Cualquier análisis de la reforma constitucional del 94 no se puede separar de lo que fue el “Pacto de Olivos” y las consecuencias que ambos produjeron en estas dos décadas.

Recordemos brevemente. Pasadas las elecciones parlamentarias del 3 de octubre de 1993 el peronismo en su versión menemista presiona para obtener la reforma constitucional que permita la reelección presidencial. Consigue la media sanción del Senado pero no en Diputados donde la UCR con un bloque de 84 miembros lidera la oposición.

En abierta violación a la Constitución Nacional el oficialismo a instancias del ucedeista, igual que Boudou, Durañona y Vedia,  sostiene que la exigencia constitucional de los 2/3 es sobre los presentes y no sobre el total de los miembros. Al mismo tiempo se anunciaba un plebiscito para el 21 de diciembre a modo de presión sobre la oposición.

Los cuerpos orgánicos del radicalismo se habían pronunciado en contra de la reelección inmediata y a favor de una reforma debatida, sin urgencias y sobre la base de un amplio acuerdo.

Frente a la amenaza de un verdadero desbarajuste institucional Raúl Alfonsín evalúa que el daño sería irreversible y se pone en marcha el proceso de acuerdo llamado “Pacto de Olivos”.

En la Convención Nacional de Santa Rosa, celebrada el 3 de diciembre, la UCR aprueba el acuerdo. La voz de quienes nos opusimos la llevó adelante Federico Storani. Veinte años después debemos decir que lamentablemente teníamos razón.

Sostengo sin dudas: el “Pacto de Olivos” fue el principal error de Raúl Alfonsín en su vida política, lo que no empaña su estatura de estadista y padre de la democracia argentina.

Las consecuencias partidarias e institucionales no tardaron en aparecer.

Más allá de las sanas intenciones de Alfonsín las consecuencias partidarias se vieron en las elecciones de constituyentes. En la provincia de Bs. As. frente a los 1.618.622 votos obtenidos el 3 de octubre del año anterior la UCR obtuvo 922.221 encabezando la lista el propio Dr. Alfonsín. El radicalismo quedó relegado al tercer lugar en el total provincial y al cuarto detrás de Aldo Rico en el conurbano. Salvo en 1999 en ocasión del acuerdo con el Frepaso no se pudo torcer el rumbo en lo que a resultados electorales respecta.

Comenzaba a desequilibrarse el sistema político.

Dos objetivos se perseguían con la reforma, el de Menem: la reelección y el de Alfonsín, alcanzar una constitución moderna que limitara el presidencialismo e incorporara instituciones modernas así como nuevos derechos y garantías.

El primero se alcanzó plenamente. El segundo, si bien quedó plasmado en la letra constitucional todavía está pendiente.

El “Núcleo de Coincidencias Básicas” establecía los puntos acordados y que no estaban sujetos a modificación, se votaría por sí o por no, se refería fundamentalmente a la estructura orgánica del poder. Algunas incorporaciones como la Auditoría General de la Nación han cumplido su cometido, otras como la Jefatura de Gabinete con el objetivo de limitar el poder presidencial han resultado de una inutilidad absoluta y otras como el Consejo de la Magistratura, al no precisarse en el texto constitucional su conformación han quedado libradas al arbitrio de mayorías circunstanciales.

La incorporación de nuevos derechos y garantías, así como otorgarle rango constitucional a los tratados internacionales han sido avances notables. Las herramientas de participación popular como la iniciativa y la consulta no han sido utilizadas. Así como señalamos aciertos del texto incorporado marcamos como una decisión errónea el dominio originario provincial de los recursos naturales.

Decíamos más arriba que con la sanción de Pacto de Olivos comenzaba a desequilibrarse el sistema político, lamentablemente la crisis del 2001 profundizó aún mas  la tendencia.

Hoy a 20 años de la reforma el balance es negativo. Lejos estamos de aquel objetivo perseguido de limitar el sistema presidencial. La delegación de facultades legislativas en el ejecutivo, la sanción de los decretos de necesidad y urgencia, la crisis del federalismo, agravada por la falta de un régimen de coparticipación que lo fomente, son algunos de los vicios que perduran, y podríamos seguir enumerando carencias constitucionales que no derivan del texto sancionado en 1994 sino de la realidad política que se comenzó a configurar con aquel acuerdo.

Por supuesto que no es momento de plantear otra reforma.

Las dos reglas básicas del sistema democrático: control y alternancia en el poder están debilitadas.

Debemos ser capaces de estructurar una fuerza política progresista capaz de acceder al gobierno con una verdadera vocación democrática y republicana que pueda dar vuelta la página y plasmar no solo las reformas instrumentadas en el 94 sino principios constitucionales básicos consagrados desde 1853 y que hoy están lejos de tener plena vigencia. Y que no la tendrán mientras el populismo y fuerzas conservadoras nos gobiernen.

Que hoy no la tengan el sistema republicano y federal (art. 1º), que las provincias no cumplan con el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria (art 5º), y que los derechos sociales del art 14 bis sean una ilusión, no es por culpa del texto constitucional sino por una realidad política que lo determina.

Esa realidad política es la que hay que cambiar. Solo así estaremos cumpliendo con la misión histórica de la Unión Cívica Radical.

*Diputado de la Provincia de Buenos Aires en dos periodos: (1987 – 1989) y (1999 – 2003), siendo el presidente de la bancada radical durante el período 1987 – 1989..                                                                                                                                            Ex diputado de la Nación UCR 2005 – 2009