Me refiero, concretamente, a las reglas que transforman los votos ciudadanos en bancas legislativas. Un ingenioso sistema diseñado antaño por los “orejudos” para permitir que el Valle de Lerma en alianza con las grandes estancias transformadas en Departamentos (QUINTIAN, 212), se perpetúe en el poder.

Tales reglas, además de contravenir los principios democráticos, privan a quienes habitan en los Departamentos marginados, del derecho a decidir su presente y su futuro. Especialmente, el futuro de sus recursos naturales, de sus nuevas generaciones, y de su organización territorial y urbana.

Merced a aquel artilugio institucional, la suerte de los salteños (de todos los salteños) termina decidiéndose en conciliábulos en donde la voz cantante la llevan sectores enraizados en la ciudad Capital, que, desde antiguo, controlan la representación política del resto del Valle de Lerma y de los Departamentos menos poblados y sobrerrepresentados en nuestra Legislatura.

La ausencia de voces críticas y el uso de los resortes del Estado para disciplinar a legisladores, intendentes y concejales, completan el penoso cuadro.

El peronismo histórico

En los años de 1960/70, cuando -aunquecon altibajos y proscripciones- rigió la Constitución, Departamentos como San Martín, Orán y Anta, albergaron alternativas a la hegemonía vallista. Un tiempo en donde los líderes del peronismo local (Tomás RYAN, Hugo HEREDIA, Luis GIARDA, Eleodoro RIVAS LOBO) privilegiaron el verticalismo frente al neoperonismo (Ricardo J. DURAND), y el nacionalismo petrolero frente al federalismo.

Adviértase que por aquel entonces, la política salteña se movía en un escenario signado por la pobreza colectiva, la resignación, los vaivenes económicos, y por el sucursalismo que convertía a nuestros gobernantes en delegados mendicantes cuya suerte dependía de la benevolencia del poder porteño.

Un régimen agotado

A lo largo de los últimos treinta años resultó relativamente fácil a la “rosca” vallista cooptar tanto a los diputados y senadores de los Departamentos coaligados, como a los legisladores de los pueblos de los territorios marginados que, salvo excepciones, no encontraron modos de defender los derechos de sus representados.

Ahora, cuando buena parte de la riqueza (más del 60% de nuestras exportaciones se originan en los Departamentos marginados) se genera, precisamente, en esas áreas, y cuando se sabe que allí también radica el potencial productivo salteño (combustibles, alimentos, minerales), es fácil comprender los reclamos y la cíclica indignación de los salteños del Norte y del Sur.

La puesta en marcha de este potencial productivo a través de la ampliación de la frontera agropecuaria (San Martín, Rivadavia, Orán y Anta), así como de la explotación -por métodos no convencionales- de hidrocarburos existentes en el subsuelo del norte salteño,planteanagudos conflictos ambientales, sociales y económicos.

Y no parece lógico que ellos se ventilen y resuelvan marginando a los pobladores de esos territorios. Corresponde al conjunto de los salteños, con la participación central de las áreas ricas en recursos naturales, y no a la excluyente “rosca” vallista, decidir el destino de bosques, tierras, aguas y subsuelo. Decidir sobre el modo de distribuir esta nueva riqueza, así como sobre los mecanismos y controles necesarios para que su aprovechamiento resulte ambientalmente sustentable y socialmente justo.

Un nuevo marco institucional 

Revertir situación tan irritante reclama reformar el sistema electoral basado en los Departamentos. Para instaurar uno que,definiendo nuevos distritos electorales, garantice el principio de igualdad del valor del voto (GOMEZ DIEZ, 2014).Exige también modificar pautas impositivas (incluidas las retenciones), y descentralizar el Ejecutivo creando vice-gobernaciones dotadas de competencias y de recursos: Se trata de reasignar competencias, no de discernir prebendas.

Plantea además la necesidad de revisar el bicameralismo y el despliegue de las instituciones municipales, para crear unidades sub-regionales políticamente fuertes, culturalmente compatibles, y económicamente eficientes en términos de servicios al ciudadano y de infraestructuras de apoyo a la producción.

Si fuésemos incapaces de reformar el marco institucional vigente, lo más probable es que las grandes decisiones económicas que habrán de afectar al Norte y al Sur de Salta vuelvan a ser tomadas por la “rosca” territorial que, desdeñando ideologías, pertenencias políticas o liderazgos, controla desde hace años el gobierno y el poder en nuestra Provincia.

En tal caso, es fácil prever una irreversible fragmentación del mapa político. Sin descontar un recrudecimiento de las tensiones y conflictos como los ya vividos, sobre todo en Orán y San Martín (BENCLOWICZ, 2013).

Afortunadamente, el Documento “Consenso de Cambios para el Progreso de Salta” (Agosto-2014), aborda el desafío y abre espacios para que la fuerzas sociales y políticas del interior participen en el nuevo diseño institucional y encuentren satisfacción a sus legítimas demandas.

*Ex Ministro de Trabajo 1993/1997