Aníbal Domingo Fernández es uno de los políticos con peor imagen entre los bonaerenses, entre los argentinos y las argentinas, y quizá también dentro del más amplio espectro del género humano. Sin embargo, a menos que surja un claro consenso para votar al candidato/a con mayor potencialidad para derrotarlo, el actual Jefe de Gabinete nacional tiene grandes chances de ser elegido la próxima semana Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Hay muchos factores políticos que concurren a explicar esta desgraciada paradoja, pero hay un rasgo institucional que sobresale a ojos vista: la persistencia del engorroso, obsoleto y manipulable sistema de “lista sábana”. Son de sobra conocidas las diversas estratagemas fraudulentas que la política criolla ha pergeñado a lo largo de su historia, lejana o reciente, en torno al manejo de las boletas: todo vale allí donde la fiscalización es tenue y la avaricia de poder carece de límites.

Pero la otra cara del asunto se refiere al impacto negativo que este anticuado procedimiento electoral tiene sobre la calidad de la democracia. Como es sabido, la lista sábana permite que bajo el ala de unos pocos nombres conocidos (en algunos casos, solamente uno), vayan “colgados” candidatos que jamás serían votados de tener los ciudadanos y ciudadanas una opción práctica de elegirlos a través de categorías electivas separadas. Ciertamente, se nos dirá que siempre queda abierta la posibilidad del corte de boleta, pero el diablo está en los detalles: los papeles no están troquelados, es necesario llevar tijera o hacer el corte desde nuestras casas, las boletas no siempre llegan a los domicilios, y en el mejor de los casos sólo tienen la logística para hacerlo los grandes partidos, o los oficialismos locales, y una larga cadena de negativos etcéteras.

Asimismo, el sistema permite que los candidatos impresentables sean “guardados” en el período electoral debajo de los que están en mejores condiciones de mostrar la cara. Esta circunstancia lesiona severamente tanto el vínculo representativo entre representantes y representados, como el sentido federal de la competencia por el gobierno: el/la candidato/a poco agraciado/a no tiene necesidad de mostrar su programa a los potenciales votantes de su distrito o su región, ni debatir en paralelo con sus competidores en el mismo nivel gubernamental, ya que su suerte está atada –por lo general- al liderazgo de quien tracciona la boleta “desde arriba”.

Al oficialismo nacional le gusta pavonearse en Tecnópolis o hacernos creer que inventó el satélite, sin embargo, no puso un gramo de esfuerzo tecnológico por modernizar este sistema electoral, aunque la promesa de modernización fue usada como arma para disciplinar a los caciques bonaerenses. En su momento, el presidente Néstor Kirchner amenazó a los intendentes del conurbano con el voto electrónico, pero luego se echó atrás para convalidar un sistema que tantas pingües y deshonestas ganancias electorales le ha dado al partido de gobierno.

También la administración bonaerense lanzó al voleo una ristra de promesas incumplidas. Hace unos años, y a tono con la necesidad de dar respuesta al clamor popular que demandaba “que se vayan todos”, la gestión provincial presentó una serie de propuestas de reformas estatales y políticas que entre otros ejes incluía la implementación del voto electrónico. No es éste el lugar para considerar con detenimiento las virtudes y los defectos de esas iniciativas, pero baste saber que esas propuestas de reforma cayeron en saco roto: la enorme mayoría de las que se propusieron nunca fueron votadas, y las pocas que se votaron (por caso, un nuevo régimen de compras y contrataciones) nunca fueron reglamentadas. 

Estas cuestiones ubican en el centro de la consideración pública el vínculo estructural que une a la provincia con la Nación. En virtud de su peso socioeconómico y político-institucional, una reforma política de nivel nacional requiere, como componente necesario, una reforma política en la Provincia de Buenos Aires; y una reforma del Estado a nivel nacional también requiere la reforma del Estado bonaerense. En otros términos: no hay reforma política nacional sin reforma de la política provincial, ni reforma del Estado nacional sin una reforma del amplio, oscuro y heterogéneo aparato de Estado provincial.

Estos y otros adeudos que aquí huelga detallar marcan a trazo grueso los lineamientos de un programa para después del 10 de diciembre, ya sea desde el gobierno o desde la oposición: trabajar por una reforma política y estatal en serio –tanto en el nivel nacional como provincial, que otorgue más transparencia, eficiencia y responsabilidad a la política y al Estado, frente a una ciudadanía con mayores y mejores herramientas de control. En cualquiera de los casos, Aníbal Domingo Fernández no es parte de la solución, es parte del problema.

                                                                                     La Plata, 19/10/2015.

* Sociólogo (UNLP – UdeSA). Miembro del Club Político Argentino