En setiembre de 1955 una coalición cívico militar (que incluía sectores de izquierda) derrocó al Gobierno Constitucional. En noviembre de ese mismo año, se consolidó el férreo antiperonismo y los coaligados se lanzaron a perseguir a los partidarios del “régimen depuesto” y sus símbolos. El capítulo salteño del “Libro Negro de la Segunda Tiranía” recoge parte de esta persecución.

Este empeño desperonizador fue inútil. Lo demuestran 60 años de inusitado vigor peronista. Una vitalidad que Perón atribuía a la ineptitud de sus sucesores (“detrás de mi vendrán los que bueno me harán”).

Pienso que la mayoría de los argentinos no deseamos otros 60 años donde todo -política, economía, sociedad- gire alrededor del “tercer peronismo”, es decir, del peronismo kirchnerista.

Para no recaer en esta trayectoria, el cambio político –que ha comenzado ya y habrá de consolidarse el próximo domingo- debe renunciar a la tentación anti kirchnerista.

La Argentina necesita un cambio que, desde el principio, deje atrás las expresiones más irritantes del régimen que extinguirán las urnas.

El sectarismo kirchneristas no puede ser reemplazado por un sectarismo de signo contrario. El culto a la personalidad de Mauricio no puede suceder a la megalomanía de Cristina. La manipulación de la Constitución y de los jueces debe dar paso al imperio de la ley y de los valores de la república.

Todas nuestras querellas del pasado (las que arrastramos desde los 70, y las que se originaron después y permanecen abiertas), han de ventilarse en tribunales independientes, por aplicación de leyes respetuosas de la Constitución. Vale decir, lejos de la sed de venganza y marginando los discursos del odio recíproco.

El abordaje democrático de esos conflictos demanda también un debate circunscrito a la historia y a las responsabilidades, pero libre de miedos, amenazas y presiones emanadas de quienes controlan el Estado.

Los relatos que dividen a los argentinos entre un sector invariablemente bueno y benéfico enfrentado a los pérfidos, sólo han servido para ocultar la verdad, fomentar impunidades y, como no, para alimentar la hidra maldita del odio que tan bien retrató Joaquín V. González.

Fue esta espiral de odios la que desencadenó la feroz guerra civil que padecimos los argentinos en el siglo XX, sin que hasta ahora nos hayamos siquiera puesto de acuerdo en identificar sus comienzos, en apreciar su desarrollo y depurar las responsabilidades históricas.

Feudalismo unitario, pobreza y adicciones

A excepción de Daniel Scioli, todos los candidatos presidenciales denunciaron a los regímenes feudales que imperan en el Norte Argentino.

El cambio que anhelamos reclama, ciertamente, que la “democracia constitucional” sea una realidad en nuestras provincias. Mauricio Macri lo ha dicho con rotundidad: “Vamos a hacer todo lo necesario para que se terminen los feudos, los reinados y las dinastías políticas en el norte argentino…” (Plan Belgrano).

Este compromiso demanda, naturalmente, la colaboración decidida de las fuerzas republicanas y federales que actúan en Salta y en la región.

El unitarismo de Scioli, reflejo de una de las tradiciones peronistas, no es positivo para Salta. Para nosotros, tan importante como decidir si YPF es empresa pública o privada, lo es saber si el futuro Gobierno Nacional respetará el artículo 124 de la Constitución Nacional que garantiza nuestra propiedad del subsuelo; saber si podremos fijar los precios y condiciones de explotación, inversión y venta de nuestros recursos naturales o si podremos negociar las regalías.

Cada vez que, desde 1810 hasta hoy, gobernó el “partido unitario” (al que adhirió el “tercer peronismo”) lo hizo perjudicando al Norte Argentino. Deberíamos a estas alturas coincidir en que los problemas colectivos de Salta sólo se solucionan en el marco de un federalismo cooperativo y promotor de nuestro desarrollo agroindustrial y minero.

Lamentablemente el Gobernador Urtubey milita en el unitarismo y sigue una estrategia personalista, contraria a los intereses de Salta. Su adscripción al “partido unitario” se añade a sus prácticas anti republicanas que lo llevan a cultivar las reelecciones, los sueños monárquicos (“la misma sangre”) y un régimen electoral que desfigura la voluntad ciudadana; a despreciar a los partidos políticos; a controlar el Consejo de la Magistratura, los poderes municipales, la Auditoria, el Tribunal Electoral y amplios espacios de la judicatura. Sus reticencias respecto del derecho a la información pública y la manipulación de las “pautas” publicitarias, van en la misma dirección.

En ocho años el Gobernador no pudo dotar a la Provincia de la infraestructura que las personas y la producción reclaman. Fracasó también en sus intentos de controlar la violencia, el tráfico de drogas y la difusión del “paco”. Pero más allá del debate sobre responsabilidades pasadas, lo que necesitamos ahora es que la Nación acuerde con la Provincia las condiciones de un Nuevo Trato, federal, que fomente el bienestar y la producción y que contribuya a reparar los daños que sufren nuestro tejido social y nuestras familias en situación marginal.    

*Ex Fiscal de Estado de la Provincia (1973), ex Ministro de Trabajo de la Nación (1993/1997)