del Estado venezolano de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2012 y su consecuente abandono del sistema en 2013 –a semejanza del régimen de Alberto Fujimori-; la criminalización de la protesta con la reforma del Código Penal de 2005; y la promulgación de una polémica resolución del Ministerio de Defensa (27-01-2015), que autoriza a los militares para usar armas de fuego durante el control de manifestaciones y reuniones públicas. De hecho, Maduro desacató el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la devolución de la señal abierta, equipos e instalaciones al canal RCTV –objeto de confiscación por Chávez en 2007- y recientemente ha producido una crisis de desplazados en la frontera con Colombia mediante el establecimiento de un estado de excepción en cuatro entidades (Táchira, Zulia, Apure y Amazonas).

De modo que el flamante gobierno de Macri, para ser consistente con su posición, comenzará a enfrentar desafíos de diferente tenor en el futuro inmediato. En primer lugar, la posición argentina podría afianzarse en formar parte de una amplia coalición internacional de apoyo a la liberación de los presos políticos venezolanos, en consonancia con lo afirmado por el entonces Jefe de Gobierno porteño en su ya lejana carta abierta a Maduro y lo ratificado en la reciente reunión del MERCOSUR.

En segundo término, una eventual radicalización autoritaria del gobierno venezolano podría volver a confrontar a Macri con la promesa esgrimida en el debate presidencial. En este caso debe tenerse en cuenta que la invocación de las cláusulas democráticas de MERCOSUR (Protocolo de Ushuaia), UNASUR (Protocolo adicional sobre compromiso con la democracia), CELAC (Declaración especial en defensa de la democracia) y OEA (Carta Democrática Interamericana), exige constatar hechos que pongan en riesgo el orden constitucional en un Estado miembro, así como el consenso para aplicar las sanciones respectivas. Advirtamos de pasada que, para un régimen fuera del sistema interamericano de derechos humanos, la suspensión de una membresía tendría un cierto impacto político, pero debería calibrarse con extremo cuidado una sanción que avanzara sobre el intercambio comercial (la economía venezolana tienen una gran dependencia de las importaciones), pues  una medida de esta naturaleza podría agravar aún más la penuria de la ciudadanía venezolana.

Por último, asoma en el horizonte un tercer desafío más general para el nuevo gobierno, que consiste en definir si la lucha por el respeto a los derechos humanos que se está jugando ahora en el caso venezolano será un eje de política exterior tanto a escala regional (¿Qué actitud se tomará frente a Cuba?) como a nivel global.

Cuando en la noche del 15 de noviembre Macri ubicó en el centro del debate político argentino el caso de Venezuela, adoptó una clarísima posición que lo diferenció de largos años de silencio y complicidad por parte del kirchnerismo. Ahora le toca la menuda tarea de ser consecuente con sus propias palabras.

                   La Plata (Argentina) y Maracay (Venezuela), 30 de diciembre de 2015

* Antonio Camou. Sociólogo argentino. Miembro del Club Político Argentino.

** Guillermo Martín Castellano. Politólogo venezolano. Docente de la Universidad de Carabobo.

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